Ángel Vizcaya, autor en Runrun

Ángel Vizcaya

Proponen que haya un mecanismo de interacción entre oficina de la CPI con las ONG y las víctimas
Venezuela es el único país de Latinoamérica con una investigación abierta ante la Corte Penal Internacional. En paralelo, se instalará una oficina de la CPI este año. 

Foto:  AFP

La eventual instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas ha generado dudas sobre la finalidad de esta dependencia técnica de la máxima autoridad penal. La ONG Acceso a la Justicia explicó, a través de su informe Algunas acciones para la reforma del sistema de justicia penal venezolano en el marco de un escenario de «doble vía», cómo funcionará este acuerdo.

El pasado 29 de enero Acceso a la Justicia organizó una conferencia virtual en la que tres ponentes comentaron lo más destacado de cara a la instalación de la oficina de la CPI que fue anunciada en junio  de 2023 por el fiscal Karim Khan.

Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, y Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia Y Simón Gómez, profesor universitario e investigador, fueron los encargados de esbozar el panorama de Venezuela para 2024 en cuanto a la relación e investigación de la CPI.

Principio de complementariedad y doble vía

El profesor Gómez explicó que este acuerdo se basa en el principio de complementariedad. Lo que significa que la CPI y el Estado venezolano compartirán responsabilidades en la investigación de crímenes de lesa humanidad.

«En la comisión de crimines internacionales, como los de lesa humanidad, hay un impacto en un contexto de amplio alcance. Amplio número de víctimas, de perpetradores. Es razonable que se pueda compartir cargas entre las cortes internacionales y las cortes nacionales», comentó Gómez.

Gómez destaca que esta nueva forma de cooperación es de «doble vía».

«Es una estrategia nueva para abordar circunstancias problemáticas del pasado, frente a la CPI, en la que había severos tropiezos para contar con la cooperación de los extraños», agregó. 

El investigador aseveró que la oficina de la CPI en Caracas no tendrá funciones de investigación como podría imaginarse.

«El propósito del segundo memorándum de entendimiento, es fortalecer el sector justicia en Venezuela mediante la asistencia técnica realizada en Caracas. No es una oficina de investigación para recibir evidencia. O cualquier acción de carácter investigativo», precisó. 

Añadió que la tarea principal de la próxima oficina de la CPI es «compartir buenas prácticas en materia de justicia y complementariedad», así como la capacitación de funcionarios y establecimientos de mesas redondas. También, asesorar en proyectos que puedan plantear las autoridades nacionales. «La oficina también tiene el mandato de crear mecanismos para fortalecer el sistema judicial en Venezuela», afirmó.

La oficina de la CPI en Venezuela se espera que esté funcionando en el primer semestre de este año. Pero, el profesor universitario destacó que preocupa el grado de opacidad respecto a cuántas personas van a conformar la oficina y cuáles van a ser los canales de participación con la sociedad civil. 

«Desde la sociedad civil pensamos que no es suficiente. Debe establecerse un mecanismo de interacción entre esta oficina, las ONG y las agrupaciones de víctimas. Es crucial para la causa de justicia por violaciones de DDHH y crímenes internacionales ocurridos en el país, pero también porque trasciende Venezuela, es un ensayo que está haciendo el fiscal en su gestión y prometen replicarlo en otras latitudes», concluyó.

La Haya sigue con su investigación

Por su parte Laura Louza, directora de Acceso a la Justicia, comentó sobre la dinámica de la relación entre Venezuela y la CPI a partir de la instalación de una oficina de la CPI en Caracas.

Destacó que la investigación en La Haya sigue su curso, a pesar de las suspensiones y apelaciones del gobierno venezolano:  «Es verdad que hay una investigación. Es verdad que en Venezuela no hay capacidad para hacer justicia. Aunque sea así, es verdad que la Corte Penal no puede ocuparse de todo».

La oficina se ocupara de capacitar al Estado; mientras tanto sigue la investigación. «En Venezuela no hay acceso a la justicia. Y tiene mucho que ver con la emergencia humanitaria compleja», señaló.

«Se requiere que haya cambios para que impacten en todos los casos del sistema de la justicia penal», agregó Louza.

Hay cosas que se pueden hacer ya

Por su parte, Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, mencionó la situación actual del sistema judicial venezolano y sugirió algunas medidas que se pueden aplicar de inmediato para fortalecerlo.

Daniels ejemplificó todas las vicisitudes que enfrenta una víctima al poner una denuncia. Desde ir a la fiscalía hasta saber quién será el juez encargado, todo parece una misión cuesta arriba para los venezolanos que buscan justicia en la corte

En ese sentido, y para mejorar la transparencia,  propone acciones como:

  • Publicar información sobre los jueces y fiscales.
  • Implementar un calendario de audiencias públicas.
  • Permitir el acceso a los expedientes judiciales. Que se dicte una no prohibición de acceso a los expedientes, como ocurrió en el caso de María Corina Machado.
  • Publicar las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Ir a tribunales es no saber si va a servir de algo»

Daniels también criticó las condiciones de detención de algunos funcionarios públicos, que no son iguales a las del resto de los ciudadanos.

«Han habido varios casos donde varios funcionarios han sido detenidos y el sitio de detención es el cuartel de policía, donde la vida es bastante parecida a la libertad. Debe ser igual a los detenidos», consideró. 

Por otra parte, mencionó una serie de medidas para fortalecer la justicia:

  • Capacitar jueces. Crear mecanismos veraces. Establecer mecanismos de evaluación de los jueces, defensores y fiscales públicos. Es una urgencia, es una necesidad.
  • Hacer público el presupuesto que nadie conoce desde hace 6 años (Ley de presupuesto), al menos en el caso de justicia.
  • Todas las sentencias del tribunal deberían publicarse en la página web del TSJ.
  • Exigir libros diarios actualizados y abiertos en todo los tribunales. Debe regir el código ético de la jueza y del juez venezolanos.

Argumentó que la oficina de la CPI en Venezuela tiene un rol fundamental en este proceso. «Aunque no es una oficina de atención al público, puede ser un canal para que la sociedad civil organizada envíe información sobre la situación de la justicia en el país», expresó.

Poco margen para las ONG

Louza retomó apuntando que la instalación de la oficina de la CPI en Venezuela es una oportunidad para impulsar reformas urgentes en el sistema judicial del país.

 «El fiscal de la CPI dijo que va a proponer cambios de leyes, esperemos poder participar ampliamente como debe ser con un proceso de consulta real y transparente. Todas las leyes de justicia necesitan reformas urgentes y hay varias que faltan como la ley de carrera judicial», aseveró.

La reforma del sistema judicial venezolano es un tema que requiere un esfuerzo conjunto del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional. La oficina de la CPI puede ser un actor importante en este proceso, pero es fundamental que se garantice la participación de todos los sectores involucrados.

