Delcy pidió en Roma lo que el chavismo negó con los CLAP

La presencia de la delegación oficial venezolana encabezada por la mandataria encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, donde anunció el plan “Venezuela Alimenta” y abogó por “volver a Hambre Cero”, se produce en un escenario donde el Estado busca normalizar su relación con organismos multilaterales. Durante su intervención, Rodríguez sostuvo también de manera categórica que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumentos de presión o confrontación política”, lo que lleva a recordar la cuestionada política de distribución de comida del gobierno chavista en los años más críticos de la escasez.

La afirmación de Rodríguez choca frontalmente con años de denuncias, investigaciones periodísticas y alertas documentadas por organizaciones no gubernamentales y expertas en el área nutricional, quienes han evidenciado cómo la asistencia alimentaria estatal ha sido empleada por el chavismo como una herramienta de coacción y control social en el país.

Susana Rafalli recordó en su cuenta en X que “en espacios físicos y mapas de planificación local de la entrega de los CLAP, los vecinos a contarse para recibir la asignación eran llamados ‘electores’; así como también que la instalación de puntos rojos junto a centros de votación “se usaron para su distribución y su cobertura variaba en tiempos de elecciones”.

Los CLAP: la discrecionalidad convertida en control político y social

Lo que recordó Rafalli fue documentado en diversas investigaciones y reportes de organizaciones de derechos humanos, en los que se denunció que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados oficialmente bajo la premisa de “mitigar la escasez” en el año 2016, operaron en la práctica bajo criterios de discriminación política.

Informes de ONG y trabajos de investigación periodística han demostrado que la distribución de cajas y bolsas de alimentos subvencionados se condicionó frecuentemente a la lealtad partidista, la participación en movilizaciones oficiales o el ejercicio del voto bajo supervisión, vulnerando el derecho humano a la alimentación sin discriminación consagrado en los estándares internacionales.

En mayo de 2018, un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Panel de Expertos Internacionales Independientes, advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento advertía que la escasez de alimentos y el hambre eran una de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el chavismo “usada como arma contra su población”. Se habló incluso de un “apartheid alimentario” y se incorporó como muestra declaraciones de funcionarios como el entonces vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, hoy fallecido, quien expresó que los CLAP eran “cuadros políticos, de defensa del pueblo, no lo negamos”.

De igual forma, en ese mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela donde determinó que los CLAP no cumplían con los estándares de una alimentación adecuada y denunció que el programa era utilizado como una herramienta de propaganda política y control social.

Organizaciones como Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Acceso a la Justicia han documentado asimismo cómo el acceso a las cajas o bolsas de comida se condicionaba —en muchos sectores populares— a la lealtad política, la asistencia a marchas del oficialismo o el registro previo en el Carnet de la Patria.

El propio Freddy Bernal, quien fungiera como su coordinador de los CLAP, reconoció el uso del programa para el control político y social al presentar un balance ante la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018:

“El CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de Gobernaciones y las elecciones de Alcaldes”. En esa misma alocución, Bernal enfatizó que “el CLAP no solamente llegó para distribuir alimentos, llegó para hacer control político, el control social, el control popular en el territorio”. Declaraciones en este tono fueron insistentemente pronunciadas por el dirigente chavista en distintos espacios.

La defensora de Derechos Humanos, Ligia Bolívar, recordó asimismo que el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pronunció esta frase antes de las elecciones de AN del 6 de diciembre de 2020: “La mujer es la que se va a levantar tempranito y va a decir ‘hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come, para el que no vote, no hay comida'”.

Asimismo, desde 2019, Estados Unidos comenzó a actuar contra esta red de distribución de alimentos. El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), impuso sanciones financieras directas contra el empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas -hoy detenidos ambos por ese país-. Se les acusó de montar una red de corrupción internacional que importaba alimentos a precios inflados y de baja calidad para el programa CLAP. Paralelamente, la Fiscalía de Florida los acusó formalmente de lavado de dinero.

La meta del “hambre cero” está lejana

Además del debatible comentario sobre el uso político de los alimentos, Delcy Rodríguez retomó la cacareada promesa del chavismo de alcanzar la meta de “Hambre Cero” antes de 2030.

