Sentencia en el caso Pdvsa-Cripto podría tardar siete años

Unos 2500 medios probatorios y 300 testimoniales debe verificar el tribunal que lleva la causa del caso Pdvsa-Cripto antes de emitir una sentencia, proceso que según cálculos de algunos abogados podría demorar mínimo siete años, si mantiene el ritmo que lleva hasta ahora. Desde que inició el juicio en abril se han revisado menos de 30 actas y han pasado a declarar solo tres funcionarios. 

El caso volvió a sonar en los últimos días luego de que la líder opositora María Corina Machado y su organización, Vente Venezuela, incluyeran los nombres de 16 personas imputadas por esta causa en una lista de presos políticos que permanecen en El Rodeo I, cárcel sobre la que hay graves señalamientos de torturas y tratos crueles.

De un lado y otro del poder, hubo objeciones a la calificación de algunos de estos privados de libertad como presos por razones políticas. Los imputados por esa causa que están la lista son Jesús Salazar, Rajiv Mosqueda, Renny Barrientos, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Johana Torres, Bernardo Arosio, Olvany Gaspari, Gustavo Carmona, Juan Moreno, Oscar Rojas, Ramón Cardozo, William Rivas, Jean Mayer, Luis Guzmán y Miguel Irigoyen. La familia de los últimos tres ha insistido que ellos tenían poco tiempo como choferes para otros de los implicados.

María Corina Machado visitó las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, el viernes 6 de noviembre | Foto: Tal Cual.

El debate da pie a recapitular qué ha pasado con el que ha sido descrito como uno de los mayores escándalos de corrupción en el país en los últimos años, y que desde que se destapó en marzo de 2023 ha generado teorías y especulaciones, incluyendo que se trató de una conspiración o que es el resultado de pugnas internas del poder.   

El 21 de noviembre se cumplen siete meses del juicio ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, con competencia en delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo. Luego de tres años desde que se ejecutaron las primeras aprehensiones y se expusiera a algunos los detenidos en televisión nacional con uniformes anaranjados, el proceso se desarrolla entre hermetismo y denuncias sobre anomalías procesales, y violaciones a los derechos humanos. 

Actualmente son 57 los procesados por el caso, afirmó el abogado Jeset García, representante legal de Joselit Ramírez, Jesús Ramírez y Johana Torres. Respecto a esta última, el defensor sostiene que su detención responde a una persecución personal y aseguró que “es una presa del ex fiscal general Tarek William Saab”.

Recordó que inicialmente la Fiscalía anunció que hubo unas 87 personas detenidas por estos hechos, pero que entonces se habían mezclado otras presuntas tramas de corrupción como la de Cartones de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana y la llamada purga judicial. Luego, los expedientes se separaron. 

De acuerdo a las autoridades, la trama de Pdvsa-Cripto consistía en la presunta venta de petróleo crudo de Petróleos de Venezuela S.A a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y empresas fachadas evadiendo los controles financieros. El Ministerio Público calculó el perjuicio contra el Estado en unos 5.550 millones de dólares. Sin embargo, estimaciones realizadas por la ONG Transparencia Venezuela y firmas privadas estimaron que el desfalco oscila entre $16.600 y $23.000 millones. 

El caso destacó de inmediato por la presunta implicación de figuras que ostentaban mucho poder en Venezuela, como el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami; el exministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el exsuperintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez; el exdiputado Hugbel Roa; el exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez; y el empresario Samark López. A los acusados se les imputaron delitos que incluyen traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

A continuación, las claves sobre el estatus del caso: 

Muertes bajo custodia antes del juicio

Desde que se destapó el caso, al menos tres personas asociadas a la causa fallecieron, dos de ellas bajo custodia del Estado. Leoner Azuaje, expresidente de Cartones de Venezuela, se encontraba recluido en El Helicoide señalado de corrupción. Murió el 20 de abril de 2023, seis días después de ser detenido. Según el exfiscal Tarek William la causa fue un suicidio por asfixia mecánica. 

En mayo de 2023 se informó de la muerte de Juan Almeida Morgado, alias “N33” y junto a sus dos hermanos, Carlos Almeida Morgado y Jorge Almeida Morgado, había sido identificado como presunto operador tecnológico o hacker de Tareck El Aissami. Él se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Maracay, estado Aragua, dado a que sufría de cirrosis hepática terminal. 