Claves │OBU proyecta cuatro escenarios para la educación superior en 2024
El Observatorio de Universidades advierte que la dinámica política de 2024 incidirá significativamente en la educación universitaria

Foto: EFE/ Miguel Gutierrez

El Observatorio de Universidades (OBU) presentó un panorama poco favorable para las universidades venezolanas en 2024. Repasan cuatro escenarios que auguran un futuro con asfixia presupuestaria para la educación superior en el país.

Tras un año acontecido para las universidades venezolanas, en el cual el Estado estudió una Maestría en represión, el OBU recopiló los datos más importantes de cara al 2024. Concluyeron que «en las casas de estudios a nivel superior que dependen del sector público no habrá cambios favorables».

Desde Runrun.es, resumimos en claves los escenarios augurados por el OBU para las universidades venezolanas en 2024.

Dos años sin aumento salarial y asfixia presupuestaria

El OBU advirtió que el 2024 estará marcado por la precariedad laboral y la falta de recursos para las universidades públicas.

Se especula que profesores y trabajadores no reciban aumento salarial. La asfixia presupuestaria es mayor al 90% en las universidades públicas del país, lo que mantendrá el patrón de deterioro en funciones valiosas para el desarrollo del país como docencia, investigación y extensión.

Por lo que se «seguirá apuntando hacia un mayor empobrecimiento del sistema de educación superior en Venezuela», afirman representantes del OBU.

El 47% de las denuncias por derechos sociales en 2023 se refieren a las precarias instalaciones académicas, lo que evidencia la desinversión en el sector.

Recordaron también que el salario mínimo para los empleados públicos se mantiene igual desde marzo de 2022: 130 Bs. A día de hoy, esa cantidad no representa ni siquiera cuatro dólares al cambio oficial.

Las constantes protestas del gremio docente exigen las mismas cosas desde 2023: salario digno, derogación del instructivo ONAPRE y la firma de la contratación colectiva.

Aumentarán las protestas

Las precarias condiciones laborales y la falta de respuestas a las demandas de los universitarios generarán un clima de conflictividad en la educación superior.

OBU registró más de 100 protestas lideradas por el sector universitario en 2023. Lo que representa un aumento del 24% respecto a 2022.

Asimismo, se contabilizaron un total de 162 denuncias por violación de los derechos universitarios. 73% fueron por derechos sociales, 23% por derechos económicos y un 4% por derechos civiles y políticos.

«Se espera un aumento en las protestas, a pesar de la merma en las nóminas, la falta de tiempo de los universitarios por tener que buscar otros trabajos para sobrevivir y las restricciones al espacio cívico», afirman.

 Democracia y derechos electorales no van para el baile

En 2024, auguran, continuará el patrón de represión a la autonomía y derechos electorales. Una medida que viola la Constitución y la Ley de Universidades.

El control del partido-gobierno sobre las universidades se consolidará, lo que podría lesionar la  autonomía universitaria y limitando la participación de la comunidad estudiantil y profesoral en la toma de decisiones.

Universidades oficialistas: herramienta electoral

Finalmente, en pleno año de elecciones presidenciales —aunque sigue sin haber fecha—  el OBU advirtió que el sistema universitario creado por el Gobierno chavista se fortalecerá en 2024 con el objetivo de «controlar la educación superior y utilizarla como herramienta de propaganda ideológica».

Lo cual no es descabellado si se tiene en consideración que «62% de las publicaciones en redes sociales del Ministerio de Educación Universitaria se dedicaron a temas proselitistas en 2023», de acuerdo con cifras del Monitor OBU. 

Ante este panorama, el OBU hace un llamado a los universitarios a construir acciones estratégicas, solidarias y seguras para defender la educación superior por el « cumplimiento de sus labores y en la lucha por sus reivindicaciones».

Advierten que ley de fiscalización militarizará a las ONG
Según el último registro del Observatorio Venezolano de la Sociedad Civil (OVSC), al 31 de diciembre de 2022, había 6.270 ONG registradas en Venezuela

Foto: Defiende Venezuela

El pasado viernes, 19 de enero, la Fundación Universitas llevó a cabo una conferencia online sobre el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines. Un proyecto que, de ser aprobado, cambiaría la realidad de las ONG en Venezuela.

Julio Pérez Graterol, coordinador de Fundación Universitas, fue el encargado de introducir a los dos ponentes: Fernando Fernández, profesor universitario de derecho penal, y la abogada Laura Louza, fundadora de la ONG Acceso a la Justicia.

La presentación de los ponentes se centró en analizar el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2023.

Fernández mencionó que esta ley constituye una «nueva herramienta de guerra jurídica contra el espacio cívico». 

Militarización de las ONG

«Existe una ley del 2014 (Ley de registro y alistamiento para la defensa de la nación) que, conjuntamente con el proyecto, establece que las ONG se inscriban en un padrón de características similares al de las personas naturales que se alistan en la recluta», comentó Fernández.

El abogado precisó que las ONG incluyen a cientos de personas que se asocian para hacer una serie de actividades de forma altruistas.

En su opinión, este proyecto de ley militarizaría a las ONG, convirtiendo a estas organizaciones no gubernamentales en instituciones del Estado. «Todas las ONG tendrían que llenar ese padrón y enlistarse en el Ministerio de la Defensa», apuntó el profesor.

Asimismo, señalo que esto traería «consecuencias nefastas» para la sociedad civil, porque además de militarizarlas las haría de derecho público.

Fernández también describió qué pasaría si las ONG no se enlistan en esta suerte de padrón militar. «Al no enlistarse se declara inexistente la ONG, una coacción totalmente inaceptable e inexplicable», agregó.

Declaración jurada de bienes

El abogado recordó que esta ley de fiscalización de las ONG también les exige a los miembros de la ONG «realizar una declaración jurada de bienes ante la Contraloría General de la república».

Se trata, entonces, de la violación de los derechos humanos, tanto cívicos, políticos, como sociales, económicos y culturales, consagrados en el artículo 5 de los pactos internacionales de la ONU (pacto de civiles y políticos, y el de derechos sociales económicos y culturales).

«Nuestra aspiración es que haya una reflexión sobre el tema. Y que simplemente se detenga (…). Esto no puede llevarse a una ley definitiva. Violaría la constitución. Violaría el artículo 5. E impediría que la sociedad civil pueda ayudar al estado», concluyó Fernández.

¿Qué registros pide la ley de fiscalización para las ONG?

En cuanto a los registros que el proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, la ONG Acceso a la Justicia los resume en cuatro puntos:

  • Primer registro: debe solicitarse ante el Saren. Se obtiene solo cuando la vicepresidencia de la República haya emitido la resolución respectiva.
  • Segundo registro: debe ser renovadO cada año ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
  • Tercer registro: es ante la Contraloría General de la República para presentar declaración jurada de patrimonio. Se exige a las organizaciones y a sus directivos, administrador y personal.
  • Cuarto registro: se concreta ante el Registro de Defensa Integral de la Nación. Se le exige a las organizaciones y su personal. Es, como denuncian, un «registro militar».

