EFE

Los señalados son dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes

El gobierno de México informó que tras las primeras investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se identificó a 8 presuntos responsables del incendio en la estación migratoria en el norte del país que cobró la vida de 39 migrantes.

Entre ellos dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco agentes de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes, añadió.

La funcionaria dijo que el gobierno mexicano «reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos de protección a la vida y de protección civil».

Y señaló que todos los posibles implicados en la tragedia «serán citados a rendir declaración, sean o no servidores públicos, entre ellos el director del Instituto Nacional de Migración (INM) de México, Francisco Garduño.

También dijo que el INM se encargará del retorno de los cuerpos y movilidad migrantes y familiares, además de la atención de 27 migrantes que permanecen heridos en hospitales.

Recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) estableció contacto con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador y Venezuela «para coordinar la identificación y traslado de los cuerpos a sus países de origen.

Primeras órdenes de aprehensión

Por su parte, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos de la FGR, Sara Irene Herrerías, informó en la misma conferencia que la institución solicitó las primeras cuatro órdenes de aprehensión, contra un número similar de personas, por el incendio en la estación migratoria.

Precisó que las órdenes solicitadas son contra el migrante que inició el fuego en la instalación del INM, del que no se reveló su identidad, dos son contra agentes del INM y una contra un guardia de seguridad privado.

Además, dijo que la carpeta de investigación que está integrando la FGR es por los delitos de homicidio doloso, daño en propiedad ajena, abuso de autoridad y lesiones.

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Diferencia en las cifras de fallecidos

El 29 de marzo, el gobierno del estado de Chihuahua subió a 39 la cifra de migrantes fallecidos, después de que el Ejecutivo federal rebajara la cifra a 38 en la noche del martes.

A pesar de la cifra, no se aclaró la identidad y procedencia de esta persona fallecida, o si se trataba de uno de los migrantes que se encontraban heridos.

El incendio ocurrió la noche del pasado 27 de marzo en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando, según la versión del gobierno, los migrantes prendieron fuego a los colchones en señal de protesta tras recibir la notificación de que serían deportados.

Desde entonces, el gobierno mexicano ha variado en cinco ocasiones la cifra de fallecidos: la noche de los hechos se contabilizaron 37; el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su rueda de prensa diaria del martes, la subió a 39; a lo largo del día, la Secretaría de Gobernación la incrementó a 40, para después rebajar la cifra hasta 38.

López Obrador aseguró que su gobierno «no oculta nada» sobre el incidente en la estación migratoria, en la que en ese momento se encontraban detenidos casi 70 migrantes de países como Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador.

Videos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta, y compatriotas de las víctimas han denunciado que la tragedia «se pudo evitar».

Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado

Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el uso de «fuerza excesiva» por parte de los cuerpos de seguridad de Venezuela en las protestas para exigir derechos sociales y económicos.

En el capítulo Venezuela, dentro del informe 2022-2023 de AI, se destaca que la «mayoría de la población sufría inseguridad alimentaria grave y no tenía acceso a atención médica adecuada», de acuerdo con los datos condensados para este balance, el cual está alimentado por reportes de varias ONG e instituciones internacionales.

Pese a que el número de «manifestaciones multitudinarias» para exigir derechos civiles y políticos disminuyó, prosigue el escrito, «las autoridades reaccionaron con tácticas represivas más selectivas (…) y sistemáticas, como utilizar el sistema judicial para acallar la disidencia y criminalizar a los defensores de derechos humanos».

«Los servicios de inteligencia y otras fuerzas de seguridad, con la aquiescencia del sistema judicial, continuaron deteniendo de forma arbitraria, torturando e infligiendo otros tipos de malos tratos a las personas consideradas opositoras al Gobierno de Nicolás Maduro», sostiene el informe.

AI remarcó que la «negligencia y la falta de mantenimiento continuaron reduciendo el acceso de la población al agua», lo que motivó gran parte de las protestas comunitarias que se sumaron al total de 7.032 manifestaciones de 2022, «muchas» de la cuales terminaron con «represión y detenciones arbitrarias».

Mujeres y pueblos indígenas 

Citando investigaciones de ONU y varias ONG locales, la organización reiteró que existen violaciones de derechos humanos a mujeres, debido a la persistencia de la penalización del aborto y a que no encuentran un enfoque de género dentro de las instituciones del Estado cuando acuden a presentar denuncias.

«La práctica de las detenciones arbitraria seguía siendo generalizada y, con frecuencia, se infligía tortura u otros malos tratos bajo custodia. Las autoridades también llevaban a cabo desapariciones forzadas de corta duración como parte de ese patrón de violaciones de derechos humanos», añadió el informe.