El coronel Marino Lugo —que había trabajado en el área de mercadeo de Pdvsa— murió un año después, en abril de 2024, también por un presunto suicidio. Horas antes había sido interrogado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. 

Denuncias de torturas 

El juicio comenzó el 20 de abril de 2026 y las audiencias iniciales dejaron testimonios de impacto mediático. De las primeras veces que Tareck El Aissami compareció ante el tribunal fue en silla de ruedas y con un visible deterioro de salud. Denunció haber sido aislado en celdas de castigo, privación del sueño y la administración forzada de sustancias psicotrópicas durante sus interrogatorios. 

Otros procesados —como Hugbel Roa y Rafael Perdomo (copropietario de la Constructora HP)— hicieron acusaciones de torturas físicas y extorsiones, y señalaron a Tarek William Saab y al fiscal de la causa, Eddy Rodríguez. El empresario y ex accionista de Bancamiga, Daniel De Grazia Suárez, declaró en su oportunidad que no solo había sido aislado e incomunicado, sino que lo coaccionaron para despojarlo de sus acciones en la entidad bancaria. 

Un grupo de abogados solicitó poco después del inicio del juicio la incorporación de observadores internacionales de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo la jueza lo desestimó y declaró sin lugar las solicitudes de nulidad del juicio planteadas por la defensa ante el vencimiento de los lapsos de detención preventiva, que sobrepasan los tres años sin sentencia. 

En el inicio del proceso se mostró lo que sería una constante: un estricto cerco informativo. El tribunal mantiene las audiencias cerradas al público, impidiendo la entrada de medios de comunicación independientes y restringiendo la entrada de familiares.  

El paso a la virtualidad

Luego de las primeras 16 comparecencias presenciales, en junio el tribunal ordenó que para los imputados recluidos en cárceles como El Rodeo I se hicieran audiencias telemáticas (por videollamada). 

Más de 48 abogados rechazaron la decisión y hubo procesados que protestaron con una huelga de hambre. Algunos defensores insistieron en que el esquema virtual buscaba ocultar el estado físico de los reclusos y aplacar las denuncias sobre violaciones de DDHH. 

Además, explicaron que la medida contradecía la inmediación procesal, un principio del derecho que exige que el juez mantenga un contacto directo, personal e indelegable con las partes, los testigos, los peritos y las pruebas desde el inicio del proceso hasta la sentencia. 

Eventualmente, no solo continuaron las audiencias telemáticas sino que se ampliaron para el resto de los imputados en prisión. 

Actualmente las audiencias se realizan los lunes, miércoles y viernes. Acuden al tribunal los fiscales del Ministerio Público, representaciones de la Procuraduría General y de Pdvsa, los imputados que tienen casa por cárcel y los abogados. Los demás acusados participan a través de seis conexiones simultáneas donde se les ve en una pantalla desde la cárcel. En algunos casos sus defensores los acompañan en el centro de reclusión. 

Un grupo de abogados convocó a una rueda de prensa a principios de junio para denunciar irregularidades en el proceso penal | Foto: Runrun.es

Un par de pausas obligadas

El juicio ha tenido un par de pausas cortas. Una de ellas luego de los terremotos del 24 de junio, mientras se verificaban las instalaciones del Palacio de Justicia. 

La segunda fue en agosto cuando Roland González, exdirector de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Piar, sufrió un infarto agudo de miocardio en el Rodeo I. 

A González lo trasladaron a un primer centro de salud y luego al Hospital Militar de Caracas, donde le hicieron un cateterismo. Pese a su condición y a tener pendiente un segundo procedimiento, lo regresaron al Rodeo I. Su defensa solicitó una medida de arresto domiciliario, que le concedieron a principios de octubre. La jueza Alejandra Romero Castillo ordenó poco después que se separara su causa del resto. 

A esta interrupción del proceso se sumó que el 29 de agosto los abogados de Tareck El Aissami denunciaron su desaparición tras suspenderse una visita familiar en la cárcel de El Rodeo I. Poco después se conoció que había estado en aislamiento. 

El traslado de Alvaro Pulido a EE. UU. 

