El mes de septiembre cerró en rojo en las cárceles de Venezuela. Al menos tres mujeres privadas de libertad fallecieron bajo custodia del Estado, y además se produjeron brotes de enfermedades, situaciones que encienden las alarmas de las condiciones de reclusión, garantías del derecho a la vida y la salud de la población penitenciaria.
Carmen Rodríguez, de 66 años, falleció el pasado 19 de septiembre en el anexo femenino de la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, víctima de un infarto agudo de miocardio.
Cinco días después murió Tomasa Sanchez de 72 años de edad, quien estaba recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente en el estado Táchira como consecuencia de un paro cardiorespiratorio.
Después de que fuesen ignoradas varias solicitudes de traslado, falleció en la prisión de La Crisálida en Los Teques, estado Miranda, Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de julio en el estado Guárico, víctima de una obstrucción intestinal.
La exempleada pública fue trasladada de emergencia al Hospital Victorino Santaella Ruiz de Los Teques, donde fue sometida a una cirugía que fue infructuosa.
Sánchez fue detenida en diciembre de 2024 por orden del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. La Fiscalía la acusó de tener una relación sentimental con el recluso Wilfredo Sánchez, señalado como líder de la banda Tren del Llano.
OVP enfatizó que esta es la segunda muerte que se registra en La Crisálida, después de que Fabiana Desiree Paez Fernandez falleciera en junio sin la asistencia médica requerida.
Según la organización, desde abril de este año, se han registrado más de 60 muertes de personas privadas de libertad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que más de 2300 mujeres se encuentran privadas de libertad en anexos femeninos penitenciarios en condiciones de hacinamiento, desatención médica y precariedad alimentaria.
La organización recordó que el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que el sistema penitenciario debe garantizar los derechos humanos de las personas recluidas, el 43 establece que el derecho a la vida es inviolable y el 83 reconoce a la salud como un derecho social fundamental y una obligación del Estado.
Brote en la 26 de julio
El OVP también denunció que desde hace una semana, los reclusos en la cárcel 26 de julio de Guárico están enfrentando un brote de fiebre, diarrea y vómitos.
“La situación es cada vez más crítica ante la rapidez del contagio. Mientras unos pocos logran recuperarse con sus propios medios, otros caen enfermos, sin que exista una respuesta asistencial sanitaria dentro del recinto”, expuso la ONG en su cuenta de X.
La organización indicó que en el penal no hay personal médico y las autoridades penitenciarias mantienen una actitud de indiferencia, pese a los constantes llamados de presos y familiares.
“Garantizar la atención médica no es una concesión ni un privilegio, sino un deber estatal ineludible y negar el acceso a la salud constituye una grave y flagrante violación a los derechos humanos”, agregó el OVP.
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