Reclamos de jubilados y pensionados del SENIAT son ignorados por el ente recaudador  

Funcionarios de la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria (SENIAT) se negaron a recibir un documento presentado por el Comité Jurídico Asesor del Gremio de Jubilados y Pensionados del organismo (GJUBYPENS), en el que se solicitaban una audiencia con el Superintendente Román Maniglia para abordar reclamos sobre la defensa del poder adquisitivo y la calidad de vida de los retirados. 

El incidente, ocurrido el pasado jueves 19 de noviembre en la sede de Mata de Coco, evidenció una cadena de obstáculos administrativos y un trato que los propios afectados califican como “burla total” e “irrespeto absoluto”.

La negativa a recibir el documento constituye, según los denunciantes, una violación directa del artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que establece la obligatoriedad de la administración pública de recibir las comunicaciones de los interesados y dar constancia de su recepción.

37 años de servicio y un trato “indigno”

María Eugenia Lodis, una de las dos representantes del gremio que acudió a la sede del SENIAT, expuso que después de ser ignoradas por funcionarios se retiraron del sitio sin consignar la denuncia. 

Lodis, quien tuvo casi 40 años en el SENIAT y se desempeñó en varias áreas, manifestó que lo que debió ser un trámite rutinario se convirtió en un calvario burocrático.

“Ahora no están recibiendo comunicaciones fue lo que nos dijo una funcionaria”, dijo Lodis, quien agregó que les solicitaron sus cédulas de identidad, las fotografiaron y obligaron a llenar un cuestionario completo sobre sus datos personales. 

“Le indiqué que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo establece la obligatoriedad de recibir todas las comunicaciones de los interesados y dar recibo de la misma”, agregó. 

Los cinco reclamos del gremio

El documento no recibido por el SENIAT contenía cinco exigencias concretas del gremio, todas vinculadas a derechos adquiridos y al cumplimiento de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional:

  1. Tablas y escalas salariales/pensionales: Revisar los criterios de valoración de las pensiones y jubilaciones para garantizar una distribución proporcional a la trayectoria y rango institucional de cada jubilado, ajustados a la meritocracia ganada.
  2. Póliza de Seguros Miranda: Revisar esta póliza como sustituto del SAAS, para mejorar la cobertura de salud de los retirados.
  3. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Extender este beneficio a jubilados, pensionados y sobrevivientes, en estricto cumplimiento del principio de igualdad consagrado en la Cláusula 42 de la Convención Colectiva, que exige reciprocidad en monto y condiciones a todo beneficio económico otorgado al personal activo.
  4. Conceptos socioeconómicos históricos: Restablecer los beneficios otorgados de manera regular desde 1994 (fundación del SENIAT) hasta su interrupción en 2018, los cuales eran computados como ingresos sujetos a retención de ISLR, lo que demuestra su naturaleza patrimonial.
  5. Aguinaldos integrales: Pago de aguinaldos tomando el concepto de ingreso integral como base de cálculo, un derecho ya establecido en la esfera jurídica del jubilado y pensionado.

Una violación de derechos fundamentales

El incidente no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón sistemático de vulneración de los derechos laborales y pensionales de los adultos mayores en Venezuela, quienes enfrentan pensiones que no cubren ni la canasta básica alimentaria, un sistema de salud colapsado y un trato institucional que roza la humillación.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que la situación de los jubilados venezolanos constituye una violación del artículo 89 de la Constitución, que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y del artículo 80, que obliga al Estado a garantizar la plena protección de las personas adultas mayores.

