Tribunal de Barinas decreta prisión preventiva para 11 implicados en el homicidio del fanático del Zamora FC

Tras casi cinco horas de sesión y en medio de un marcado hermetismo judicial, el Tribunal de Control de Barinas decretó medida de privación de libertad contra once hombres vinculados al homicidio de Luis “Rafita” López, reconocido seguidor de la barra brava “Burra Brava” del Zamora Fútbol Club.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra tres de los procesados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en concurso real con agavillamiento. 

Según la acusación fiscal, este grupo lo integran:

  • Luis Gutiérrez (31 años), señalado como el autor material de las heridas con arma blanca.
  • Cristian Castro (23 años), procesado por causarle lesiones a la víctima con una botella.
  • Yeferson Zambrano (27 años), acusado de agredir físicamente a López y despojarlo de sus pertenencias.

Los otros ocho detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, fueron imputados bajo las mismas figuras delictivas, pero en grado de complicidad correspectiva. 

Las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) los señalan por su participación activa en la golpiza contra la víctima.

El tribunal ordenó que los once imputados permanezcan bajo custodia en la sede del Cicpc de Barinas a la espera de que se defina su sitio de reclusión definitivo.

La defensa solicitó la radicación del caso en dicha entidad y pidieron el traslado inmediato de los detenidos hacia el Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, conocido como “Uribana”, ubicado al norte de Barquisimeto.

Esta solicitud introduce un nuevo compás de espera judicial, ya que el tribunal deberá pronunciarse sobre la competencia territorial del caso y la viabilidad del traslado, una medida que en el sistema penitenciario venezolano suele responder a preocupaciones de seguridad de los privados de libertad o a dinámicas de distribución poblacional carcelaria.

Duelo en las gradas

Paralelamente al proceso judicial, los restos de “Rafita” López fueron despedidos entre el martes 3 y el miércoles 4 por familiares, amigos e integrantes de la barra del equipo blanquinegro. El cortejo fúnebre, marcado por cánticos y el despliegue de banderas, incluyó una parada simbólica frente al estadio Agustín Tovar “La Carolina”, a pocos metros del punto exacto donde la víctima cayó mortalmente herida el pasado domingo.

El caso ha generado conmoción en el ámbito del fútbol venezolano y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los aficionados y la violencia asociada a las barras bravas en los estadios del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

Tres fueron imputados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles
Luis Rafael “Rafita” López tenía de 31 años de edad
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redacción runrunes
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Tras casi cinco horas de sesión y en medio de un marcado hermetismo judicial, el Tribunal de Control de Barinas decretó medida de privación de libertad contra once hombres vinculados al homicidio de Luis “Rafita” López, reconocido seguidor de la barra brava “Burra Brava” del Zamora Fútbol Club.

El Ministerio Público formalizó la imputación contra tres de los procesados por los delitos de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles, en concurso real con agavillamiento. 

Según la acusación fiscal, este grupo lo integran:

  • Luis Gutiérrez (31 años), señalado como el autor material de las heridas con arma blanca.
  • Cristian Castro (23 años), procesado por causarle lesiones a la víctima con una botella.
  • Yeferson Zambrano (27 años), acusado de agredir físicamente a López y despojarlo de sus pertenencias.

Los otros ocho detenidos, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años, fueron imputados bajo las mismas figuras delictivas, pero en grado de complicidad correspectiva. 

Las comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) los señalan por su participación activa en la golpiza contra la víctima.

El tribunal ordenó que los once imputados permanezcan bajo custodia en la sede del Cicpc de Barinas a la espera de que se defina su sitio de reclusión definitivo.

La defensa solicitó la radicación del caso en dicha entidad y pidieron el traslado inmediato de los detenidos hacia el Centro Penitenciario de Centroccidente David Viloria, conocido como “Uribana”, ubicado al norte de Barquisimeto.

Esta solicitud introduce un nuevo compás de espera judicial, ya que el tribunal deberá pronunciarse sobre la competencia territorial del caso y la viabilidad del traslado, una medida que en el sistema penitenciario venezolano suele responder a preocupaciones de seguridad de los privados de libertad o a dinámicas de distribución poblacional carcelaria.

Duelo en las gradas

Paralelamente al proceso judicial, los restos de “Rafita” López fueron despedidos entre el martes 3 y el miércoles 4 por familiares, amigos e integrantes de la barra del equipo blanquinegro. El cortejo fúnebre, marcado por cánticos y el despliegue de banderas, incluyó una parada simbólica frente al estadio Agustín Tovar “La Carolina”, a pocos metros del punto exacto donde la víctima cayó mortalmente herida el pasado domingo.

El caso ha generado conmoción en el ámbito del fútbol venezolano y ha reavivado el debate sobre la seguridad de los aficionados y la violencia asociada a las barras bravas en los estadios del país.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país

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