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Maduro anuncia muerte de 2 personas contagiadas con la variante brasileña del COVID-19
Indicó que las autoridades están haciendo un “esfuerzo tremendo” y “serio” para “asilar” la variante de los tres estados en los que se ha detectado su presencia -Distrito Capital, Miranda y Bolívar- porque “es muy virulenta”

Dos personas contagiadas con la variante brasileña del covid-19 fallecieron en Venezuela, dos días después de que se diera a conocer la llegada de esta variante al país, informó este 5 de marzo Nicolás Maduro.

“De las cuatro personas contagiadas en Caracas, ayer murieron dos. Jóvenes, eran jóvenes, 40 y 50 años”, dijo Maduro en un acto con oficialistas en el que conmemoraba los ocho años del fallecimiento del expresidente Hugo Chávez.

Indicó que las autoridades están haciendo un “esfuerzo tremendo” y “serio” para “asilar” la variante de los tres estados en los que se ha detectado su presencia -Distrito Capital, Miranda y Bolívar- porque “es muy virulenta”.

Restringe movilizaciones públicas

En ese sentido, indicó que decidió limitar los encuentros y movilizaciones públicas mientras el país supera la situación de alarma por la llegada de la variante brasilera.

“Esta semana que viene es muy radical (la cuarentena)”, dijo en referencia al sistema que aplica para contener el virus y que consiste en una semana de confinamiento, seguido de otros siete días en los que se permiten las labores de los distintos sectores económicos.

“Volvemos al esquema extremo de bioseguridad en la cuarentena y del cuidado con las actividades públicas. Habíamos relajado un poquito (…) teníamos un cierto nivel de control que todavía se mantiene, pero tenemos una amenaza”, agregó.

Maduro también anunció que a partir del 8 de marzo las autoridades sanitarias comenzarán a aplicar las primeras de las 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm, aunque no ofreció más detalles sobre cómo será el proceso.

“Yo había calculado abril como el mes para la expansión de la vacunación, ojalá la cumplamos, porque hay problemas en la producción de vacunación en el mundo y las vacunas en el mundo están siendo acaparadas por apenas 10 países, están acaparando el 90 % de las vacunas, entonces es clave la prevención”, apuntó.

BCV anunció la incorporación de tres nuevos billetes al cono monetario
Los nuevos billetes, de 200.000, 500.000 y un millón de bolívares, comenzarán a circular “paulatinamente” desde el próximo 8 de marzo

El Banco Central de Venezuela (BCV) anunció este 5 de marzo la incorporación de tres nuevos billetes al cono monetario, equivalentes a 200.000, 500.000 y un millón de bolívares, que será el de más alta denominación, con un valor de 52 centavos de dólar, según la tasa oficial.

Los nuevos billetes comenzarán a circular “paulatinamente” desde el próximo 8 de marzo, según un breve mensaje del BCV en el que aseguran que “vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario, para cumplir con los requerimientos de la economía nacional”.

Actualmente, el billete de más alta denominación es el de 50.000 bolívares, unos dos centavos de dólar al cambio, por lo que el uso del papel moneda venezolano ha desaparecido de manera casi total en favor de las tarjetas.

Sin embargo, la economía venezolana atraviesa una dolarización transaccional de facto y, mayoritariamente, los precios aparecen denominados en la divisa estadounidense, cuando los comercios lo muestran.

Las tres nuevas especies monetarias tendrán en su anverso la imagen del Simón Bolívar, un diseño casi idéntico al que tienen los billetes que hoy están en desuso.

Los de 200.000 y 500.000 bolívares cuentan con la imagen del mausoleo del Libertador, integrado en el Panteón Nacional, mientras que el de un millón muestra en su reverso la imagen conmemorativa del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, decisiva en la Guerra de Independencia.

La última vez que se amplió el cono monetario fue en junio de 2019, cuando se incorporaron los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares, que entonces equivalían a 1,62; 3,25 y 8,14 dólares, respectivamente.