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Durante la manifestación, varios asistentes se refirieron a los hechos de corrupción descubiertos recientemente dentro del chavismo

Al menos 200 trabajadores públicos del sector salud y educación, además de personal jubilado, volvieron a protestar este miércoles en Caracas.

El motivo de la protesta fue para exigir nuevamente al Gobierno de Nicolás Maduro una respuesta sobre la solicitud de aumento del salario mínimo, que se mantiene desde hace un año en 130 bolívares, unos 5,3 dólares al mes.

Con pancartas y consignas, los manifestantes caminaron poco más de un kilómetro hasta la sede del Ministerio de Educación, donde entregaron un documento en el que reiteraron su exigencia, por la que han realizado numerosas protestas este año.

«Nosotros no vamos a dejar la calle, nosotros no nos vamos a cansar (…) Nosotros le exigimos al Gobierno que tiene que dar respuestas en materia salarial, que tiene que entender que un pensionado, un trabajador, no puede vivir con cinco dólares», dijo a EFE el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de la Salud, Pablo Zambrano.

#22Mar 9:48 am #Caracas #Protesta
"No soy Gobierno, ni oposición, somos docentes en busca de solución", es una de las consignas de los educadores en la protesta de trabajadores del sector público – @DiarioTalCualpic.twitter.com/WrPrEV1Rg8

— Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2023

Durante la manifestación, varios asistentes se refirieron a los hechos de corrupción descubiertos recientemente dentro del chavismo -por los que van 19 altos funcionarios detenidos-, por lo que consideraron injustificable que el Ejecutivo retrase la aprobación de un aumento salarial.

«No me van a decir que no hay dinero, cuando aquí vimos esta semana la situación que hubo de corrupción. Entonces, sí hay dinero, solicitamos que se le dé al pueblo», dijo el presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, Édgar Machado.

#22Mar 9:25 am #Caracas #Protesta
Inicia la protesta de educadores, trabajadores del sector salud, telecomunicaciones, jubilados y pensionados en la #PlazaCaracas – @DiarioTalCualpic.twitter.com/L6fgRomZcT

— Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2023

La docente y líder sindical Filomena Gómez tuvo una opinión similar y recordó que los trabajadores públicos son quienes sufren las consecuencias de la corrupción descubierta, que en las últimas horas se saldó con la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y la detención del diputado oficialista Hugbel Roa.

«No solamente somos los educadores, es toda la masa trabajadora de nuestro país que está sufriendo los embates de esta corrupción (…) Es una miseria lo que estamos recibiendo, nos estamos muriendo de hambre, enfermos, no tenemos medicinas», aseveró.

#22Mar #Caracas #Protesta @vanessajgarcian: Marcha de los trabajadores avanza por la Av. Baralt. pic.twitter.com/tVFAvicYmv

— Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2023

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El mandatario dejó claro que le tiene «sin cuidado» el reconocimiento internacional de las elecciones presidenciales de 2024

«La expectativa que tenemos es la de siempre. A nosotros no nos importa lo que piense el imperialismo ni las oligarquías sobre la vida política, social, institucional, cultural, económica de Venezuela. Nos tiene sin cuidado que ellos digan algo o no lo digan, que reconozcan o no reconozcan», afirmó Nicolás Maduro este sábado, 11 de marzo, durante una entrevista hecha por el ex asesor del gobierno, Alfredo Serrano Mancilla, y divulgada por Venezolana de Televisión (VTV).

«Me vale medio lo que opine el imperialismo, la derecha o Europa del proceso democrático venezolano», recalcó Maduro sobre el reconocimiento internacional de los resultados de las elecciones presidenciales previstas para 2024, de acuerdo con EFE.

El gobernante confirmó la realización de los comicios y apunto que, después de estos, el país seguirá «en paz», «en democracia» y con «protagonismo popular».

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Se refirió al respaldo que EE UU y Europa ofrecieron al líder opositor venezolano Juan Guaidó cuando, en 2019, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela y encabezó un llamado «Gobierno interino», y tildó este «plan» de «ensayo derrotado, fallido, fracasado».

Actualmente, la oposición se prepara para unas primarias internas, previstas para el 22 de octubre, en las que elegirán al candidato que competirá contra el oficialismo en los comicios presidenciales.

Esta semana se anunció que Guaidó y el exgobernador Henrique Capriles estarán entre los candidatos para los comicios internos del antichavismo.

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La organización dijo que el Estado invierte en aeronaves y luego no da explicaciones sobre las causas de los accidentes

La ONG Control Ciudadano denunció este miércoles que en 2022 se registraron cuatro siniestros de aeronaves militares, en los que fallecieron ocho funcionarios castrenses, hechos sobre los que el Estado, criticó la organización, no ha informado con claridad.

«Permanentemente solicitamos el derecho al acceso a la información sobre (…) asuntos que tienen que ver con elementos patrimoniales, como lo es la vida de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)», dijo a EFE la directora de la ONG, Rocío San Miguel.

