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Georgina y Enrique, 26 años sin abrazarse
El día que le aprobaron su visa, a Georgina lo que más ilusión le provocaba era ver a su hijo, y posiblemente a un hermano que también se encuentra en Estados Unidos

 

Por: José Antonio García Ramírez

 

Los programas de reunificación familiar hicieron posible el reencuentro de la señora Georgina y su hijo Enrique, quien vive en Arizona. Ella es originaria de la Ciudad de México y había pasado 26 años sin poder ver a su hijo. 

Las dificultades se presentaron desde que Enrique decidió migrar, ya que mientras cruzaba el desierto con su novia, ahora esposa, fue víctima de secuestro.

Para que él pudiera ser liberado tuvieron que pagar el rescate solicitando ayuda a otro coyote. 

Aunque pudo recuperar su libertad y consiguió comenzar su vida en Estados Unidos, la distancia con su madre persistió por años, pues no podía viajar México sin documentos.

La vida siguió su curso y luego de muchos años la posibilidad de volver a ver a Enrique apareció gracias al programa de reunificación familiar del club Mujeres en Progreso.

Georgina tiene cuatro nietos que ya había conocido cuando visitaron Puerto Peñasco, Sonora, pero no era suficiente. A ella le emocionaba ver físicamente a su familia.

“Es maravilloso (la reunificación familiar). Es doloroso saber que no podía uno verlos. Los veía uno por videollamada, pero no es lo mismo a sentirlos”

El día que le aprobaron su visa, a Georgina lo que más ilusión le provocaba era ver a su hijo, y posiblemente a un hermano que también se encuentra en Estados Unidos.

“Siento una emoción muy grande. […] (a Enrique) Mi amor por ahí te voy a caer. ¡Abusado! A ti a todos, muchas gracias”

El sueño de Georgina se hizo realidad en 2022, cuando por fin logró abrazar a su hijo, a sus nietos y estar con su familia luego de tanto tiempo.

Ahora, ella viaja regularmente para visitar a la familia. Su visa es su arma más poderosa para ver a sus hijos una y otra vez.

Nueva Visión, un caso lleno de quejas y costos ocultos
Entrevistada por Conexión Migrante en septiembre del 2022, Christian Palacios, cabeza de Nueva Visión Latinoamérica precisa que, en efecto, no son una organización, club o federación migrante, sino una empresa registrada ante el gobierno de Estados Unidos que paga sus impuestos

Por: Abel Domínguez / Foto: Griselda San Martín

Nueva Visión Latinoamérica ha reunificado a más de 15,000 familias en Estados Unidos de México y Centroamérica, según su propia descripción. Pero en ningún lugar de su sitio web se define como club u organización migrante o como empresa formal.

Christian Celina Palacios se autodefine, no obstante, como propietaria de Nueva Visión Latinoamérica. Inició operaciones en 2018, pero su camino ha estado rodeado de quejas constantes de los usuarios por sus elevados costos y la falta de transparencia en su manejo.

Actualmente, Nueva Visión cuenta con tres programas de reunificación familiar:

Viviendo un sueño

  • Dirigido a quienes tienen padres, tíos, abuelos o hermanos en México
  • Edad 45 años o más.
  • No haber entrado a Estados Unidos sin documentos.
  • Carecer de antecedentes de castigo o delito.
  • Tener pasaporte con vigencia mayor a 3 años.

De corazón a corazón

  • Dirigido para personas que dejaron a sus hijos en México.
  • Los hijos deben ser mayores de edad, concretamente, de entre 18 y 25 años. No aplica para menores de edad.
  • Los hijos deben estar estudiando licenciatura, maestría o doctorado.
  • No haber entrado a Estados Unidos sin documentos.
  • Tener pasaporte con vigencia mayor a 3 años.

Vuelo de amor

  • Dirigido a personas de Centroamérica que tengan padres, abuelos, tíos o hermanos de 45 años en adelante.
  • No haber entrado a Estados Unidos sin documentos.
  • Tener pasaporte con vigencia mayor a 3 años.
Nueva Visión Latinoamérica (Facebook)

En los últimos años, a Conexión Migrante han llegado múltiples quejas e inconformidades de varias familias mexicanas sobre el proceder de Nueva Visión Latinoamérica.

Las quejas recurrentes son:

  • Información que no es clara sobre el proceso de reunificación.
  • Solicitud de pagos a cuentas mexicanas a nombre de Comercializador de equipos Zeca S.A. de CV.[1] 
  • Familias que pagaron desde el 2018 y que en 2022 siguen esperando acudir a un consulado de Estados Unidos a tramitar la visa.
  • Documentos originales que fueron retenidos.
  • Durante la entrevista consular obligaban a los adultos mayores a decir que Nueva Visión Latinoamérica pagó por todos los gastos de su viaje.

El solo llenado de la aplicación, que es el primer paso de todo proceso, tiene un costo de 150 dólares (Viviendo un sueño), 200 dólares (Corazón a Corazón) y 600 dólares (Vuelo de amor) por persona.

Si se paga con tarjeta de débito o crédito hay un cargo extra.

Nueva Visión Latinoamérica (Facebook)

Nueva Visión Latinoamérica: Una empresa registrada en EEUU

Entrevistada por Conexión Migrante en septiembre del 2022, Christian Palacios, cabeza de Nueva Visión Latinoamérica precisa que, en efecto, no son una organización, club o federación migrante, sino una empresa registrada ante el gobierno de Estados Unidos que paga sus impuestos.

Muchos de los problemas que surgen se deben a que las personas que no entienden lo que Nueva Visión Latinoamérica les explica, dice. “Leen lo que su cabeza les da para entender, lo que ellos creen que es correcto”.

“Nadie les va a poder responder más que nosotros mismos. Ellos tienen nuestros números para llamarnos. Tenemos una oficina de lunes a viernes. Obviamente, con el tema de la pandemia, después de tener 20 empleados, hoy tenemos uno”, asegura.

Declinó abordar el tema de la retención de documentos. Solo respondió que las personas están al tanto de cómo operan antes de iniciar un proceso y añadió que no tiene obligación de responder porque no son una autoridad.

En cuanto a los cobros en México, ella negó que se trabajé así; dijo que tiene un expediente en el FBI porque unas personas se hicieron pasar por Nueva Visión Latinoamérica y hacían cobros en México.

“Toda organización o persona cobra por el servicio que da. La única diferencia es que todos evaden impuestos porque cobran y no declaran. En cambio nosotros hay pruebas de que cobramos y pagamos, porque doy un recibo”.

Programas de reunificación familiar en EEUU, el negocio de la nostalgia
Los líderes y activistas migrantes reconocen que preparar este tipo de viajes supone tiempo, trabajo y logística, y esto tiene un costo, pero consideran que el valor de algunos programas es excesivo
Para Avelino Meza, secretario general de la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, “la migración es generadora de soledad y de frustración por haber dejado atrás a la familia. Las reunificaciones son pues una gran oportunidad de reencontrarse con ese núcleo”

 

Por: Patricia Mercado Sánchez, Abel Domínguez, Selene Tapia, Andrea Ornelas, Jose Antonio García y Valeria Acevedo

 

Enrique atravesó el desierto de Arizona bajo un sol inclemente en 1996. Su único equipaje: los sueños de sus 21 años. 

Pasó sed, tuvo miedo y fue estafado por el pollero que le había ofrecido el sueño americano. Pero alcanzó su destino y echó raíces en Estados Unidos, país en donde nacieron sus cuatro hijos.

