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Maduro, el testaferro preso y la encrucijada del diálogo en Venezuela
La extradición a Estados Unidos de Álex Saab y otros altos funcionarios amenaza poner en descubierto lo peor del régimen venezolano

Por Lorena Meléndez

 

El lunes 18 de octubre de 2021, el reloj marcaba poco más de la 1:30 de la tarde en Caracas, cuando cientos de personas esperaban una videoconferencia que se llevaría a cabo en Norteamérica. En Florida, en el condado de Broward, en una celda de paredes blancas y puerta azul, un par de oficiales aguardaba la llegada del empresario colombiano Álex Saab –overol naranja, cabello largo y oscuro hasta el hombro- a su primera audiencia por Zoom en Estados Unidos.  En ese lugar compareció ante el juez John J. O’Sullivan, del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida, para enfrentar los siete cargos de lavado de dinero, y uno más de conspiración, con divisas que según las investigaciones provienen de sus negocios en Venezuela como  testaferro de Nicolás Maduro. Dos días antes lo habían extraditado las autoridades de Cabo Verde, donde estuvo detenido más de un año.

Con este, el mandatario venezolano recibió el golpe más fuerte de su gestión, que ya va rumbo a los nueve años. Cuando detuvieron a  Saab en ese archipiélago en junio de 2020, en una escala de su vuelo a Irán para pactar la compra de gasolina para Venezuela, Maduro se apresuró a decir que el hombre tenía esa nacionalidad y que iba en un viaje diplomático para intercambiar productos de primera necesidad. En Caracas comenzaron a aparecer afiches en las calles que pedían la libertad de un personaje que, hasta entonces, era un desconocido para la mayoría. Otros, lo más informados, ya sabían que era un magnate.

En efecto, se había hecho muy rico.  Las múltiples operaciones de Saab, de acuerdo con los reportajes publicados por el medio de periodismo de investigación venezolano Armando.info, abarcaban desde el petróleo hasta la canasta de productos subsidiados que llegaban a los hogares más pobres del país. Por medio de una extensa red de empresas de papel, se convirtió en el contratista favorito de Maduro, con acuerdos que le dejaron jugosos beneficios mediante sobreprecios u obras que nunca se concretaron.

El colombiano, junto a su socio y compatriota Álvaro Pulido, logró que el gobierno le permitiera adquirir dólares a precio preferencial para vender casas prefabricadas que jamás se materializaron en un suburbio de la capital y para suministrar mercancías a empresas que habían recibido divisas oficiales ofertadas en subastas.

También, estuvo al frente de las distintas compañías que proveyeron al Estado de harina de maíz, leche, enlatados y otros productos alimenticios importados de baja calidad. Los compraba a altos precios a pesar de estar destinados a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones creadas para entregar cajas de comida subsidiadas a los hogares más necesitados en medio de la emergencia humanitaria. Con una sociedad registrada en Estambul se hizo socio de Minerven, la empresa estatal a cargo de extraer oro en el estado Bolívar.

Por otra parte, Alex Saab firmó contratos con instituciones estatales para construir los “gimnasios verticales”, ofrecidos por el gobierno como alternativa al auge de la violencia. Incluso, tras las rejas, siguió mercadeando millones de barriles del hidrocarburo venezolano desde países como México, Rusia o Emiratos Árabes Unidos.

Los propios abogados de Saab, cuando ya estaba detenido en Cabo Verde, admitieron que él se había convertido en el operador que posibilitaría la compra de buques tanqueros de gasolina y aviones con herramientas y materiales para rehabilitar las refinerías que estaban fuera de servicio en Venezuela.

En este trabajo especial de nuestra periodista de investigación Lorena Meléndez para Connectas se abordan las posibles repercusiones en el gobierno de Nicolás Maduro de la extradición del empresario colombiano. 


*Vea el reportaje completo AQUÍ  


 

Connectas: Latinoamérica, el basurero de pruebas rápidas chinas de Covid-19
La plataforma periodística para las Américas Connectas publicó una serie de reportajes sobre los laboratorios chinos que distribuyeron en Latinoamérica todo tipo de insumos médicos para hacer frente a la pandemia. Uno de estos trabajos, titulado «Latinoamérica fue un basurero de pruebas rápidas chinas Covid-19», refiere que 164 laboratorios chinos vendieron y donaron pruebas rápidas de anticuerpos Covid-19 en 70 países. La empresa Wondfo fabricó pruebas que fueron rechazadas por Inglaterra, España e India, pero muchos de estos tests fueron comercializados, donados y obtuvieron registros en Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Cuba. De esta manera, y a pesar de que fueron cuestionados por ser poco confiables, en la mayoría de estos países de la región se admitieron como pruebas de diagnóstico

 

Mientras el virus se regaba galopante, una flota de 164 laboratorios privados chinos desembarcó en varios continentes con pruebas rápidas para detectar anticuerpos del Covid-19, muchas de ellas, imprecisas.

Latinoamérica no fue la excepción: 80 compañías distribuyeron tests serológicos a gobiernos, empresas y proveedores privados.

Una de las naves nodrizas de la avanzada china es Guangzhou Wondfo Biotech, que comercializa sus pruebas en 70 naciones, según reportes oficiales obtenidos para esta reportería en China.

Wondfo se fundó en 1992; su mayor accionista es el gobierno local de Guangzhou y cotiza en la bolsa en la Bolsa de Valores de Shenzhen, China.

La compañía informó, en un comunicado difundido en su sitio web, que ha recibido certificados de la Unión Europea, la FDA de EE.UU. y MDALL, de Canadá. Y es uno de los cinco laboratorios que tiene registro de la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA).

La NMPA aprobó dos kits de prueba COVID-19 de esta marca: el primero, el 22 de febrero de 2020, para analizar anticuerpos y otro, el 3 de noviembre, para detectar antígenos.

Pese a contar con esas autorizaciones, los productos de Wondfo son cuestionados por su imprecisión.

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CONNECTAS Feb 11, 2021 | Actualizado hace 9 meses
#NicaraguaNoCalla | Ortega Murillo S.A.
Tres canales de televisión y cuatro compañías de publicidad vinculadas a los hijos del presidente de Nicaragua se beneficiaron con contratos estatales entre 2018 y 2019. CONNECTAS documenta un valor agregado de estos negocios de 936.000 dólares y construye un mapa amplio de quienes figuran en ellos

 

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Una mañana soleada del cinco de febrero de 2020, un empleado de Juan Carlos Ortega Murillo, uno de los nueve hijos del mandatario de Nicaragua y quizás el más confrontativo contra los opositores en sus redes sociales, asistió a una reunión para rubricar un contrato de 128.682 dólares en la estatal Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (Enatrel), encargada del mantenimiento de las líneas por donde llega la energía a los hogares del país. 

El firmante era Danilo Rafael Lechado Cruz, amigo de Ortega Murillo desde que estudiaron Comunicación Social según algunos de sus compañeros universitarios. La firma era para publicitar medidas de ahorro energético. Asistió a la reunión en representación de Difuso Comunicaciones, sancionada en julio pasado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alegando que es usada por “el régimen de Ortega para difundir propaganda” del gobierno.

El representante de la productora Difuso es Danilo Lechado Cruz, excompañero universitario de Juan Carlos Ortega Murillo. En su perfil de facebook, luce orgulloso una foto con el Presidente. Foto\CONNECTAS

Lechado Cruz es uno de los participantes de este esquema de negocios, en el cual hay abogados, juristas, familiares de los Ortega y asesores de su círculo más cercano. Algunos de estos nombres fueron publicados por CONNECTAS en 2017, cuando se divulgó un reportaje sobre los medios de comunicación de la familia presidencial. Ahora la lista es más grande y se revela la participación de este grupo empresarial en el sector publicidad.

Entre 2018 y 2019, esta investigación realizada por CONNECTAS documentó 936.829 dólares en contratos de empresas relacionadas con hijos del Presidente otorgados por cuatro instituciones del Estado: Enatrel, el Instituto Nacional Tecnológico, el Instituto Nicaragüense de Turismo y la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales. Fundamentalmente se concentraron en dos áreas: medios de comunicación vinculados al mismo grupo por un monto de U$435.298 y el restante en empresas de publicidad.

Los negocios con el Estado, a través de familiares de funcionarios o amigos de los mismos, constituyen uno de los esquemas más tradicionales para sacar ventajas de los fondos públicos en América Latina, sin embargo tanto los representantes de estas empresas como del gobierno se mantuvieron en silencio cuando se les preguntó una explicación a las contrataciones. 

CONNECTAS escribió a representantes de las instituciones del Estado nicaragüense que participaron en estos negocios, pero no hicieron ningún comentario para este reportaje.

Durante las últimas dos semanas también se llamó al número de celular de uno de los abogados de la familia Ortega Murillo, José María Enríquez Moncada, quien figura en varias de las empresas beneficiadas como socio, directivo o representante legal, pero ignoró los mensajes de voz donde se le solicitó una entrevista.