Viola leyes internacionales

«La hemos llamado Ley anti-sociedad, porque va en contra del derecho de la libertad de asociación y contra cualquier forma de asociación sin fines de lucro», así comenzó su ponencia Laura Louza, fundadora de Acceso a la Justicia.

La también abogada clarificó a cuáles organizaciones afectaría esta ley, entre las que se encuentran asociaciones civiles, fundaciones, corporaciones de fundaciones o asociaciones, entre otras. Pero, aseveró que no aplica para gremios empresariales, sindicatos, partidos políticos, empresas o la iglesia.

Louza explicó que este proyecto de ley establece que las ONG, desde el momento que entran en vigencia, tienen aproximadamente un año para registrarse.

Comentó que es el Ejecutivo Nacional quien, a través de la vicepresidencia de la República, va a autorizar el funcionamiento de la ONG. Si no se cumple el registro en el lapso correspondiente, «la organización no existe, es decir, le quita la calidad jurídica».

«Esto viola todas las normas que existen en el país, incluso la constitución».

Este accionar es «completamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos vigentes en Venezuela», afirmó Louza, quien agregó que los actos que se realizan deben registrarse, pero no ameritan la autorización del Estado. 

¿El adiós de las ONG en Venezuela?

La abogada Louza describió qué pasaría con las ONG si este proyecto de ley fuese aprobado en Venezuela: «No hay manera de funcionar. Tendríamos que cerrar», lamentó.

Asimismo, apuntó que la exigencia de una declaración jurada del patrimonio de todos los empleados y de la ONG  es una medida innecesaria. Ya que no se manejan recursos públicos, sino privados.

«Solo los funcionarios públicos son obligados a presentar declaración jurada de patrimonio. No las personas privadas. Eso es algo bastante disruptivo», agregó.

Aseguró que este proyecto de ley es un mecanismo de disuasión, lo que provocaría que nadie quiera trabajar con las asociaciones o con una asociación. Sin mencionar que, de ser aprobada, las organizaciones deberían adecuar sus estatutos a las exigencias de esta ley.

«Cacería de brujas»

La abogada hizo hincapié en que la iniciativa del gobierno contra las ONG no tiene ninguna justificación veraz. 

«No hay un riesgo de lavado de capitales, no hay riesgo de financiamiento de terrorismo. No se entiende por qué esa fijación con las organizaciones», expresó Louza, al tiempo que opinó que desatará una «cacería de brujas».

También, mencionó lo perjudicial de este proyecto de ley para la cultura y las iniciativas sociales, ya que se sostienen gracias a las ONG.

Louza aseveró que, incluso criticar a la gestión del gobierno sería suficiente motivo para desintegrar la asociación civil. La ponente hizo un paralelismo con la ley en Nicaragua que acabó con las ONG.

Conclusiones de la conferencia

Finalmente, los ponentes mencionaron que el ejecutivo podría establecer controles para la supervisión, inspección, control y sanción de las organizaciones sin fines de lucro. Advirtieron de lo grave que es que el ejecutivo reglamente algo que no se debe reglamentar según la constitución.

«Aquí no hay tribunales adonde ir, adonde pedir un amparo. Esto te pone en una situación de indefensión. Porque lo normal sería introducir un amparo. Pero vaya a usted a saber qué va a decir el TSJ», recordó Louza.

Finalmente, se hizo un balance de lo que significa en la práctica que no haya separación de poderes en un país.

Claves | El bullying en la educación es una constante para miembros de la comunidad LGBTIQ
Se aproxima que en Venezuela hay alrededor de tres millones de personas de la comunidad LGBTIQ, de acuerdo a Quiteria Franco, Coordinadora General de la ONG Unión Afirmativa

Foto: País Plural

La Organización No Gubernamental País Plural compartió su «Informe final de presentación de datos de investigación 2023», un texto de 100 páginas que se puede encontrar en el sitio web de País Plural en el que  describen la realidad y retos a los que se enfrentan las personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela, específicamente en Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Aragua y La Guaira. 

El informe final «Nuestra Comunidad» está dividido en siete capítulos: caracterización de la muestra, seguridad personal y no violencia, participación política, discriminación en el ámbito laboral, necesidades y condiciones acceso a la salud, ámbito educativo y necesidades y condiciones de vida.

Entre los resultados más relevantes, destacan los altos niveles de bullying en el ámbito educativo que reportan los encuestados en esta investigación. Así como también la discriminación en el sistema sanitario y la violencia o abusos de autoridades a los que se enfrentan en su cotidianidad.

Desde Runrun.es resumimos los hallazgos más importante de la investigación en forma de claves. 

Caracterización de la comunidad LGBTIQ+

Antes de iniciar, el texto advierte que: «Este estudio es de carácter exploratorio, lo que implica que los datos no pueden generalizarse a toda la población LGBTIQ+ de Venezuela, pero proporciona una valiosa primera aproximación a las características de esta comunidad».

Para la investigación, el grupo étnico con mayor porcentaje fue el de blanco-mestizo, con un 51.69%. El resto de los grupos étnicos estudiados fue: afro venezolano, blanco y otros.

La identidad de género más recurrente fue la de hombre cisgénero, la cual representó el 50% de la muestra. El segundo lugar lo ocupó mujer cisgénero, con 33.54%. El resto del porcentaje se dividió entre personas no binarias, personas trans y no definido.

Tabla sobre caracterización de la muestra 1
Tabla 1. Imagen: País Plural

En cuanto a la orientación sexual, el 41% se definió como gay y un 33% como bisexual. El otro 26% quedó distribuido entre lesbiana, pansexual, asexual y heterosexual. La edad más encuestada fue el grupo de 21 a 25 años, con un 42.55% del total. Seguido del grupo de 18 a 20 años (23.78%), 26 a 29 años (19.90%) y 30 a 36 años (13.77%).

Abuso de autoridad y violencia

El capítulo dos presenta datos sobre la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra la comunidad LGBTIQ, y se enfoca en los actos de discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Destacar que la mayoría de los encuestados no han sido víctimas de violencia física, sexual o psicológica por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero el 35% ha sufrido al menos un tipo de abuso por parte de las autoridades venezolanas, ya sea violencia física, sexual o psicológica, detención arbitraria o extorsión.

Entre los grupos de personas con orientaciones sexuales específicas, la victimización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado varía, con tasas del 43% entre las personas que se declaran gay, 31% entre los bisexuales, 25% entre los pansexuales y 20% entre las lesbianas.

Víctima de violencia por identidad de género en Venezuela 2023
Tabla 5. Imagen: País Plural

Por otra parte, a pesar de ser una práctica retrógrada, el 13.28% de las personas encuestadas afirmó haber sido sometidas a terapia de conversión en algún momento.

Además, 42% de los hombres cisgénero, las personas no binarias y aquellas con otras identidades o que no se han definido han sufrido uno o más violaciones a sus derechos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Casos como el de los 33 detenidos en el estado Carabobo durante una fiesta privada en 2023 son muestra de lo vulnerable que son los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela.

