El Gobierno introdujo cambios en la administración tributaria que combinan una reducción de algunas exigencias para empresas y personas naturales con nuevas herramientas para detectar inconsistencias y actividades económicas que no están registradas ante el fisco. Las medidas modifican tanto las condiciones para cumplir con las obligaciones tributarias como la capacidad del Seniat para contrastar información de los contribuyentes.
La digitalización del sistema tributario quedó como tarea principal de Román Maniglia cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció su designación como superintendente del Seniat, a principios de julio de este año. Dos semanas después, representantes de los gremios del sector privado se reunieron con el funcionario y le plantearon una nueva arquitectura tributaria, con menos cargas para las empresas, mayor armonización entre los tributos nacionales, regionales y municipales y condiciones que facilitaran el paso de la informalidad a la formalidad.
A mediados de octubre las autoridades publicaron una providencia que elimina, a partir de abril de 2027, la obligatoriedad de usar máquinas fiscales y permite a las empresas optar por sistemas digitales o electrónicos, incluidos los canales gratuitos del Seniat, mientras que los talonarios impresos quedan reservados para situaciones de contingencia.
Las demandas de los empresarios se producen en un contexto de elevada presión tributaria, que no se limita a los impuestos nacionales, sino que comprende también tributos municipales y contribuciones parafiscales. La acumulación de estas obligaciones, junto con los costos administrativos que implica cumplirlas, ha sido uno de los principales reclamos del sector privado, que considera que la carga fiscal reduce los márgenes de rentabilidad y limita la capacidad de inversión de las empresas. En 2025, el especialista en materia tributaria Héctor Orochena estimó que la carga fiscal podía representar entre 60 % y 65 % de las utilidades de una empresa, e incluso alcanzar porcentajes superiores en determinados sectores.
Tiziana Polesel, primera vicepresidenta de Fedecámaras y expresidenta de Consecomercio, había advertido a la prensa especializada que la compra de máquinas fiscales y su adaptación podía costar entre 3.000 y 15.000 dólares, según el tamaño de la empresa y la integración con sus sistemas administrativos. Al eliminar la compra de estos equipos como requisito obligatorio, la medida facilita que los pequeños comercios y negocios que operan en la informalidad puedan incorporarse al registro fiscal y emitir facturas, uno de los objetivos del fisco.
La información bancaria entra al radar tributario
Como parte del paquete de cambios, a principios de octubre, el Seniat y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) formalizaron un acuerdo para intercambiar información e interconectar sus plataformas con el sector financiero nacional. El mecanismo permitirá contrastar los datos financieros de personas y empresas con sus declaraciones tributarias para identificar posibles inconsistencias y actividades comerciales que no estén registradas ante el fisco.
Los movimientos financieros de las personas naturales también podrán contrastarse con la información tributaria disponible, aunque todavía no se conocen los datos que intercambiarán los organismos ni los criterios y procedimientos que regirán las revisiones. En una nota publicada por la agencia de noticias Bloomberg se aclara que el anuncio no establece que el Seniat vaya a tener acceso irrestricto a todas las cuentas bancarias de los venezolanos.
Las personas naturales también soportan una parte de la carga tributaria del país a través de los impuestos que pagan al consumir bienes y servicios y de las obligaciones fiscales asociadas a sus ingresos. Cada compra sujeta al impuesto al valor agregado (IVA), cuya alícuota general es de 16 %, representa un costo adicional para los consumidores. A esto se suman las obligaciones de trabajadores independientes y personas que prestan servicios profesionales. El rezago histórico de la unidad tributaria frente a la inflación también ha sido cuestionado porque puede hacer que personas con ingresos modestos queden sujetas a obligaciones fiscales que no necesariamente reflejan su capacidad económica.
Las medidas llegan cuando el Gobierno ha anunciado aumentos importantes en la recaudación, que según cifras oficiales alcanzó en septiembre un total de 1.003.772 millones de bolívares. Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, atribuyó a la interconexión un aumento de 27 % en la recaudación tributaria.
Mayor alcance fiscal
Entre las medidas adoptadas, el Seniat anunció que más de 87.000 contribuyentes especiales pasarían a la categoría de ordinarios tras elevar los umbrales económicos que determinan esa clasificación. Para quienes pasen a la categoría de ordinarios, el cambio supone dejar de cumplir obligaciones específicas, como actuar como agentes de retención del IVA a sus proveedores y cumplir con el calendario particular de declaraciones y pagos, lo que simplifica la gestión tributaria de empresas y personas sin eximirlas de los impuestos que les correspondan.
Estas medidas reducen algunas barreras administrativas para el sector empresarial, mientras amplían la capacidad del Seniat para cruzar información financiera y tributaria, detectar actividad económica no registrada y ampliar la base de contribuyentes para fortalecer la recaudación.
Sin embargo, los cambios aprobados aún no responden a todas las demandas del sector privado. Los actores económicos esperan una reforma tributaria integral que revise las cargas fiscales y las condiciones en las que operan los negocios, más allá de los ajustes administrativos y tecnológicos introducidos hasta ahora.