“Todas estas compras (beneficiando a la familia presidencial) son una muestra más del colapso del sistema de contrataciones del Estado”, dijo Dayra Valle, experta en transparencia y contrataciones públicas. 

“Se suma a las irregularidades que se han venido cometiendo desde hace años”, enfatiza.

La experta en contrataciones advierte que se está usando el sistema de compras de Nicaragua “para cometer actos de corrupción” y que cada vez las instituciones públicas ocultan información sobre a quiénes contratan. “Lo que quieren es que no sepamos quiénes están detrás de esas compras”, dice Valle.

La historia de “Difuso”, un primer caso 

La compañía de publicidad Difuso fue constituida 18 meses después del retorno al poder de Ortega en 2007. Sus oficinas están ubicadas en los alrededores de la residencia de la familia presidencial en el Reparto El Carmen, custodiada por decenas de policías bajo extremas medidas de seguridad.

Según información fiscal de Nicaragua, revisada en octubre pasado, el 40 por ciento de las acciones están en manos de Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad de Ortega, quien fue miembro de la Seguridad del Estado durante el primer gobierno sandinista en los años ochenta y hoy es el funcionario más poderoso después del mandatario y la esposa de éste y vicepresidenta, Rosario Murillo.  

Otro 30 por ciento de las acciones de Difuso están a nombre de la abogada María Luisa Mejía, que ha trabajado para la vicepresidenta Murillo en la inscripción de dos propiedades en El Crucero. Según investigaciones de medios locales, ella aparece como socia fundadora de Canal 13 (dirigido por otros tres hijos de Ortega: Maurice, Camila y Luciana) y participa en otras empresas de publicidad beneficiadas con contratos del Estado.

El último 30 por ciento del paquete accionario está a nombre de Lechado Cruz, el amigo universitario del hijo del presidente, quien se convirtió con los años en un operador de estos negocios.

La revisión de la documentación oficial de la contratación de febrero de 2020, en relación a la licitación de Enatrel, permite descubrir que no cumplieron con los criterios técnicos de la licitación, entre ellos que debían tener un canal en señal abierta y cable con programación variada. Hasta 2017, tenían asignado el canal 22 que mantenía música en su parrilla. 

La negociación se cerró, pese a los argumentos que podían darse para objetarla, cuando Jacobo Castillo, representante en la licitación de Canal 8, dirigido por Ortega Murillo, no alegó nulidad en la misma.

“Está prohibido por la ley. Es un claro caso de tráfico de influencias y conflicto de interés”, explica Valle.

Valle detalla que la Ley de Contrataciones Públicas prohíbe a familiares de funcionarios públicos, como los hijos del Presidente, ser oferentes del Estado. “Y la ley de Probidad de los Servidores Públicos prohíbe el tráfico de influencias”, recalcó.

Por el secretismo oficial y la captura de las instituciones encargadas de supervisar las finanzas públicas, siempre ha sido difícil cuantificar los millones del Estado que ingresan a la red de canales de televisión que están en manos de los hijos de la pareja presidencial en Nicaragua. Reuters calculó en noviembre pasado que recibieron 29 millones de dólares en 2019.

Los contratos a Canal 8

Antes de beneficiar a Difuso con el contrato de publicidad en 2020, Enatrel había otorgado otro por publicidad a canal 8. Esta televisora fue adquirida con fondos de la cooperación de Venezuela en 2010, según confirmó el entonces gerente, Rafael Paniagua a El Nuevo Diario. Un millonario flujo de cooperación, administrado con discrecionalidad por el ejecutivo nicaragüense.

El siete de octubre de 2019, el Comité de Licitación otorgó 349.068 dólares a Canal 8 y Canal 13, del mismo círculo de negocios de los hijos del mandatario, según un acta de certificación emitida por la abogada de Enatrel, Tania Córdoba, expresada en moneda local.

Según reportes periodísticos locales, Roberta Guevara, abogada del partido de gobierno, fue socia fundadora de Canal 13, junto al ex secretario de Ortega y embajador en varios países árabes, Mohamed Lashtar, quien según cables de Wikileaks era sobrino del dictador libio Muammar Gadafi, un benefactor histórico del gobernante sandinista. 

 

Ortega Murillo S.A.

El hijo del presidente, Juan Carlos Ortega Murillo, es el director de Canal 8, en los medios se ha mencionado que era directivo de Telesur y controla a la empresa Difuso.
Foto/Cortesía CONNECTAS

En este contexto de falta de transparencia, Enatrel aumentó su presupuesto de publicidad 14 veces entre 2018 —año de las protestas de la oposición— y 2019 hasta totalizar casi medio millón de dólares. Esto tampoco fue explicado por la institución del Estado, en la consulta enviada por CONNECTAS a la vocera de la institución, Hazel Gutiérrez.

Registros públicos demuestran que las empresas relacionadas con los hijos de Ortega obtuvieron grandes y pequeños contratos como puede verse en instituciones como el Aeropuerto, Turismo, el Tecnológico Nacional. Otro de las compañías de televisión beneficiada fue el sistema informativo de Canal 2 que dirige Maurice Ortega Murillo, otro hijo del mandatario.

En el negocio de la publicidad, participan cuatro empresas relacionadas con los intereses de los hijos del mandatario. Entre 2018 y 2019, gracias a una veintena de contratos con empresas y entidades públicas, se ganaron 501.531 dólares, según documentos oficiales.

La más beneficiada ha sido In & Out Publicidad, una compañía que se dedica a colocar rótulos en las vías y carreteras que recibió U$251.208 dólares en cinco contratos entre 2018 y 2019. Solo Inatec le entregó el 60 por ciento de ese monto.

El resto de los contratos se distribuyen entre las siguientes empresas: Difuso Comunicaciones S.A, Lumicentro y Negocios Publicitarios Internacionales, compañías que están a nombres de personas identificadas en los medios nicaragüenses como miembros del círculo cercano a la familia presidencial.

Los expertos locales cuestionan que estos negocios han ocurrido por la ineficacia de la Contraloría General de la República, encargada de fiscalizar a los poderes del Estado, pero dirigida por sandinistas.

La abogada nicaragüense Martha Patricia Molina, experta en derecho administrativo, considera que la Contraloría solo informa las cantidades de contrataciones que reciben y cuántas analizan.  “Es una información de forma, no de fondo”, advierte. “A mí lo que me interesa saber es cuáles fueron los resultados de las contrataciones que analizaron”, se queja.

La pareja presidencial en Nicaragua tiene nueve hijos. Solo Zoilamérica Ortega Murillo, la hija adoptiva del mandatario que lo acusó de violación en 1999 y se encuentra exiliada en Costa Rica, no ocupa un puesto en la red de empresas beneficiadas por el Estado, en las cuales cada uno de los vástagos cumple una función.

Además de Rafael, Juan Carlos, Maurice, Luciana y Camila Ortega, los otros hijos de la familia presidencial son Laureano (asesor de inversiones), Carlos Enrique y Daniel Edmundo Ortega Murillo.

Lea más de los negocios relacionados con los hijos de Ortega acá.

CONNECTAS Feb 09, 2021 | Actualizado hace 10 meses
La receta lucrativa de la covid en Nicaragua
El Ministerio de Salud adjudicó contratos a empresas controladas por funcionarios del Seguro Social o allegados a otras esferas del gobierno para atender una emergencia que Daniel Ortega minimizó

 

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Tres meses después que Nicaragua reportó el primer caso de coronavirus, el Ministerio de Salud compró de emergencia, entre junio y septiembre de 2020, más de diez millones de dólares en medicinas y materiales de reposición. 

La diligencia en la contratación fue atípica para un gobierno que ha minimizado la peligrosidad de la pandemia, convocando a manifestaciones de empleados públicos y manteniendo fronteras y escuelas abiertas.

Como reportó luego Confidencial, la acción se debía a un requisito para acceder a un financiamiento de 185,3 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Esta entrega de la serie #NicaraguaNoCalla encontró que, mientras las altas esferas del gobierno le restan importancia al virus y algunas instituciones, como la Policía, incluso han arrestado a vendedores informales por comercializar hojas de eucalipto como tratamiento a la enfermedad, aduciendo que “la covid-19 no existía”, personas allegadas al partido de gobierno han ganado con la contratación.

Dos empresas relacionadas con funcionarios, la Distribuidora Cruz Azul y la Universal Marketing Associates (Unimark), obtuvieron contratos por casi dos millones de dólares. Los otros ocho millones fueron adjudicados a las empresas: Bühler Pharma SA, Neoethical SA, Generic Pharma GP SA, Farmacéuticas de Nicaragua SA, Yale Healthcare, Cam International Nicaragua, Textiles Saddam International SA, Seven Pharma, Más Publicidad, Inversiones Ayatal SA, Logística Ecológica SA e Importaciones Farmacéuticas SA.