El diputado y excandidato presidencial, Henrique Capriles, difundió un video en su X en el que recuerda que desde 2013 el exgobernante Nicolás Maduro prometía exactamente lo mismo: “13 años después la Vice de Maduro se va a Roma con el mismo cuento de HAMBRE CERO pero ahora para 2030. Quieren pedalear para quedarse en el poder hasta el 2030 o más. ¡Son los mismos de siempre! Hoy buscan atención y tratan de vender la idea de que son nuevos en foros internacionales. ¿Quién los eligió? ¡Ningún venezolano ¡Basta de mentiras!”.

Mientras que la organización Laboratorio de Paz advirtió sobre la necesidad de contrastar los anuncios políticos con la realidad socioeconómica, marcada por una profunda vulnerabilidad en el acceso a la canasta básica.

En un comunicado difundido en redes, recordaron que organismos internacionales como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirman que la inseguridad alimentaria en Venezuela sigue impulsada principalmente por la falta de poder adquisitivo. Los datos revelan que millones de ciudadanos continúan requiriendo asistencia humanitaria de emergencia, una situación que se evidenció tras los terremotos de junio de 2026, cuando el PMA tuvo que desplegar un operativo para atender inicialmente a más de 300 000 personas, con proyección de alcanzar el medio millón de beneficiarios.

A través de su herramienta de análisis #SemáforoDeLaTransición, la organización enfatiza que una eventual normalización de las relaciones diplomáticas y la recepción de cooperación internacional constituyen una “señal amarilla” de apertura, pero no deben confundirse con un proceso de democratización. El informe subraya la interdependencia de los derechos humanos, recordando que los avances en materia alimentaria no compensan ni sustituyen las severas restricciones institucionales que persisten en el país.

El reporte concluye que una transición real hacia el “verde” definitivo exigirá que la reinserción internacional marche en sintonía con reformas internas profundas. Esto implica traducir las consignas en resultados verificables, tales como la reducción de la desnutrición, la transparencia en las estadísticas oficiales, la restitución de la independencia judicial, plenas garantías electorales y el ejercicio de los derechos ciudadanos sin temor a represalias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Durante su intervención en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, Delcy Rodríguez afirmó que los alimentos jamás deben convertirse en instrumentos de presión política. Sin embargo, investigaciones y alertas de organizaciones de derechos humanos recuerdan el impacto del uso político de los CLAP
TelegramWhatsAppFacebookX

La presencia de la delegación oficial venezolana encabezada por la mandataria encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO en Roma, donde anunció el plan “Venezuela Alimenta” y abogó por “volver a Hambre Cero”, se produce en un escenario donde el Estado busca normalizar su relación con organismos multilaterales. Durante su intervención, Rodríguez sostuvo también de manera categórica que “los alimentos jamás deberían convertirse en instrumentos de presión o confrontación política”, lo que lleva a recordar la cuestionada política de distribución de comida del gobierno chavista en los años más críticos de la escasez.

La afirmación de Rodríguez choca frontalmente con años de denuncias, investigaciones periodísticas y alertas documentadas por organizaciones no gubernamentales y expertas en el área nutricional, quienes han evidenciado cómo la asistencia alimentaria estatal ha sido empleada por el chavismo como una herramienta de coacción y control social en el país.

Susana Rafalli recordó en su cuenta en X que “en espacios físicos y mapas de planificación local de la entrega de los CLAP, los vecinos a contarse para recibir la asignación eran llamados ‘electores’; así como también que la instalación de puntos rojos junto a centros de votación “se usaron para su distribución y su cobertura variaba en tiempos de elecciones”.

Los CLAP: la discrecionalidad convertida en control político y social

Lo que recordó Rafalli fue documentado en diversas investigaciones y reportes de organizaciones de derechos humanos, en los que se denunció que los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados oficialmente bajo la premisa de “mitigar la escasez” en el año 2016, operaron en la práctica bajo criterios de discriminación política.

Informes de ONG y trabajos de investigación periodística han demostrado que la distribución de cajas y bolsas de alimentos subvencionados se condicionó frecuentemente a la lealtad partidista, la participación en movilizaciones oficiales o el ejercicio del voto bajo supervisión, vulnerando el derecho humano a la alimentación sin discriminación consagrado en los estándares internacionales.

En mayo de 2018, un informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Panel de Expertos Internacionales Independientes, advirtió sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El documento advertía que la escasez de alimentos y el hambre eran una de las dos caras de la crisis humanitaria causada por el chavismo “usada como arma contra su población”. Se habló incluso de un “apartheid alimentario” y se incorporó como muestra declaraciones de funcionarios como el entonces vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz, hoy fallecido, quien expresó que los CLAP eran “cuadros políticos, de defensa del pueblo, no lo negamos”.