La comunidad LGBTIQ+ y su participación política

En el ámbito político, los miembros de la comunidad encuestados tuvieron una postura similar: hay desconocimiento o desinterés político; pero muchos conocen sus derechos ante la ley.

El informe concluye, en este capítulo, que el conocimiento sobre los derechos civiles y la participación política de la comunidad LGBTIQ+ es limitado.

Hasta un 84.09% de los encuestados no está al tanto de campañas gubernamentales de sensibilización destinadas a fomentar la aceptación y reducir la discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

Asimismo, 89% de los encuestados indicó que no conocía de la existencia de políticas públicas que protejan y promuevan la igualdad de derechos para las personas trans, intersex o no binarias.

Conocimiento y participación en campañas o políticas de no discriminación
Tabla 17. Imagen: País Plural

Solamente el 7.77% de los encuestados indicó conocer reformas legales destinadas a eliminar la penalización de las conductas de las personas LGBTIQ.

Por otra parte, el 54.08% de los encuestados afirmó conocer el artículo 21 de la Constitución de Venezuela (todas las personas son iguales ante la ley). Pero, inversamente, 95% de los encuestados no ha participado en consultas públicas sobre temas relacionados con la comunidad LGBTIQ.

Menciona además el reporte que menos del 3% es militante de algún partido político. Y solo un 11.68% pertenece o trabaja con alguna ONG.

Discriminación laboral

Cerca del 70% de los encuestados no ha enfrentado discriminación en el trabajo. Mientras que el 30.84% restante ha experimentado situaciones de discriminación que los han llevado a considerar renunciar o incluso han sido despedidos.

La forma en que se presenta la discriminación laboral para la comunidad es variada. Por ejemplo, la necesidad de ocultar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, exclusión laboral y obstáculos o barreras injustas en el lugar de trabajo.

En el caso de las personas asexuales, 93% ha sentido la necesidad de ocultar aspectos de su identidad en el trabajo. Caso similar padecen las personas bisexuales, entre los cuales hasta un 80% ha experimentado este problema.

Discriminación en el trabajo según orientación sexual
Tabla 18. Imagen: País Plural

En cuanto a la discriminación en el trabajo por etnia, hasta un 74% de los encuestados afrovenezolanos respondió que no ha enfrentado situaciones de exclusión laboral en función de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

El capítulo cierra con una serie de recomendaciones para abordar la discriminación laboral contra la comunidad LGBTIQ+, tales como la implementación de políticas y prácticas inclusivas, la capacitación de los empleados y la promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Comunidad trans, la más discriminada por el sistema sanitario

El sistema sanitario de Venezuela representó un lugar incómodo de acudir para miembros de la comunidad LGBTIQ+. Casi el 43% de las personas trans afirman haber experimentado discriminación por parte del personal de salud.

Por otra parte, el 20.74% de las personas cisgénero masculinas indica haber experimentado discriminación por parte del personal de salud. Cifra que se reduce hasta el 13.26% en el caso de las mujeres cisgénero.

Discriminación por parte del personal de salud según identidad de género
Tabla 36. Imagen: País Plural

A pesar de estos datos, al acudir a una institución o empresa sanitaria, el 60% de los encuestados ha ido a una revisión médica en los últimos 6 meses. Y poco más del 50% decidió ir a una clínica privada para hacer su chequeo médico.

El grupo que más acude a revisiones médicos resultó ser el de personas gay y bisexuales. Siendo los que más han ido a una revisión médica en los últimos 3 meses.

La comunidad trans venezolana ha sufrido pérdidas importantes. Específicamente, desde 2008 hasta la fecha, se han reportado 93 mujeres trans víctimas de asesinato en el país.

El 100% ha sufrido bullying

En el ámbito educativo, hay datos que despiertan preocupación por el alto porcentaje en cuanto a discriminación y acoso

El 100% de los encuestados sufrieron alguna forma de acoso en la institución educativa en la que estuvieron.

Tabla 36. Imagen: País Plural
Gráfico 31. Imagen: País Plural

Tan solo un 16.23% afirmó haber recibido planes educativos sobre diversidad, expresión de género, identidad de género y no discriminación.

En cambio, el 90% aseveró desconocer la existencia de políticas contra el acoso escolar o académico relacionado con la identidad de género, orientación sexual o expresión de género en su escuela.

Solo un cuarto de los encuestados comentó que sabían de la posibilidad de denunciar casos de acoso escolar o académico por razones de identidad de género, orientación sexual o expresión de género.

Necesidades y condiciones de vida

Finalmente, respecto a la situación de vida actual, se categoriza en dos rubros: trabajo y vivienda.

El informe menciona que, sin importar su identidad de género u orientación sexual, más del 55% de los encuestados tiene empleo. Algunos casos, como las personas asexuales, bisexuales y gay, este número se eleva hasta 73%, 66% y 81% respectivamente.

Nivel de ingreso comunidad LGBTIQ+ Venezuela 2023
Tabla 4. Imagen: País Plural

En términos de identidad de género, el 80% de hombres cisgénero trabaja. Mientras que 66% de las mujeres cisgénero, 65% de los no binaries y 56% de Otro o no definido también tienen una actividad laboral remunerada.

En contraste, 56% de las personas trans no tienen trabajo, una de las cifras más llamativas en este aspecto. 

Ingresos  entre  201$  a  500$  son los más  frecuentes,  representando  el 24.66%. Le sigue el rango de ingresos de 101$ a 200$, con 23.28%. Mientras que el 18.97% informó ingresos superiores a 501$ mensuales. Otros rangos de ingreso incluyen de 61$ a 100$ (14.66%), 11$ a 60$ (12.24%). Solo el 5% de los encuestados informó que sus ingresos mensuales son 10$ o inferior.

En cuanto al lugar de residencia, la opción más común es en casa de un familiar o amigo, con el 52.32%. Seguido por el 27.03% que tienen su propia vivienda y el 19.27% que vive en una vivienda alquilada.

OEP registró casi 90 derrames petroleros durante 2023
El Observatorio de Ecología Política contabilizó 15 derrames solo en enero, siendo el mes con mayor cantidad de accidentes petroleros el año pasado

Foto: Transparencia Venezuela

Esta semana fue publicado el balance de derrames petroleros 2023 por parte del Observatorio de Ecología Política (OEP) de Venezuela. Las cifras, advierte la ONG, «no reflejan la magnitud real de la problemática ambiental».

Desde 2021 el OEP lleva a cabo registro de las denuncias realizadas a través de redes sociales y reportadas por los diferentes medios de comunicación sobre los derrames petroleros ocurridos en Venezuela.

Hace un par de semanas Petróleos de Venezuela (Pdvsa) informó que, para noviembre, Venezuela produjo una media de 800.000 barriles de petróleo por día. Y, de acuerdo al medio EFE, se proyecta que para 2024 la cifra se alzara hasta el millón.