La historia de Cruz Azul y Unimark permite explicar la opacidad con la que funciona el sistema de compras públicas en Nicaragua, en la que las instituciones no explican el crecimiento de empresas, en las que participan funcionarios públicos como socios y tampoco se puede recabar información actualizada sobre los cambios de accionistas en las mismas debido a las restricciones en el Registro Mercantil, o en los juzgados donde pueden realizarse cambios en el pacto constitutivo como ocurre cuando hay un aumento de capital.

 

La sede de Cruz Azul, representada por un exviceministro de salud quien ahora tiene negocios con esa institución estatal, está ubicada en carretera nueva a León en Managua. Foto\CONNECTAS

 

Según contratos con el Ministerio de Salud, el representante ante los acuerdos de Cruz Azul es un ex viceministro de esta entidad durante este gobierno, Napoleón Antonio Ortega Balladares, quien trabajó también en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

Ortega Balladares es la punta del iceberg de un entramado formado por funcionarios gubernamentales, sobre los que permanece la duda si participan en el negocio de las medicinas en su calidad personal o como representantes del INSS.

De acuerdo con información fiscal obtenida para esta investigación, la distribuidora Cruz Azul tenía hasta 2014 como accionista mayoritario (60 por ciento de las acciones) a Roberto López Gómez, actual presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Los  otros socios eran entonces Rafael Martín Rivas Ramírez (20 por ciento de las acciones), Lester Roberto Luna Raudes (19 por ciento) y Silvio Romeo Morales Parajón (uno por ciento). Rivas Ramírez es el subdirector general de Operaciones Financieras del Seguro Social, Luna Raudes es el asesor legal y Morales Parajón es el director del Hospital «La Fraternidad», una Institución Proveedora de Servicios de Salud (IPPS) en el departamento de León, al occidente de Nicaragua. 

Los datos fiscales obtenidos revelan que la representante legal de Cruz Azul hasta septiembre de 2016 era la ex ministra del Trabajo Jeannette Chávez, exdirectiva del mismo Seguro Social, donde trabajan el resto de accionistas. Sin embargo, al llamar a las oficinas de Cruz Azul, negaron que ella trabajara en el sitio e identificaron al exviceministro de Salud, Napoleón Ortega, como el representante.

Venta de medicamentos en los mercados de Managua durante los primeros meses de la pandemia. Foto\CONNECTAS

El expresidente de la Comisión de Justicia entre 2007 y 2012, el opositor José Pallais, asegura que si la participación es individual los funcionarios pueden violar la restricción que tienen de contratar con el Estado. En el caso que fuera a nombre del INSS, el cuestionamiento es otro: ¿De qué manera le resultan beneficiosas estas inversiones a esta institución, cuyas finanzas tienen un un déficit de 182,3 millones de dólares para este año y uno proyectado de 229,1 millones para 2021? 

Las dudas posibles sobre el caso de Cruz Azul no fueron aclaradas por el presidente del INSS. El asesor legal del Seguro, Luna Raudes, quien es accionista de la empresa beneficiada por el Minsa, dijo brevemente por teléfono: “¿Y por qué no llama  a la gente de Cruz Azul? los que están a cargo ahí de eso”.

Luna Raudes se negó a confirmar si se trataba de una empresa del Seguro y recomendó hablar con el presidente de la institución.

La sombra de otra ex viceministra en negocios con el Estado

Universal Marketing Association (Unimark), la otra  empresa beneficiada con los contratos estatales durante la pandemia, fue creada en 2006 como un centro de llamadas y un año después se convirtió en una distribuidora de medicinas. Su acta constitutiva muestra que su socia fundadora es Alicia Saénz Marenco, ex vicepresidenta del INSS a inicios de este gobierno, y el señor Álvaro Saénz Galo.  

Saénz Marenco ha tenido un vínculo histórico como asesora con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien durante décadas fue el enlace del FSLN para ver el tema de salud y seguridad social desde su cargo de presidente de la Comisión de Salud. 

Durante más de una década de funcionamiento, a Unimark se le ha señalado en los medios de Nicaragua por sus contrataciones millonarias tanto con el Ministerio de Salud y el INSS, las que sumaron cinco millones de dólares entre 2009 y 2017. Con el tiempo, la empresa ha afirmado que Saénz Marenco ya no es socia y únicamente la compañía está en manos del otro socio fundador, quien reside en Estados Unidos. Sostienen también que participan de licitaciones en las cuales hay competencia sin que medie ningún factor político. 

 

Unimark, un centro de llamadas fundado en 2006 por Alicia Sáenz, asesora del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, recibió contratos durante la emergencia sanitaria. Foto\CONNECTAS

CONNECTAS intentó realizar una entrevista con las autoridades de Unimark, encabezadas por su gerente Francisco Sánchez, que aceptaron recibir a un equipo periodístico. Sin embargo, ya en sus instalaciones, no aceptaron ningún cuestionamiento posterior a un temario que se les hizo llegar antes. Reiteraron su posición ante la opinión pública.

En el Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (Siscae), donde se pueden encontrar información sobre contrataciones estatales y en otros casos no, se confirma que hubo siete contrataciones a Cruz Azul y Unimark entre junio y septiembre de 2020 durante la emergencia sanitaria. 

En el caso de Cruz Azul obtuvo tres contratos —la suma de los tres es 1,2 millones de dólares— y, a diferencia de su discurso en que aseguran compiten con otros empresarios, en dos de ellos no hubo licitación. El tercer contrato es el de menor valor y fue producto de una licitación para abastecer al Minsa de forma regular.

Proveyeron desde cloroquina hasta batas quirúrgicas para el abastecimiento de las unidades de salud. Lo más llamativo de estas contrataciones es que Cruz Azul en dos de ellas compró medicamentos a Laboratorios Ramos que también es propiedad del INSS.

Unimark recibió también tres contratos que ascienden a 597.508 dólares, uno de ellos tampoco fue licitado. Existe un último contrato por 14.000 dólares fue adjudicado a la empresa Innova Industrias S.A., pero el dinero fue a parar a la misma distribuidora como importador directo del producto. En este caso también hay vacíos de información. Aunque las contrataciones fueron publicitadas en el Siscae, no fueron colgados todos los contratos como sí se hace con otras empresas.

La experta en contrataciones Dayra Valle, del colectivo Transparencia Nicaragua, advierte que la modalidad de contratación simplificada que utilizó el Minsa para adjudicar parte de estos contratos, aunque es legal en situaciones de emergencia, da lugar a “que se beneficie a cierto grupo de proveedores”. En estos casos “se hace la invitación a un solo proveedor”, pero en algunos casos, como la misma se hace a través del sitio web Nicaragua Compra, se presentan varios proveedores y la adjudicación se hace por lotes.   

Aunque Nicaragua tiene una inversión per cápita de menos de sesenta centavos de dólar mensuales para compra de medicinas, el negocio de la importación de productos farmacéuticos en general movió 258,8 millones de dólares hasta agosto 2020 y con una tendencia de crecimiento durante la pandemia. 

En julio pasado el entonces presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal patronal de Nicaragua, José Adán Aguerri,  denunció que el gobierno gravó con el Impuesto de Valor Agregado la importación de mascarillas, ventiladores y oxímetros, necesarios para atender a los pacientes. 

Para el exdiputado Armando Herrera, quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Salud entre 2012 y 2016, la forma en que procedió el Minsa para hacer las contrataciones públicas en el contexto de la pandemia “es totalmente contradictoria”. “¿Cómo es posible que a los medicamentos que usamos para atender a la covid-19 los hayan gravado con impuestos y por otro lado dejan de licitar?”, se pregunta.

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CONNECTAS Feb 08, 2021 | Actualizado hace 10 meses
Haití: el gobierno de las pandillas
Desde comienzos del 2020, las bandas armadas siembran el terror en el país caribeño. Alentadas por la impunidad y sus relaciones privilegiadas con las autoridades, las pandillas triplicaron los secuestros el año pasado, a pesar de la pandemia, en barrios populares de la capital.

Por: Jameson Francisque para Ayibopost y CONNECTAS / Foto: Dieu Nalio Chery

Ericka Vilsaint corría en medio de la noche. Estaba débil porque no había comido en más de cinco días. Sus secuestradores la acababan de liberar y no sabía dónde estaba. Solo sabía que tenía que correr, hasta el agotamiento total si era necesario. A unos cien metros de distancia, el auto de los secuestradores la seguía. No volvió la cabeza, pero las luces que brillaban tenuemente en la carretera eran suficientes para saber que estaban allí.

Fue secuestrada el 5 de septiembre de 2020 en Marlik, una localidad en lo alto de Pétion-Ville, una comuna de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Un automóvil de lujo, con vidrios polarizados, pasó a su lado y se detuvo frente a ella. Se bajaron dos hombres. El primero le apuntó con su arma y el segundo la tomó del brazo para empujarla dentro del vehículo.

