Carlos Vecchio, autor en Runrun

Carlos Vecchio

Estados Unidos y el mundo deben ponerse del lado de las víctimas venezolanas de la corrupción, por Carlos Vecchio*

Imagen: gentileza de Roberto Weil.

@carlosvecchio

En 2018 presencié la audiencia donde el extesorero de Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de recibir sobornos por mil millones de dólares. Mucho más que el caso de Odebrecht en toda Latinoamérica ($800 millones). Al final del juicio me acerqué a la fiscal y le pregunté: ¿A dónde va ese dinero? Me contestó: al Tesoro ¿Y por qué no se preserva para los venezolanos? No califican como víctimas, respondió.

Desde ese entonces hemos insistido en la categorización de víctima del pueblo venezolano, e impulsado la idea de crear un fondo con los bienes recuperados de la corrupción.

Es hora de que Estados Unidos pueda crear ese fondo y utilizar esos recursos para aliviar la tragedia humanitaria que vive Venezuela.

Venezuela atraviesa la crisis más grave de su historia moderna. La contracción económica más grande en un país sin guerra, la inflación más alta del planeta y el país más pobre de la región según su ingreso per cápita. En buena medida, esa tragedia es consecuencia directa de la corrupción endémica del régimen de Nicolás Maduro, que ha producido el saqueo más grande de la historia.

La hecatombe chavista

Según la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, la dictadura de Maduro saqueó entre 350.000 y 400.000 millones de dólares, corrupción confirmada por exministros del régimen de Chávez. Ese saqueo contribuyó a sumir al país en la hecatombe. Hoy no hay un sistema de salud fuerte o servicios básicos, en parte, porque ese dinero en lugar de llegar a los hospitales o al servicio eléctrico terminó llegando a cuentas bancarias en Andorra o en otras partes del mundo a nombre de los hombres y familiares de Maduro.

La corrupción no solo roba dinero, también roba derechos. Y roba el futuro de los venezolanos.

Los países que tienen altas tasas de corrupción son también países deficientes en protección de los derechos humanos. Venezuela está entre los cinco países más corruptos del mundo, tiene una de las capitales más violentas del planeta, con escasez de comida y medicinas, la segunda crisis internacional de refugiados más grande, el ecocidio del Arco Minero con la extracción de oro ilegal, y las peores fallas en el suministro de electricidad y de provisión de servicios de salud del continente. ¿Es que acaso no calificamos como víctimas?

Venezuela ha sido sin lugar a duda el país de la región donde más duro ha golpeado esta pandemia. De hecho, Venezuela posee el número más alto de personal de salud fallecido por COVID-19 en la región. Los médicos están siendo coaccionados para no revelar las cifras de contagio y los periodistas han sido detenidos por reportar la realidad de los hospitales, imposibilitando la adecuada respuesta.

La necesidad de recuperar el dinero de la corrupción y utilizar parte de este para resarcir y ayudar a las víctimas de Nicolás Maduro es ahora más urgente que nunca. En particular para comprar vacunas para la COVID-19.

Según la ONG Transparencia Venezuela, en los tribunales de Florida hay al menos 84 personas y empresas sobre las que recaen acusaciones penales y civiles, que representan 53 % del total de los acusados en todo EE. UU. con cargos vinculados con corrupción proveniente de Venezuela.

Estos casos presentados por el Departamento de Justicia ofrecen claros ejemplos del saqueo. En el caso de Raúl Gorrín la justicia de Estados Unidos busca confiscar 24 propiedades, incluyendo un pent-house de 18 millones de dólares en Manhattan. Mientras que el exguardaespaldas presidencial y tesorero nacional Alejandro Andrade, quien residía en la Florida, confesó culpabilidad por haber recibido más de mil millones de dólares en sobornos.

Tal vez el caso más emblemático es el de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, por sobornos junto con los hijastros de Nicolás Maduro y explotar contratos sin licitación, con ganancias de al menos $350.000.000. Se aprovecharon de la hambruna en Venezuela y hoy son acusados de conspirar para lavar dinero a través de cuentas bancarias ubicadas en los Estados Unidos.

Con confiscado a Andrade, se habrían vacunado a 50 millones de personas

Si significamos ese impacto desde la perspectiva de la pandemia, según expertos “solo con el dinero confiscado a Andrade (parte de la corrupción de la PDVSA ‘roja’), se podrían pagar vacunas COVID-19 para 50 millones de personas”.

