Al menos 42 periodistas y trabajadores de la prensa han perdido la vida de manera violenta en Venezuela durante los últimos 35 años. Según un recuento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la persistente impunidad en estos crímenes no solo deja deudas impagables de verdad, justicia y reparación con los dolientes, sino que debilita las garantías democráticas y fomenta un clima de miedo y autocensura en el ejercicio del periodismo.
Para el gremio, la inacción del Estado transmite un mensaje peligroso a los agresores: atacar a quienes informan puede quedar sin consecuencias. Esta desprotección obliga a las familias a asumir, con un enorme desgaste emocional y económico, la carga de una búsqueda de justicia que corresponde garantizar a las instituciones.
Patrones letales: de las manifestaciones a las sedes de medios
El análisis de estos 42 casos revela circunstancias recurrentes que el SNTP considera indispensables para reabrir o profundizar las investigaciones: disparos durante coberturas de protestas, amenazas previas ignoradas, ataques a viviendas e incursiones violentas en instalaciones de medios de comunicación.
La cronología de la violencia muestra una evolución en los métodos, pero una constante en la falta de esclarecimiento:
- En el ejercicio directo de la reportería: Virgilio Fernández murió en noviembre de 1992 cuando dispararon contra el vehículo de El Universal en el que circulaba durante el intento de golpe de Estado. Meses después, en enero de 1993, María Verónica Tessari falleció por lesiones de una bomba lacrimógena mientras cubría una manifestación. Una década más tarde, Jorge Ibraín Tortoza Cruz fue asesinado el 11 de abril de 2002 mientras fotografiaba los enfrentamientos en el centro de Caracas.
- Periodismo de investigación y DD.HH.: Mauro Marcano y Orel Sambrano fueron asesinados tras difundir información sobre narcotráfico y corrupción. Mijail Martínez trabajaba en un documental sobre abusos policiales en Lara cuando fue ejecutado frente a su vivienda en 2009, un caso en el que la FIDH y la OMCT advirtieron sobre un vínculo directo con su labor defensora.
- Señalamientos a agentes estatales: En agosto de 2018, Manuel Alejandro Parejo fue asesinado en la sede de Telesol en Cumaná. Dos años después, en agosto de 2020, los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres murieron durante un operativo de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en Guacamaya TV, en Cabimas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH condenó estos hechos y exigió investigar la participación de funcionarios del Estado.
Las sombras de la justicia: casos que exigen claridad
El SNTP hace un llamado especial a esclarecer muertes cuyas circunstancias oficiales han sido cuestionadas por organismos internacionales o que presentan vacíos forenses.
Es el caso de Edwin Santos, sobre cuya muerte la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU documentó elementos que ponen en duda la versión oficial de “accidente”, sin que se haya establecido una causa alternativa. De igual manera, persisten interrogantes sobre la muerte de Yolimar Hidalgo, hallada con una herida de bala, en un caso donde las hipótesis de homicidio y suicidio siguen abiertas. El gremio aclara que la inclusión de estos nombres en el recuento no anticipa una conclusión forense, sino que exige al Estado agotar todas las líneas de investigación para descartar o confirmar la vinculación con su labor informativa.
La exigencia: ir más allá del “chivo expiatorio”
La respuesta judicial en Venezuela ha sido desigual: existen casos con condenas parciales, otros sin responsables sancionados y expedientes opacos sin información pública sobre las diligencias realizadas.
El SNTP enfatiza que las detenciones de bajo perfil o los anuncios policiales no sustituyen una investigación completa. “La condena de un ejecutor material no permite dar por esclarecido un crimen cuando quedan pendientes su móvil y otras responsabilidades”, señala el gremio.
Por ello, exigen que las fiscalías contrasten con pruebas las amenazas previas, los intereses económicos o políticos afectados por las denuncias, y la posible participación de funcionarios o grupos armados. Solo alcanzando las responsabilidades materiales, intelectuales y de mando, Venezuela podrá comenzar a saldar una deuda histórica con la libertad de expresión y con las 42 familias que aún esperan justicia.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