Los bandidos contactaron a sus padres. “Nos pidieron 200.000 dólares por su liberación. Su padre negoció, diciendo que no podíamos recaudar esa cantidad. ¡Ni siquiera trabajamos!”, dijo la madre de la adolescente, quien se dedica a vender comida en obras de construcción. El padre es albañil, pero son pocas las oportunidades para trabajar.

Después de muchos intentos de negociación, la cantidad se redujo a una suma más asequible —la familia no quiso dar más detalles sobre el monto acordado—. Los secuestradores les explicaron a los padres de Ericka cómo entregar el dinero y recoger a la niña.

“Ella estaba en un estado terrible. Sucia, como una niña abandonada. La habían golpeado con tanta fuerza que le dislocaron el brazo. La acompañamos a la comisaría de la zona y luego al hospital. Después de esta experiencia, pensé que se estaba volviendo loca. Hablaba sola, rompía cosas en la casa. Desde entonces ya no va a la escuela, tiene miedo de salir”, relató la madre de Erika en entrevista con Ayibost.

Ericka Vilsaint fue secuestrada el 5 de septiembre del 2020. Sus padres estaban desempleados. Ella tenía 17 años. Crédito: Tomada de Facebook

Cualquier persona es una víctima potencial de secuestro en Haití. Los pandilleros escogen sus víctimas al azar, sin ningún patrón específico. Esa es la percepción que se ha ido consolidando entre los haitianos, y especialmente entre los habitantes de Puerto Príncipe, desde que este delito comenzó a aumentar en febrero del año pasado. Vendedores informales, estudiantes, comerciantes y hasta policías han sido víctimas.

La magnitud real de este flagelo es difícil de calcular en números en un país donde el acceso a la información es casi nula y las organizaciones no gubernamentales –que pululan en Haití– manejan diferentes cifras. Además, son muchas las familias que prefieren negociar directamente con los bandidos; confían más en las redes sociales que en la policía, para encontrar a sus seres queridos o recaudar el dinero del rescate.

No obstante, los reportes presentados por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) ante el Consejo de Seguridad durante el año pasado sí muestran un marcado aumento del secuestro. Según el informe de septiembre, los casos se incrementaron un 200 por ciento entre enero y mayo con respecto al periodo anterior. En total, 92 casos fueron reportados a la Policía en ese periodo, 50 de ellos en febrero.

Por su parte, la organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020; una cifra desproporcionada para un país del tamaño de Haití, comparable con estimados de secuestros en México (1.387 según la ONG Alto al Secuestro) en el mismo periodo, a pesar de tener solo una décima parte de su población.

La BINUH se basa en casos reportados ante la Policía Nacional de Haití (PNH). A lo largo de esta investigación periodística, publicada por Ayibopost y CONNECTAS, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), se hicieron varios intentos de obtener información directa de la PNH, pero no se obtuvo respuesta.

 

El aumento del secuestro evidencia el deterioro general de la seguridad en el país, que va de la mano de la creciente crisis de gobernabilidad de Jovenel Moïse. Desde enero del 2020, Jovenel Moïse gobierna solo, por decreto, pues el periodo de los parlamentarios expiró y el jefe de Estado no convocó elecciones para reemplazarlos. De esta manera, ha tomado varias decisiones controversiales; por ejemplo, la creación de una agencia nacional de inteligencia, cuyos miembros están por encima de toda la ley y solo informan al presidente, o las acciones para restarle poder al Tribunal Superior de Cuentas, que lo había acusado de actos de corrupción.

Además, varias organizaciones de derechos humanos habían denunciado años atrás la relación del gobierno de Moïse con las pandillas. Y en 2020 los indicios de esto fueron especialmente evidentes.

En abril, en medio de una rueda de prensa sobre la covid-19, el primer ministro, Joseph Jouthe, aseguró que estaba en constante comunicación con los pandilleros, que conocían su número de teléfono, al que lo habían llamado al menos una vez. Izo, un líder de una pandilla, se había quejado ante el ministro por los controles de carretera colocados por la policía fuera del barrio controlado por su banda. En vivo, el jefe de gobierno le prometió al bandido que lo llamaría durante la noche.

Sobre este hecho, el ministro Jouthe le dijo a Ayibopost que le había contestado a los pandilleros como lo habría hecho con cualquier otro ciudadano: “Las pandillas se ven a sí mismas como agentes de desarrollo porque son la ley en estos barrios. Me llamaron para pedir ayuda y aproveché para invitarlos a deponer las armas y retomar la vida normal. Lamentablemente, no aceptaron y ahora la PNH está pasando directamente al desmantelamiento. No veo por qué se enfadan por eso, me llamaron y respondo como a todos”.

Dos meses después, se creó una alianza entre nueve de las principales pandillas de la capital. La federación conocida como G9 an fanmi e an alye (familia y aliados, en creole), es dirigida por Jimmy Cherizier, alias Barbecue, un expolicía que fue retirado de esa institución en diciembre del 2018, bajo graves acusaciones de violaciones de derechos humanos.

Según la Fundación Je Klere, una organización de derechos humanos muy crítica del gobierno, el G9 se creó para asegurar la victoria del partido del Presidente de la República, el PHTK, en las próximas elecciones. Lo mismo asegura la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDHR), una de las ONGs más conocidas del país. Los territorios controlados por esta alianza son importantes en términos de electorado. Cientos de colegios electorales se encuentran allí durante las elecciones, según el informe del grupo de derechos humanos.

“Fue Jimmy Cherizier quien puso a disposición del Estado, en Delmas 6, una sala para instalar una sede de la Oficina Nacional de Identificación”, le dijo a Ayibopost Pierre Espérance, director ejecutivo de la RNDDH. “En esta zona, las cartillas electorales se fabrican bajo sus órdenes”.

 

A pesar de que Jimmy Cherizier ha negado varias veces —en declaraciones conocidas a través de redes sociales— su connivencia con el gobierno, la mayoría de las acciones del expolicía han beneficiado indirectamente a la administración de Moïse.

Según reportes de la ONU y ONGs locales, Cherizier participó en la masacre de La Saline, —barrio popular de Puerto Principe y uno de los epicentros de las protestas contra Moïse— cuando todavía era policía, en noviembre del 2018. Al menos 26 personas fueron asesinadas y 12 fueron desaparecidas. Cherizier negó su participación, pero fue expulsado de la Policía un mes después. A partir de ese primer ataque las acciones violentas se incrementaron en La Saline, hoy en día una zona controlada por el G9.

Siguiendo un patrón muy similar al de La Saline, un año después Cherizier, alias Barbecue, atacó el barrio de Bel Air, otro bastión de la oposición. Según un informe de la BINUH, el objetivo inicial era eliminar las barricadas que habían instalado en esta zona. Cherizier y sus hombres quemaron 30 viviendas y 11 vehículos.

“Lejos de ser un hecho aislado, el ataque a Bel Air muestra la evolución reciente del contexto actual en Haití, principalmente caracterizado por la inseguridad general en los barrios populares y marginales, la impunidad de los miembros de pandillas que cometen violaciones de derechos humanos, la presunta colusión entre ellos y ciertos actores políticos y económicos”, señala el informe de la BINUH de febrero del 2020.

Jimmy Cherizier, alias Barbecue, posa junto a sus antiguos compañeros de la Policía. Crédito: tomada de redes sociales.

Un aumento desmedido

En medio de esta oleada de violencia,  los casos de secuestros se volvieron a disparar a mediados del año pasado, una vez se consolidó la alianza entre las bandas armadas y retomaron sus negocios, según reportó la BINUH.

Para Djmes Olivier, quien estudia el fenómeno de las pandillas en Haití, el aumento de los casos de secuestro se debe a la facilidad con la que se recauda el dinero. “Hasta hace poco, la gente solía ser asaltada cuando regresaba del banco. Pero estos actos han bajado mucho. Los bandidos están pensando en otras estrategias, y con el secuestro se gana dinero más rápido. Hay grupos especializados en secuestros, pero hay son cada vez más pequeños grupos armados que lo hacen también, porque es lucrativo”.

Según un médico que fue secuestrado y contó su caso para esta investigación, los pandilleros tienen la instrucción de no volver a casa con las manos vacías. “Uno de los bandidos que custodiaba la casa me dijo que yo no era la persona a la que iban a secuestrar. Pero no lo habían encontrado. Cuando estaba en el camino, me llevaron en su lugar”, contó el médico que fue raptado a pocos metros del Palacio Nacional.

En principio, los rescates exigidos son exorbitantes: de 100.000 a un millón de dólares estadounidenses. Cantidades que las víctimas no tienen. Después de la negociación, la cantidad disminuye. Para pagar, las familias apelan a la generosidad lanzando campañas de gofundme, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos sanos y salvos.