En agosto de 2018, en Venezuela comenzó a circular un nuevo cono monetario, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenara eliminarle cinco ceros a la moneda nacional, el bolívar, que entonces se llamaba bolívar fuerte y pasó a llevar el apellido de “soberano”, como una medida con la que buscaba enfrentar la hiperinflación en la que vive el país desde noviembre de 2017.

En 2008, el entonces presidente Hugo Chávez lanzó otro proceso de reconversión monetaria que le quitó tres ceros a la moneda, con lo que pasó a llamarse bolívar fuerte.

Es decir, a la moneda actual, denominada oficialmente bolívar soberano, le han sido amputados ocho ceros.

Foro Penal denuncia que hay 323 presos políticos en el país
123 de ellos son militares y 200 son civiles. Entre estos civiles se encuentra el exdiputado Gilberto Sojo

La ONG Foro Penal denunció este 4 de marzo que en Venezuela hay al menos 323 detenidos que se consideran presos políticos, cinco menos que los reportados por la propia organización en febrero pasado.

“Con cierre al 1 de marzo, en el Foro Penal registramos 323 presos políticos en Venezuela”, dijo en Twitter el director de la organización no gubernamental, Gonzalo Himiob.

En el mismo mensaje, Himiob destacó que 300 de estos detenidos son hombres y 23, mujeres.

Además, precisó que 123 de ellos son militares, mientras que 200 son civiles. Uno de estos civiles es el exdiputado Gilberto Sojo.

Sojo, quien fue elegido como legislador en los comicios parlamentarios de 2015, fue detenido por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un órgano que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al Estado venezolano disolver.

La oposición dijo el martes que Sojo -quien forma parte del Partido Voluntad Popular, que encabeza el dirigente opositor Leopoldo López- fue detenido el jueves de la semana pasada cuando se desplazaba por una zona del oeste de Caracas junto a familiares.

“Esto es una clara muestra de que en Venezuela continúa la persecución, continúa la represión, que continúan utilizando el aparato supuestamente judicial del país y los organismos de seguridad del Estado para reprimir”, dijo la opositora Adriana Pichardo.

Sojo ya estuvo detenido entre noviembre de 2014 y diciembre de 2016, por lo que fue elegido como diputado por el céntrico estado de Aragua mientras estaba en prisión y solo pudo acceder a su curul un año después.

La oposición venezolana también ha denunciado como arbitraria la detención del militar Johnny Mejías Laya, quien fue apresado el 30 de enero de 2019 sin que hasta ahora se conozcan los detalles de su caso.

Los familiares de este uniformado han denunciado que durante el tiempo que ha permanecido detenido y bajo custodia del Estado ha sido sometido a torturas físicas y psicológicas.

El opositor Julio Borges, quien fue nombrado comisionado para las relaciones exteriores por Guaidó, ha dicho, usando como ejemplo este caso, que los militares detenidos -y que son considerados presos políticos- “son torturados y sometidos a las peores condiciones de reclusión”.

Pasajeros protestaron en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía por cobro de PCR
Algunos usuarios de las redes sociales publicaron fotografías para mostrar largas filas de personas que esperaron entre dos y cuatro horas para someterse a este examen

Decenas de pasajeros que llegaron este 4 de marzo a Venezuela, a través del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, protestaron y rebasaron los controles sanitarios impuestos, en rechazo a la obligatoriedad de someterse a un test de detección de coronavirus y el pago del mismo, que asciende a 60 dólares, según lo estipulado por el Gobierno.

La muchedumbre, la mayoría portando mascarillas, rompió a empujones el cerco humano que fue diseñado en este aeropuerto, el principal del país y que sirve a Caracas, para frenar el tránsito de los pasajeros que lleguen a Venezuela desde el extranjero.

Este nuevo control sanitario, que entró en vigencia el miércoles, establece que toda persona que pise territorio venezolano debe someterse a una prueba de proteína C reactiva (PCR) en un único laboratorio, antes de pasar por los trámites de migración, retirar el equipaje o atravesar la aduana.