Desde Runrun.es, resumimos lo más importante del balance de derrames petróleos de 2023 en claves.

86 derrames petroleros

Entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2023 se contabilizaron, en total, 86 derrames en todo el territorio nacional. La cifra deja un preocupante promedio de casi dos derrames semanales.

Gráfico 1 OEP derrames de crudo
Imagen: Observatorio de Ecología Política.

Otro dato alarmante es que, de acuerdo al balance del OEP, en el periodo 2022 se registró la misma cantidad de derrames del crudo nacional. En total, se registraron 172 derrames en tan solo 24 meses.

Zulia lidera la tabla

Fueron siete los estados en los cuales se reportaron derrames de crudo, entre ellos, Anzoátegui, Carabobo, Falcón, Monagas, Portuguesa, Trujillo y Zulia.

Pero, con diferencia, Zulia y Falcón encabezan el listado de derrames petroleros en 2023. En el primer estado se registraron 40 derrames, mientras que en Falcón hubo 32. Esta marcada diferencia entre Zulia y el resto se entiende al recordar todos los incidentes petroleros en el lago de Maracaibo ocurridos.

El OEP hace notar que, por primera vez en estos años de monitoreo, Trujillo entra en la lista de estados en los que se reportaron derrames de crudo.

Gráfico 2 derrames de crudo en venezuela
Imagen: Observatorio de Ecología Política.

Enero, el mes con más derrames

El 2023 arrancó con decenas de reportes de derrames petroleros, muchos de ellos en el occidente del país. De hecho, según el informe del OEP, hubo al menos 15 derrames únicamente en este mes. Siendo enero el momento en que se registraron más casos de derrames del crudo.

Este dato llama la atención si se recuerda que a principios de 2024 se informó que, en Paraguaná, estado Falcón, se registró un derrame que llevaba «seis días chorreando continuamente».

Implicación socioambiental

Es sabido los efectos dañinos del petróleo al entrar en contacto con el medioambiente. En este sentido, el OEP señaló algunas de las denuncias ambientales más frecuentes durante el año pasado.

«Los pescadores han denunciado en reiteradas ocasiones como ha mermado de manera significativa la pesca, lo cual redunda en un impacto económico en estas comunidades. El sector turístico también ha sido afectado, debido a la contaminación de playas por crudo», afirman en el informe.

Finalmente, la ONG anunció que próximamente realizará un análisis más detallado de esta problemática ambiental en el Informe Socioambiental 2023.

Sin Mordaza presentó informe sobre regulaciones para venezolanos migrantes
Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se estima que más de 5,4 millones de venezolanos han emigrado desde 2015.
La mayoría de los migrantes han buscado refugio en países vecinos como Colombia, Perú, Chile, Ecuador o Brasil

Foto: Un Mundo Sin Mordaza

El pasado 18 de diciembre millones de venezolanos celebraron, sin saberlo, el Día Internacional del Migrante. En esa fecha,  la ONG Un Mundo Sin Mordaza, más conocida como Sin Mordaza, compartió un informe exhaustivo con datos de los venezolanos que están fuera del país e información detallada para aquellos que piensan salir de Venezuela. 

Regulación Migratoria para Venezolanos en el Mundo es el título de este informe actualizado hasta diciembre de 2023, con la colaboración de Fundación Thomson Reuters, Coalición por Venezuela y Sin Mordaza.

«El principal objetivo de este reporte es profundizar en las diferentes regulaciones a la migración que cada país pueda tener a nivel general y para los venezolanos», arranca el texto. La investigación contempla 14 países en total: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, EE.UU, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana.

Runrun.es elaboró unas claves sobre los aspectos más relevantes del último informe de Sin Mordaza de 2023 sobre la situación de migrantes venezolanos por el mundo.

¿Adónde emigro ahora?

El extenso y detallado trabajo llevado a cabo por Un Mundo Sin Mordaza y otras organizaciones dio como resultado una suerte de guía o manual sobre al menos 14 países a los cuales muchos venezolanos han emigrado o piensan emigrar.

El texto puntualiza características como marco jurídico migratorio, marco jurídico para asilados o refugiados, principales entidades públicas que trabajan para y por migrantes, posibles modificaciones o iniciativas normativas entorno a migración o refugio y conclusiones sobre el acceso y eficiencia de mecanismos naciones en materia de migración.

Con el fin de «hacer un análisis pormenorizado de las Leyes que regulen la migración en estos países, y a su vez, hacer un marco comparativo entre estas», el informe recopila información actual y relevante. Millones de venezolanos han emigrado o piensan hacerlo, y este texto es un buen punto de partida para saber a dónde ir.

Tras un análisis detallado del marco jurídico migratorio de varios países, se resumen los requisitos de entrada y residencia, los derechos y beneficios para los migrantes venezolanos, los procedimientos de solicitud de asilo y los programas de regularización migratoria.

Además, proporciona recomendaciones claras y una lista de organismos y organizaciones a los que los migrantes pueden acudir en busca de asistencia y apoyo. Los países estudiados fueron: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana.

Cambios migratorios en varios países

No es ningún secreto que el éxodo venezolano de la última década ha sido gigantesco. Según el informe, la crisis migratoria venezolana se ha convertido en una de las más grandes del mundo, superando incluso a la crisis de refugiados sirios.

Por ello, el documento detalla los requisitos de visa y permisos de trabajo para ciudadanos venezolanos en los países antes mencionados. También, habla sobre casos puntuales de cada país.

En Estados Unidos, los venezolanos pueden solicitar asilo político. Países como Colombia y Perú permiten solicitar un Permiso Especial de Permanencia (PEP) que les permite trabajar y residir legalmente por un período determinado.

Mientras que, en la Unión Europea, en España y Portugal, los venezolanos pueden solicitar una visa de residencia por motivos humanitarios, si demuestran que su vida o integridad física están en peligro en su país de origen.

En Chile se puede ingresar al país con una visa de turista, pero se deben solicitar una visa de residencia temporal si se desea trabajar o estudiar.

Solidaridad e integración internacional

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) compartió que hay más de un millón de solicitantes de asilo de Venezuela en todo el mundo.

Se enfatiza la complejidad y desafíos que enfrentan los venezolanos al tratar de regular su situación migratoria. El informe apunta que las barreras lingüísticas, los requisitos burocráticos y limitaciones legales sin las principales vicisitudes.

El documento aplaude los esfuerzos de ACNUR y otras organizaciones internacionales para brindar asistencia humanitaria y protección a los migrantes venezolanos en diferentes países.

Naciones como Brasil y Chile han implementado programas de acogida y alojamiento temporal para los migrantes venezolanos.

Por su parte, Argentina y Uruguay tienen programas de integración para los migrantes venezolanos. Por ejemplo, cursos de idiomas, capacitación laboral y asistencia para la búsqueda de empleo.