La sociedad haitiana ha protestado en repetidas ocasiones en contra de su precaria situación de seguridad y el aumento de los secuestros y asesinatos. Crédito: Dieu Nalio Chery

 

Gracias a este rentable ‘negocio’, las bandas armadas han experimentado un desarrollo sin precedentes. Según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), existen más de 76 pandillas en el país. Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en el país.

 

El 16 de noviembre de 2020 se nombró un nuevo de la Policía Nacional de Haití. El nuevo director, Léon Charles, estuvo al frente de la PNH en 2004, cuando el secuestro estaba desatado, como hoy. Charles ya ha lanzado varias operaciones contra ciertos líderes de pandillas, especialmente en Gran Ravine. Sin embargo, la estrategia no parece dar resultado. El pasado 20 de enero unos escolares fueron secuestrados en la localidad de Carrefour, a unos 10 km de Puerto Príncipe y a pocos metros de las zonas de Grand Ravine y Martissant, controladas por el G9.

A pesar de la creciente represión policial, los haitianos siguen saliendo a las calles a protestar contra el secuestro y la inseguridad. También se manifiesta la oposición, que exige la salida de Moïse este 7 de febrero, cuando según ellos se cumplen 5 años de mandato. Por su parte, el presidente asegura que todavía le queda un año más y que ahora sí convocará a elecciones, pospuestas desde el 2019. En cuanto al auge de los secuestros, el mandatario anunció la creación de un grupo de trabajo liderado por el ministro Jouthe, y aseguró que trabajan para encontrar “la verdadera fuente del problema”.

Si le interesa saber más de la oleada de violencia y secuestros en Haití, ingrese acá.

* Este reportaje fue realizado por Jameson Francisque para Ayibopost  y CONNECTAS con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.

CONNECTAS Feb 04, 2021 | Actualizado hace 10 meses
La captura del poder local en Nicaragua
El 90 por ciento de las alcaldías en el país centroamericano son controladas por el partido de gobierno, que prioriza la agenda de Daniel Ortega encima de las necesidades reales

 

CONNECTAS 

 

Una semana después de que el alcalde de Masaya, uno de los epicentros de las protestas de 2018, desapareciera de actos públicos, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que había muerto. Según la ley, el reemplazo de Orlando Noguera debía ser la vicealcaldesa Janina Noguera, pero no fue así.

El sustituto fue David Chavarría, el exgerente de la misma comuna, quien asumió el mando, causando inconformidad entre concejales. “Ese hombre ni siquiera es de Masaya. Es de Nueva Segovia (al norte de Nicaragua) y lo mandó la Chayo (como se conoce a Rosario Murillo) en 2018 para asumir la gerencia de la Alcaldía”, dijo Yohana Ramírez, concejal del Partido Liberal Constitucionalista.

Con ligeros matices, en Managua pasa algo parecido. La alcaldesa formal es Reyna Rueda, sin embargo su mandato coexiste con el poder de Fidel Moreno, secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Managua y uno de los operadores políticos de mayor confianza de la pareja presidencial, quien formalmente es el secretario general en esta comuna a cargos de las tareas administrativas y de supervisar las obras desde 2009, cuando la antecesora la alcaldesa, Daisy Torres, le “delegó” las funciones.

La alcaldesa de Managua Reyna Rueda comparte sus funciones con el secretario general de la Alcaldía, Fidel Moreno, uno de los hombres de confianza de la pareja presidencial.
Foto\Cortesía

 

Este tipo de poder alterno escogido a dedo por el partido es una de las estrategias que ha adoptado el FSLN para hacerse con el control de 137 de las 153 comunas nicaraguenses. Desde elecciones denunciadas como irregulares por organismos internacionales y de observación electoral nacional, hasta recortes presupuestarios para sofocar financieramente a las alcaldías opositoras.

Esta investigación de CONNECTAS  —parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla encontró que el uso del presupuesto como un instrumento de presión es usado por Ortega contra los opositores.

La revisión de las transferencias municipales a 14 alcaldías de Nicaragua permite establecer  un patrón  en que el Ejecutivo beneficia a las sandinistas y afecta a las opositoras. Para llegar a esta conclusión, CONNECTAS revisó un grupo de siete  siete municipalidades gobernadas actualmente por la oposición pero que, durante el período anterior (2013-2017) fueron administradas por el FSLN. En este caso la autoridad de Hacienda disminuyó a la mitad las transferencias, a partir de 2018, el año en que se agudizó la crisis tras la represión como muestran las gráficas.

Otras siete alcaldías fueron analizadas porque en ellas el FSLN se ha mantenido en el poder en el mismo período y representan el 42 por ciento de la población urbana en el país centroamericano. En estas el presupuesto no cayó en 2018, a diferencia del trato dado a las que antes fueron de la oposición. En 2019 sí tuvieron un descenso presupuestal —consecuencia de la crisis económica que afectó las finanzas de todo el país—, pero fue de ente 63 y 66 por ciento, menor que el de las de oposición (entre 68 y 75 por ciento).

Además, pese a la crisis, las municipalidades sandinistas priorizaron aquellas obras muy populares como la construcción de estadios de cara a un año electoral. Esa medida se explica en que fueron de las zonas territoriales afectadas por las protestas ciudadanas, en las cuales sus alcaldes encabezaron la represión, según un informe de la OEA.

Esa decisión contrasta con las necesidades urgentes de las localidades de estos siete municipios, pero localizar a los representantes de los alcaldes, agrupados en la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), resulta infructuoso, pese a que se le envió solicitud al alcalde de Estelí y Matagalpa.

Las decisiones las han impuesto dado el control en los concejos municipales. Carlos Brenes, uno de los concejales opositores en Masaya, dice que “ellos priorizan las que sirven para hacerle propaganda al gobierno. Incluso cuando se inauguran no lo hacen en nombre de la municipalidad, sino del compañero Daniel (Ortega) y la compañera Rosario (Murillo)”, explica Brenes, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

El otro factor es que las obras se desarrollan en las más absolutas condiciones de opacidad.

El concejal opositor de Nagarote, Nicolás Narváez Noguera, denuncia que hay obras que no se ejecutan y se vuelven a incluir al año siguiente y no hay rendición de cuentas. “Por eso exigimos las actas para saber la realidad de lo que está ocurriendo, pero desde 2018 los concejales opositores no vemos un acta”, dijo.

La ciudad de Nagarote está ubicada a 37 kilómetros de Managua y también está en manos del partido de gobierno. Foto\CONNECTAS

 

Para la especialista nicaragüense en temas presupuestarios, Dayra Valle, el secretismo de estas operaciones financieras a nivel local, evita que no se pueda verificar en qué se están gastando los fondos públicos.

“El dinero perfectamente se puede desviar a cualquier destino. Porque falta la rendición de cuentas, y por ende de transparencia y de mecanismos de control”, dice Valle.

Máximo Morales, concejal del PLC en la Alcaldía de Larreynaga, explica que “en las municipalidades se cumplen orientaciones verticales. Incluso la bancada sandinista se reúne con varios días de anticipación y cuando se realiza la sesión oficial del Concejo ellos ya llegan con las decisiones tomadas”.

En León, el concejal Orlando Corea Mendoza cuestionó la remodelación de otro estadio de béisbol para el cual se destinaron 2,88 millones de dólares y en el norte del deporte rey es el fútbol.

Las inversiones suman el norte mucho dinero. Según el PAC 2020, le asignaron 602.000 dólares para sustituir la grama artificial y casi cuatro millones para mejoramiento de infraestructura. Detrás de toda esta inversión se esconde Fidel Moreno, el poderoso funcionario de la Alcaldía de Managua que ejerce el poder real en la institución.

Moreno es originario de Estelí, estuvo al frente de la directiva del equipo de esa ciudad, cuya casa es el Estadio Independencia donde se hacen las inversiones municipales. Edgard Tijerino, el más conocido cronista de Nicaragua, no cree sin embargo que la estrategia de construir estadios o remodelarlos les dé resultado al FSLN.

A 25 kilómetros al oriente de la capital nicaragüense, frente al estadio Roberto Clemente que las autoridades de Masaya dicen que se va remodelar, un grupo de jóvenes hace volar su imaginación al conversar sobre los cambios en la estructura que tiene ya cincuenta años de historia.

Uno de ellos, sin asomo de duda, dice que el nuevo coloso “será igual al de los Dodgers de los Ángeles” y hace descansar su esperanza en la promesa que hicieron los concejales cuando presentaron el proyecto en esta ciudad. Los datos desmienten a los funcionarios: mientras esta estructura se erige sobre 17.688 metros cuadrados con una capacidad de 4.000 personas, el estadounidense puede albergar a 56.000 fanáticos en 352.000 metros cuadrados.