El 11 de octubre pasado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que uno de los señalados por el caso Pdvsa-Cripto se encontraba en territorio norteamericano para ser juzgado por delitos asociados a lavado de dinero y sobornos por miles de millones de dólares vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

Se trataba del empresario colombiano Germán Enrique Rubio Salas, más conocido por su alias Álvaro Pulido Vargas, y por ser socio del también empresario y ex funcionario venezolano Alex Saab.

A Pulido lo detuvieron en abril de 2023 y permanecía recluido en la cárcel del Rodeo I acusado de estar involucrado en la trama de corrupción. En las siguientes audiencias, la jueza Alejandra Romero Castillo anunció que también separaría su causa de la del resto de los imputados.

El Aissami puso las barbas en remojo 

El 22 de octubre durante una nueva audiencia Tareck El Aissami dijo: “Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana”, expresó durante la comparecencia ante el tribunal. “No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, agregó.  El artículo 69 de la Constitución establece que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. 

El Aissami, a quien trasladaron de El Rodeo I a Fuerte Tiuna, enfrenta también una acusación en EE. UU por narcoterrorismo. En una entrevista para NTN24 el exfiscal del Ministerio Público y abogado penalista, Zair Mundaray, aseguró que “es del interés del Departamento de Justicia de EE. UU. llevarlo” y consideró que “el Rodrigato” podría entregarlo sin mayores obstáculos. 

Para Mundaray, el Gobierno interino está “elevando” el perfil de El Aissami como el eje central de toda la corrupción para proyectar una falsa imagen de lucha anticorrupción y tapar sus propias culpas. Recordó que recientemente el Ministerio Público le imputó al exministro nuevos delitos derivados de un juicio paralelo relacionado con la Corporación Venezolana de Guayana. 

Los cambios en los tribunales de terrorismo

En septiembre, una sentencia de la Sala de Casación Penal estableció que los delitos de corrupción y legitimación de capitales no constituyen actos de terrorismo y deben juzgarse por tribunales penales ordinarios. Acto seguido, varios abogados del caso Pdvsa-Cripto impugnaron la autoridad legal del Tribunal 3° de Juicio, pero la jueza Romero Castillo ratificó su competencia y ordenó continuar el debate.

El 13 de octubre la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la Resolución n.º 2026-0010. Aunque circuló que la medida representaba la eliminación de la jurisdicción antiterrorista, la ONG Acceso a la Justicia precisó que su alcance es limitado: no suprime los delitos de terrorismo ni desmonta el sistema especializado, sino que elimina la competencia nacional exclusiva de cuatro juzgados de control en Caracas. A partir de esa fecha, las fases iniciales de estos procesos pasan a los tribunales penales ordinarios de cada estado, mientras que los tribunales de juicio y las cortes de apelaciones especializadas se mantienen centralizados en la capital.

¿Qué viene ahora? 

El juicio se encuentra en una fase de evacuación de medios probatorios, que consiste en el momento en el que las partes presentan y ejecutan ante el juez todas las evidencias que se aceptaron previamente para respaldar sus argumentos. 

Esto implica que los testigos declaran y se les interroga, los peritos explican sus informes técnicos y se leen o exhiben los documentos, audios o registros clave en audiencia. Se trata de la etapa central del debate, ya que permite que el tribunal verifique directamente la validez de los hechos antes de escuchar los argumentos finales de los abogados y pasar a deliberar para dictar sentencia. 

De acuerdo con el abogado Jeset García para la fecha se han evacuado menos de 30 actas y, de las 300 personas previstas para declarar solo han pasado la estrados tres funcionarios. “Hemos calculado que este podría ser un juicio de siete años si sigue así”, dijo. 

Una preocupación que el defensor comparte con la abogada Paulette Nunes, representante de Rajiv Mosqueda, es que se quiera acelerar el proceso a través de la opción de prescindir de las pruebas, una medida que solo se puede aplicar si todas las partes involucradas están de acuerdo. 

A ese ritmo, la sentencia no luce cercana. Por ahora el juicio avanza en un tribunal cuya competencia la defensa cuestiona, con el reclamo por irregularidades durante el proceso, con causas que se separan y procesados que suman más de tres años presos sin condena. 

El Tribunal 3° de Juicio de Caracas debe evacuar miles de elementos admitidos antes de dictar fallo, pero desde abril el proceso avanza a cuentagotas entre diferimientos y audiencias virtuales
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Ilustración generada con IA
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Unos 2500 medios probatorios y 300 testimoniales debe verificar el tribunal que lleva la causa del caso Pdvsa-Cripto antes de emitir una sentencia, proceso que según cálculos de algunos abogados podría demorar mínimo siete años, si mantiene el ritmo que lleva hasta ahora. Desde que inició el juicio en abril se han revisado menos de 30 actas y han pasado a declarar solo tres funcionarios. 

