La ONG Un Mundo Sin Mordaza (USMS) publicó este 5 de octubre un balance sobre las vulneraciones a la libertad de expresión en Venezuela. En el primer semestre del 2026 se registraron al menos 65 casos de vulneración directa a la libertad de expresión, 131 violaciones a ese derecho fundamental y 33 detenciones vinculadas con el ejercicio periodístico. También se registró el cierre de, al menos, 4 emisoras de radio y el bloqueo de acceso a la internet a 65 portales de noticias.
En Runrun.es te resumimos el informe en cuatro claves:
Siguen cerrando emisoras
Cuatro emisoras de radio se suman a la lista de las más de 300 emisoras que el chavismo ha desmantelado en las últimas dos décadas: Impacto 105.3 FM (de Táchira, cerró el 7 de enero), Unika 92.1 FM (operaba en la parroquia Coche de Caracas y cerró el 30 de enero), Urbana 94.3 FM (ubicada en Guatire, Miranda. Cerró el 20 de febrero) y Rítmica 104.1 FM (de Puerto Cabello, Carabobo. Cerró el 27 de febrero).
Todas las emisoras tuvieron la orden de clausura de Conatel. La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela ha constatado que Conatel es un órgano que ha vulnerado el derecho a la información por órdenes del chavismo.
«La confiscación de equipos incrementa el efecto restrictivo, pues dificulta cualquier reparación posterior. La ausencia de información pública sobre expedientes, motivación, defensa y revisión judicial impide evaluar la legalidad y proporcionalidad de las medidas», agregó UMSM en su informe.
Siguen deteniendo arbitrariamente
La ONG Espacio Público pudo constatar al menos 33 detenciones vinculadas a la libertad de expresión.
De ese grupo, 14 fueron detenidos el pasado 5 de enero. Al menos 13 periodistas estaban vinculados a medios o agencias internacionales y 1 periodista que trabajaba para un medio nacional.
«Las retenciones duraron aproximadamente entre dos y diez horas; las autoridades revisaron dispositivos, borraron material periodístico y deportaron a uno de los corresponsales», agregó Un Mundo Sin Mordaza.
Sigue amenazando y matando
Mientras a unos los detiene, a otros los matan. UMSM registró cuatro fallecidos relacionados con vulneraciones a la libertad de expresión. De ese grupo, dos personas murieron en reclusión, bajo custodia del Estado, y dos fueron homicidios a presonas vinculadas a labores periodísticas.
Edison José Torres Fernández, un policía del estado Portuguesa de 52 años de edad, falleció el 10 de enero recluído en la Zona 7 de Boleíta, un centro de la Policía Nacional Bolivariana. Hasta la fecha no se tiene una investigación de su autopsia. Lo detuvieron en diciembre de 2025 por «compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado», el chavista Primitivo Cedeño, denunció UMSM.
José Manuel García Sabino, exconcejal de Anaco (Anzoátegui) de 31 años, murió bajo custodia el 9 de mayo. De acuerdo con la ONG, García había denunciado varios casos de corrupción en Anzoátegui antes de su detención. Se encontró en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco.
«Fuentes públicas informaron posteriormente una autopsia compatible con asfixia mecánica y la detención de funcionarios. La muerte está documentada, pero el nexo causal con sus denuncias permanece bajo investigación y no debe darse por establecido», denunció la ONG.
«Walter Alexander Jaimes y Yolimar Hidalgo fueron hallados sin vida durante el semestre [en febrero y en marzo, respectivamente]. Aunque ambos estaban relacionados con labores periodísticas, las fuentes revisadas no establecieron públicamente que los homicidios fueran consecuencia de su trabajo. Mantener esta distinción protege la credibilidad de la documentación y no reduce el deber de investigar con una línea específica sobre la actividad», agregó la UMSM.
Hasta ahora, no hay información pública sobre los avances de la investigación de Jaimes e Hidalgo.
Un primer semestre de coerción, censura y opacidad
«Las excarcelaciones y otras respuestas parciales no abarcaron el conjunto de detenciones, restricciones judiciales, cierres, bloqueos y agresiones documentadas. En consecuencia, el cumplimiento de la obligación de garantía fue insuficiente», denunció la ONG.
El Gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mandó a reformar parcialmente la Ley contra el Odio, que ha sido una herramienta para detener arbitrariamente a más de 900 personas, según la ONG Foro Penal. La mesa de negociación entre el Gobierno del PSUV y la oposición avalada por el Gobierno de Estados Unidos emitió un decretó a Conatel para desbloquear portales web censurados, pero hasta la fecha siguen bloqueados 143 dominios, según un informe de la ONG Conexión Segura – VE Sin Filtro publicado este 6 de octubre.
Además, UMSM registró al menos 6 casos de suspensión de cuentas de redes sociales de medios de comunicación y creadores de contenido noticioso. La Gran Aldea, Armando.info, Con La Lupa, Johanna Peña, El Pitazo y la cuenta Kilómetro son los objetivos de una red de bot y cuentas inauténticas que el medio Cazadores de Fake News a identificado como las agresoras. Sin embargo, aún no se sabe quién coordina a esas cuentas inauténticas.
«El primer semestre de 2026 no ofrece elementos suficientes para sostener que Venezuela haya avanzado hacia una normalización sostenible del espacio cívico. Las excarcelaciones, la restitución de algunos contenidos y la apertura parcial de determinadas plataformas coexistieron con detenciones, procesos penales, cierres de medios, bloqueos digitales y persistentes condiciones de opacidad. Esta convivencia demuestra que las señales de apertura fueron fragmentarias y reversibles, mientras permanecieron activos los mecanismos institucionales, administrativos y tecnológicos capaces de restringir la circulación de información», agregó la ONG.
UMSM destacó que el impacto verdadero de la represión venezolana puede ser mucho más grande. La autocensura, el
temor a denunciar, el subregistro y las diferencias metodológicas entre organizaciones condicionan cualquier ejercicio de cuantificación. Por lo tanto, lo que se mostró en el espacio cívico en el primer semestre de 2026 podría ser solo la punta de un iceberg de vulneraciones a la libertad de expresión.