La voz de Tijerino insiste sin distraerse con las promesas. “Pueden ponerse a inaugurar una cancha cada semana y no atraerán el voto joven”. Su sentencia luce como un tercer out en la última entrada.

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#NicaraguaNoCalla , (FAVOR EN “#NicaraguaNoCallaes un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

 

CONNECTAS Feb 02, 2021 | Actualizado hace 10 meses
La justicia al servicio del sandinismo
La mayor parte del poder judicial en Nicaragua está a las órdenes del Ejecutivo. Los magistrados hablan de manera abierta del respaldo al partido de gobierno y cómo sujetan sus decisiones a criterios políticos

CONNECTAS 

Uno de los últimos capítulos públicos de la falta de independencia de la justicia en Nicaragua tuvo como escena un encuentro legislativo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, en el cual se discutía un proyecto de ley que castiga las noticias falsas, promovido por el gobierno de Daniel Ortega y aprobado con celeridad por diputados sandinistas el año pasado.  

A la salida de la comisión a inicios de octubre de 2020, cuando se cumplía con el proceso de consulta con distintos actores, un grupo de escoltas impidió a los periodistas el acceso a la magistrada Ramos que se calló de ese modo sobre la ley Especial de Ciberdelitos.

Lo que no se supo entonces es que, tras bambalinas,  a pedido del Ejecutivo, fue el poder judicial el autor del proyecto de ley que fue presentada posteriormente por los diputados sandinistas como si fuese de ellos, una norma que entró en vigencia desde diciembre pasado y fue denunciado como una amenaza para la libertad de expresión según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

“Según nos explicaban es un trabajo que vienen haciendo desde hace un año (preparando la propuesta), y tuvieron el mandato del presidente de la República (de) conocer cómo se estaba haciendo en otros países esta ley, de modo en adecuarla al contexto nicaragüense”, explicó el diputado Mauricio Orúe, vicepresidente de la comisión de Justicia al diario local La Prensa. La diferencia entonces de otras ocasiones en la última década es que los funcionarios judiciales no asumieron en declaraciones ante los periodistas la injerencia del orteguismo en sus decisiones técnicas. 

Ramos Vanegas, de 71 años, ha sido magistrada de la Corte Suprema de Justicia desde 1988 —casi la mitad de su vida— y preside la institución desde 2010 con el apoyo de Daniel Ortega y la estructura partidaria sandinista. Ingresó a las filas de esa organización como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra Somoza. La llamaban “Natalia” en aquella época en que usaban seudónimos para protegerse a ellos y a sus familias.

Más de cuarenta años después, los jóvenes que se oponen a Ortega lo denuncian en las redes sociales desde cuentas anónimas, mientras la magistrada ocupa el nivel más alto de la jerarquía judicial, un cargo en que abiertamente asume posiciones en defensa del caudillo nicaragüense, igual que hacen otro grupo de jueces que asisten incluso a actividades políticas. Tienen además sus oficinas decoradas con emblemas del FSLN, lo que puede comprobarse en una serie de imágenes filtradas por empleados del poder judicial para este reportaje.

Su vicepresidente dentro de la CSJ es el sandinista Marvin Aguilar García, sancionado por Estados Unidos el 21 de diciembre de 2020 por reportar coordinadamente a los “objetivos de la oposición democrática” desde su cargo judicial, cruzado políticamente por su rol de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista en la Corte Suprema de Justicia, lo que le permite tener contactos directos con el presidente Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo.

Esta influencia en la estructura judicial, a manos del mismo partido, supera al 70 por ciento en todo el país, según dijo el magistrado liberal Manuel Martínez en 2014 al periódico digital Confidencial que “por muy independientes que (los jueces) quieran ser, si les hacen una llamada deben atenderla”. Eso significa que, si el más reciente dato oficial del personal judicial suma 394 jueces en todas las dependencias del país y 64 magistrados en apelaciones, hay unos 320 en ambos niveles abiertamente al lado del oficialismo, mientras los otros deben alinearse o salir del sistema para evitar represalias.

Aunque Martínez no quiso dar declaraciones cuando fue consultado para este reportaje, una entrevista en octubre de 2020 del exmagistrado de apelaciones, José Antonio Barrientos Watson, confirma que el FSLN logró el control de manera paulatina. En 2014, cuando los legisladores sandinistas lograron nombrar a adeptos a su causa a diez de 12 magistrados, que integran la Corte Suprema de Justicia, se dio una barrida (despidos masivos) en Apelaciones con lo que se reforzó el control.

“La independencia judicial no existe. En casos donde hay intereses políticos o personales de magistrados de la Corte, para fallar tenés que llamar al magistrado que atiende la zona para ver qué orienta”, explica Barrientos Watson, a quien su despido se lo argumentaron por escrito como realizado “por conveniencia de la institución”.

Yader Morazán, un extrabajador de los juzgados en Matagalpa y hoy en el exilio, relató a esta investigación, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, que el partido ejerce influencia en las instancias de ese poder del Estado a través de dos estructuras: Los Comités de Liderazgos Sandinistas (CLS)– en los que el magistrado Aguilar es secretario– y la Juventud Sandinista (JS). Ambas organizaciones tienen presencia en la institución y en los barrios.

Magistrados sandinistas atienden territorios 

Según fuentes judiciales, los magistrados de la CSJ se dividen cada año el territorio por circunscripción y lo atienden políticamente. En 2020, Ramos  vio Managua, capital de Nicaragua; Aguilar la circunscripción norte; la magistrada Juana Méndez la circunscripción occidental; el magistrado Armengol Cuadra Las Segovias; la magistrada Yadira Centeno la circunscripción oriental; la magistrada Ileana Pérez la circunscripción Sur; el magistrado Gerardo Arce la circunscripción Central y la magistrada Ellen Joy Lewis la circunscripción Caribe norte y sur. Todos son del partido de gobierno.

Funcionarios consultados revelaron además que, cuando las directrices políticas son para los jueces, se reúnen con Ramos, Méndez, Aguilar y Virgilio Gurdián, un ex ministro liberal nombrado en 2014, aunque según fuentes judiciales los sandinistas no lo toman en cuenta para estas decisiones. Todos estos funcionarios son miembros del Consejo de Administración de la CSJ.

Las otras órdenes son enviadas a través de los CLS y la JS en la institución judicial. Los trabajadores incluso de áreas administrativas son controlados por los sindicatos, encargados de la afiliación de miembros del partido dentro de la institución. También les piden el 1 por ciento del salario como “contribución partidaria”. Al principio, las mismas fuentes consultadas, dijeron que los políticos (comisarios sandinistas) de sus áreas le dijeron que todo sería voluntario, lo que no se cumplió en la práctica. 

Estas “contribuciones” han sido denunciadas como irregulares, e incluso son mayores en otras instituciones estatales,  lo que ha sido denunciado por los medios de comunicación locales. 

El relato del exmagistrado Barrientos Watson, despedido según él por razones políticas, permite redondear el retrato de un poder judicial parcializado a los intereses de Ortega e impune. Otras aristas de este mismo retrato se pueden ver a través de historias como la de Margarito García, un ex trabajador de los juzgados en el departamento de Chontales que se vio forzado a contar su historia desde la cárcel antes de ser sorpresivamente liberado por el Ministerio de Gobernación, o la de Luis Enrique Cuevas, un expreso político  que ha denunciado el exceso de la justicia en su caso, perseguido por vender la bandera de Nicaragua, considerada como subversiva por el partido de gobierno desde 2018. 

Un informe de inicios de diciembre pasado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrito a la Organización de Estados Americanos, criticó en diciembre al sistema de justicia cuando se refirió a “las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”..

La CIDH logró establecer que al menos 1.614 personas fueron encarceladas en este contexto, un proceso en el cual el poder judicial tuvo una participación clave. El organismo señaló violaciones a las garantías y al derecho a la justicia derivadas de la apertura de procesos judiciales “bajo cargos infundados mediante formatos de acusación preestablecidos, fabricación y manipulación de pruebas, afectaciones al derecho a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada”.

El 23 abril de 2018,  días después de iniciadas las protestas opositoras, en una nota del poder judicial, Ramos abiertamente salió en defensa de Ortega, adelantando la posición pública del poder que preside y atribuyó lo que ocurría a una campaña mediática. “Si acá hay un terremoto van a protestar porque el gobierno es culpable del terremoto”, dijo.

De acuerdo con la CIDH, en Nicaragua fueron asesinadas 328 personas, la mayoría víctima de la represión. El Estado asumió que se trataba de un intento de golpe, aunque las protestas fueran pacíficas y no hubiera evidencia de lo otro. Posteriormente, al retomar el gobierno el control de las calles, iniciaron los procesos judiciales.  Solo entre abril y diciembre de 2018 ingresaron a las cárceles de Nicaragua 500 presos que fueron encarcelados por motivos políticos, según organismos independientes

Los opositores procesados fueron declarados culpables por siete jueces con antecedentes sandinistas, de los cuales tres—lejos de ser apartados del sistema por las denuncias de parcialización en el caso de los opositores— fueron ascendidos en los últimos meses a magistrados de apelaciones. Se trata de Ernesto Rodríguez, Rosario Peralta y Edgar Altamirano, según información oficial. En tanto, otro de ellos, el juez Julio Arias fue nombrado como director de una oficina  que vigila las actividades de los abogados desde la CSJ.