Esos activos confiscados en Estados Unidos, producto de la corrupción, podrían ser destinados para ayudar a solventar la gravísima emergencia humanitaria que atraviesa el país. Para lograrlo, debe crearse ASAP un fondo con los bienes recuperados. Dicho fondo debe ser manejado, controlado y supervisado por Estados Unidos y coordinado con el Gobierno interino del presidente Juan Guaidó. En lugar de depender de la generosa ayuda de nuestros socios, buscamos mitigar la carga financiera obteniendo acceso a los recursos que el régimen robó a Venezuela. En muchos casos, las personas que han ido a juicio se han declarado culpables y las autoridades ya se han incautado de sus bienes ubicados en Estados Unidos.

Sí se puede, con la Ley Verdad

Adicionalmente, contamos con el marco jurídico para implementar dicho fondo. La Ley Verdad (VERDAD ACT) que promovimos junto con congresistas demócratas y republicanos, aprobada al final del año 2019, contempla la posibilidad para crear un fondo como el que proponemos.

Igualmente permitiría construir una narrativa política que pondría el foco en la corrupción de Maduro, generando mayor presión a su entorno, y al propio tiempo una respuesta humanitaria para resarcir a sus víctimas. Es la oportunidad de hacer justicia efectiva, devolviéndoles a las víctimas lo robado por la dictadura corrupta y violadora de DD. HH.

Finalmente, con esta acción, Estados Unidos estaría liderando con “el poder de su ejemplo”, sentando un precedente para que otras naciones en las que también existen activos robados a la nación establezcan similar mecanismo. Estados Unidos y el mundo deben ponerse del lado de las víctimas venezolanas de la corrupción.

* Embajador de Venezuela reconocido por Estados Unidos.

Artículo previamente publicado en El Nuevo Herald

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El distanciamiento social antidemocrático en Venezuela, Por Carlos Vecchio*

@carlosvecchio

Si hoy le preguntamos a los ciudadanos del mundo ¿estaría dispuesto a permanecer en distanciamiento social durante 1 año sin necesidad de que haya una pandemia? La respuesta obvia y rotunda sería NO. Tal sacrificio solo se hace para salvar vidas, como lo vemos hoy a nivel global.

El mundo está viviendo una paralización masiva de su forma normal de vida. Una situación similar vive Venezuela desde hace años, pero con un origen distinto: la epidemia dictatorial.

Venezuela ha estado sometida a un irracional, progresivo y antidemocrático distanciamiento social impuesto por la dictadura criminal de Nicolás Maduro. Los indicadores de ese distanciamiento son variados, pero su eje común es suprimir las libertades para preservar el poder.

Permítanme precisar con algunos ejemplos:

En el 2014 los venezolanos salimos a la calle para protestar legítima y constitucionalmente, anticipando entonces la tragedia humanitaria que vendría. Muchos venezolanos, especialmente jóvenes, dirigentes sociales y políticos fueron arrestados por razones políticas, incluyendo el líder de nuestro partido Voluntad Popular, Leopoldo López.

Fui imputado dentro de la misma “causa judicial”, lo que me llevó a la clandestinidad por 108 días y luego al forzado exilio actual lejos de mi familia, de mi partido, de mi gente, pero siendo más útil desde el exterior para la lucha democrática. Toda la directiva de nuestro partido fue perseguida; unos presos, otros en el exilio, la clandestinidad o refugiados en embajadas. Como consecuencia de un aislamiento social antidemocrático, desde hace 6 años tuvimos que reinventarnos.

Desde entonces nuestras reuniones son digitales, incluyendo los encuentros nacionales con nuestros dirigentes locales. Ese mismo protocolo se ha extendido a los diferentes partidos políticos que disienten del régimen e, incluso, a la legítima Asamblea Nacional, donde cerca de treinta diputados están exiliados y cuatro permanecen detenidos.

La dictadura ha extendido la persecución en Venezuela a toda la sociedad; tenemos cerca de 400 presos políticos, entre ellos militares, médicos, líderes sociales y de partidos, estudiantes y diputados, todos sometidos a tratos crueles e inhumanos. Se les prohíbe ver el sol, poder hablar con su familia o poder reunirse con sus abogados. Son símbolo perenne del aislamiento nacional.

