La falta de atención médica oportuna y el hacinamiento en los centros de detención preventiva cobraron una nueva vida en Venezuela. Franklin José Abello Castellanos, de 65 años, falleció por tuberculosis el martes 27 de octubre tras permanecer tres años recluido en los calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Barquisimeto, estado Lara, conocidos como Pata e’ Palo.
De acuerdo con las denuncias recabadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el sexagenario murió sin haber tenido un juicio ni contar con una sentencia definitiva. Su estado de salud se deterioró progresivamente durante meses, período en el cual solo recibió acetaminofén para paliar síntomas severos como fiebre continua, dolores corporales y pérdida de la movilidad.
Uno de los familiares de Abello Castellanos contó al OVP que el 15 de octubre lo trasladaron a la emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda, pero los médicos se negaron a dejarlo ingresado a pesar de la gravedad de su cuadro respiratorio, devolviéndolo al calabozo policial. Ante el agravamiento de los síntomas, lo llevaron al día siguiente a otro centro asistencial, donde finalmente le diagnosticaron tuberculosis.
Aunque sus allegados intentaron ingresarlo en el área especializada del Hospital Luis Gómez López, la falta de camas disponibles obligó a que permaneciera en condiciones precarias hasta que lo volvieron a internar. Según el testimonio de sus allegados, el trato hacia el detenido estuvo marcado por la discriminación y la renuencia del personal sanitario a atender a privados de libertad. La fase avanzada de la infección impidió su recuperación.
El OVP enfatizó que los calabozos policiales están concebidos legalmente para permanencias no mayores a 48 horas. No obstante, las instalaciones de Pata e’ Palo albergan actualmente a más de 300 detenidos en un espacio originalmente diseñado para incidentes de tránsito. La organización advirtió sobre el elevado riesgo epidemiológico dentro del recinto, donde coexisten múltiples reclusos con afecciones respiratorias sin medidas de aislamiento, asistencia médica permanente ni alimentación garantizada por el Estado.
