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La Justicia europea dice que Venezuela puede recurrir las sanciones de la UE
La corte, con sede en Luxemburgo, anuló así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por Venezuela

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Venezuela está legitimada para impugnar un reglamento europeo que establece sanciones de la UE en su contra.

La corte, con sede en Luxemburgo, anuló así la sentencia del Tribunal General que había declarado lo contrario y le devolvió el asunto para que se pronuncie sobre el fondo del recurso de anulación de sanciones presentado por Venezuela.

El presente dilema se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero de 2018 por las autoridades de Caracas, en el que pedían la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre de 2017 por el Consejo de la UE de medidas restrictivas por la situación en el país latinoamericano.

El Consejo de la UE puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para “la represión interna”, con el fin de “ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar la estabilidad política al país”

Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que la UE considera “responsables de violaciones de los derechos humanos” y de “haber socavado la democracia y el Estado de derecho” en Venezuela.

El 20 de septiembre de 2019, el Tribunal General dictaminó que Venezuela no había demostrado que las medidas en cuestión le afectaran directamente y concluyó que carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación, de modo que lo declaró inadmisible por ese motivo.

Pero hoy el Tribunal de Justicia desestimó ese dictamen y siguió el criterio del abogado general de la UE, que se pronunció en el mismo sentido el pasado enero.

Por un lado, la corte europea señaló que Venezuela, como Estado dotado de personalidad jurídica internacional, debe ser considerada “persona jurídica”, según recoge el Tratado de la UE.

A continuación, el Tribunal de Justicia declara que el Tribunal General (primera instancia) incurrió en error de Derecho al considerar que las medidas restrictivas en cuestión no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela.

A este respecto, señala que dichas medidas fueron adoptadas contra Venezuela.

Prohibir a los operadores de la Unión llevar a cabo determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela efectuar tales operaciones con esos operadores, señala la corte.

Por otra parte, la entrada en vigor del Reglamento tuvo por efecto la aplicación inmediata y automática de una serie de prohibiciones que impedían a Venezuela procurarse numerosos bienes y servicios.

El Tribunal de Justicia deduce de ello que estas disposiciones surten efectos directamente en la situación jurídica de dicho Estado y no es necesario distinguir en función de si las operaciones comerciales de dicho Estado corresponden a actos de gestión o a actos de autoridad pública.

Asimismo, señala que es “irrelevante” a estos efectos el hecho de que las medidas restrictivas en cuestión no constituyan un impedimento absoluto para que Venezuela se procure los bienes y servicios de que se trata.

El tribunal desestima además los motivos de inadmisibilidad inicialmente invocados por el Consejo ante el Tribunal General.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, dado que los artículos del Reglamento impugnados por Venezuela no incluyen medidas de ejecución, ese país está efectivamente legitimado para impugnarlos, sin tener que demostrar que dichos artículos le afectan individualmente.

Maduro crea comisión para hacer una revolución judicial
“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó

 

Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión, presidida por el diputado Diosdado Cabello, para hacer una “revolución judicial” en un lapso de 60 días.

“Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón”, indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.

Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.

Hizo este nombramiento luego de señalar que en Venezuela “hace falta” la construcción de una “revolución profunda y acelerada del sistema de justicia nacional”.

“Hace falta en nuestro país una revolución que estremezca, que sacuda, que transforme el sistema de justicia del país”, indicó al tiempo que informó que ya Cabello tiene preparada una “documentación” para ejecutar el plan con el que busca transformar el sistema judicial.

La comisión, explicó Maduro, deberá solucionar en un plazo de 60 días el hacinamiento en los centros de detención preventiva y garantizar el paso de los de reclusos de estos centros a las cárceles.

Para ello, continuó el mandatario, tienen que presentar un plan en un “breve lapso” que permita los “cambios estructurales” a través de reformas y creación de nuevas las leyes.

Por su parte, el diputado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), indicó que la comisión se ha puesto como plazo un mes para visitar todos los centros penitenciarios del país y revisar las causas judiciales

Esto, dijo Cabello, “nos va a permitir que, 30 días después, nosotros tengamos desocupados los centros de reclusión preventiva”.

El Gobierno venezolano viene poniendo atención a los centros penitenciarios desde hace más de un mes.

El 12 de mayo publicó en la Gaceta Oficial un decreto en el que establece que las autoridades de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) debían “transferir al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad, en el plazo de treinta (30) días”.

La situación ocasionó el rechazo de la oposición pues señaló que esto implicaba el traslado de los “presos políticos” a cárceles comunes.