Impacto criollo en países vecinos

A pesar de los múltiples desafíos que enfrentan muchos migrantes, miles de venezolanos han logrado «integrarse en las sociedades locales» mientras contribuyen de manera significativa a sus economías y comunidades, destaca el informe.

Así ocurre por ejemplo en Colombia, donde muchos migrantes venezolanos han creado pequeñas empresas y han contribuido al crecimiento económico del país. Mencionar que Colombia es el país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, con más de 1,7 millones de personas.

Mientras que, en Perú, muchos migrantes venezolanos trabajaron en el sector de la salud en primera fila durante la pandemia de COVID-19.

Discriminación y xenofobia

Entre los 14 países que menciona Regulación Migratoria para Venezolanos en el Mundo, en todos se han presentado casos de xenofobia, discriminación o ataques verbales contra los migrantes provenientes de Venezuela.

Según el informe, muchos países han implementado políticas migratorias restrictivas para los venezolanos. En 2019, el gobierno de Ecuador implementó un requisito de visa para los ciudadanos venezolanos que ingresan al país.

En Perú, «muchos migrantes venezolanos han enfrentado discriminación y xenofobia por parte de la población local». Sin mencionar los cientos de casos que se han denunciado en territorio inca por estas razones.

Perú es el segundo país que ha recibido la mayor cantidad de migrantes venezolanos, con más de 1,1 millones de personas que han llegado al país en busca de refugio.

«¿Venezolano? Para ti no hay trabajo»

La mayoría de los migrantes venezolanos, describe el informe, son jóvenes y tienen un alto nivel educativo. Sin embargo, muchos enfrentan dificultades para encontrar trabajo y vivienda en los países de destino.

En Colombia muchos migrantes venezolanos han tenido que trabajar en empleos informales y mal remunerados debido a la falta de oportunidades laborales. A pesar de tener grados de instrucción superior, conseguir empleo es una odisea.

El texto también hace referencia a las víctimas de explotación laboral, el tráfico de personas y la deportación. Por ejemplo, en 2019, el gobierno de Trinidad y Tobago deportó a 82 venezolanos que habían llegado al país en busca de asilo. Hecho comparable es el de los 66 balseros venezolanos detenidos en Aruba.

Sin Mordaza recuerda que, según una encuesta realizada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad Católica Andrés Bello en 2019, el 41% de los venezolanos que emigraron a otros países lo hicieron debido a la falta de oportunidades económicas en Venezuela.

Volviendo a suelo peruano, muchos migrantes venezolanos enfrentaron dificultades para acceder a atención médica y a los servicios básicos durante la pandemia.

DDHH Olvidados | Otra Navidad con sillas vacías en los hogares de presas políticas
A pesar de lo acordado hace unos meses en Barbados entre Maduro y la Plataforma Unitaria, distintas ONG denuncian la nula liberación de presos políticos entre noviembre y lo que va de diciembre
Al menos 19 presas políticas aguardan por un milagro de Navidad para volver a sus hogares

Foto: iStock

El primero de diciembre de 2023 comenzó, a través de redes sociales, la campaña Navidad Sin Presos Políticos. Periodistas, activistas, artistas y figuras públicas se han organizado para pedir por la liberación de los más de 270 presos políticos que se registran en Venezuela y se ha alzado la voz especialmente por las presas políticas. 

La ONG Voces de la Memoria difundió un vídeo donde se anunciaba la iniciativa. Diversas organizaciones no gubernamentales y personalidades, como la periodista Carolina Amoroso o el comediante George Harris, formaron parte del vídeo en el cual se pide el cierre de los centros de detención y tortura para presos políticos, así como la restitución de la libertad de los detenidos.

Martha Tineo, co fundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), rescató la importancia de exigir la libertad de todos los presos y presas políticas que hay en Venezuela. «En días como los de Navidad, en los que las familias desean reunirse (…) hay más de 300 familias venezolanas no pueden hacerlo», apuntó.

«Cada año, en estas épocas, lanzamos esta campaña: Navidad Sin Presos Políticos. Y en el marco de ella, generamos cualquier cantidad de acciones que sean posibles», mencionó Tineo, quien recordó que este es el sexto año consecutivo que se realiza la iniciativa Navidad Sin Presos Políticos.

Madres e hijas despojadas de sus familias

Diferentes ONG, como Foro Penal, precisaron que para finales de noviembre, en Venezuela había 275 presos políticos: 256 son hombres y 19 mujeres. En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón son más de 300 los presos políticos.

Las diferencias en los cómputos, comentan las ONG, están signadas por la opacidad del Estado sobre las cifras, ya que se niega desde el poder la existencia de presos políticos en Venezuela.

Por su parte, el periodista Luis Olavarrieta informó, mediante su cuenta de Twitter, de un total de 22 mujeres detenidas por estas causas y se sumó a la campaña para exigir que sean liberadas. 

La información compartida por el periodista menciona que 14 de las 22 mujeres son madres de niños menores de edad. Asimismo, apunta a siete casos de mujeres que han sido detenidas como presas políticas sin tener pruebas fidedignas de las causas de su detención.

Ángela, Carla, María e Ivonne: la punta del iceberg 

Algunas de las presas mencionadas por Olavarrieta llevan años detenidas, bajo acusaciones infundadas. Ángela Expósito, Carla Da Silva, María Auxiliadora Tabosky e Ivonne Barrios tienen algo en común: todas fueron privadas de su libertad con pretextos políticos y sin posibilidad de defenderse. 

Ángela Expósito

Graduada como profesora de biología y directora de la ONG Fundanimal, Ángela Lizbeth Expósito Carrillo llevaba una vida plena. Una noche de 2018 fue encerrada en una camioneta donde, sin orden judicial ni explicaciones, quedó detenida.

Fue acusada de ocultar a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, presunto implicado en el supuesto intento de magnicidio contra Maduro en agosto de 2018.

A sus 53 años, la profesora fue sentenciada a 24 años de prisión por la comisión de los delitos de financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Efecto Cocuyo informó de una conversación que sostuvo con Elsy Expósito, hermana de Ángela, en la cual se detallaban las brutales torturas a las que era sometida la directora de Fundanimal por parte del Sebin.

«Fue sometida a golpes en la cara y en todo el cuerpo, fue asfixiada con una bolsa plástica, le aplicaron descargas eléctricas en su cuerpo», compartió el medio. 

A sus 58 años, Expósito sigue recluida en el Sebin. Su salud e integridad física se ven altamente comprometidas cada día que pasa. 

Carla Da Silva

El  «delito» que se le atribuye a Carla Da Silva fue conocer a un integrante de la Operación Gedeón.

Carla es licenciada en administración, tiene un magister en gerencia y es bilingüe. Pero nada de esto importó en mayo de 2020, cuando Da Silva fue trasladada de la fiesta infantil a la que había acudido hasta la sede de las FAES en La Quebradita, solo por comentar que conocía a uno de los implicados en la operación. 