El costo, no obstante, fue alto: no pudo despedirse de su padre y debió esperar 26 años antes de abrazar nuevamente a Georgina, su madre.

Como Enrique, decenas de miles de migrantes mexicanos indocumentados conservan lazos estrechos con sus familias en México. Reconfortan el alma con el envío de remesas y se conforman mirando envejecer a sus padres a través de la imagen que les devuelve una fotografía o una videollamada.

Por esa razón, el día que alguien les ofrece participar en un programa de reunificación familiar, no hay un ápice de duda. 

Los programas tienen un componente exitoso: puedes lograr que las mamás y papás visiten Estados Unidos durante algunas semanas, sin importar el estatus migratorio del hijo o hija.

¿Cuánto vale abrazar nuevamente a tus padres?

Los organizadores de estos reencuentros, de origen público y privado, saben que la nostalgia es rentable.

Muchos grupos operan desde el respeto a las necesidades de las familias; otros, cobran hasta 10,000 dólares por reunificación y retienen los documentos de identidad de los padres para asegurar los pagos.

Conexión Migrante investigó durante tres años la evolución de 37 programas, que luego se transformaron por la pandemia y los retrasos en viajes y citas.

Actualmente, tenemos un registro de  57 programas que operan en Estados Unidos y México, pero voces de la comunidad aseguran que hay cientos, sin reglas, sin transparencia, pero sí lucrando con la nostalgia de volver a ver a tu mamá y a tú papá.

En los últimos años, el número de programas operados por gobiernos estatales pasó de 16 a siete, de  los cuales cuatro están armando nuevos grupos y los tres restantes sólo tienen listas de espera.

Zacatecas fue el primer estado que tuvo un programa de reunificación. Iniciaron los preparativos en 2011 y en 2012 hicieron el primer viaje 28 mamás y papás para ver a sus hijos en Estados Unidos.

En entrevista, Rigoberto Castañeda, ex titular de la Secretaría del Migrante Zacatecano, cuenta cómo Sergio Meza, un integrante de la Federación de Clubes Zacatecanos de Illinois, les pidió ayuda para llevar a su mamá a visitarlo a Estados Unidos. Iniciaron los trámites, pero la señora falleció antes de terminar el proceso.

En la siguiente visita del gobernador Miguel Alonso, Sergio Meza le dijo que muchos otros adultos mayores estaban en la misma situación, y entonces se decidió armar el programa, en coordinación con la Federación, el mismo Sergio Meza y Lizbeth Márquez, representante del Gobierno de Zacatecas en Chicago.

Así nació Corazón de Plata. “Lo llamamos así porque, para este primer viaje, mandamos a hacer unas medallas de plata de un corazón dividido en dos, y una parte era para el integrante del club, la familia, y la otra para sus viejos”. relata Castañeda. 

Que actualmente los gobiernos estatales no participen activamente en estos programas ha provocado que proliferen los grupos y organizaciones poco transparentes que abusan y defraudan a los migrantes.

 

Puede leer también: ¿Cómo buscar una organización confiable?

 

Desinterés gubernamental y opacidad

Las reunificaciones deben ser un acto humanista y de dignidad, dice Marco Antonio Castillo, codirector del Programa México-Estados Unidos de Global Exchange. 

Pero la teoría no empata con la práctica en un México que solo mira a sus migrantes como una mina de oro.

Un botón de muestra: se estima que para el cierre de 2023 los ingresos por remesas sumarán 67 mil 900 millones de dólares, un dato históricamente alto por noveno año consecutivo. 

Los mexicanos en el exterior aportan más divisas a México que el petróleo o el turismo, y sostienen a millones de familias.

Paradójicamente, son uno de los grupos más olvidados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Una indiferencia que es tierra fértil para la opacidad y los abusos en torno a las reunificaciones.

 “El presente gobierno, como ninguno otro, ha eliminado los fondos para los programas que apoyan a los migrantes”, coincide Roberto Bravo, director de la Federación CBO Comunitarias en California. 

Al no existir soporte gubernamental, las reunificaciones de las organizaciones privadas toman el relevo “porque los migrantes siempre tendrán la necesidad de traer a sus padres (de visita a EEUU)”, añade Bravo.

Numerosos activistas han pedido apoyo a los gobiernos estatales para crear programas de carácter público que absorban una parte de los gastos de logística y sean regulados. Pero no han tenido éxito.

En Chiapas, por ejemplo, el programa Avanza jamás recibió el respaldo estatal que solicitó, y en Querétaro, Palomas Queretanas tuvo el “sí” del gobernador panista Francisco Domínguez Servién en 2018, pero la gestión de este último concluyó sin que el proceso se concretara.

Hay también programas estatales que nacieron, pero desvirtuaron sus objetivos. 

Juvencio Rocha Peralta, fundador y presidente de la Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte (Amexcan), recibió el respaldo del gobierno de Veracruz, pero con el paso del tiempo el programa perdió transparencia y la Amexcan decidió dejar de colaborar con él.

Lucrar con la añoranza

“La reunificación familiar es un derecho reconocido por los Acuerdos Internacionales de Derechos Humanos. Por ello, realizar estos procesos bajo un esquema lucrativo desvirtúa su sentido original, y no acompañarlos con un trabajo comunitario aumenta el riesgo de fraudes”, advierte el activista Marco Antonio Castillo.

Para Avelino Meza, secretario general de la organización Fuerza Migrante, con sede en Nueva York, “la migración es generadora de soledad y de frustración por haber dejado atrás a la familia. Las reunificaciones son pues una gran oportunidad de reencontrarse con ese núcleo”.

Meza afirma que, en el presente, “se ha prostituido esta oportunidad de las familias de reencontrarse, abusando de que los hijos están dispuestos a pagar fuertes cantidades para ver a sus padres. Hay grupos que secuestran los documentos de identidad de los padres para asegurarse de que cobrarán lo que quieren”.

“Se ha creado una mafia en la que hay grupos que cobran a los hijos migrantes entre 5,000 y 10,000 dólares por llevar a sus padres, cuando son procesos que tendrían que ser gratuitos o deberían ser muy baratos”, coincide Sergio Infanzón, migrante y activista basado en Los Ángeles.

Añade que muchos padres incluso venden terrenos y ganado en sus pueblos de origen en México para poder visitar a sus hijos, para luego ser estafados.

Los líderes y activistas migrantes reconocen que preparar este tipo de viajes supone tiempo, trabajo y logística, y esto tiene un costo, pero consideran que el valor de algunos programas es excesivo.

“Si se tiene un grupo de 40 personas y cobran 5,000 dólares por cada una de ellas, son 200,000 dólares lo que obtienen. No deben ser programas lucrativos porque su origen está en las federaciones creadas para ayudar a los migrantes”, dice Sergio Infanzón.

Uno de los casos más controvertidos en materia de reunificaciones es el encabezado por Nueva Visión Latinoamérica, que inició como una organización migrante, pero luego salió del registro de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahora se asume como una empresa registrada ante el gobierno de Estados Unidos.

Hasta octubre de 2023 cobraba 160 dólares exclusivamente por inscribir a los padres interesados en viajar a Estados Unidos y pedía 450 dólares para la gestión de la visa.

Las quejas son numerosas, lo que no ha impedido a la empresa seguir operando y extienda su oferta de reunificaciones  a migrantes de Centroamérica.