ONG Médicos Unidos de Venezuela denuncia anarquía en el plan de vacunación
La organización considera que “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización

 

El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV), Jorge Lorenzo, denunció este lunes que hay una “anarquía” en la programación de la vacunación contra la covid-19 en Venezuela.

“Cuando tú no planificas, no te organizas o no pides el concurso de todos aquellos que te pueden ayudar, cometes el error de la gran mala planificación y la anarquía que estamos observando”, dijo Lorenzo en una rueda de prensa junto a otros representantes de los trabajadores de la salud.

A su juicio, “el gran problema” que se observa en los centros masivos de vacunación “es claramente” una falta de organización.

El Gobierno venezolano comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra la covid-19 e instaló distintos puntos de vacunación en todo el país para arrancar la inmunización de la población.

Los centros de vacunación se encuentran con largas filas en las que las personas pueden esperar por más de diez horas, según relatan algunos de los asistentes y pudo constatar Efe.

Hasta el momento, Venezuela ha recibido 3,23 millones de vacunas, entre las rusas de Sputnik V de y las chinas VeroCell, de los laboratorios Sinopharm, contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus.

Sin embargo, a juicio de Lorenzo, no se puede hablar de que haya en marcha un plan nacional de vacunación, sino “una actividad nacional”, puesto que no ha habido un acuerdo entre todas las personas que “forman parte de lo que debería ser la acción de llevar la vacuna a todos los ciudadanos”.

“Eso significaría un acuerdo donde no haya distingo de raza, género o parcialidad política”, aseguró el médico, especializado en salud pública, que considera que no se cumplen esos requisitos.

Además reclamó que, para iniciar un plan de vacunación, es necesario “estar seguro de la provisión de vacunas”, algo que considera que no está sucediendo.

Finalmente, Lorenzo sostuvo que, por la falta de organización en los puntos de vacunación, “lo más seguro es que tengamos unos altísimos contagios”, ya que “no hay distanciamiento social” ni se usa de manera adecuada los equipos de protección.

“Esclavos del siglo XXI”

Por su parte, la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, denunció que, en este momento, son “una suerte de esclavos del siglo XXI”, puesto que sus salarios son bajos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Eso, explicó, les ha llevado a “buscar salidas en otras ocupaciones”, para sortear “el salario que el Estado fallido”, que considera que es hoy Venezuela, les “ha negado”.

Además, aseguró que ven “morir a pacientes porque no hay oxígeno” en los hospitales, lo que hace que hoy sea “una tragedia enfermarse en Venezuela”.

Frente a esa situación, Contreras reclamó que “es una emergencia” organizar un plan de vacunación con los expertos.

“Tenemos que sentarnos en una mesa, hay que buscar solución a la tragedia que embarga al pueblo venezolano”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud (Sunepsas), Zenaida Figuera, se unió a las denuncias de las condiciones laborales en el sector.

Según afirmó, el Gobierno ha aprobado un bono de transporte para ellos por 23 millones de bolívares mensuales (unos 7,3 dólares), mientras que quienes, como en su caso, viven en Guatire, una populosa ciudad dormitorio de Caracas, gastan cerca de 63 millones de bolívares (unos 20 dólares) para acudir a su puesto de trabajo.

Además, se aprobó un “bono de alimentación” también por 23 millones de bolívares mensuales, lo que, en su opinión “no significa absolutamente nada porque la canasta básica está referenciada en dólares”.

Rector del CNE Roberto Picón ve positivo envío de misión de la UE
“Es fundamental para que se haga la planificación de lo que eventualmente será el proceso de misión, que vendrá en octubre o noviembre, dependiendo de cuáles sean las características que se establezcan de mutuo acuerdo entre el CNE y la UE”, dijo

 

El rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Roberto Picón calificó este lunes como una “excelente noticia” que la Unión Europea (UE) envíe una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación.

“Es fundamental para que se haga la planificación de lo que eventualmente será el proceso de misión, que vendrá en octubre o noviembre, dependiendo de cuáles sean las características que se establezcan de mutuo acuerdo entre el CNE y la UE”, agregó Picón en entrevista para Globovisión.

El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, informó este lunes que la UE enviará a Venezuela una misión técnica para evaluar si es posible desplegar otra de observación para las próximas elecciones locales y regionales de noviembre, tras apreciar una “posible apertura política” en el país.

“En Venezuela hay una posible apertura política”, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE.

“Voy a mandar una misión técnica de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar una misión de observación a las elecciones en noviembre”, señaló.