Como resultado, nos ha tocado conducir una lucha en unidad y asumiendo decisiones complejas sin mirarnos a los ojos entre los distintos actores políticos, tan solo escuchando nuestras voces por plataformas digitales como Skype o Zoom en un país donde el internet es el peor de la región, con severos problemas de servicio eléctrico y con el riesgo permanente de que esta comunicación sea intervenida por los órganos de inteligencia del régimen coordinados por Cuba. La decisión de juramentar constitucionalmente al diputado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, en 2019, ha sido sin duda la decisión más crítica asumida bajo este esquema.

La economía no escapa de los devastadores efectos de este distanciamiento autocrático. Las políticas de control estatal, las restricciones a la iniciativa privada y violaciones a la propiedad privada con expropiaciones ilegales han retrocedido décadas nuestra economía. La producción petrolera se desplomó de 3.2 millones bpd a poco más de 600.000 bpd en 2020. La escasez de bienes y servicios aumenta de manera exponencial. Entre 2014 y 2019 Venezuela perdió las dos terceras partes del tamaño de su economía (65 %), peor que la “Gran Depresión” o la Guerra Civil española. El “quédate en casa” es para muchos la única opción forzada, ya que hay trabajo limitado. La empresa privada casi ha desaparecido. En contraste, ningún país con la pandemia de la COVID-19 ha tenido tal impacto hasta ahora.

Tristemente, el aislamiento se ha manifestado en uno de los aspectos más importantes: la educación. En 2018 la deserción escolar se ubicó en 87 %. Los padres no envían a sus hijos a la escuela porque la crisis generada por Maduro ha forzado un éxodo masivo de docentes, porque la escuela cerró o, peor aun, porque no tienen cómo alimentarlos y frecuentemente se desmayan en clases. Una maestra confesó haber subsistido solo ingiriendo agua con azúcar por tres días hasta que colapsó.

Esta crisis, hoy calificada como Emergencia Humanitaria Compleja, obligó al menos a 5 millones de personas a abandonar el país. Un éxodo solo superado por la crisis de refugiados de Siria. Se estima que alrededor de un millón de niños quedaron sin sus padres, familias separadas por la tragedia. Según cifras de la OEA, 5000 venezolanos por día siguen emigrando, buscando el presente de calidad que la dictadura de Maduro les niega.

Hoy en Venezuela encontramos el peor sistema de salud de la región, el cual colapsó mucho antes de la pandemia producto de la corrupción de la dictadura. María Eugenia Sader, exministra de salud del régimen, es investigada por el desfalco de al menos 600 millones de dólares. Adicionalmente la inseguridad ciudadana regenta el país, Venezuela tiene la tasa de homicidios más alta del continente, con 60 por cada 100.000 habitantes. El miedo establece un toque de queda permanente, un distanciamiento social propiciado durante años por la dictadura con apoyo de los colectivos y ahora del grupo de exterminio FAES.

El país ha quedado incomunicado. En 2014 el número de vuelos internacionales se redujo en un 60 %. Esa cifra es mucho mayor hoy. Internamente 5 refinerías no producen gasolina a pesar de que tenemos las reservas petroleras comprobadas más grandes del mundo. Sin embargo, el régimen continúa enviando petróleo gratuitamente a Cuba. Venezuela es un país inmóvil.

El aislamiento ha sido dramático y ha recrudecido durante la pandemia. Hemos dicho que enfrentamos dos virus: la dictadura de Maduro y el coronavirus. La cura de ambos debe ser abordada urgente y simultáneamente. Superarlos solo será posible con una cooperación y asistencia financiera internacional robusta que será viable si establecemos un Gobierno de Emergencia Nacional que aplique un plan de emergencia y nos conduzca a una transición democrática creíble y verificable. El liderazgo internacional debe reafirmar su compromiso en acompañar a nuestro pueblo a levantar, ahora y para siempre, el distanciamiento social antidemocrático que ha generado la peor tragedia de nuestra historia desde el siglo XX.

Para Venezuela la normalidad no vendrá cuando se logre mitigar la pandemia. La emergencia humanitaria compleja continuará tal y como hemos descrito en este artículo. La normalidad solo vendrá cuando llegue la libertad. Ya el mundo, especialmente Europa y España, sabe lo que se sufre frente a un distanciamiento social voluntario. Oramos porque esta dificultad que hoy enfrentamos globalmente permita ratificar las convicciones democráticas y agitar la conciencia moral de todos para que juntos curemos a Venezuela del virus de la tiranía y de la epidemia dictatorial.

* Embajador del Gobierno Interino de Venezuela ante los Estados Unidos.

Este artículo también en ABC.es 

 

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