Existen además otros programas en donde la falta de transparencia se hizo presente, como Corazón Todito, operado bajo el gobierno de Juan Manuel Carrera en San Luis Potosí, que no daba información clara a las familias sobre los costos en los que incurrirán.

Cuánto cuesta, en realidad

De acuerdo con la investigación del equipo de Conexión Migrante, los costos de una reunificación privada dependen del estado de origen en México y del destino en Estados Unidos, pero un presupuesto promedio varía entre 2,000 y 2,500 dólares, más el costo del boleto de avión.

Dos integrantes del equipo de Conexión Migrante realizaron ya reunificaciones completas, como parte del staff de dos organizaciones, lo que permitió verificar procesos, costos y desafíos de transportar a adultos mayores.

Desde una perspectiva externa, uno se preguntaría ¿por qué pagar 2 mil dólares por el proceso? Sin embargo, la responsabilidad y el desafío que conlleva viajar, mover, ayudar y cuidar a adultos mayores es más de lo que cualquiera imagina. 

A diferencia de cualquier persona que debe esperar por su cita y acudir en dos ocasiones a la Embajada o los consulados de Estados Unidos en México, la primera para la toma de huellas y la segunda para la entrevista consular, los papás inscritos en un programa de reunificación familiar tienen dos beneficios directos: el acceso a la ventanilla para adultos mayores y un calendario especial en el que tendrán que esperar menos por una cita.

Durante los últimos siete años, Conexión Migrante ha sido testigo de múltiples casos en los que la embajada y los consulados de Estados Unidos en México rechazan las peticiones de visa de las personas por una mala asesoría.

No es raro que las personas mientan sobre tener familia indocumentada en Estados Unidos, lo cual es motivo de rechazo automático a su petición de visa.

Si bien la última palabra sobre aprobar o no la visa depende de las autoridades consulares, participar en uno de estos programas sí beneficia a los adultos mayores.

Entonces, el pago cubre el costo de la visa, el llenado de la forma DS-160, el hotel, la transportación a la embajada o consulado de Estados Unidos en México y los servicios de personas que cuidan a los papás.

Los equipos verifican que traigan todos los documentos que necesitan en las citas y el viaje, les proveen de ayuda para subir a los aviones y transportes, y en muchos casos les organizan una fiesta de bienvenida en Estados Unidos con sus hijos. 

Lorena Cortés, presidenta del Club Morelenses en Texas-“Tepalcingo Unido” y migrante radicada en Texas, afirma que incluso es posible que este costo sea inferior. 

Lo que un migrante debe considerar antes de una reunificación

Si bien antes de la pandemia, Lorena había establecido que el costo promedio para llevar a los padres es de 1,300 dólares, este total aumentó al término de la crisis sanitaria.

El costo del pasaporte mexicano, la visa americana y los alimentos incrementan el precio de llevar a los papás a Estados Unidos.

No obstante, Lorena Cortés aclara que estos incrementos sólo elevan el costo general de la reunificación en un aproximado de 85 dólares; es decir, alrededor del 6.5%.

Precisa que con este monto se pagan transportes, las comidas necesarias durante el trayecto, la casaca, el seguro médico y el evento de bienvenida. En el caso de su organización, hay un acompañante por cada 15 personas mayores, en promedio, y es alguien que conoce de primeros auxilios, pero no es un médico.

Los programas estatales, que financian frecuentemente algunos costos de traslado, suelen ubicarse alrededor de los 1,500 dólares. 

Y las reunificaciones autónomas también son posibles, pero poco comunes. Los padres deben acercarse a un consulado de los Estados Unidos en México para tramitar su visa, pero muchos temen ser rechazados, razón por la que buscan organizaciones con experiencia que los ayuden. En los casos aislados en las que se realizan de forma independiente, el costo del proceso puede reducirse a 900 o 1,000 dólares.

***

A Georgina no le alcanzan las palabras para describir lo que vivió al reencontrarse con su hijo Enrique. “Fue una emoción indescriptible. Primero lo vi de lejos, tan cambiado, ya era todo un señorón… cuando lo abracé, me quedé muda. Era algo incontrolable, quería besarlo, quería pellizcarlo, era mi hijo, y al fin estaba ahí de nuevo”, recuerda.

Y hay reencuentros que van más allá, y que son más que ese necesario bálsamo para la añoranza. La activista Lorena Cortés vivió uno de ellos en 2022, cuando ayudó a viajar a Minnesota a una madre a la que le habían negado la visa para Estados Unidos solo unos meses antes. 

Para ella era vital llegar a Estados Unidos, su hijo se hallaba solo, enfermo y en fase terminal.

“Algunas reunificaciones son aún más especiales y son casos que deben abordarse de forma diferente. En esta ocasión buscamos a un congresista para que nos ayudara dándonos una carta, y tuvimos que realizar otras gestiones. Pero logramos la visa que le habían negado antes. Esta madre viajó a Estados Unidos para ver a su hijo, quien falleció en sus brazos media hora después de su llegada. Por ello, reunir a los padres con sus hijos migrantes, siempre y en cada uno de los casos, valdrá la pena”, puntualiza.

¿Y tú, cuánto estarías dispuesto a pagar para ver de nuevo a tus papás?

¿A qué le tengo miedo cuando migro?
La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia
Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más 

Gabriela Martínez Córdova | Foto: Gabriela Martínez y Alicia Hernández 

 

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”

 

Tapachula, Chiapas. Mujeres migrantes escapan de la violencia que viven en sus países de origen, principalmente en el triángulo norte de Centoamérica, pero también enfrentan riesgos en su paso por México con el fin de llegar a Estados Unidos. Violaciones, trata, explotación sexual y embarazos no deseados son parte de las amenazas que enfrentan, de acuerdo con los testimonios que compartieron para esta investigación.

Varias mujeres fueron entrevistadas en el albergue Jesús El Buen Pastor, ubicado en Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, donde se concentra la mayoría de los migrantes que provienen de la ruta de Centroamérica, al ser un paso obligado rumbo al norte del continente. Se trata de un sitio con espacio para al menos mil migrantes, pero que trabaja por encima de su capacidad.

Una mujer se sienta en el piso del albergue El Buen Pastor, con capacidad para unas mil personas, en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Enclavado en la periferia de la ciudad, es uno de los pocos refugios, pero el más grande que hay en la región. Tiene una construcción de un solo piso, con varios salones en los que se divide el espacio entre hombres, mujeres, mujeres con sus niños y embarazadas, incluso hay un cuarto para aquellos que se recuperan de alguna convalecencia. 

El espacio se invade con el humo de las ollas que hierven todo el día sobre un asador al aire libre en una cocina que se comparten por horarios. Los niños andan entre los pasillos alargados, corren de un sitio a otro y los gritos atraviesan las paredes de concreto. Un gallo que se cree perro también vigila el sitio, donde mujeres narran los motivos que las obligaron a migrar.

No quiero que me violen

Joanna es una joven hondureña que llegó a Tapachula, Chiapas, hace apenas unas semanas, en el verano de 2023, una de las temporadas más calurosas del año. 

Una de sus prioridades era comprar “la pastilla anti-violación”, como es conocido entre las centroamericanas el medicamento que guardan durante su trayecto rumbo al norte de México. Se trata de una pastilla que usan como anticonceptivo de emergencia para evitar un embarazo en caso de sufrir algún abuso sexual

Tras cruzar el río Suchiate, una familia se recuesta sobre piezas de cartón en un parque público, en medio de una tormenta en Chiapas. Foto: Alicia Fernández.