El caso volvió a sonar en los últimos días luego de que la líder opositora María Corina Machado y su organización, Vente Venezuela, incluyeran los nombres de 16 personas imputadas por esta causa en una lista de presos políticos que permanecen en El Rodeo I, cárcel sobre la que hay graves señalamientos de torturas y tratos crueles.

De un lado y otro del poder, hubo objeciones a la calificación de algunos de estos privados de libertad como presos por razones políticas. Los imputados por esa causa que están la lista son Jesús Salazar, Rajiv Mosqueda, Renny Barrientos, Rafael Perdomo, Roger Perdomo, Johana Torres, Bernardo Arosio, Olvany Gaspari, Gustavo Carmona, Juan Moreno, Oscar Rojas, Ramón Cardozo, William Rivas, Jean Mayer, Luis Guzmán y Miguel Irigoyen. La familia de los últimos tres ha insistido que ellos tenían poco tiempo como choferes para otros de los implicados.

María Corina Machado visitó las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, el viernes 6 de noviembre | Foto: Tal Cual.

El debate da pie a recapitular qué ha pasado con el que ha sido descrito como uno de los mayores escándalos de corrupción en el país en los últimos años, y que desde que se destapó en marzo de 2023 ha generado teorías y especulaciones, incluyendo que se trató de una conspiración o que es el resultado de pugnas internas del poder.   

El 21 de noviembre se cumplen siete meses del juicio ante el Tribunal 3° de Juicio de Caracas, con competencia en delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo. Luego de tres años desde que se ejecutaron las primeras aprehensiones y se expusiera a algunos los detenidos en televisión nacional con uniformes anaranjados, el proceso se desarrolla entre hermetismo y denuncias sobre anomalías procesales, y violaciones a los derechos humanos. 

Actualmente son 57 los procesados por el caso, afirmó el abogado Jeset García, representante legal de Joselit Ramírez, Jesús Ramírez y Johana Torres. Respecto a esta última, el defensor sostiene que su detención responde a una persecución personal y aseguró que “es una presa del ex fiscal general Tarek William Saab”.

Recordó que inicialmente la Fiscalía anunció que hubo unas 87 personas detenidas por estos hechos, pero que entonces se habían mezclado otras presuntas tramas de corrupción como la de Cartones de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana y la llamada purga judicial. Luego, los expedientes se separaron. 

De acuerdo a las autoridades, la trama de Pdvsa-Cripto consistía en la presunta venta de petróleo crudo de Petróleos de Venezuela S.A a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) y empresas fachadas evadiendo los controles financieros. El Ministerio Público calculó el perjuicio contra el Estado en unos 5.550 millones de dólares. Sin embargo, estimaciones realizadas por la ONG Transparencia Venezuela y firmas privadas estimaron que el desfalco oscila entre $16.600 y $23.000 millones. 

El caso destacó de inmediato por la presunta implicación de figuras que ostentaban mucho poder en Venezuela, como el exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Tareck El Aissami; el exministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa; el exsuperintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez; el exdiputado Hugbel Roa; el exvicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, coronel Antonio Pérez Suárez; y el empresario Samark López. A los acusados se les imputaron delitos que incluyen traición a la patria, apropiación del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir. 

A continuación, las claves sobre el estatus del caso: 

Muertes bajo custodia antes del juicio

Desde que se destapó el caso, al menos tres personas asociadas a la causa fallecieron, dos de ellas bajo custodia del Estado. Leoner Azuaje, expresidente de Cartones de Venezuela, se encontraba recluido en El Helicoide señalado de corrupción. Murió el 20 de abril de 2023, seis días después de ser detenido. Según el exfiscal Tarek William la causa fue un suicidio por asfixia mecánica. 

En mayo de 2023 se informó de la muerte de Juan Almeida Morgado, alias “N33” y junto a sus dos hermanos, Carlos Almeida Morgado y Jorge Almeida Morgado, había sido identificado como presunto operador tecnológico o hacker de Tareck El Aissami. Él se encontraba bajo arresto domiciliario en su residencia de Maracay, estado Aragua, dado a que sufría de cirrosis hepática terminal. 

