Sin agua ni atención médica mantienen a militares en huelga de hambre en Ramo Verde

Los familiares de los 36 militares que cumplen cuatro días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de una intervención de funcionarios antimotines en el centro de reclusión.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Bandres, denunció en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos la noche del 13 de noviembre que desde la torre del penal se escucharon cacerolazos y gritos de «libertad». Según información que recibió, esos hechos habrían motivado el traslado de un equipo antimotín de la Guardia Nacional hacia las instalaciones.

Hernández responsabilizó directamente al general Luis Ojeda, director de Ramo Verde, por cualquier afectación a la integridad física y la salud de su esposo y de los demás militares que mantienen la protesta.

«Hago responsable directamente al general Luis Ojeda por toda la situación en la que se pueda ver mi esposo, de su integridad física y salud», expresó.

La mujer aseguró que los huelguistas permanecen aislados a la intemperie, en la cancha deportiva del centro penitenciario, sin acceso a baños, artículos de aseo personal, agua potable ni asistencia médica. De acuerdo con su denuncia, los detenidos se han visto obligados a hidratarse con agua de lluvia o estancada.

Temor por antecedente de violencia en Ramo Verde

Hernández recordó que en diciembre de 2020 ocurrió una requisa violenta en Ramo Verde, ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que dejó varios internos heridos de bala. Ese antecedente, dijo, alimenta la preocupación de los familiares ante la posibilidad de que se produzca una nueva intervención dentro del penal.

La esposa de Bandres también pidió la intervención de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación, para que exija garantías para la vida y la salud de los huelguistas.

Además, dirigió un llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien pidió emitir una alerta para que se respeten los derechos humanos de los militares detenidos.

«Hago un llamado directo a Marco Rubio, que está a cargo del tutelaje de nuestro país, para que emita una alerta para que respeten los derechos humanos de nuestros familiares. Nuestra preocupación parte del antecedente del año 2020, cuando hubo una requisa violenta que dejó varios heridos de bala», declaró.

El CLIPPVE denuncia vulneraciones a los derechos de los huelguistas

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la huelga de hambre es una forma legítima de protesta y denunció que a los militares se les estaría negando el acceso a hidratación y a condiciones básicas de atención.

La organización recordó que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de libertad debe recibir un trato humano y respetuoso de su dignidad. También citó el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los familiares mantienen la exigencia de que se respete la integridad de los 36 militares y se atiendan sus necesidades básicas mientras continúan la huelga de hambre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, denunció que los militares permanecen aislados en una cancha, sin acceso a agua potable, baños ni atención médica. La mujer responsabilizó al director del penal por la integridad de los huelguistas y alertó sobre el posible envío de un equipo antimotines tras escucharse cacerolazos y gritos de libertad
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Los familiares de los 36 militares que cumplen cuatro días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de una intervención de funcionarios antimotines en el centro de reclusión.

Sandra Hernández, esposa del sargento mayor de tercera Luis Bandres, denunció en un video difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos la noche del 13 de noviembre que desde la torre del penal se escucharon cacerolazos y gritos de «libertad». Según información que recibió, esos hechos habrían motivado el traslado de un equipo antimotín de la Guardia Nacional hacia las instalaciones.

Hernández responsabilizó directamente al general Luis Ojeda, director de Ramo Verde, por cualquier afectación a la integridad física y la salud de su esposo y de los demás militares que mantienen la protesta.

«Hago responsable directamente al general Luis Ojeda por toda la situación en la que se pueda ver mi esposo, de su integridad física y salud», expresó.

La mujer aseguró que los huelguistas permanecen aislados a la intemperie, en la cancha deportiva del centro penitenciario, sin acceso a baños, artículos de aseo personal, agua potable ni asistencia médica. De acuerdo con su denuncia, los detenidos se han visto obligados a hidratarse con agua de lluvia o estancada.

Temor por antecedente de violencia en Ramo Verde

Hernández recordó que en diciembre de 2020 ocurrió una requisa violenta en Ramo Verde, ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), que dejó varios internos heridos de bala. Ese antecedente, dijo, alimenta la preocupación de los familiares ante la posibilidad de que se produzca una nueva intervención dentro del penal.

La esposa de Bandres también pidió la intervención de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015 y jefa de la delegación opositora en la mesa de negociación, para que exija garantías para la vida y la salud de los huelguistas.

Además, dirigió un llamado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a quien pidió emitir una alerta para que se respeten los derechos humanos de los militares detenidos.

«Hago un llamado directo a Marco Rubio, que está a cargo del tutelaje de nuestro país, para que emita una alerta para que respeten los derechos humanos de nuestros familiares. Nuestra preocupación parte del antecedente del año 2020, cuando hubo una requisa violenta que dejó varios heridos de bala», declaró.

El CLIPPVE denuncia vulneraciones a los derechos de los huelguistas

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos reiteró que la huelga de hambre es una forma legítima de protesta y denunció que a los militares se les estaría negando el acceso a hidratación y a condiciones básicas de atención.

La organización recordó que el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de libertad debe recibir un trato humano y respetuoso de su dignidad. También citó el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que protege la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas y prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Los familiares mantienen la exigencia de que se respete la integridad de los 36 militares y se atiendan sus necesidades básicas mientras continúan la huelga de hambre.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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