Según la marca, una o dos pastillas que deben ingerirse en no más de 72 horas después de la relación sexual son suficientes. Su costo regular en cualquier parte de México no rebasa los 200 pesos (unos 10 dólares).

Uno escucha historias, unas chicas me han contado que las abusaron, que les hicieron la maldad en el camino y yo no quiero.

Joanna no sabe dónde comprar el medicamento y tampoco tiene dinero, además le han dicho que debe tener cuidado al salir porque la ciudad ya no es un espacio seguro para mujeres y menos si son migrantes. 

No me quiero embarazar 

Gelsy, de 19 años, también viaja sola desde Honduras porque el dinero no le alcanzó para pagar los gastos de otros miembros de su familia. Ella parió a una niña que actualmente tiene 4 años y que dejó en su país. Después de ese embarazo quiso operarse para ya no tener más hijos, pero en el hospital se negaron a hacerlo porque era menor de 21 años. 

Antes de reiniciar su camino a Estados Unidos, quiere comprar una pastilla de emergencia o anticonceptivos, para evitar un embarazo no deseado o interrumpirlo, en caso de que sufra un abuso sexual.

En México no hay un registro de cuántas mujeres migrantes se encuentran gestando. 

Aunque hizo amigas dentro del refugio, siempre se mantiene alerta ante la presencia de los hombres, intenta no salir ni siquiera del cuarto donde duerme y cuando lo hace, es porque necesita comprar comida. Planea ir a una farmacia con otras migrantes para comprar sus pastillas de emergencia o una inyección anticonceptiva, lo harían juntas porque les han advertido que Tapachula ya no es un lugar seguro para las mujeres.  

El embarazo no deseado no es su único temor, sabe que hay una probabilidad muy alta de ser agredida sexualmente, pero está dispuesta a enfrentar el riesgo para migrar.

La responsable de Médicos sin Fronteras -Base en Tapachula- Karolix Zambrano Koop, reportó que durante el primer semestre de 2023 al menos 70 mujeres atendidas por los voluntarios de esa sede fueron víctimas de abuso sexual, de ellas, seis agresiones ocurrieron en las últimas 72 horas desde que recibieron la atención.

Zambrano lamenta que sean las mujeres migrantes quienes asumen la responsabilidad de su seguridad durante su paso por México, donde corren el riesgo de ser víctimas de abuso o explotación sexual o, incluso, asesinadas. 

Que una mujer asuma que será violada y aun así prefiera migrar dice mucho de cuáles son las condiciones que están dejando atrás”, advierte Zambrano, desde su oficina en el centro de Tapachula, a unas calles en donde cientos de migrantes se concentran en un parque público. “Las mujeres tampoco han tenido acceso a servicios de salud sexual ni información”.

Zambrano comanda la oficina central de la organización internacional en el sur de México, desde donde define cuáles serán los lugares donde trabajarán los voluntarios. También supervisa los campamentos médicos y las instalaciones en los puntos de mayor necesidad, como estaciones del tren y los campamentos improvisados por los migrantes. 

Para esta investigación se solicitó entrevista con autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de las Mujeres, pero no se obtuvo respuesta de forma inmediata. 

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. Foto: Alicia Fernández.

Las mujeres migrantes se vuelven responsables de su propia seguridad mientras se encuentran en tránsito por México. 

La dirigente de la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes (Chimumi), Fabiola Díaz, asegura que a las mujeres migrantes les cuesta trabajo ahorrar dinero para encontrar y comprar sus anticonceptivos o pastillas de emergencia, pero que suelen ayudarse entre ellas y se comparten información para cuidarse entre todas.

Algunas de ellas, refiere, no saben que tienen derecho a un aborto seguro en los servicios de salud del estado y llegan a acudir con curanderos para interrumpir un embarazo.

“Los abortos los han hecho clandestinos, con pastillas o yerbitas y optan ir con curanderos locales”, advierte.  

Me querían prostituir

Elena es una mujer hondureña que viaja con su hija para huir de la violencia en su hogar y se acompañan con una amiga que tiene dos hijos más.

Pero la violencia terminó por alcanzarlas. Cuando llegaron a Guatemala, el pollero le cobró para ayudarlas a cruzar la frontera y luego las abandonó en el camino. Luego, un grupo armado les robó lo que tenían y las dejó sin nada. Caminaron hasta un lugar donde las alcanzó la noche, pidieron ayuda en un hotel donde le dijeron que no había albergues, pero que, si querían hacer uso de un cuarto, se podían prostituir.

—Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero—, dice Elena mientras un par de lágrimas caen al recordar las agresiones y el miedo al que estuvo expuesta.

 Yo no acepté —insiste—. No lo hice. ¿Cómo lo haría?, pero otras sí.

Yo no quiero que me maten

Alicia dejó Honduras y escapó a Tapachula porque la rabia de su esposo la persigue. Dice que la intentó matar, sobrevivió y teme que dé con ella. 

Ella también vive en el albergue El Buen Pastor y trabaja en la cocina donde le pagan 600 pesos a la quincena (unos 30 dólares). Con ese dinero compra comida para ella y sus dos hijos, una pequeña de no más de cinco años y un bebé que anda entre los pasillos del refugio en pañal y con unas sandalias crocs que se le escapan de los pies.

La joven migrante habla mientras cubre su rostro con su cabello alborotado, justo donde se asoma una cicatriz de la última golpiza que le dio el padre de sus hijos, un trailero que le rompió el pómulo y la quiso matar.

 Mejor me escondo para que no me alcance.

Alicia todavía recuerda cuando su agresor la tiró al piso y, con el rostro hecho pedazos y casi desfigurado, ella agarró algunas cosas, tomó a sus hijos de la mano y no miró atrás, pensó solamente en irse de ahí y llegar a Estados Unidos. 

Una joven de Honduras es sobreviviente de violencia doméstica y busca lograr una vida mejor en Estados Unidos. Foto: Alicia Fernández.

No habla de su identidad, prefiere cambiar su nombre. Cuando puede, se comunica con su familia, pero no lo hace todo el tiempo, tiene miedo de continuar su camino en medio de las historias de violencia que ha escuchado dentro del albergue, pero tiene más miedo de quedarse donde, dice, la muerte la espera segura.

Obligadas a parir 

En diciembre de 2022, Devora fue abusada sexualmente en su país. Compró una pastilla abortiva en El Salvador, pero un mes después de la agresión se enteró que estaba embarazada. Aunque pensó en la posibilidad de interrumpir su embarazo con otro método, la idea se esfumó porque abortar es un delito que se castiga con prisión en su país y porque ella y su familia son cristianos. Pensar en el rechazo de su madre y su hermano la frenó. 

Sin más opción que parir, mejor se fue. 

A sus 30 años, sola, dejó El Salvador en junio de 2023 con la intención de cruzar México para llegar a Estados Unidos. Ella había escuchado de otras personas que en territorio mexicano había secuestros, desaparecían gente y que las mujeres sufrían abuso sexual, pero pensó que ella ya no tenía nada que perder.

—Tenía miedo a la delincuencia… que me desaparecieran, un asesinato… porque ya como que a un abuso o algo así… no. Sí sabía que tal vez podría pasar, pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo. 