El coronel Marino Lugo —que había trabajado en el área de mercadeo de Pdvsa— murió un año después, en abril de 2024, también por un presunto suicidio. Horas antes había sido interrogado por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar. 

Denuncias de torturas 

El juicio comenzó el 20 de abril de 2026 y las audiencias iniciales dejaron testimonios de impacto mediático. De las primeras veces que Tareck El Aissami compareció ante el tribunal fue en silla de ruedas y con un visible deterioro de salud. Denunció haber sido aislado en celdas de castigo, privación del sueño y la administración forzada de sustancias psicotrópicas durante sus interrogatorios. 

Otros procesados —como Hugbel Roa y Rafael Perdomo (copropietario de la Constructora HP)— hicieron acusaciones de torturas físicas y extorsiones, y señalaron a Tarek William Saab y al fiscal de la causa, Eddy Rodríguez. El empresario y ex accionista de Bancamiga, Daniel De Grazia Suárez, declaró en su oportunidad que no solo había sido aislado e incomunicado, sino que lo coaccionaron para despojarlo de sus acciones en la entidad bancaria. 

Un grupo de abogados solicitó poco después del inicio del juicio la incorporación de observadores internacionales de la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo la jueza lo desestimó y declaró sin lugar las solicitudes de nulidad del juicio planteadas por la defensa ante el vencimiento de los lapsos de detención preventiva, que sobrepasan los tres años sin sentencia. 

En el inicio del proceso se mostró lo que sería una constante: un estricto cerco informativo. El tribunal mantiene las audiencias cerradas al público, impidiendo la entrada de medios de comunicación independientes y restringiendo la entrada de familiares.  

El paso a la virtualidad

Luego de las primeras 16 comparecencias presenciales, en junio el tribunal ordenó que para los imputados recluidos en cárceles como El Rodeo I se hicieran audiencias telemáticas (por videollamada). 

Más de 48 abogados rechazaron la decisión y hubo procesados que protestaron con una huelga de hambre. Algunos defensores insistieron en que el esquema virtual buscaba ocultar el estado físico de los reclusos y aplacar las denuncias sobre violaciones de DDHH. 

Además, explicaron que la medida contradecía la inmediación procesal, un principio del derecho que exige que el juez mantenga un contacto directo, personal e indelegable con las partes, los testigos, los peritos y las pruebas desde el inicio del proceso hasta la sentencia. 

Eventualmente, no solo continuaron las audiencias telemáticas sino que se ampliaron para el resto de los imputados en prisión. 

Actualmente las audiencias se realizan los lunes, miércoles y viernes. Acuden al tribunal los fiscales del Ministerio Público, representaciones de la Procuraduría General y de Pdvsa, los imputados que tienen casa por cárcel y los abogados. Los demás acusados participan a través de seis conexiones simultáneas donde se les ve en una pantalla desde la cárcel. En algunos casos sus defensores los acompañan en el centro de reclusión. 

Un grupo de abogados convocó a una rueda de prensa a principios de junio para denunciar irregularidades en el proceso penal | Foto: Runrun.es

Un par de pausas obligadas

El juicio ha tenido un par de pausas cortas. Una de ellas luego de los terremotos del 24 de junio, mientras se verificaban las instalaciones del Palacio de Justicia. 

La segunda fue en agosto cuando Roland González, exdirector de Hacienda Municipal de la Alcaldía de Piar, sufrió un infarto agudo de miocardio en el Rodeo I. 

A González lo trasladaron a un primer centro de salud y luego al Hospital Militar de Caracas, donde le hicieron un cateterismo. Pese a su condición y a tener pendiente un segundo procedimiento, lo regresaron al Rodeo I. Su defensa solicitó una medida de arresto domiciliario, que le concedieron a principios de octubre. La jueza Alejandra Romero Castillo ordenó poco después que se separara su causa del resto. 

A esta interrupción del proceso se sumó que el 29 de agosto los abogados de Tareck El Aissami denunciaron su desaparición tras suspenderse una visita familiar en la cárcel de El Rodeo I. Poco después se conoció que había estado en aislamiento. 

El traslado de Alvaro Pulido a EE. UU. 