Al respecto, el rector Picón, simpatizante de la oposición, dijo que el directorio del CNE no ha discutido formalmente la modificación al reglamento electoral para permitir la observación para los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre, pero destacó que, posiblemente, se haga luego de la visita de la misión técnica.

Añadió que, con un convenio, se establecerá el alcance que tendrá la UE en el proceso electoral y cómo serán las facilidades para movilizarse por el país, contactar a los dirigentes políticos y ciudadanos y cómo será el informe que posteriormente entregará la misión de observación.

Ratificó que también se le envió una invitación a la Organización de Naciones Unidas (ONU), así como a organismos relacionados con el ámbito electoral, grupos de países y fundaciones privadas.

“Todo eso está fluyendo en este momento”, apostilló.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió el viernes con el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en el Foro Diplomático de Antalya, en el sureste de Turquía, para tratar las relación con la UE y el diálogo político en el país suramericano.

Fuentes comunitarias adelantaron que Borrell y Arreaza iban a tratar, entre otros temas, el acompañamiento internacional al proceso electoral en Venezuela.

Esas fuentes señalaron que la UE “ha trabajado duro” para favorecer el diálogo político interno entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, y que intentó sin éxito que las elecciones a la Asamblea Nacional del pasado 6 de diciembre fueran “democráticas, libres y justas”.

El actual CNE fue elegido por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de mayoría oficialista y está compuesto por tres simpatizantes del chavismo y dos de la oposición, uno de ellos, Picón.

Fundaredes denuncia que disidentes de las FARC asesinaron a 6 indígenas
La ONG asegura que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), “desde hace tiempo”, no gozan de “ningún tipo” de protección social del Estado venezolano

 

Al menos seis indígenas fueron asesinados en una localidad del estado Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC luego de que los aborígenes tomaran un camión que trasladaba alimentos, denunció este lunes el coordinador regional de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García Escalona.

“En Fundaredes sabemos del asesinato de seis indígenas por las FARC en sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Páez y, por ello, los asesinaron”, dijo García Escalona en un mensaje en Twitter.

Apuntó, además, que el Ministerio Indígena conoce el caso.

Posteriormente, el activista y defensor de derechos humanos reveló en un video publicado en Twitter que fueron asesinados el 15 de junio.

Añadió que los indígenas de los sectores de la Macanilla y Capanaparo (Apure), “desde hace tiempo”, no gozan de “ningún tipo” de protección social del Estado venezolano.

“Hay desnutrición, hay denuncias por violaciones a jóvenes de 12 y 13 años por parte de las (disidencias de las) FARC, denuncia que se ha hecho a los organismos de seguridad del Estado”, aseguró.

García Escalona señaló que los indígenas sufren una “esclavización moderna” por parte de los grupos disidentes de las FARC conformados por quienes no se acogieron al acuerdo de paz y que “pretenden también utilizarlos en actividades inherentes al narcotráfico y toda las actividades ilegales” en Apure.

Las comunidades indígenas de Venezuela han denunciado en ocasiones anteriores que, tanto militares como grupos armados ilegales, cometen abusos contra los grupos indígenas y territorios.

El pasado 3 de junio, Fundaredes denunció la “ocupación violenta” de territorios indígenas de varios estados del país caribeño por parte de “grupos armados irregulares”.

El representante de Fundaredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado, desde hace años, cómo las poblaciones indígenas han sido despojadas de sus territorios y han caído en el “absoluto abandono” por parte del Estado venezolano.

El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica (Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana y Surinam) denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada dos días en 2020 y más de 600 desde 2014.

Por ello, exigieron a los Gobiernos de sus países y a multilaterales garantías para la vida de los miembros de sus comunidades.

Denunciaron que hasta el momento no hay un mecanismo “veraz” y “efectivo” que les permita defender sus derechos.

“No hay un sistema de información sobre lo que está pasando con los pueblos indígenas”, agregó.

Presidente Duque reitera compromiso de Colombia en la protección de migrantes
Parte del compromiso de su gobierno es la implementación del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos que pretende beneficiar a unos dos millones de ciudadanos que han llegado huyendo de la crisis económica y social en su país

 

El presidente colombiano, Iván Duque, reiteró el 20 de junio, con motivo del Día Mundial del Refugiado y del Desplazado, el compromiso de su país para acompañar, atender y proteger a los migrantes que huyen de sus propias naciones buscando una vida más digna.

Parte del compromiso de su gobierno es la implementación del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos que pretende beneficiar a unos dos millones de ciudadanos que han llegado huyendo de la crisis económica y social en su país.