El gremio anunció que agotará todas las vías administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento de sus derechos, incluyendo la posibilidad de acudir a instancias internacionales si las autoridades venezolanas continúan haciendo oídos sordos a sus reclamos legítimos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Funcionarios del organismo negaron el acuse de recibo a ex trabajadores de la oficina gubernamental , violando el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos
El episodio fue el pasado jueves 19 de noviembre en la sede de Mata de Coco
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redacción runrunes
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Funcionarios de la Superintendencia Nacional Aduanera y Tributaria (SENIAT) se negaron a recibir un documento presentado por el Comité Jurídico Asesor del Gremio de Jubilados y Pensionados del organismo (GJUBYPENS), en el que se solicitaban una audiencia con el Superintendente Román Maniglia para abordar reclamos sobre la defensa del poder adquisitivo y la calidad de vida de los retirados. 

El incidente, ocurrido el pasado jueves 19 de noviembre en la sede de Mata de Coco, evidenció una cadena de obstáculos administrativos y un trato que los propios afectados califican como “burla total” e “irrespeto absoluto”.

La negativa a recibir el documento constituye, según los denunciantes, una violación directa del artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), que establece la obligatoriedad de la administración pública de recibir las comunicaciones de los interesados y dar constancia de su recepción.

37 años de servicio y un trato “indigno”

María Eugenia Lodis, una de las dos representantes del gremio que acudió a la sede del SENIAT, expuso que después de ser ignoradas por funcionarios se retiraron del sitio sin consignar la denuncia. 

Lodis, quien tuvo casi 40 años en el SENIAT y se desempeñó en varias áreas, manifestó que lo que debió ser un trámite rutinario se convirtió en un calvario burocrático.

“Ahora no están recibiendo comunicaciones fue lo que nos dijo una funcionaria”, dijo Lodis, quien agregó que les solicitaron sus cédulas de identidad, las fotografiaron y obligaron a llenar un cuestionario completo sobre sus datos personales. 

“Le indiqué que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo establece la obligatoriedad de recibir todas las comunicaciones de los interesados y dar recibo de la misma”, agregó. 

Los cinco reclamos del gremio

El documento no recibido por el SENIAT contenía cinco exigencias concretas del gremio, todas vinculadas a derechos adquiridos y al cumplimiento de la Convención Colectiva Marco de la Administración Pública Nacional:

  1. Tablas y escalas salariales/pensionales: Revisar los criterios de valoración de las pensiones y jubilaciones para garantizar una distribución proporcional a la trayectoria y rango institucional de cada jubilado, ajustados a la meritocracia ganada.
  2. Póliza de Seguros Miranda: Revisar esta póliza como sustituto del SAAS, para mejorar la cobertura de salud de los retirados.
  3. Bono de Corresponsabilidad y Formación: Extender este beneficio a jubilados, pensionados y sobrevivientes, en estricto cumplimiento del principio de igualdad consagrado en la Cláusula 42 de la Convención Colectiva, que exige reciprocidad en monto y condiciones a todo beneficio económico otorgado al personal activo.
  4. Conceptos socioeconómicos históricos: Restablecer los beneficios otorgados de manera regular desde 1994 (fundación del SENIAT) hasta su interrupción en 2018, los cuales eran computados como ingresos sujetos a retención de ISLR, lo que demuestra su naturaleza patrimonial.
  5. Aguinaldos integrales: Pago de aguinaldos tomando el concepto de ingreso integral como base de cálculo, un derecho ya establecido en la esfera jurídica del jubilado y pensionado.

Una violación de derechos fundamentales

El incidente no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón sistemático de vulneración de los derechos laborales y pensionales de los adultos mayores en Venezuela, quienes enfrentan pensiones que no cubren ni la canasta básica alimentaria, un sistema de salud colapsado y un trato institucional que roza la humillación.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente que la situación de los jubilados venezolanos constituye una violación del artículo 89 de la Constitución, que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, y del artículo 80, que obliga al Estado a garantizar la plena protección de las personas adultas mayores.

El gremio anunció que agotará todas las vías administrativas y jurídicas para exigir el cumplimiento de sus derechos, incluyendo la posibilidad de acudir a instancias internacionales si las autoridades venezolanas continúan haciendo oídos sordos a sus reclamos legítimos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

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