De igual forma, en ese mismo año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela donde determinó que los CLAP no cumplían con los estándares de una alimentación adecuada y denunció que el programa era utilizado como una herramienta de propaganda política y control social.

Organizaciones como Transparencia Venezuela, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Acceso a la Justicia han documentado asimismo cómo el acceso a las cajas o bolsas de comida se condicionaba —en muchos sectores populares— a la lealtad política, la asistencia a marchas del oficialismo o el registro previo en el Carnet de la Patria.

El propio Freddy Bernal, quien fungiera como su coordinador de los CLAP, reconoció el uso del programa para el control político y social al presentar un balance ante la Asamblea Nacional Constituyente en enero de 2018:

“El CLAP se ha transformado en una herramienta de conciencia, en una herramienta de organización y podemos decir responsablemente que los CLAP junto al Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), contribuyeron sustancialmente a ganar la Asamblea Constituyente, las elecciones de Gobernaciones y las elecciones de Alcaldes”. En esa misma alocución, Bernal enfatizó que “el CLAP no solamente llegó para distribuir alimentos, llegó para hacer control político, el control social, el control popular en el territorio”. Declaraciones en este tono fueron insistentemente pronunciadas por el dirigente chavista en distintos espacios.

La defensora de Derechos Humanos, Ligia Bolívar, recordó asimismo que el actual ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, pronunció esta frase antes de las elecciones de AN del 6 de diciembre de 2020: “La mujer es la que se va a levantar tempranito y va a decir ‘hay que ir a votar. Claro, y el que no vota no come, para el que no vote, no hay comida'”.

Asimismo, desde 2019, Estados Unidos comenzó a actuar contra esta red de distribución de alimentos. El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la OFAC (Office of Foreign Assets Control), impuso sanciones financieras directas contra el empresario colombiano Alex Saab y su socio Álvaro Pulido Vargas -hoy detenidos ambos por ese país-. Se les acusó de montar una red de corrupción internacional que importaba alimentos a precios inflados y de baja calidad para el programa CLAP. Paralelamente, la Fiscalía de Florida los acusó formalmente de lavado de dinero.

La meta del “hambre cero” está lejana

Además del debatible comentario sobre el uso político de los alimentos, Delcy Rodríguez retomó la cacareada promesa del chavismo de alcanzar la meta de “Hambre Cero” antes de 2030.

El diputado y excandidato presidencial, Henrique Capriles, difundió un video en su X en el que recuerda que desde 2013 el exgobernante Nicolás Maduro prometía exactamente lo mismo: “13 años después la Vice de Maduro se va a Roma con el mismo cuento de HAMBRE CERO pero ahora para 2030. Quieren pedalear para quedarse en el poder hasta el 2030 o más. ¡Son los mismos de siempre! Hoy buscan atención y tratan de vender la idea de que son nuevos en foros internacionales. ¿Quién los eligió? ¡Ningún venezolano ¡Basta de mentiras!”.

Mientras que la organización Laboratorio de Paz advirtió sobre la necesidad de contrastar los anuncios políticos con la realidad socioeconómica, marcada por una profunda vulnerabilidad en el acceso a la canasta básica.

En un comunicado difundido en redes, recordaron que organismos internacionales como la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirman que la inseguridad alimentaria en Venezuela sigue impulsada principalmente por la falta de poder adquisitivo. Los datos revelan que millones de ciudadanos continúan requiriendo asistencia humanitaria de emergencia, una situación que se evidenció tras los terremotos de junio de 2026, cuando el PMA tuvo que desplegar un operativo para atender inicialmente a más de 300 000 personas, con proyección de alcanzar el medio millón de beneficiarios.

A través de su herramienta de análisis #SemáforoDeLaTransición, la organización enfatiza que una eventual normalización de las relaciones diplomáticas y la recepción de cooperación internacional constituyen una “señal amarilla” de apertura, pero no deben confundirse con un proceso de democratización. El informe subraya la interdependencia de los derechos humanos, recordando que los avances en materia alimentaria no compensan ni sustituyen las severas restricciones institucionales que persisten en el país.

El reporte concluye que una transición real hacia el “verde” definitivo exigirá que la reinserción internacional marche en sintonía con reformas internas profundas. Esto implica traducir las consignas en resultados verificables, tales como la reducción de la desnutrición, la transparencia en las estadísticas oficiales, la restitución de la independencia judicial, plenas garantías electorales y el ejercicio de los derechos ciudadanos sin temor a represalias.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.