En el primer día bajo esta modalidad, algunos usuarios de las redes sociales publicaron fotografías para mostrar largas filas de personas que esperaron entre dos y cuatro horas para someterse a estos exámenes.

Según algunos comentarios compartidos en Twitter, hubo problemas para completar el pago de estas pruebas, pues deben ser pagadas exclusivamente con dólares en efectivo y el personal no disponía de dinero para dar cambio, un escenario que se repite en casi todos los comercios de Venezuela.

En los videos compartidos este jueves se observa a parte del personal sanitario tratando de contener a los pasajeros, pero estos lograron avanzar sin someterse a la prueba, aunque se desconoce si luego fueron devueltos por las autoridades.

El aeropuerto, también a través de Twitter, aseguró hoy que los pasajeros procedentes de vuelos internacionales “cumplen con el protocolo de bioseguridad y cerco epidemiológico establecidos”, una afirmación que fue respaldada por un video en el que muestran la aparente normalidad con que transcurre este proceso.

La aerolínea venezolana Laser informó de la activación de una página web “donde todo pasajero debe registrarse antes de iniciar su viaje de retorno” a Venezuela, si bien no aclaró si esta información será manejada por la compañía privada o por las autoridades aeronáuticas.

Laser ratificó que, antes de embarcar en los vuelos con destino a Venezuela, será obligatorio que los pasajeros presenten una prueba PCR negativa, “de acuerdo con los procedimientos ya establecidos por la autoridad aeronáutica nacional”.

Gobierno de Maduro niega que aviones militares violaran el espacio aéreo de Guyana
La Cancillería emitió un comunicado en el que expresa: “Una vez más, de manera descabellada, el Gobierno de Guyana pretende generar falsas versiones sobre las operaciones de patrullaje regular de las fronteras de Venezuela, realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, circunscritas estrictamente al territorio venezolano no controvertido”  

El gobierno de Nicolás Maduro negó este 4 de marzo que sus aviones militares violaran el espacio aéreo de Guyana, país con el que mantiene un litigio por una zona en disputa, tal y como denunció un día antes esa república.

“Una vez más, de manera descabellada, el Gobierno de Guyana pretende generar falsas versiones sobre las operaciones de patrullaje regular de las fronteras de Venezuela, realizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, circunscritas estrictamente al territorio venezolano no controvertido”, reza un comunicado distribuido por la Cancillería.

A su juicio, el Gobierno de Guyana hizo la denuncia “con el fin de aparentar un presunto ‘acto de agresión'” en su contra.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana confirmaron el miércoles la puesta en marcha de la investigación de un incidente que se habría producido la tarde del martes en Eteringbang, una zona minera cercana a la frontera con Venezuela donde se ubica un campo de aviación militar.

El informe policial guyanés apunta que dos aviones de combate venezolanos entraron en el espacio aéreo de Guyana cuando sobrevolaron la estación de Policía de Eteringbang y la base de Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) antes de volver a territorio de su país.

Frente a esa denuncia, Venezuela rechazó “enérgicamente” lo que considera “imprecisiones y falsas acusaciones” de Guyana y cree que su vecino país “procura manipular la realidad para alimentar una matriz negativa contra Venezuela en relación a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”.

La región que Venezuela denomina así abarca 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, lo que supone casi dos tercios del territorio de Guyana.

En 1966, ambas naciones firmaron el Acuerdo de Ginebra, una herramienta por la que se comprometían a buscar una solución amistosa para la disputa.

El conflicto territorial estuvo bajo la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hasta finales de enero de 2018, cuando el organismo dio por terminada su actuación en el diferendo.

Esa decisión provocó que Guyana acudiera a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que se declaró competente para resolver el diferendo-, puesto que la ONU recomendó entonces que el caso se llevara a esta instancia.