Para Vilma Núñez de Escorcia, una de las más destacadas defensoras de derechos humanos en Nicaragua, “los jueces y magistrados son operadores políticos. Estamos viviendo una dictadura institucional”, concluye.

Pese  a las críticas al poder judicial, la presidenta de la CSJ no hizo ningún comentario, aunque CONNECTAS  le hizo llegar una solicitud de entrevista al portavoz del poder judicial, Roberto Larios, la que nunca fue respondida. Los cuestionamientos a esta institución trascienden la ley de ciberdelitos (sobre noticias falsas), después que también respaldaron a finales de 2020 la aprobación de otras leyes para controlar a “agentes extranjeros” que reciban fondos e intenten programas que el gobierno considere que atentan contra “la seguridad del Estado”e igual apoyaron la instauración de la cadena perpetua para autores de “crímenes de odio”.

La injerencia política tiene un pasado mayor. En las últimas dos décadas, varias sentencias han vinculado las decisiones judiciales a los intereses de Ortega. En 1999, cuando el caudillo sandinista, fue acusado por violación por su hijastra Zoilamérica Narváez, la jueza Juana Méndez declaró prescrita la causa. A la vuelta de veinte años, ahora es también magistrada por apoyo del FSLN, del cual es orgullosa militante.

“Si el sandinismo no existiera, yo no fuera política. Pero mientras exista el sandinismo, yo voy a ser política, porque soy sandinista en las buenas y en las malas”, clamó orgullosa la magistrada Méndez al diario oficialista Barricada.  

En 2010, un año antes de las elecciones presidenciales, los magistrados sandinistas aprobaron una sentencia con la que Ortega —en el poder desde 2007— pudo postularse a la reelección, entonces prohibida por la Constitución.

El poder judicial ha eliminado posibles competidores del FSLN en las elecciones como en 2008 cuando quitó la personería jurídica del Movimiento Renovador Sandinista, crítico del mandatario. Ese año hubo comicios municipales.

En 2016, cuando se dieron las elecciones presidenciales, la CSJ falló contra el opositor Partido Liberal Independiente, donde varios de sus miembros estaban envueltos en una controversia jurídica interna por la representación de la organización que duró  cuatro años, y se la quitaron al opositor Eduardo Montealegre, rival político de Ortega, para entregarla a otro bando al que operadores del FSLN le ofrecieron la oportunidad de dirigir el partido antes de la sentencia.

Para el gobierno de Estados Unidos, los objetivos comunes del FSLN y el poder judicial trascienden los intereses políticos. Ese gobierno sostiene que se han facilitado sentencias como mecanismo de recaudación para el partido. “Daniel Ortega y el sandinismo han recibido dinero para financiar campañas electorales del FSLN de narcotraficantes internacionales a cambio de ordenar a los jueces sandinistas la liberación de narcotraficantes”, afirmó en el mismo sentido un cable publicado por Wikileaks en 2010. La respuesta oficial fue decir que se trató de una mentira

La construcción del poder en los tribunales

La influencia sandinista se fue construyendo desde que Ortega dejó por primera vez el poder tras el fin de la revolución sandinista en 1990. 

La magistrada Méndez relató a la misma Barricada que fue el comandante Tomás Borge, uno de los fundadores del partido de gobierno, ya fallecido, quien tuvo a cargo la estrategia de orientar que los exfuncionarios y exguerrilleros estudiaran derecho. “Había una modalidad sabatina que el Comandante Borge mandó a organizar para que nosotros continuáramos a estudiar”.

Aunque con el paso del tiempo, ascendieron hasta convertirse en jueces y magistrados y hoy son uno de los músculos más visibles en el poder ejecutivo actual, la influencia del FSLN en la CSJ se fortaleció en 2000 según el exprocurador  general Alberto Novoa, quien estuvo en el cargo entre 2004 y 2007. El momento clave ocurrió con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y Ortega — en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.

La CSJ quedó compuesta por ocho magistrados liberales y ocho sandinistas. Sin embargo en 2002, cuando Alemán fue llevado a juicio por corrupción, en un proceso que investigó la misma magistrada Méndez, la balanza se inclinó al sandinista.  Se renegociaron las cuotas de poder, de acuerdo con Novoa, y los liberales entregaron todo a cambio de la libertad de su líder.

“Alemán pasó de socio mayoritario a rehén de Ortega. Una parte de funcionarios liberales, con su líder en la cárcel, se pliegan  al sandinismo en busca de protección para no perder su puesto”, explicó Novoa.

La toma total del FSLN en la CSJ se dio finalmente en 2014, gracias a la mayoría sandinista en el Parlamento que nombró a los nuevos magistrados. Fueron 11 sandinistas de un total de 16. De estos actualmente quedan 12, porque tres renunciaron al cargo y uno falleció. Los funcionarios se mantenían en sus puestos hasta inicios de 2020.

Los despidos en los tribunales de Apelaciones, decididos por los magistrados sandinistas a partir de 2014, permitieron aumentar el control, reveló el exmagistrado José Antonio Barrientos. “Después de esa barrida (despidos), quedó un dos por ciento de liberales en el poder judicial contra 98 por ciento sandinistas, pero ese dos por ciento vota como aliado para conservar su trabajo”, dijo el exfuncionario.

Acariciando el poder total, el FSLN se radicalizó en las estructuras judiciales a partir de 2018 cuando se dieron las manifestaciones opositoras que fueron reprimidas por policías y paramilitares. El objetivo era controlar el descontento. En los tribunales, tampoco se tolera el disenso con el discurso oficial como muestra la historia del ex trabajador de los juzgados de Chontales, Margarito García, quien estuvo detenido durante siete meses antes de su liberación el 18 de diciembre pasado. 

“Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”

Antes de que lo trasladaran a su casa por decisión del Ministerio de Gobernación, que le dio el beneficio de convivencia familiar,  García, quien laboró en los juzgados de Chontales, estuvo encarcelado y, desde prisión, se arriesgó a contar su historia a CONNECTAS.  

García dijo que su pecado fue negarse a afiliarse al partido y criticar en un espacio público al Ejército cuando Estados Unidos sancionó al general Julio César Avilés por negarse a desarmar a los paramilitares que ejecutaron la represión con la Policía. 

El ex funcionario tiene 47 años, de los cuales 18 trabajó para el poder judicial. Nunca tuvo un llamado de atención. Sin embargo, enfrentó un proceso por ocultación y destrucción de documentos judiciales, lo que él considera fue una trampa de sus superiores. 

“Deseo grandemente que mis hermanos que todavía están en la cárcel salgan porque (ellos) no se merecen ser reos políticos. Los que hemos salido (de la cárcel) no tenemos miedo”, dijo García posterior a su liberación.

La presión que enfrentan los trabajadores del poder judicial no se limitan a los expuestos por García. También se expresan  en “invitaciones” a actividades partidarias, capacitaciones y a algunos les piden hasta enviar fotografías para demostrar que participan en actividades del FSLN. Esas labores de monitoreo político son las menos públicas de las injerencias.

El ex magistrado Rafael Solís denunció durante su carta de renuncia al cargo en enero de 2019 que en Nicaragua se dio la instalación de una dictadura con características de “monarquía”.

“Sustituyendo ustedes (Ortega y Murillo) en sus decisiones  a todo el poder judicial en su conjunto incluyendo a nuestros propios jueces, a quienes defiendo porque no tenían más alternativa que obedecer las órdenes emanadas de El Carmen (residencia presidencial) y de la Fiscalía de lo contrario serían destituidos de sus cargos”,  dijo Solís.

Uno de los puntos que el exmagistrado Solís criticó fueron los juicios políticos. El caso del comerciante Luis Enrique Cuevas ilustra el exceso de la injerencia política en la toma de decisiones judiciales. Fue condenado a tres años y seis meses de cárcel por vender banderas de Nicaragua. Como se dijo, ese símbolo nacional empezó a ser considerado subversivo por el gobierno al ser usado por la oposición en sus manifestaciones.

La tragedia de Cuevas empezó el nueve de septiembre de 2018, cuando fue a vender banderas, cintillos y vuvuzelas a la “marcha de los globos” para aprovechar la clientela. Ese día lo capturaron y le quitaron su mercadería. Su susto fue cuando lo acusaron por portación ilegal de armas.

