La ONG Justicia Encuentro y Perdón (JEP) hizo un llamado a la ciudadanía, y en especial a las víctimas de violaciones de derechos humanos, a ejercer la contraloría social e impugnar las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que no garanticen idoneidad ética e independencia.
El llamado coincide con la revelación de que más del 80 % de los actuales magistrados, incluida su presidenta, Caryslia Beatriz Rodríguez, se postuló para la reelección en un proceso que la oposición denuncia como una continuidad del control ejecutivo sobre el máximo tribunal.
“Hoy más que nunca, la participación activa de las víctimas es fundamental para ejercer contraloría social y velar porque la justicia sea verdaderamente justa”, dijo JEP a través de un comunicado difundido en la plataforma X.
El periodo oficial de impugnaciones se abrió este sábado 21 de noviembre hasta el próximo 5 de diciembre.
Las solicitudes deben presentarse por escrito y de manera personal en el Museo Boliviano del Palacio Federal Legislativo en Caracas.
“Como sociedad todos tenemos la responsabilidad de contribuir en este proceso, pero la participación de quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos es fundamental para asegurar que quienes lleguen a impartir justicia no tengan ninguna responsabilidad en el dolor que han sufrido”, advirtió la ONG
Integrantes del Comité de Postulaciones estimaron que la revisión preliminar tomará entre dos y tres días.
Posteriormente, se dará paso a la fase de entrevistas, en la que los aspirantes podrán sumar hasta 15 puntos adicionales a su evaluación.
De culminar el proceso según lo previsto, la designación de los nuevos jueces del máximo tribunal del país se concretaría el próximo 11 de diciembre en la plenaria del Parlamento.
La organización enfatizó que cuestionar con rigor las postulaciones que carecen de probidad no solo es un derecho ciudadano, sino una herramienta indispensable para cerrar el paso a la impunidad.
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