PJ exige revisión de condena en caso Paramacay tras audiencia telemática de 15 minutos

El partido Primero Justicia (PJ) rechazó la ratificación de la condena de 30 años de prisión contra el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, y otros 14 procesados en el llamado caso Paramacay.

La organización política denunció “graves irregularidades” en la audiencia de imposición de sentencia, la cual se llevó a cabo en apenas 15 minutos y de forma telemática, pese a la oposición expresa de la mayoría de los imputados.

La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo celebró la audiencia, en la que 19 de los 23 procesados rechazaron la conexión a distancia y exigieron su traslado presencial para garantizar su derecho a la defensa.

“Exigimos la revisión inmediata de esta decisión, el respeto al debido proceso y garantías judiciales para todos los involucrados”, reclamó Primero Justicia a través de sus redes sociales, advirtiendo que para avanzar hacia una transición democrática es indispensable que la justicia actúe “de manera independiente y sin tintes políticos e ideológicos”.

La dirigencia de PJ aprovechó la coyuntura para denunciar la situación general de la población penal política en Venezuela. 

El partido afirmó que el régimen mantiene a cientos de disidentes en instalaciones que han sido convertidas en “centros de torturas”, utilizándolos como “fichas de cambio” en negociaciones políticas.

“Ningún venezolano inocente merece pasar un segundo más tras las rejas por disentir políticamente. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares”, sentenció el comunicado de la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Calificó a las cárceles venezolanas como "centros de tortura" y exigió la liberación incondicional de todos los presos políticos
El capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, fue condenado recientemente a 30 años de prisión
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redacción runrunes
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El partido Primero Justicia (PJ) rechazó la ratificación de la condena de 30 años de prisión contra el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, y otros 14 procesados en el llamado caso Paramacay.

La organización política denunció “graves irregularidades” en la audiencia de imposición de sentencia, la cual se llevó a cabo en apenas 15 minutos y de forma telemática, pese a la oposición expresa de la mayoría de los imputados.

La Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo celebró la audiencia, en la que 19 de los 23 procesados rechazaron la conexión a distancia y exigieron su traslado presencial para garantizar su derecho a la defensa.

“Exigimos la revisión inmediata de esta decisión, el respeto al debido proceso y garantías judiciales para todos los involucrados”, reclamó Primero Justicia a través de sus redes sociales, advirtiendo que para avanzar hacia una transición democrática es indispensable que la justicia actúe “de manera independiente y sin tintes políticos e ideológicos”.

La dirigencia de PJ aprovechó la coyuntura para denunciar la situación general de la población penal política en Venezuela. 

El partido afirmó que el régimen mantiene a cientos de disidentes en instalaciones que han sido convertidas en “centros de torturas”, utilizándolos como “fichas de cambio” en negociaciones políticas.

“Ningún venezolano inocente merece pasar un segundo más tras las rejas por disentir políticamente. Exigimos la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares”, sentenció el comunicado de la organización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

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