Venezuela ha defendido de forma reiterada que no reconoce la competencia de la CIJ, una posición que reiteró hace dos días cuando insistió en que solo acepta una solución pactada, en el marco del Acuerdo de Ginebra, como fórmula para dirimir la disputa

Para Venezuela, “resulta desconcertante” que Guyana ponga en marcha con la denuncia de ayer lo que considera una “campaña difamatoria y de victimización ante el concierto internacional” y “emita una acusación sin fundamento, basada en videos publicados en redes sociales, sin ofrecer la ubicación precisa y georreferenciada de la zona en cuestión”.

Entre 2019 y 2020 la Contraloría inhabilitó a 150 funcionarios por contravenir las normas
El contralor general, Elvis Amoroso, informó también que 320 funcionarios fueron sancionados por no realizar su declaración jurada de patrimonio y aseguró que se trata de personas que buscan “esconder” algún hecho ilícito

Un total de 150 funcionarios fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos en Venezuela entre 2019 y 2020, luego de que “contravinieran” las normas del Estado, informó este jueves el contralor general, Elvis Amoroso.

“Durante 2019 y 2020 (…) se impuso la sanción de inhabilitación a más de 150 ciudadanos por contravenir las normas”, dijo Amoroso durante la presentación de su informe de gestión ante la Asamblea Nacional chavista.

El también exdiputado no detalló la lista de los inhabilitados, pero entre ellos destaca el exdiputado y líder opositor Juan Guaidó, quien no puede ejercer cargos públicos desde 2019, luego de que se le sancionara por proclamarse presidente interino tras cuestionar los resultados electorales que dieron la victoria a Nicolás Maduro.

Asimismo, dijo que 320 funcionarios fueron sancionados por no realizar su declaración jurada de patrimonio y aseguró que se trata de personas que buscan “esconder” algún hecho ilícito.

“En el 2020 realizamos 699 actuaciones fiscales, en diferentes instituciones del Estado venezolano. En ese sentido, realizamos 554 inspecciones directas en más de 400 instituciones del Estado venezolano y aplicamos 421 multas”, agregó.

También se refirió a la corrupción en el país y dijo que, en este mismo período, su despacho presentó 216 acciones para continuar desmontando “una serie de hechos vinculados” a exdiputados opositores y sus familiares y reiteró la acusación contra Guaidó de haber “robado recursos” del Estado venezolano.

“Lamentamos mucho los venezolanos que exfuncionarios y exdiputados venezolanos utilizaran nuestra patria, los recursos del Estado venezolano, para destruir a las instituciones legítimamente constituidas, en la cual se encuentran involucrados el exdiputado Juan Guaidó y un grupo de ciudadanos”, dijo.

Entre ese grupo de personas, el contralor destacó a Javier Troconis, designado por Guaidó para la gestión y control de activos de Venezuela en el exterior, y quien supuestamente recibió 187 millones de dólares de manos del expresidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, también acusado por corrupción.

Amoroso recordó que su despacho actuó contra estos exfuncionarios para inhabilitar sus cuentas o funciones públicas, pero señaló que la ley contra la corrupción debe ser modificada para “ser más contundentes”.

“No podemos quedarnos solamente en la sanción penal, debemos buscar la manera de que los funcionarios corruptos, así estén presos, se busque la manera de resarcir el daño patrimonial que le han hecho al país”, dijo el contralor, quien sugirió que el Estado debería tomar, en el plazo de un mes, los bienes que tenga la persona que haya cometido el ilícito.

Grupo de Contacto para Venezuela rechaza la expulsión de embajadora de la UE
El grupo considera que la medida es “contraria al diálogo y al respeto que debería prevalecer en las relaciones internacionales, y solo contribuirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela”

Los países del llamado Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea (UE), entre ellos España, rechazaron la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora de los Veintisiete en el país y consideraron que es contraria al diálogo.

“Los siguientes miembros del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia y Uruguay rechazan la decisión del régimen venezolano de declarar a la embajadora de la UE persona non grata”, indicaron en un comunicado conjunto.