“Allanaron mi casa y se llevaron mi moto nueva que había adquirido seis meses antes. Nunca más la volví a ver. Se la robaron como a mi mercadería que compré con un préstamo que aún debo. Se llevaron todo el dinero de la venta de ese día. Me liberaron, pero no me regresaron nada. Cuando fui a reclamar me dijeron: andás buscando que te metamos preso otra vez”, relató Cuevas en octubre pasado. 

Cuando fue excarcelado fue posible, igual que García, el ex trabajador de los juzgados en Chontales, por órdenes del Ministerio de Gobernación, pero el 28 de febrero de 2019 en medio de las negociaciones del gobierno con la oposición. Desde entonces, él ha denunciado que es objeto de asedio.

Su historia engrosa los expedientes que han sido cuestionados por la parcialidad de los jueces al sandinismo. Recientemente EE.UU. sancionó a la fiscal General Ana Julia Guido, de tendencia sandinista, por la fabricación de expedientes contra opositores. 

El ex fiscal Arnulfo López, hoy defensor de presos considerados políticos por organizaciones de derechos humanos, considera que prácticamente el país volvió a un sistema donde se aplican circulares, orientaciones y “ahora hasta los procesados son culpables desde que los capturan”.

Entre las víctimas del poder judicial se cuentan también sandinistas. En el 2019, la CSJ destituyó a Indiana Gallardo, ex juez Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, por permitir que familiares de presos por motivos políticos estuvieran presentes durante una audiencia preliminar. Para justificar el despido, la Corte se valió de supuestas quejas de la Fiscalía en su contra.

En contraste con Gallardo, otros funcionarios tuvieron buena estrella por su alineamiento partidario. Otoniel Aráuz Torres era juez suplente en el Tribunal único local de San Ramón, Matagalpa, una comunidad rural del norte de Nicaragua. Pero eso no le impidió hacer parte de los grupos paramilitares que atacaron a la población durante las revueltas de 2018. 

El funcionario se armó con un minifusil automático y, según el testimonio de algunos testigos, disparó contra una manifestación ciudadana. El caso se conoció por denuncias ciudadanas, pero la respuesta de las autoridades fue no solo evitar investigarlo, sino que hoy es juez titular. 

Aunque el apoyo al FSLN sea un caso público en la historia de este juez, el de Araúz (apodado en los medios como el juez paramilitar) muestra hasta qué punto el partido de gobierno controla el sistema y cómo prioriza una justicia politizada y ‘de armas tomar’ contra los opositores.

#NicaraguaNoCalla es un impulso desde el periodismo para que fluya la información que permita comprender la realidad del país centroamericano. En un año electoral crucial, donde la participación de los ciudadanos nicaragüenses marcará la diferencia, ofrecemos desde CONNECTAS este espacio donde presentaremos contenidos que ayudan a comprender una realidad compleja y con matices.

Comer callado: la vida de los empleados públicos en Nicaragua
Un sector de los trabajadores del Estado nicaragüense viven en una resistencia silenciosa. Ocultan sus intereses y participan de todo lo que les propone el orteguismo, porque pensar en oponerse significaría perder su sustento

CONNECTAS

La neumóloga pediátrica María Exania Lagos Rugama empezó a sentir un difícil ambiente laboral tres meses antes de su despido. Había decidido desde marzo de 2020 usar mascarillas, cuando se reportó el primer caso de coronavirus en Nicaragua, y sus colegas le advirtieron que las autoridades orientaron que no usaran las mismas para evitar crear alarma entre los pacientes  de los hospitales públicos.

Lagos Rugama no solo se cuidó a sí misma, sino que donó tapabocas y alcohol a sus colegas en el hospital San Juan de Dios en Estelí, al norte de Nicaragua, donde era la única de su especialidad. Lo hizo primero en público, y luego decidió regalar los insumos a escondidas cuando otros especialistas llegaban de visita a su casa.

Vivió momentos tensos como un encuentro, con un conserje sandinista que intentó arrebatarle la mascarilla, o cuando sus compañeros le dijeron que podía ser objeto de despido. Finalmente la echaron el nueve de junio del 2020.

En mayo, la doctora fue una de las 700 firmantes de una carta elaborada por médicos y profesionales de la salud del sector público y privado, en la que invitaron al ejecutivo a reconocer la propagación comunitaria de la covid-19 y adoptar medidas de prevención, lo que hasta entonces no había ocurrido.

 

Humans Rigth Watch, en Estados Unidos, denunció el despido de al menos diez profesionales que expusieron el mal manejo estatal de la pandemia.  A finales de 2018, la OEA contabilizaba 300 despidos a profesionales de la salud por atender a opositores que fueron heridos en las manifestaciones iniciadas en abril de ese año.

Según estadísticas oficiales de 2020, en el país centroamericano hay 150 mil servidores públicos. Aunque en este sector Ortega tiene respaldo entre quienes se identifican como abiertamente sandinistas, es un hecho también que otro grupo no está de acuerdo con el gobierno, pero no se atreve a criticarlo, porque prefiere evitarse problemas y mantener su trabajo.

Este reportaje de CONNECTAS, parte de la serie periodística #NicaraguaNoCalla, cuenta varias historias de trabajadores del Estado que revelan como viven en un ambiente adverso, intensificado con la aprobación reciente de una norma que propone cárcel a la propagación de noticias falsas. Para Braulio Abarca, abogado del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, exiliado en Costa Rica, se busca crear miedo.

La médica María Exania Lagos Rugama nunca tuvo quejas en sus 28 años de historia laboral hasta que cuestionó el manejo gubernamental de la pandemia
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El “traidor” apesta y el maestro vigilado

“Julio” fue un fiel soldado del FSLN hasta que poco antes que lo despidieran de la Dirección General de Aduanas (DGA) en agosto de 2018. Coleccionaba camisas del partido de gobierno, participaba en actividades partidarias en los barrios, pero durante la represión de 2018 se sobresaltaba cada vez que las víctimas denunciaban al Estado, incluidos los familiares de niños asesinados.

Fue, cuando el tranquilo Julio, denunció los casos en las redes sociales y pronto debió enfrentar la ira de sus antiguos compañeros, organizados en los Comités de Liderazgos Sandinistas, que, en una reunión, le enrostraron sus publicaciones en Facebook antes de justificar el despido. Lo acusaron de “traidor”  y luego siguieron las amenazas hasta que lo mejor fue irse de Nicaragua.

Eugenio Membreño, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), asegura que Nicaragua colecciona una normativa legal de defensa de los derechos muy buena, pero en la realidad predomina la indefensión.

El comunicador Salomón Manzanares, ex catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), asistió a las protestas de los estudiantes en 2018 para reportarlas para algunos medios de comunicación. Terminó encarcelado como un epílogo de una vida laboral tormentosa.

Salomón Manzanares (derecha), quien fue apresado durante 2018 por reportar las protestas, fue testigo de la vigilancia política a opositores en la universidad de León. 
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En  2017 fue despedido de la casa de estudios, lo que estuvo antecedido de presiones, ejecutadas por las estructuras partidarias dentro de la alma mater.

“Siempre se supo que el CUUN (Centro Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua) era el brazo político del Frente Sandinista en la UNAN- León, pero lo que se ha venido viendo desde esta nueva llegada al poder es que dudan de cualquier persona pensante, hay una fiscalización constante que se ha ido intensificando”, agrega Manzanares.

 

Manzanares denuncia que hay acciones de monitoreo en las aulas universitarias, pues los dirigentes estudiantiles colocan en cada sección a uno o varios estudiantes, que ya sea por el beneficio de la beca o porque es afín al partido de gobierno o porque tienen aspiraciones políticas se encargan de fotografiar, grabar a los maestros y denunciarlos si no están alineados al Gobierno. Son los delatores.

Algunos catedráticos evitan a los dirigentes estudiantiles y no protestan, afirma Manzanares, para evitar el despido y peor aún: cerrarse las puertas de futuros trabajos.

Los “sindicatos blancos” del FSLN

La situación de indefensión de los trabajadores se debe a que los principales sindicatos son sandinistas. El jefe de los mismos es el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, cercano a la vicepresidenta, pero también hay otro grupo dirigido por el exdiputado Roberto González. Están supuestamente enfrentados, pero comparten su fidelidad a Ortega.

Uno de los pocos sindicatos independientes, que aún quedan, es la Unidad Sindical Magisterial, presidida por la profesora Lesbia Rodríguez, quien considera que “los derechos de los trabajadores han sido anulados”.

Luis Barbosa, legislador sandinista y líder sindical de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), estuvo ilocalizable para este reportaje.

Pese al miedo, los trabajadores siguen hablando. A “Carmen”, una exempleada de la Alcaldía de León, la despidieron después de un mes de subsidio médico. Fue militante sandinista. Atesora su identificación en un viejo álbum, donde a partir de ahora conserva también —con amargura— su remoción.

En la colección de sus recuerdos con el FSLN, «Carmen» ahora tiene su carta de despido.

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