Tras permanecer siete años en Perú, Rafael Escorihuela volvió a Venezuela el 25 de septiembre de 2025 con un único propósito: visitar y acompañar —por unos días— a su padre, quien estaba gravemente afectado por una enfermedad cardíaca.
Durante los años que estuvo fuera del país, Escorihuela sufrió la pérdida de su madre y su hermano. No pudo despedirse de ninguno de ellos. Su hermana, Rosana Escorihuela, aseguró que Rafael solo venía a cumplir con su deber filial, pues temía que su padre muriera y él, por tercera vez, estuviera lejos.
Rafael Escorihuela es exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc). En Lima, se ganaba la vida como chofer de transporte público en una de las empresas más reconocidas de la región.
Su hermana aclaró que en 2018 Escorihuela se fue del país porque “no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando” y también por la situación económica que atravesaba su familia en esos tiempos.
Un boleto con vuelta a la cárcel
El tiempo que Rafael estimaba pasar en Venezuela era de un mes. Su boleto tenía impresa la fecha de regreso para el día 24 de octubre, pero antes la arbitrariedad se cruzó en su camino.
A dos días de su retorno a Lima, Rafael Escorihuela y su cuñado fueron interceptados por varios agentes del Cicpc en un taller mecánico en La Guaira. A ambos se los llevaron a la sede del organismo ubicada en la avenida Urdaneta, en Caracas.
Rosana se enteró de la noticia gracias a una llamada telefónica que le permitieron hacer a su esposo. Apenas supo se presentó en el Cicpc buscando información sobre su hermano y también la dejaron detenida.
“A mí me tuvieron detenida durante 48 horas, pero me permitieron verlo el día 23 en la madrugada. Me preguntaban a cada rato cuándo fue que llegó mi hermano a Venezuela y yo no entendía por qué. Insistían en que había llegado en agosto y yo se lo negaba porque él llegó el 25 de septiembre”, relató Rosana.
A Rosana y a su esposo los liberaron, pero los funcionarios le informaron que Rafael se quedaría detenido por su presunta participación en el caso “Plaza Venezuela”.
“Una operación terrorista”
El 7 de agosto de 2025, el ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó que el gobierno había frustrado un plan terrorista que pretendía ejecutarse el 3 de agosto y contemplaba la detonación de tres (3) kilogramos del explosivo trinitrotolueno (TNT) en las inmediaciones de la Plaza de la Victoria, monumento erigido por el gobierno de Nicolás Maduro para conmemorar “la victoria de la Unión Soviética sobre el nazifascismo”.
Por este caso fueron detenidas más de 50 personas, incluidos menores de edad. De acuerdo con las declaraciones de Cabello, la operación fue dirigida por miembros de la oposición venezolana, específicamente por María Corina Machado y financiada por los Estados Unidos y Colombia.
El dirigente político Juan Pablo Guanipa publicó un video en su cuenta en Instagram pidiendo que se haga justicia en el caso de Rafael. Guanipa indicó que él también resultó involucrado en el supuesto complot aún estando en prisión.
Por este caso también estuvieron igualmente detenidas Yariliz Díaz y las hermanas Arantza y Samantha Hernández, esta última una adolescente de 16 años. A Aliannis Araujo, quien cuenta con boleta de excarcelación, se le ha negado la ejecución de su liberación del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
No importaron las pruebas
La narrativa oficial afirmó que la supuesta trama conspirativa se había gestado los primeros días de agosto, cuando Escorihuela aún estaba en Perú.
Ante lo que considera una injusticia, Rosana consignó en los tribunales un expediente con pruebas que, asegura, demuestran la inocencia de su hermano frente a los cargos de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
“Yo tengo las pruebas de que mi hermano es inocente. El boleto aéreo de Rafael tiene impresa la fecha de ingreso al país, el pasaje de retorno tiene fecha para el 24 de octubre, y los boletines de pago de la empresa peruana que certifican que hasta el 18 de septiembre estuvo trabajando en Lima, pero a ellos no les importó”, explicó la hermana del exfuncionario.
Según el relato de Rosana, el tribunal rechazó todas las pruebas alegando que las mismas fueron presentadas a destiempo para la audiencia preliminar. A Rafael Escorihuela también le negaron la amnistía, según su hermana, “sin explicación alguna”.
A casi un año de su detención, Rafael permanece detenido en la sede del Cicpc en la Urdaneta. Ha perdido más de 15 kilos y se ha enfermado de amibiasis, bronquitis y amigdalitis. Su hermana aseguró que el exfuncionario no ha sido torturado.
“Si todos los que ahora están presos injustamente son inocentes, mi hermano es más inocente aún”, aseguró Rosana, quien exige que las evidencias de la inocencia de Rafael prevalezcan sobre la arbitrariedad.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