Añadieron que esa declaración y la consiguiente expulsión de la diplomática del país es “contraria al diálogo y al respeto que debería prevalecer en las relaciones internacionales, y solo contribuirá a un mayor aislamiento internacional de Venezuela”.

“Pedimos que situaciones de esta naturaleza no ocurran de nuevo y que se mantenga el espíritu de diálogo y colaboración entre el régimen venezolano y la comunidad internacional”, destacaron.

El colectivo dijo que “la única salida a la crisis venezolana es mediante la reanudación de las negociaciones políticas y el restablecimiento del diálogo entre las partes y la organización de elecciones creíbles y transparentes, de acuerdo con la Constitución y las leyes de Venezuela”.

La última embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, abandonó el martes Venezuela, tres días después de que venciera el plazo que le dio el Gobierno de Nicolás Maduro para abandonar el país y la nombrara persona non grata en respuesta a las sanciones del bloque comunitario contra 19 venezolanos.

La expulsión de Brilhante Pedrosa fue ordenada por Maduro el pasado 24 de febrero.

Inicialmente, le otorgó un plazo de 72 horas para salir de Venezuela que fue prolongado hasta el martes, a petición de la diplomática por la escasez de vuelos.

En respuesta a la expulsión de su embajadora, Bruselas declaró también persona non grata a la jefa de la misión de Venezuela ante la UE, Claudia Salerno.

Sin embargo, la decisión de la UE no implica la salida obligada de la diplomática venezolana de territorio comunitario porque Salerno es también la embajadora ante Bélgica y Luxemburgo.

Cabello asegura que detuvieron a 9 personas que planeaban ponerlo preso
“Los organismos de seguridad del Estado determinaron, tras cruces de llamadas y de (que) alguien dio una información, que estas personas estaban preparando (…) la posibilidad de detenerme a mí, de hacerme preso”, dijo en su programa semanal, “Con el mazo dando”

El vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró el 3 de marzo que fueron detenidas nueve personas que planeaban arrestarlo y ponerlo “preso”, si bien no facilitó detalles acerca de quiénes son ni aclaró si formaban parte de algún cuerpo policial o militar.

“La verdad es que hay nueve personas detenidas que los organismos de seguridad del Estado determinaron, tras cruces de llamadas y de (que) alguien dio una información, que estas personas estaban preparando (…) la posibilidad de detenerme a mí, de hacerme preso”, dijo Cabello en su programa semanal, “Con el mazo dando”.

Tras hacer ese comentario, aseguró que “los agarró el cable antes” a las personas que fueron detenidas.

Cabello no facilitó ningún detalle acerca del caso ni aclaró si las personas detenidas pertenecen a la Policía o las Fuerzas Armadas para, de ese modo, tener autoridad para detenerlo.

Sus palabras fueron una apostilla a un tuit de la periodista Carla Angola que reza: “Intentaron secuestrar a Diosdado (Cabello) para entregarlo Estados Unidos y algunos expertos creen que no es tan complicado”.

El tuit está acompañado de una entrevista en video con el general venezolano retirado Antonio Rivero.

“Este experto dice que es fácil (detenerme)”, dijo Cabello antes de retarle: “Facilito para ti, tu puedes venirte para acá a intentarlo”.

El 26 de marzo del año pasado, Estados Unidos anunció cargos contra Nicolás Maduro y otras 14 figuras del chavismo, así como contra dos disidentes de la antigua guerrilla de las FARC por narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo

Para llevar a los acusados ante la Justicia, EE.UU. ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro, 10 millones por Cabello y otros 10 millones por cualquier pista que lleve a la detención de una de estas tres figuras: el vicepresidente económico, Tareck El Aissami; el exgeneral Hugo Carvajal, y el exjefe militar Cliver Alcalá Cordones, quien ya está preso en EE.UU.

El fiscal general de EE.UU., William Bar, aseguró entonces que, desde 1999, Maduro y otros altos cargos del chavismo, como Cabello, hoy diputado a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), forman parte del “Cártel de los Soles”, cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los militares venezolanos de alto rango.