El 11 de octubre pasado el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, informó que uno de los señalados por el caso Pdvsa-Cripto se encontraba en territorio norteamericano para ser juzgado por delitos asociados a lavado de dinero y sobornos por miles de millones de dólares vinculados a la administración de Nicolás Maduro.

Se trataba del empresario colombiano Germán Enrique Rubio Salas, más conocido por su alias Álvaro Pulido Vargas, y por ser socio del también empresario y ex funcionario venezolano Alex Saab.

A Pulido lo detuvieron en abril de 2023 y permanecía recluido en la cárcel del Rodeo I acusado de estar involucrado en la trama de corrupción. En las siguientes audiencias, la jueza Alejandra Romero Castillo anunció que también separaría su causa de la del resto de los imputados.

El Aissami puso las barbas en remojo 

El 22 de octubre durante una nueva audiencia Tareck El Aissami dijo: “Quiero dejar constancia de que no voy a renunciar a mi nacionalidad venezolana”, expresó durante la comparecencia ante el tribunal. “No quiero que me extraditen y, si eso llegare a suceder, yo no lo pedí”, agregó.  El artículo 69 de la Constitución establece que se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. 

El Aissami, a quien trasladaron de El Rodeo I a Fuerte Tiuna, enfrenta también una acusación en EE. UU por narcoterrorismo. En una entrevista para NTN24 el exfiscal del Ministerio Público y abogado penalista, Zair Mundaray, aseguró que “es del interés del Departamento de Justicia de EE. UU. llevarlo” y consideró que “el Rodrigato” podría entregarlo sin mayores obstáculos. 

Para Mundaray, el Gobierno interino está “elevando” el perfil de El Aissami como el eje central de toda la corrupción para proyectar una falsa imagen de lucha anticorrupción y tapar sus propias culpas. Recordó que recientemente el Ministerio Público le imputó al exministro nuevos delitos derivados de un juicio paralelo relacionado con la Corporación Venezolana de Guayana. 

Los cambios en los tribunales de terrorismo

En septiembre, una sentencia de la Sala de Casación Penal estableció que los delitos de corrupción y legitimación de capitales no constituyen actos de terrorismo y deben juzgarse por tribunales penales ordinarios. Acto seguido, varios abogados del caso Pdvsa-Cripto impugnaron la autoridad legal del Tribunal 3° de Juicio, pero la jueza Romero Castillo ratificó su competencia y ordenó continuar el debate.

El 13 de octubre la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la Resolución n.º 2026-0010. Aunque circuló que la medida representaba la eliminación de la jurisdicción antiterrorista, la ONG Acceso a la Justicia precisó que su alcance es limitado: no suprime los delitos de terrorismo ni desmonta el sistema especializado, sino que elimina la competencia nacional exclusiva de cuatro juzgados de control en Caracas. A partir de esa fecha, las fases iniciales de estos procesos pasan a los tribunales penales ordinarios de cada estado, mientras que los tribunales de juicio y las cortes de apelaciones especializadas se mantienen centralizados en la capital.

¿Qué viene ahora? 

El juicio se encuentra en una fase de evacuación de medios probatorios, que consiste en el momento en el que las partes presentan y ejecutan ante el juez todas las evidencias que se aceptaron previamente para respaldar sus argumentos. 

Esto implica que los testigos declaran y se les interroga, los peritos explican sus informes técnicos y se leen o exhiben los documentos, audios o registros clave en audiencia. Se trata de la etapa central del debate, ya que permite que el tribunal verifique directamente la validez de los hechos antes de escuchar los argumentos finales de los abogados y pasar a deliberar para dictar sentencia. 

De acuerdo con el abogado Jeset García para la fecha se han evacuado menos de 30 actas y, de las 300 personas previstas para declarar solo han pasado la estrados tres funcionarios. “Hemos calculado que este podría ser un juicio de siete años si sigue así”, dijo. 

Una preocupación que el defensor comparte con la abogada Paulette Nunes, representante de Rajiv Mosqueda, es que se quiera acelerar el proceso a través de la opción de prescindir de las pruebas, una medida que solo se puede aplicar si todas las partes involucradas están de acuerdo. 

A ese ritmo, la sentencia no luce cercana. Por ahora el juicio avanza en un tribunal cuya competencia la defensa cuestiona, con el reclamo por irregularidades durante el proceso, con causas que se separan y procesados que suman más de tres años presos sin condena. 

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