A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expuso que la denominada Ley contra el Odio debe ser derogada y no reformada, como lo propuso recientemente la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La alianza de partidos de oposición calificó como un despropósito pretender reformar “una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes”.
La PUD expresó en la misiva que durante años, el instrumento legal ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar a la disidencia y restringir libertades fundamentales.
La plataforma de partidos opositores exigió la derogatoria inmediata de la ley.
“La derogación de esta norma debe ser un paso concreto hacia la restitución de las libertades civiles y políticas, la recuperación del Estado de derecho y las garantías democráticas de todos los venezolanos”, puntualizó.
A juicio de la PUD, el país no necesita una versión corregida de una herramienta de persecución; si no desmontar el marco jurídico que ha permitido que el Estado persiga a quienes piensan, opinan y disienten del oficialismo.
“La libertad de expresión, el derecho a informar, la libertad de pensamiento y la participación política no pueden estar sometidos al temor de sanciones arbitrarias o persecución”.
La Ley contra el Odio, formalmente Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, fue aprobada por unanimidad el 8 de noviembre de 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
El instrumento legal, calificado como arbitrario y discrecional por organizaciones no gubernamentales, contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel para aquellas personas a las que el Estado considere que promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia “contra una persona o grupo social por motivos políticos, étnicos, religiosos, de orientación sexual, entre otros”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