“Ya tenemos más de un millón de inscritos en el sistema del Estatuto de Protección Temporal que recibirán su tarjeta para el mes de diciembre y esperamos llegar a 1,8 millones de migrantes conforme a nuestra meta para el mes de agosto de 2022”, dijo Duque durante una declaración pública.

En su intervención pública, en la que estuvo acompañado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, el presidente subrayó que el Estatuto de Protección Temporal va a estar acompañado de oportunidades y atención a la población más vulnerable.

Agenda migratoria para venezolanos

El informe sobre refugiados en el mundo divulgado por Acnur muestra que en el 2020 la cifra de personas que debieron abandonar sus lugares de origen alcanzó un récord de 82,4 millones.

En cuanto a los venezolanos en esa condición, el organismo precisó que son 4,9 millones, de los cuales 1,7 millones están en Colombia.

Para Duque, la acogida de los migrantes venezolanos representa “un gesto de paz incontrovertible” y un “compromiso irrestricto por la protección de los derechos humanos” que espera fortalezca “los lazos entre Colombia y Venezuela”.

“Colombia le muestra al mundo que no se necesita ser un país rico para tener una agenda migratoria clara, comprometida, fraterna y que de manera inequívoca proteja los derechos humanos de miles de personas que tuvieron que cruzar la frontera con frío en los huesos y con carencias, y que hoy tienen una luz de esperanza”, dijo.

Política ejemplo para el mundo

El jefe de Acnur destacó que, en un momento que no es fácil para el país, la política migratoria de Colombia ha sido un ejemplo para otras naciones, así como reconoció los esfuerzos de la instituciones colombianas para que los migrantes venezolanos puedan vivir dignamente y de manera legal.

“De mi parte y de la comunidad internacional hay un compromiso muy fuerte para apoyar esta iniciativa, para apoyar la política migratoria de Colombia que está en un marco más largo, en un marco de derechos humanos (…) en un mundo que desafortunadamente no siempre respeta los derechos humanos de los refugiados”, dijo Grandi.

Abogó además por mayores esfuerzos para promover políticas migratorias y de protección de refugiados más justas en el resto del mundo que, al lado de otras crisis como el cambio climático y la pandemia del coronavirus, vive un desafío mayor por la movilidad forzada.

Luis Florido sobre ritmo de vacunación en Venezuela: Se necesitarían 50 años para inmunizar al 70 % de la población
“Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido, se han vacunado apenas el 2 por ciento de la población. En un régimen que lo que hace es puros anuncios, este es el régimen de la mentira, de la pobreza, que ha masacrado al pueblo”, aseguró el dirigente

 

El opositor Luis Florido dijo que el gobierno miente al prometer que para octubre estará controlada la covid-19, ya que, según indicó, la vacunación contra esta enfermedad avanza a un ritmo en el que se necesitarían “50 años para inmunizar al 70 % de la población”.

“Venezuela es el país que menos vacunas ha recibido, se han vacunado apenas el 2 por ciento de la población. En un régimen que lo que hace es puros anuncios, este es el régimen de la mentira, de la pobreza, que ha masacrado al pueblo”, dijo Florido citado en una nota de prensa.

El también exdiputado citó a Our world In Data para señalar que en Venezuela solo se están aplicando entre 20.000 y 30.000 vacunas al día.

“A este ritmo de vacunación, se necesitan más de 50 años para lograr la inmunización del 70 por ciento de la población”, indicó.

Recordó también que hasta la fecha se desconoce el porcentaje del personal de salud inmunizado, y criticó que las personas llamadas a vacunarse tengan que enfrentar “largas filas y aglomeraciones que elevan los riesgos de contagio”.

Además, denunció que “no se está cumpliendo con la aplicación de la segunda dosis” de la vacuna.

Según indicó hace una semana el ministro de Salud, Carlos Alvarado, Venezuela ya tiene “vacunas suficientes para vacunar a 13 % de la meta”, unas 2,9 millones de personas.

El Gobierno espera llegar a inmunizar este año al 70 % de la población venezolana, unas 22 millones de personas.

Hasta el sábado, en Venezuela se acumulaban 259.413 contagios de la covid-19 y 2.943 muertes.

Hijo de Maduro dice que Venezuela apuesta por el capital y la empresa privada
“Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada”, expresó el diputado

 

Venezuela apostará por el capital y la empresa privada como uno de los pilares de desarrollo económico, afirmó este viernes el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, al explicar el proyecto de ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que promueve en el Parlamento.

