Mientras habla, Yesenia Simoza hurga en su cartera. Está buscando algo que ni siquiera sabe qué es, responde de forma automática. Su cuerpo está en la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), ubicada en la urbanización Bello Monte de Caracas, pero su mente pareciera divagar en otro lugar.
Su hermano de 62 años apenas había muerto el día anterior de un infarto en su residencia de la carretera vieja Caracas-La Guaira.
“700 dólares sin hueco”, dice con absoluta convicción. Eso cuesta enterrar el cuerpo de su hermano. Afortunadamente, su familia cuenta con el dinero que se debe “tener de un día para otro”, dice la propia Yesenia.
Pero esa no es la situación de otra persona que prefirió no decir su nombre y que también estaba el fin de semana pasado en la Morgue de Bello Monte, cuyo familiar de apenas 39 años murió de un infarto luego de recaer de una tuberculosis.
“También tenía problemas en los riñones. Él estaba en situación de calle desde hace tiempo, dejó a dos hijos huérfanos”, dijo, quien espera que alguna entidad gubernamental la ayude a costear los 550 dólares que le está exigiendo la funeraria para inhumar el cuerpo en el Cementerio General del Sur.
A pocos metros, Aixa* coincide en que es complicado juntar divisas en Venezuela de manera casi inmediata ante una situación extraordinaria como esta, cuando el sueldo mínimo oficial sigue siendo el peor del mundo (alrededor de 0,15 dólares mensuales) y la gente “sobrevive” con bonos subsidiados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, cuya tutela ostenta la administración estadounidense del presidente Donald Trump.
Aixa y sus hermanas decidieron cremar a su padre de 60 años. Por fortuna, cuentan con los $350 que les piden. “Gracias a Dios entre todos pudimos, pero no es fácil”, expresó.
La crisis reduce horarios y servicios prestados
“El maracucho” tiene 15 años orbitando en Bello Monte. Trabaja para la Funeraria Noris Díaz. Sus clientes son básicamente exclusivos de la morgue principal de Caracas.
“El costo de un servicio depende de lo que quiera el familiar, pero aquí oscilan entre 300 y 650 dólares”, precisó, con su acento zuliano.
Según “el maracucho”, muchos carecen de esa cantidad y sus familiares permanecen en la morgue por un lapso aproximado de 15 días. “Después de eso, los cuerpos van a una fosa común”, advirtió.
Aunque parezca extraño por la cantidad de muertes que hubo en 2026 en Venezuela, producto de los dos terremotos del pasado 24 de junio, “el maracucho” asegura que a nivel de ingresos económicos funerarios, “este ha sido el peor año”.
“¿Cómo le vamos a cobrar plata a alguien que viene de atravesar una tragedia? Hubo mucha ayuda de parte de este gremio”, reveló.
Atravesando el río Guaire, una empleada de una reconocida funeraria ubicada en La Florida indicó que el servicio mínimo cuesta en el lugar unos 1500 dólares “y que mayoría de la gente tiene un seguro”.
La Funeraria, donde antes había varias velaciones al unísono, sólo tenía tres servicios un domingo en la mañana. Ya no hay comida y bebida variada para atender a sus clientes, únicamente pequeños vasos de café, manzanilla e infusiones. “Imagínate cuánto costará en el cementerio de La Guairita”, dijo la empleada.
En estos centros ahora se ofrecen servicios velatorios por horas, ajustados a las capacidades económicas de las familias. Atrás quedaron los amaneceres en la funeraria y los horarios prolongados de los servicios. Por razones de seguridad, las capillas también son cerradas después de las 9 de la noche en muchas zonas.
El derecho a la muerte digna también se vulnera
Lamentar la pérdida de un ser querido y enfrentar la imposibilidad económica de costear un entierro o cremación es una situación dolorosa. Cuando el Estado o el sistema de salud pública terminan disponiendo de un cuerpo en una fosa común debido a la falta de recursos de la familia, se vulnera principalmente el derecho a una sepultura digna y el derecho al duelo, los cuales forman parte de un entramado de derechos humanos fundamentales reconocidos tanto a nivel internacional como en el contexto venezolano.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la CRBV (Artículo 21) prohíben la discriminación por condiciones sociales o económicas. Cuando el acceso a una despedida digna y a una parcela individualizada queda restringido únicamente a quienes pueden pagar los altos costos del sector privado, se genera una vulneración al derecho a la igualdad, donde la pobreza priva a los ciudadanos de un trato humano y respetuoso en sus momentos más vulnerables.
Los estándares internacionales de derechos humanos y la jurisprudencia señalan que el respeto al cuerpo del fallecido es una extensión del derecho a la dignidad, como lo recordó Cofavic el pasado mes de julio de 2026 tras expresar su preocupación por la falta de recuperación e identificación masiva de las personas fallecidas en los terremotos de La Guaira.
El último balance oficial de los muertos por los sismos del 24 de junio que compartió el gobierno fue el pasado 24 de agosto. En ese reporte, publicado exactamente dos meses después del doble terremoto, las autoridades consolidaron la cifra oficial en 6509 fallecidos y 226 696 personas atendidas en centros hospitalarios. Desde esa fecha, el boletín de víctimas no ha vuelto a ser actualizado de forma oficial, pese a que aún continúan los rescates de cuerpos en zonas como Caribe y Caraballeda.
De acuerdo con defensores de derechos humanos y organismos como la OPS/OMS, toda persona fallecida tiene derecho a ser plenamente identificada y a conservar su trazabilidad jurídica. Cuando un cuerpo es arrojado a una fosa común, se borra su rastro físico y se imposibilita que los familiares conozcan el paradero exacto de los restos o puedan realizar una exhumación en el futuro. Esto vulnera de forma directa el derecho de la familia a conocer la verdad.
Cuanda una familia o pariente no puede enterrar a su ser querido conforme a sus creencias, al saber que terminó en una fosa anónima o cuando ni siquiera se pudo garantizar la recuperación de su cuerpo tras un desastre socioambiental para cumplir con el ritual social del velorio o la sepultura,, se genera lo que en la psicología y el derecho se considera “daño moral profundo” o “trauma extendido”. Al no permitir el cierre del ciclo, el Estado indirectamente vulnera la salud mental y la integridad psíquica de los allegados, un derecho consagrado en el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
*Nombre cambiado por petición de la entrevistada
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