Aunque Devora llegó al albergue El Buen Pastor en Tapachula, logró avanzar y llegar hasta Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país. El 5 de agosto de 2023 cruzó a Estados Unidos donde alcanzó a su madre y su hermano, quienes la acompañaron en su parto. 

EQUIPO

Project Manager
Patricia Mercado Sánchez

Edición:
Nadia Sanders

Investigación:

Gabriela Martínez

Fotos y Videos:
Alicia Fernández

Diseño Digital:
Jhasua Razo

Administración:
Sofía Montellano

Si quieres leer el reportaje completo dale click aquí: Mujeres migrantes, cuerpos sin derechos

Mujeres migrantes: cuerpos sin derechos
Las mujeres migrantes enfrentan una travesía mortal en México en su intento por llegar a Estados Unidos ante la amenaza de sufrir abusos sexuales, embarazos forzados, muerte fetal y un alto riesgo de morir si están embarazadas. Testimonios recabados en campo dejan evidencia que, migrar para ellas, es casi una sentencia
En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras que se encuentran gestando en México tienen casi 20 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y enfrentan un alto riesgo de sufrir muerte materna
Para esta investigación se entrevistaron mujeres migrantes en distintos puntos de la ruta migratoria que atraviesa México de sur a norte. Desde el río Suchiate y Tapachula, en Chiapas, pasando por Las Choapas y Coatzacoalcos, en Veracruz, hasta los dos extremos de la frontera norte, en Tijuana y Reynosa, donde hablan de cómo enfrentan la carencia de métodos anticonceptivos, abortivos y de servicios de salud

 

Gabriela Martínez

“Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women ‘s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas”.

 

 

Gelsy, una hondureña de 19 años, duerme sobre un colchón compartido en un refugio en Tapachula, Chiapas, bajo un techo laminado del que escapan chorros de agua. Es madre pero ya no quiere parir. Su país le impidió operarse por tener menos de 21 años. Por eso, antes de iniciar su camino a Estados Unidos quiere comprar una pastilla de emergencia para abortar si es agredida sexualmente, porque migrar y sufrir abuso, dice, es casi una certeza en México.

«Hay muchas cosas que se escuchan», las chavas que por el camino dicen que es bien arriesgado, la mayoría de mujeres que les ha pasado una violación cuentan la experiencia. 

Dentro del refugio el Buen Pastor, en Tapachula, donde vive Gelsy, las mujeres ven pasar el tiempo recostadas en el suelo frente a un ventilador inútil. Se abanican con periódicos que sólo arrojan aire caliente, se colocan trapos mojados en el cuello y, mientras lo hacen, se organizan para buscar anticonceptivos o pastillas de emergencia antes de seguir el camino.

Los condones que les dan las organizaciones y voluntarios, dicen las migrantes, no les sirven en caso de sufrir una violación o si su pareja se niega a usarlos. 

En ese mismo refugio, otra migrante que prefirió no dar su nombre, recuerda que en Guatemala, antes de cruzar el río Suchiate, que marca la frontera con México, le ofrecieron prostituirse para pagar un cuarto de hotel. Había ahorrado para dejar Honduras, pero el dinero se le terminó cuando le pagó al pollero y la abandonó.

«Nos dijeron que esa es la única forma que pueden llegar hacia allá, prostituyéndose… porque se necesita dinero», dice convencida.

Para las mujeres migrantes sin una estancia regulada en México, tener acceso a anticonceptivos es indispensable en su equipaje porque saben que es muy probable que sufrirán abuso sexual o usarán su cuerpo como intercambio con un hombre por una sensación de seguridad. 

Pero el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva son un derecho que no está garantizado para las miles de mujeres que atraviesan el país en condiciones de vulnerabilidad por su estatus migratorio, según los testimonios de migrantes y organizaciones que se encuentran a lo largo de la ruta desde la frontera sur hasta el norte del país.

En su informe 2021 el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) revela que siete de cada 10 mujeres que atendieron experimentaron violencia física en su tránsito por México; 83 por ciento violencia psicológica, 60 por ciento violencia patrimonial, 42.5 por ciento violencia económica y 18 por ciento violencia sexual.

Embarazos en riesgo

No sólo están en riesgo las mujeres que quieren prevenir embarazos, también está bajo amenaza la vida de las que ya están gestando y atraviesan el país en condiciones de climas extremos, con deshidratación y sin comida.

Uno de los epicentros de la ruta migratoria es la estación del tren en Coatzacoalcos, Veracruz, donde cientos de migrantes esperan a que pare el ferrocarril para subir e ir rumbo al norte. Allí, entre la basura, las ratas devoran sobras de comida arrojadas a unos pasos de donde cientos de personas duermen encima de cajas de cartón echadas al suelo, a casi 40 grados de temperatura.

Entre ellos está Jaime, una hondureña con cinco meses de embarazo que, una vez que dejó su país, no ha visitado a ningún doctor.

Paró en la estación del tren donde conoció a otros migrantes. Casi nadie sabe que está embarazada porque su cuerpo es tan delgado que apenas permite asomarse un pequeño bulto de su vientre. Dice que come una vez al día, no toma vitaminas y su cuerpo ha estado expuesto a desgaste físico. Piensa que ella y su hijo van a sobrevivir por obra de Dios.  

«Le pido a Dios que todo esté bien», dice mientras se encomienda a su fe, para luego explicar que su bebé no se ha movido, ni sabe si es una niña o un niño, ni tampoco por qué su panza es tan pequeña, jamás se ha hecho un ultrasonido y, desde que pisó México, no ha tenido un chequeo médico.

Las probabilidades de que su bebé no llegue a nacer son mucho más altas para ella que para una mujer nacida en México.

En comparación con las mujeres mexicanas asentadas en el país, las mujeres extranjeras gestando en México tienen 17.1 veces más probabilidades de no lograr un embarazo, según cálculos propios con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Se llegó a esta cifra al comparar la proporción de muertes fetales en madres mexicanas, que fue de 1.98 por ciento en 2022, con la de muertes fetales en mujeres extranjeras, que alcanzó un 34 por ciento ese mismo año.

De 32-12

A través del Sistema Nacional de Transparencia, se solicitó información a las instituciones de salud de los 32 estados del país sobre muertes maternas, muertes perinatales, cuidados prenatales y partos de mujeres extranjeras registrados de 2020 a julio de 2023, pero sólo 12 respondieron con datos.

De estos, siete estados reportaron muertes perinatales (cuando ocurre después de las 22 semanas de gestación hasta los siete días de nacido): Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Tlaxcala, Nayarit, Veracruz y San Luis Potosí. En este último estado se registró una muerte perinatal, así como 13 abortos a mujeres extranjeras.

La información indica que de las 51 muertes perinatales en mujeres extranjeras registradas de 2020 a julio de 2023, la mitad ocurrieron en Coahuila y Chihuahua. Además, se observa una tendencia al alza, ya que durante los primeros siete meses  de 2023 se registraron nueve muertes fetales, muy cerca de las 10 registradas en todo 2022.

En relación con muertes maternas, Baja California registró la mitad de los casos del país reportados vía transparencia, con cinco fallecimientos entre 2020 y 2023.

La presencia de mujeres migrantes en México también se multiplicó en los últimos años. Un indicador es la entrega de tarjetas por razones humanitarias que otorga el gobierno de México, que creció cuatro veces desde 2020, cuando fueron entregadas 10 mil 763 documentos y aumentó a 53 mil 277 en 2022.