«Forraron su cabeza con una bolsa plástica, le colocaron tirro y una funcionaria policial se montó sobre ella, mientras que Vladimir Rodríguez Cordero, de las FAES, le daba golpes por las costillas», comentó la madre de Da Silva para Efecto Cocuyo en 2022.

Tras torturas y muchas largas a su proceso, Carla todavía espera en El Helicoide por un juicio justo

María Auxiliadora Tabosky

La pena máxima de cárcel en Venezuela es de 30 años. Fue esta la condenada que consideró la justicia nacional, en 2022, que ameritaba el caso de María Auxiliadora Tabosky, quien fue privada de su libertad bajo la acusación de supuestos delitos de financiamiento de terrorismo y asociación para delinquir. 

«Apenas María Auxiliadora llegó a la DGCIM y le tocó estar en una celda rodeada de excrementos humanos y cucarachas, iluminada con luz blanca las veinticuatro horas del día, sin colchoneta y sin el derecho de ser mamá», recogió el portal La Gran Aldea en marzo de 2023, el cual agregó que María atraviesa una depresión a raíz de toda esta pesadilla que ha vivido desde 2019.

Ivonne Barrios

Ivonne Barrios fue detenida en septiembre de 2020 por ser esposa del conductor del carro en el que iba un supuesto espía norteamericano. Solo por ser la dueña del vehículo y esposa de chofer, Ivonne pasa sus días y noches en las instalaciones del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).

La Gran Aldea compartió, en julio de 2023, la preocupante situación médica de Ivonne, quien solo ha recibido atención médica dos veces en los tres años que lleva detenida y a la espera de su juicio.

«A diferencia de otras detenidas, Ivonne no recibe comida, alimentos imperecederos, artículos de higiene personal ni medicamentos por parte de su familia, pues no pueden costear el viaje desde el Zulia hasta Los Teques».

Estos son algunos de los casos de licenciadas en administración, sociólogas, biólogas, comerciantes, amas de casa y, sobre todo, madres e hijas, quienes llevan de tres a cinco años totalmente privadas de su libertad en condiciones deplorables.

En la lista de Justicia, Encuentro y Perdón, son 19 las presas políticas que pasarán la Navidad lejos de sus hogares si no se les concede un indulto o alguna medida que las favorezca. Tineo explica que estas mujeres están en «terribles condiciones de reclusión».

Insalubridad, hacinamiento, falta de alimentación, falta de asistencia médica y falta de agua potable son solo algunas de las situaciones que deben enfrentar día a día.

La salud de Emirlendris Benítez está muy comprometida

Desde hace unas semanas, Justicia, Encuentro y Perdón emprendió una campaña para visibilizar los casos de Yusleida Pérez, Emirlendris Benítez y Edircia Fuenmayor, mujeres venezolanas que han sufrido de la persecución política del gobierno de turno y se encuentran en situaciones médicas delicadas. «Su calidad de vida, su salud, se ha visto en especial deterioro», señaló.

En el caso de Emirlendris, la co fundadora de JEP indicó que es de los escenarios más apremiantes. Emirlendris fue víctima de terribles torturas, al punto de que su columna requería una operación con carácter de urgencia para evitar que quedase en silla de ruedas.

«El día de hoy ya tiene una movilidad muy, muy limitada. Es ayudada por sus compañeras de prisión en la cárcel del INOF para poder movilizarse y asearse», comentó Tineo sobre Benítez. Asimismo, detalló que tiene subidas de tensión y el párpado derecho caído.

La ONG también ha alertado sobre la situación de Yusleida, madre y hermana del sargento Roberto Catalino Romero, sentenciado a siete años de prisión por la sublevación de Cotiza, quien requiere una operación urgente. Su salud, según calificó JEP, era de diagnóstico «muy delicado».

Y Edircia, madre del teniente de fragata Ángel Barrios (condenado a 10 años de prisión por supuesta rebelión militar), necesita una operación de meniscectomía parcial artroscópica que no ha podido ser costeada por sus familiares.

 

Yosida Vanegas: su «delito» es ser madre de un preso político

Uno de los casos más lamentables de las presas políticas en Venezuela es el de Yosida María Vanegas de Monasterios.  La jubilada de 67 años tenía cinco años denunciando las torturas del preso político Juan Carlos Monasterios, su hijo. Recientemente, cumplió cuatro meses detenida arbitrariamente en el INOF esperando su primer juicio.

A Yosida la detuvieron  cuando viajaba en carretera por La Pedrera, una zona en la frontera entre el estado Táchira y Colombia. Era el 15 de agosto del 2023 y ella quería visitar a su hijo, Juan Carlos Monasterios, un preso político que recién lo habían operado de la vesícula.  Tenía cuatro años que no podía visitarlo: había emigrado a Perú.

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Vanegas en una alcabala. Y, sin decirle nada a ella ni a su familia ni a sus abogados, la llevaron hasta Caracas y estuvo 33 días desaparecida forzadamente. 

Su hija, Giovanna Monasterios, denunció desde Perú que a su madre la detuvieron sin ningún cargo ni acusación. A Yosida la terminaron involucrando en el mismo caso de su hijo en una supuesta investigación que se ha hecho de forma extendida y la están imputando por supuesto  financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

«Imputaciones absurdas porque ella, al ser una mujer jubilada, es de los más escasos recursos», explicó Martha Tineo, abogada y cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

La tortura no respeta sexo ni género

Tineo, abogada especialista en materia de DDHH, enfatizó que los presos políticos, en su mayoría, son torturados y sometidos a tratos crueles o degradantes. «Y las mujeres no escapan de todo esto», lamentó.

«Jamás han tenido un trato diferencial por su condición de mujer. Al contrario, son igualmente víctimas de violaciones sexuales, malos tratos, tortura, golpizas e intentos de ahogamiento».

Desde distintas ONG, como JEP, se han solicitado medidas por razones humanitarias para que las presas políticas puedan ser atendidas y ayudadas. No obstante, los entes encargados han hecho caso omiso ante estas denuncias.

La coordinadora general de JEP contabiliza más de 50 casos de presos políticos entre hombres y mujeres cuya salud está altamente comprometida por el maltrato y las condiciones inhumanas de su detención.

«Si hay un solo preso político, todos lo somos»

Durante el mes de diciembre se han celebrado varias actividades en la campaña de liberación de presos políticos, tanto presenciales como online, para generar impacto y presión en la comunidad internacional y, sobre todo, en las autoridades gubernamentales correspondientes.

«El pasado viernes 8 de diciembre, en alianza con Voces de la Memoria, instalamos en la plaza Alfredo Sadel una inmensa mesa de navidad en la que colocamos los nombres de estos más de 300 presos políticos», comentó Tineo.

Asimismo, ese día también se llevó a cabo la Vigilia Mundial, una iniciativa online para denunciar, recordar y protestar por los derechos de todas las personas que cada día que pasa siguen sin poder ver a sus familias por detenciones políticas arbitrarias.