“Claro que apostamos al capital privado pero, lo he dicho en diferentes espacios, en Venezuela no se puede construir una nueva economía sin observar el emprendimiento familiar que está naciendo y la organización que hay en los barrios, que también tiene su organización económica, y la empresa privada”, subrayó Maduro Guerra en una entrevista con Efe.

El objetivo del proyecto de ley de las ZEE, que ya pasó el primer trámite en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), es el de atraer la inversión extranjera, además de convertirse en “una alternativa estratégica de inversión”, y sortear la presión de las sanciones internacionales impuestas sobre Venezuela.

El modelo es de las ZEE de China, por eso Maduro Guerra cita a Deng Xiaoping, considerado como el arquitecto de las reformas económicas en el gigante asiático, al decir que “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que cace ratones”.

El principal impulsor de la ley junto a su padre explicó que están “discutiendo unos incentivos fiscales” para los territorios que se declaren ZEE que incluyen la “reducción de impuestos, periodos de gracia para que se desarrolle lo que se vaya a instalar ahí”, así como “facilidades de exportación e importación”.

“Hemos sido asediados, bloqueados, tenemos un problema económico, pero queremos acelerar esta recuperación y estoy seguro de que esta ley lo va a hacer”, subrayó.

Eso sí, rechazó las críticas acerca de que puede damnificar los derechos laborales o afectar al medio ambiente, puesto que no se modificarán las leyes que rigen esos dos ámbitos.

“Se ha querido levantar un ruido, lo desmiento de una vez, no estamos tocando la Ley del Trabajo ni derogando. No se va a tocar el tema laboral”, asegura.

Respuesta a la opacidad

Al ser preguntado acerca de la opacidad que critican muchos economistas en el gasto público, y las implicaciones que puede tener en el proyecto de las ZEE, Maduro Guerra aseguró que el proyecto de ley “ya esta publicado” y su “debate es público”.

Además, subrayó que han “diseñado un mecanismo de control” previo para las ZEE, pero aclaró que “la facultad de control posterior la tiene la Contraloría, la AN y el pueblo venezolano a través de las leyes”.

“Hemos diseñado que la designación de la ZEE sea facultad exclusiva del presidente decretarla, pero que vaya a revisión en la AN para su aprobación; si la AN tiene alguna duda se remite al Ejecutivo (…) el Ejecutivo debe hacer alguna corrección y se devuelve a la AN”, subraya el diputado de un Parlamento que hoy cuenta con un 92 % de los asientos ocupados por chavistas.

Por eso, añade, se generará un “blindaje jurídico de control previo y el control posterior”.

Acerca de la paradoja de introducir unas ZEE con un planteamiento capitalista dentro del modelo que defienden como socialista, Maduro Guerra aseguró que lo importante es el uso que se da a cada proyecto.

“Yo podría decirte que un iPhone es capitalista (…) por poner un ejemplo muy pedagógico, pero desde ese iPhone escribo artículos de opinión del socialismo, mando fotos a las redes y grabo vídeos desde el socialismo. Es para qué tú lo usas, para qué vas a usar el instrumento que el capitalismo ideó pero que lo puedes adaptar al socialismo”, asegura.

Frente a esa situación hizo hincapié en que el objetivo es “elevar el estado de bienestar social, socialista que ha sido golpeado”.

Errores del chavismo en el gobierno

La ley se plantea, en parte, por las sanciones internacionales a Venezuela, que el Gobierno de Maduro considera responsables de la situación que se vive en el país, pero, al ser preguntado si el chavismo gobernante ha tenido fallos en materia económica, reconoció que “los seres humanos cometen errores”.

“El Gobierno lo llevan seres humanos, los seres humanos cometemos errores, claro que hay errores”, aseguró.

Entre ellos, destacó que la empresa estatal petrolífera Pdvsa tuviera como presidente durante una década a Rafael Ramírez, un hombre que “luego salió corrupto, ladrón y traidor”.

Ramírez, antiguo hombre fuerte del chavismo, fue presidente de la compañía de 2004 a 2014 y actualmente está perseguido por la Justicia venezolana que le acusa de “peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación (para delinquir)”.

No obstante, Maduro Guerra niega que haya faltado dureza en la lucha contra la corrupción, puesto que “han salido ministros presos, han salido diputados, alcaldes, gobernadores” y reconoce que podrían “revisar” esa situación pero concluye que incluso “al mejor cazador un día se le escapa una libere”.

“Seguramente algo ha faltado”, finaliza.