Tan sólo de enero a julio de 2023 se ofrecieron 31 mil 465 consultas de embarazo gestacional a personas extranjeras en el país -sin importar su estatus migratorio-, de las cuales el 76 por ciento se concentró en sólo 10 estados.

México, un muro para la salud de las mujeres migrantes

Valeria Scalisse, responsable del área de Acompañamiento Psicosocial de la organización civil Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), advierte que la falta de derechos reproductivos tiene que ver con la falta de voluntad del gobierno, pero principalmente con las políticas migratorias que ahora son más restrictivas y obligan a las mujeres a usar rutas con más riesgos y menos servicios. 

“Influye directa o indirectamente en que las mujeres puedan acceder al servicio (de salud), recuerdo que mujeres venezolanas comentaban que preferían pasar dos veces el Darién (la jungla en la frontera entre Colombia y Panamá) que pasar por las rutas mexicanas; me pareció fuertísimo escuchar eso”, expresa.

Desde el campo de las colectivas que acompañan a mujeres que desean abortar en territorios donde no está permitido o no tienen acceso, Crystal P. Lira, cofundadora del colectivo pro aborto Las Bloodys, en Tijuana, explica que cuando se trata de residentes de la región, en promedio realizan de 150 a 300 acompañamientos al mes, pero en el caso de migrantes sólo llegan a ser entre uno y cinco.

Las mujeres migrantes tienen mayor grado de vulnerabilidad y menor acceso a medios para prevenir o evitar un embarazo no deseado por la centralización de los accesos y la información, por el idioma, la documentación, las diversas criminalizaciones por su condición, también la desigualdad económica y de vivienda, no es sencillo migrar”, explica la activista.

​​Araceli Pineda, subdirectora de Programas en ProSalud, organización civil que promueve la salud y trabaja con mujeres en contexto de movilidad, sostiene que las personas migrantes tienen mayor riesgo de no lograr un embarazo.

“Infecciones por hongos o bacterias que no se habían tratado por el trayecto, a veces no saben que están embarazadas y cuando tienen dolores muy fuertes, ya es por abortos espontáneos, por mala nutrición… por su falta de acceso a baños, higiene”, detalla.

La especialista advierte que el sistema de salud mexicano no garantiza el acceso a cuidados prenatales ni para la interrupción del embarazo. Las principales barreras, dice, son las creencias culturales tanto de las personas migrantes como de quienes están a cargo de las instituciones y organizaciones que las rodean, como los albergues a donde llegan, los cuales son coordinados mayormente por comunidades religiosas.

Preparadas para migrar

Devora, una migrante salvadoreña agredida sexualmente en su país, resultó embarazada e intentó interrumpir el embarazo con pastillas de emergencia pero el medicamento no sirvió. Con casi seis meses de gestación, en abril de 2023 decidió migrar sola a Estados Unidos.

Llegó a la frontera este de México y Estados Unidos, a la ciudad de Reynosa, donde cuando el sol sale enardece sobre la piel. Apenas cae la noche, los negocios bajan la cortina y las familias se esconden dentro de sus casas, como secuestrados en sus propias cuatro paredes y, desde ahí, aprenden a vivir entre el sonido de las balas que suenan casi a diario.

Devora se refugió en Casa Lulú, uno de los pocos albergues que hay en la ciudad y recibe a migrantes víctimas de tortura y abuso sexual, donde al contar su historia y pese a sus deseos de no ser madre, le aseguraron que los niños son una bendición y que los que aún no nacen no tienen la culpa de su agresión.

Resignada a un embarazo forzado, piensa que a lo único que tenía miedo era a ser asesinada o desaparecida en el camino, porque a otro abuso ya no.

«Sí sabía que tal vez podría pasar (una violación) pero es un riesgo que una toma… no sentía miedo como una mujer que pueda perder algo».

La Ley de Migración en México obliga al Estado a garantizar servicios de salud sin importar el estatus migratorio y hay acuerdos internacionales que exigen respetar el derecho reproductivo y la salud sexual de las mujeres migrantes (incluido el aborto). Pero en este país la atención médica de calidad es la excepción y no la norma.

Antes de iniciar el trayecto, muchas mujeres migrantes se inyectan anticonceptivos que duran tres meses para evitar embarazos no deseados, pero cuando llegan a ser retenidas en la frontera el efecto se termina antes de empezar el viaje. Desde los refugios y durante su tránsito buscan dónde comprar la inyección, pero el costo y la falta de acceso la hace inaccesible.

Escarleth, una joven hondureña de 22 años, no ha tenido éxito para comprar su inyección. Bajo la sospecha de un embarazo que no planeaba, busca entre las organizaciones y voluntarios que alguien la ayude con anticonceptivos para mujeres. Su pareja se niega a usar preservativo.

«La gente que ha venido, voluntarios, han dejado condones y uno los agarra… pero hay personas que los usan para jugar. ¿Yo qué hago con ellos?». 

 

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Ciudad Juárez: el negocio de la desinformación en la frontera
La desinformación sobre procesos migratorios legales no se limita a las redes sociales, sino que sigue su ciclo en las ciudades de la frontera, como Ciudad Juárez, donde una gran cantidad de personas intentan diariamente cruzar a Estados Unidos

 

Por: Angélica Villegas

Ciudad Juárez, México. La desinformación sobre procesos migratorios legales no se limita a las redes sociales, sino que sigue su ciclo en las ciudades de la frontera, como Ciudad Juárez, donde una gran cantidad de personas intentan diariamente cruzar a Estados Unidos. 

La economía alrededor de la migración se fortalece con estas prácticas en busca de un beneficio monetario, que va desde un cobro excesivo por un servicio de traslado hacia los límites fronterizos, hasta asesorías legales para trámites que no existen.

Santiago González Reyes, director de Derechos Humanos municipal, informó en entrevista que hay casos de personas originarias de Panamá, Colombia, Costa Rica, entre otras nacionalidades, a las que les cobran 100 dólares por llevarlos hasta “El Bordo”, la zona donde se encuentra la línea divisoria entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas, a la orilla del Río Bravo. 

“Como tipo Ubers, diciéndoles ‘No, es que está súper peligroso. Están los soldados y policías persiguiendo migrantes, por 100 dólares te llevo’ y eso lo conocimos de primera mano por personas que llegaron al albergue (Albergue municipal Kiki Romero)”, dijo. 

 

Alberto Cabezas, coordinador de Comunicación de la Organización Internacional para las Migraciones en México (OIM), dijo que uno de los principales engaños que han detectado es pedirle a las personas dinero para realizar citas y permisos que se realizan a través de la aplicación CBP One, a pesar de que esos trámites son gratuitos.

Consultas “legales”, sin abogados

Evelyn llegó de Guatemala con su hijo a Ciudad Juárez, México con la esperanza de cruzar a Estados Unidos. 

Muy pronto se quedó sin hospedaje y sin dinero, pero una mujer que atendía un pequeño restaurante le ofreció trabajo y un lugar dónde dormir.

Meche, la dueña del lugar, le recomendó también los servicios de un supuesto abogado para que le realizara su trámite y solicitar la visa por razones humanitarias en Estados Unidos.

Por una primera consulta informativa le cobraron 100 dólares por persona y en total requirieron dos consultas, por lo que terminó pagando 400 dólares. Mientras que, en varias ocasiones, fue contactada únicamente por correo electrónico, en donde se identificaron como abogados migratorios. 