Finalmente, Tineo se refirió al poco alcance que han tenido los Acuerdos de Barbados para la liberación de presos políticos. «No puede considerarse que ha sido un proceso exitoso con la liberación de cinco presos políticos en un universo de más de 300. Con un solo preso político, de algún modo, todos somos presos políticos», sentenció.

La abogada invitó a la sociedad civil, medios de comunicación, representantes de grupos y organizaciones a difundir el mensaje para que todas las familias venezolanas puedan disfrutar una navidad sin presos políticos.

 

Claves │Tasa de escolaridad actual es la más baja desde 2014
De acuerdo con datos revelados por la Encovi 2022, solo 63 de cada 100 personas entre 3 y 24 años asistían a un centro educativo, siendo la tasa de escolaridad más baja desde 2014

Foto: Caleidoscopio Humano 

Caleidoscopio Humano, junto con Monitor Descave, publicó el pasado noviembre su cuarto informe sobre  la crisis del sector educativo en Venezuela. En el mismo se apuntó a diversos ítems que han trastocado la tasa de escolaridad en la educación básica, media y superior del país.

«Pocas semanas han transcurrido desde que iniciaron las actividades escolares en Venezuela y son varios los obstáculos a los que se enfrentan los estudiantes que no se pueden pasar por alto», así da inicio el texto que habla sobre deterioro de las infraestructuras, falta de profesores, deserción y hasta falencias en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

De acuerdo al informe, escuelas públicas, e incluso privadas, carecen de las competencias mínimas en algunas áreas. Por lo que muchos alumnos son reprobados en matemáticas y habilidades verbales, tanto en el país como fuera de él.

Desde Runrun.es resumimos en las siguientes claves lo más destacado del informe Educación en Crisis: retos y desafíos en el acceso a la educación en Venezuela.

Abandono de las aulas de clase

Las principales consecuencias de la crisis en el sistema educativo se han visto reflejadas, directamente, en tres puntos: alumnos, profesores y la economía.

En el informe de Caleidoscopio Humano se menciona que el 43% de los planteles reportó falla de profesores. Sobre todo en educación inicial y primaria. «Más del 50% de los docentes han abandonado las aulas debido a, entre otros factores, la precarización salarial».

Asimismo, para agosto de 2023, Antonio Hannawi, director principal de la cadena de librerías “El Mundo del Libro”, sostuvo que la demanda de útiles escolares registró una disminución del 40% con respecto al 2022, y aseguró que a los padres se les dificulta adquirir las listas escolares completas.

Esto factores se ve reflejados directamente en los números de los estudiantes. Según estimaciones de la organización Hum Venezuela, el abandono de los niños del sistema educativo se «incrementó de un 13% a un 21,4% en 2021, descendiendo la asistencia educativa a 3,6 millones de niños, niñas y adolescentes entre 2020 y 2021».

Las principales causas señaladas que afectan la tasa de escolaridad son la migración forzada, la deserción escolar y la pandemia de covid-19.

Con hambre no se puede estudiar bien

Uno de los puntos más llamativos del texto pasó por la poco balanceada alimentación que reciben los niños, niñas y adolescentes en los recintos educativos. «Harina amarilla, arroz, pasta, arveja, café, mortadela en lata y pollo. Estos son algunos de los escasos alimentos que están llegando a las escuelas públicas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE)», detallan.

Esta dieta, afirma el informe, se traduce en que los «niveles de desnutrición y malnutrición en Venezuela son alarmantes». En el último informe anual presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la inseguridad alimentaria en Venezuela pasó de un 2,5% (2010-2012) a un 22,9% (2019-2021). Un incremento de más del 20%.

Elizabeth Lizcano, nutricionista del Hospital Universitario de Los Andes, señaló que es común encontrar niños con malnutrición en los centros educativos y, tras consumir alimentos no adecuados y bebidas como café en niños menores de 12 años.

Esto último se correlaciona directamente con lo expuesto en un informe de Cáritas Venezuela: el 28,1 % de los infantes menores de 5 años en Venezuela tienen retraso en el crecimiento.

Minorías escolares lo tienen aún peor

En Venezuela cerca de 140.000 personas tienen alguna discapacidad. Consorven reveló que, de 176 personas con discapacidad, el 88% disminuyó sus actividades académicas en la cuarentena por fallas de conectividad o las barreras comunicacionales en el contenido.

De acuerdo al informe, aproximadamente el 50% de las personas con alguna discapacidad no tienen el carnet de calificación y certificación de discapacidad (carnet Conapdis. Esto trae como consecuencia que los jóvenes que no cuentan con el documento se le niega el acceso a derechos como la educación, atención médica adecuada y obtención de beneficios socioeconómicos.

«Las niñas, niños y jóvenes venezolanos se ven obligados a abandonar el sistema educativo tradicional ante la inacción del Estado frente a sus realidades», aseveran el informe.

También se destacó el registro de 305 violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad entre enero y diciembre del 2022, llevado a cabo por la Confederación de Sordos de Venezuela.

La gran deuda: derechos de los profesores en Venezuela

A principios de octubre la ministra de Educación de Venezuela, Yelitza Santaella, aseguró que en el año escolar 2023-2024 se implementaría un código QR en los planteles educativos para revisar la asistencia de los docentes.

En respuesta, los profesionales de la educación rechazaron este nuevo mecanismo, calificándolo como una grave vulneración a sus derechos labores y considerándolo como una acción de persecución ante el gremio que ha protagonizado las principales protestas en el país en los últimos dos años.

Recordemos que, de acuerdo al economista Manuel Sutherland, «el salario venezolano es el cuarto más bajo del planeta, detrás de Ruanda, Burundi y Uganda». Esto ha sido un punto clave de las constantes protestas de los profesores por sus derechos en el último par de años.

Decadencia en la infraestructura de las instituciones

Finalmente, en cuanto al estado de los distintos recintos educativos en el país, los datos no fueron más alentadores. «Las fallas eléctricas están presentes en el 38 % de las escuelas encuestadas, el 72,2% reporta deterioro o ausencia del servicio de conexión a internet y 49,6 % tiene un mal servicio o no dispone de suministro de gas».

Por si fuera poco, el 46% de las escuelas cuenta con un servicio de agua insuficiente para atender a la matrícula y el 25% no reciben servicio de agua. Se acusa a esta problemática como la causa más recurrente de la suspensión de clases.

Estados como Bolívar, Lara, Miranda, Zulia y Anzoátegui son las más afectadas por la falla del servicio de agua.

Hace tan solo unos meses, La Federación Venezolana de Maestros (FVM), advirtió en octubre que el primer día de clases se registró un 80% de inasistencia de estudiantes en las aulas y que las escuelas no estaban en condiciones para recibir jóvenes.

La educación superior no escapa de esta realidad. FUNDAREDES, en su informe De la excelencia a la decadencia, compartió que en la última década el gobierno venezolano ha disminuido en casi un 98 % el presupuesto de 72 universidades públicas del país.