Por el “trámite” total le solicitaron el pago de 6 mil dólares por ambos. 

El día en que supuestamente le realizaron la cita con autoridades estadounidenses, nadie se presentó. 

Evelyn optó por buscar información con una organización de la sociedad civil y puso su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Actualmente, continúa viviendo en Ciudad Juárez, pero ya está a la espera de su cita que consiguió  a través de CBP One. 

Cientos de migrantes intentan cruzar la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para pedir asilo en Estados Unidos.Foto: Francisco Servin

En El Paso la ayuda también cuesta

Nairoby Suárez, originaria de Venezuela y quien se encontraba en un campamento migrante que se improvisó afuera de la Presidencia Municipal, contó cómo muchos decidieron «cruzarse” por el muro que divide Ciudad Juárez y El Paso.

Llegaban a una iglesia cercana, en donde les vendían un supuesto permiso de tránsito para viajar por Estados Unidos por entre 50 y 100 dólares. 

El 8 de mayo pasado, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que detuvieron a 32 personas migrantes que viajaban en un camión en El Paso, con un supuesto permiso.

Sin embargo, el documento era solo una Notificación de Acción (Notice of Action, I797C), un recibo que se entrega cuando una persona realiza un trámite ante autoridades estadounidenses, pero no sustenta la estancia legal en ese país.

Las cifras de la impunidad

En los últimos 5 años se han presentado ante la Fiscalía General de Chihuahua 61 denuncias por delitos contra migrantes. 41, fueron por fraude; 19, por secuestro, y una, por tráfico de menores. 

El 2022 fue el año con mayor incidencia, con 30 delitos, y este año van 12 denuncias en ese sentido. 

Del total de denuncias, 27 se encuentran en investigación, 15 en archivo temporal, 13 fueron vinculadas a proceso,  en dos casos no hubo ejercicio por diversos motivos y dos más fueron declinadas por diversos motivos. 

Hay un solo caso con sentencia absolutoria, mientras que en uno más se consideró que no inició la investigación porque no había delito. 

Las personas víctimas de estos delitos eran originarios de Guatemala, Cuba, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. 

Tania Serrano Rodríguez, vocera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, informó que este año se han recibido tres quejas de personas migrantes, de las cuales dos se localizaron en Ciudad Juárez. 

En 2022 se registraron cuatro quejas, todas en Ciudad Juárez. Las entidades acusadas fueron la Fiscalía General, el Instituto Chihuahuense de Salud, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

Reclutadores crean cerco (des) informativo sobre visas de trabajo para EEUU
El desconocimiento de los trámites y procesos lleva a las personas a depositar su confianza y sus ahorros en presuntos asesores de recursos humanos para conseguir una visa H2

 

Abril Mulato y Daniela Mendoza

 

Ciudad de México y Monterrey. Obtener una oportunidad laboral en los Estados Unidos requiere de la intermediación de agencias reclutadoras, negocios que operan sin regulación clara en México, y que, en ocasiones, desinforman sobre los requisitos para acceder a un permiso de trabajo.

El desconocimiento de los trámites y procesos lleva a las personas a depositar su confianza y sus ahorros en presuntos asesores de recursos humanos para conseguir una visa H2.

Un empleador en Estados Unidos debe tener una «certificación laboral temporal»; con ella, deriva a las agencias privadas la búsqueda de trabajadores y todos los trámites necesarios para el procesamiento de las visas. Este monopolio deja a las personas en una situación vulnerable a la desinformación, el engaño y el fraude.

La encuesta digital realizada especialmente para esta investigación entre 210 personas migrantes evidenció que 26% de quienes contestaron recibieron desinformación, y las ofertas falsas de trabajo están en en el primer lugar de las que con mayor frecuencia reciben.

“Nosotros, en la necesidad de viajar, supuestamente una empresa haría el trámite para una visa de trabajo temporal, pero lo único que pasó fue que me robaron mi dinero”, explica uno de los encuestados.

Jocelyn Reyes, Directora de Promoción, Educación y Desarrollo de Liderazgo del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señala que en los últimos años se han creado condiciones favorables para la expansión de la industria de reclutamiento laboral; sin embargo, el sistema apenas está regulado.

Normalmente, los reclutadores omiten decir a las personas migrantes que los permisos no salen a su nombre y que para obtenerlos se debe gestionar una entrevista con el personal de Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos y validar los datos de la persona que aplica a la vacante para luego aprobar o no su visa.

El CDM ha documentado numerosos casos que se dieron a partir de publicaciones en redes sociales. En agosto de 2016, un trabajador contactó a una agencia de reclutamiento que le pidió 5 mil pesos y que fuera a Monterrey para obtener una visa de trabajo en el Consulado de Estados Unidos. Su visa y la de docenas de personas que se conectaron por el mismo anunciante fueron rechazadas. Nadie pudo volver a contactar con la agencia.

Esta información es coincidente con la señalada por el Departamento de Prevención de Fraudes del Consulado de los Estados Unidos en Monterrey, donde se procesa la mayor cantidad de visas H-2A en el mundo. Las alertas sobre fraudes en visas de trabajo se han incrementado un 12% anual en los últimos 4 años, a raíz del uso de WhatsApp para recibir y dar información.

Entre las desinformaciones más comunes destacan las falsas compañías que no tienen autorización para llevar trabajadores temporales, así como ofrecer empleos con temporalidades más altas a las permitidas por la visa H2, que es de sólo 10 meses. 

En cuanto a los cobros indebidos por trámite, identifican el llamado “pago de juego”, en el cual prometen conseguir la visa, si las personas les dan un porcentaje de su sueldo durante el tiempo que dure el trabajo, esto puede ir de los 2 a los 3 mil dólares.

Otro cobro adicional es aquel en el que prometen conseguir la visa H2, pero una vez en suelo estadounidense, en lugar de llevarles al campo de trabajo, les permitirían ir a buscar otra opción por su cuenta o a reunirse con familiares o amigos.

De acuerdo con el CDM, en las ofertas que se publican en redes se pueden encontrar señales de fraude: La primera es cuando una persona ofrece una visa de trabajo y solicita documentos de identidad personal como acta de nacimiento, pruebas de covid, cartas de recomendación, comprobante de domicilio.

Un establecimiento anuncia sus  servicios de trámites y documentación a extranjeros en Tapachula, Chiapas, México. Foto: Mónica González

La segunda, cuando pide que se hagan depósitos a su cuenta personal, pues el derecho a visa se deposita sólo en las cuentas oficiales.

Por su parte, el Departamento de Prevención de Fraudes de la Embajada de EEUU en México, destaca como alertas de desinformación cuando un reclutador cambia su historia de manera constante (sobre los trámites, documentos y el tiempo que tardará el trámite) y no conoce los detalles del lugar donde se trabajará, el nombre de la compañía o el salario que se les pagará.

Las personas que buscan una oportunidad de empleo en los Estados Unidos, tienen ya algunas herramientas cercanas y confiables.

Cuando haya duda de la veracidad de una oferta, se puede consultar la página de Seasonal Jobs del Departamento de trabajo en la que se pueden encontrar el registro de las certificaciones.

También existe el Portal migrante, una bolsa de trabajo creada por el CDM en 2021 para personas que buscan visas H2.  

La web ofrece información de ofertas o de certificaciones de Seasonal Jobs para que se puedan ver descripción, datos de contacto del reclutador, el correo y el teléfono de los empleadores, etcétera.

El portal llamado Contratados.org cuenta con una sección de reseñas en donde las propias personas trabajadoras han compartido su experiencia sobre empleadores y reclutadores. 

Adicionalmente, en la Embajada de EEUU en la Ciudad de México y en los consulados de Monterrey y Guadalajara  existen líneas de WhatsApp a la que se pueden contactar para corroborar la veracidad de una oferta.

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.

Creadores de contenido en redes sociales fomentan la desinformación entre personas migrantes
#LaTrampaDeLaDesinformación | Las personas migrantes recurren a las redes sociales para buscar información que les ayude en su camino. Sin embargo, muchas veces se encuentran con datos erróneos, amplificados por influencers

 

Por: Julie Ricard, Maria Ramirez Uribe, Anna Spinardi y Berenice Fernández

 

Antes de tomar la ardua travesía de su país de origen hacia Estados Unidos en busca de una mejor vida, los migrantes usualmente recurren al Internet, las redes sociales y las aplicaciones como WhatsApp para informarse sobre cómo pueden llegar a su destino final.

Estas personas buscan información por redes sociales porque “están enfocadas en encontrar la manera más segura, rápida o fácil de llegar a Estados Unidos”, señaló Guadalupe Correa-Cabrera, experta en migración de la Universidad de George Mason. “Están revisando constantemente” las redes sociales.

Sin embargo, las políticas de inmigración son complejas y en los últimos años han cambiado mucho. Por ende, se vuelve difícil entender el proceso legal que se debe tomar para llegar a Estados Unidos. Es aquí donde se fomenta la desinformación.

“En situaciones normales la gente no creería ciertas cosas”, dijo Fernando García, director del Border Network for Human Rights, un grupo que ayuda a migrantes en El Paso, Texas. “Pero cuando están viviendo en temor y en shock todos los días son más susceptibles a cualquier tipo de información que les de un grado de esperanza”.

No toda la información compartida en redes sociales es errónea; aun así, existen varias cuentas con cientos de miles de seguidores que difunden información falsa o con verdades parciales.

Influenciadores en redes sociales amplifican la desinformación

Correa-Cabrera explicó que las narrativas desinformantes suelen comenzar por WhatsApp y después son complementadas y amplificadas en plataformas como Instagram o TikTok.

“Estos influenciadores se ven como personas que saben sobre las leyes de inmigración, aunque no sepan”, comentó Correa-Cabrera. “A veces se presentan como abogados. Esa es la imagen que quieren representar”.

Lo cual le da más confianza a los migrantes de que la información es verídica, aún cuando no lo es.

Por ejemplo, Darío Andrés Oviedo Melendez y José Rafael Roman Argotte tienen cuentas en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok con más de 950,000 seguidores en total. Ellos publican vídeos diarios dando actualizaciones sobre las políticas migratorias de Estados Unidos. No sabemos cuáles son las intenciones de Oviedo Melendez y Roman Argotte, pero la información que proveen no siempre es la correcta.

El 9 de abril, Roman Argotte publicó un video en TikTok con casi 400,000 vistas,  informando a sus seguidores que a partir de ese día “no podrán ser expulsados venezolanos a México a través del Título 42”, citando como fuente una nota de Breitbart, un sitio web de noticias de derecha. El Título 42, una política de salud pública que expiró el 11 de mayo, permitía a los agentes fronterizos expulsar rápidamente a los migrantes sin darles la posibilidad de pedir asilo.

En ese entonces no se había hecho ningún anuncio oficial que los venezolanos estarían exentos a la política. Un día después de la publicación de Roman Argotte surgió una corrida de migrantes hacia la frontera entre México y Estados Unidos con falsas esperanzas de poder ingresar a Estados Unidos.

“En las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook está corriendo la noticia,» de que las personas podían entregarse a las autoridades estadounidenses para pedir asilo, le dijo un inmigrante venezolano a un reportero en la frontera el 10 de abril.

Ese mismo 10 de abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) denunció la información como errónea en un tuit. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también le dijo directamente a PolitiFact que esa información que Roman Argotte publicó era incorrecta.

PolitiFact intentó comunicarse con ambos creadores de contenido a través de WhatsApp, TikTok, Instagram y llamadas, pero no recibió respuesta. Sin embargo, días después de que PolitiFact llamó y mandó mensajes a Roman Argotte, él publicó tres videos en TikTok sobre la desinformación en redes sociales. En los videos, Roman Argotte menciona directamente los ejemplos que PolitiFact destacó en sus mensajes.

Hablando sobre el video del 9 de abril, Roman Argotte declaró que en un momento esa información era “veraz” y “real”, y que “muchas personas replican el mensaje de manera errónea”.

Cambios en políticas migratorias fomentan la desinformación

En redes sociales, en general, es típico ver a creadores usar los cambios en las políticas de inmigración en Estados Unidos “para presentar un sentido de urgencia”, dijo Correa-Cabrera. Surgen publicaciones que incluyen verdades parciales y que presentan el proceso de solicitud de refugio o asilo como algo sencillo y rápido.

“A partir del 11 de mayo no podrán ser deportadas personas que lleguen a la frontera de los Estados Unidos bajo el Título 42”, dijo Roman Argotte en uno de sus videos de TikTok más populares, con más de 17.6 millones de vistas.

PolitiFact calificó esta publicación como Mayormente Falsa; los migrantes no serán expulsados bajo el Título 42 porque esa política ya no aplica, pero eso no quiere decir que cualquier migrante puede entrar al país, como sugiere el video.

El 19 de junio Roman Argotte declaró por TikTok que la desinformación en este video “es por culpa de personas que no entienden el mensaje y lo replican”.

Canal de contenido de Jose Rafael Roman Argotte en TikTok

Oviedo Meléndez, uno de los creadores de contenido, le dijo a sus seguidores en marzo que Biden había “anunciado un comunicado donde los ecuatorianos pueden venir a los Estados Unidos de manera legal a través del nuevo programa de refugiados”.

El Departamento de Seguridad Nacional le aclaró a PolitiFact que esta información es falsa.

Videos en redes sociales promocionan consejos legales

Además de crear contenido en redes sociales, la cuenta de TikTok de Roman Argotte dice que el provee “consultas legales” a través de WhatsApp.

En su cuenta de Instagram, Oviedo Melendez dice que él proporciona “consejo legal” y se autodenomina como “abogado especialista” de inmigración, cobrando $20 por una consulta de 15 minutos, según una respuesta automática de su cuenta de WhatsApp.

Cuando la gente pide más información o aclaraciones en los comentarios de Instagram y TikTok, los dos creadores responden que las consultas deben hacerse por medio de WhatsApp.

Ambos tienen una compañía registrada en Florida llamada Dario Pfister, LLC, pero ninguno parece estar registrado como abogado en Estados Unidos, según una búsqueda de PolitiFact.

La desinformación en redes sociales es parte de lo que influye en la decisión que toman los migrantes sobre cómo y cuándo cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, señaló García de Border Network for Human Rights.

“Existen factores importantes que empujan y atraen a los migrantes”, a huir de sus países, explicó García. “Pero de alguna manera lo que solidifica esta decisión es la desinformación”.

 

Este reportaje se realizó con el apoyo del programa «Disarming disinformation» del International Center for Journalists (ICFJ), un esfuerzo global de tres años con financiación principal del Scripps Howard Fund.