Recordó que el Estado «invierte una gran cantidad de recursos» en aeronaves siniestradas que luego «caen en pérdida total», sin que haya explicaciones sobre las causas de estos accidentes.

San Miguel remarcó la necesidad de investigar si los pilotos de la FANB están cumpliendo con las horas de entrenamiento adecuadas para evitar la «alta incidencia y siniestralidad que ya en general (se registran) con todos los sistemas de aeronaves».

Control Ciudadano indicó, en una nota de prensa, que hace un año se precipitó a tierra un helicóptero del Ejército, en el estado Lara (oeste), lo que dejó un saldo de dos tripulantes muertos y dos heridos.

«A un año del suceso, los venezolanos aún desconocemos las causas del accidente. El Ministerio de la Defensa nunca emitió información al respecto», subrayó el escrito.

La ONG agregó que, desde 2008, ha documentado siete accidentes con el mismo sistema de helicópteros, los cuales fueron adquiridos por Venezuela a Rusia, con «un saldo de 47 fallecidos y siete heridos», información que no ha confirmado ninguna autoridad militar o de Gobierno. 

El gobernante acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano

Nicolás Maduro, puso en duda este miércoles la vuelta al diálogo que su Gobierno sostiene con la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria, y que se lleva a cabo en México, por considerar que no hay certezas ni garantías por parte de la oposición para la negociación.

«Si no pueden cumplir un acuerdo que se conversó durante meses, que se firmó con garantes internacionales, con veedores internacionales, ¿qué garantías, qué certeza, qué motivación puede tener el Gobierno revolucionario (…) para volver a sentarse en una mesa con ese sector? Ninguna», dijo Maduro durante su participación en un programa transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).

El gobernante acusó a la Plataforma Unitaria de incumplir con su palabra al no concretar el Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano, firmado en noviembre por ambas partes y que contempla la recuperación de recursos retenidos en el sistema financiero internacional debido al bloqueo.

«Es la realidad de un sector que no tiene palabra, que llamaron a las sanciones, que llamaron a la invasión, que ahora tratan de pedir perdón y lavarse la cara, que se sientan a hablar por el llamado que hemos hecho, que firman un acuerdo por 3.200 millones que no lo cumplen, no lo reconocen», insistió.

El pasado 6 de febrero, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en el diálogo con la oposición, aseguró que el cumplimiento de lo acordado en la mesa de negociaciones se ha retrasado debido a trabas impuestas por EE.UU.

Explicó que las partes están «en el proceso de ver cómo se cumple» con el acuerdo, que consiste en la creación de un fondo fiduciario manejado por Naciones Unidas para invertir en áreas como la salud y la educación.

En las últimas semanas, las delegaciones del chavismo y la oposición se han acusado mutuamente de obstaculizar el cumplimiento de lo acordado, lo que mantiene en suspenso la continuidad de las conversaciones en México.

Las organizaciones criticaron que el proyecto legal no se discutió y solo es conocido «de manera informal»

Más de 400 asociaciones independientes y miembros de la sociedad civil manifestaron, en un comunicado difundido este sábado por la organización Espacio Público, su «alarma y rechazo» al proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiación de las ONG en Venezuela, cuya creación fue aprobada recientemente por el Parlamento.

«Hacemos llegar a la comunidad nacional e internacional nuestra alarma y rechazo al Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines (…) en un contexto de ataques y hostigamiento contra la sociedad democrática del país», dijo el conglomerado en un comunicado.

Para el grupo, con la aprobación definitiva de este instrumento «se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional».

Los firmantes, ONG venezolanas e internacionales, criticaron que el contenido de este proyecto legal no tuvo «ninguna discusión» y «es conocido solo de manera informal».

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El proyecto, prosigue el escrito, «suprime el derecho humano a la libertad de asociación y cierra el espacio cívico» y admitiría las «represalias contra toda forma asociativa autónoma de la sociedad venezolana».

Además, el grupo aseguró que entre las disposiciones de este proyecto legal se plantean sanciones «excesivas», también la «desproporción en materia de requisitos» para el registro de ONG y un «régimen diferenciado discriminatorio» entre las organizaciones sociales y las no gubernamentales.

El proyecto inicial de ley que fiscaliza las ONG, compartido por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear y que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

El pasado 28 de enero, en su declaración final tras una visita oficial a Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh), Volker Türk, pidió al Gobierno que establezca un «amplio proceso consultivo» sobre este proyecto.

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En el dispositivo participarán alrededor de 80 funcionarios de la DAET Táchira

El gobernador de Táchira, Freddy Bernal, anunció el despliegue de un «operativo especial de seguridad permanente» en la frontera con Colombia, especialmente en los «pasos irregulares», para garantizar el funcionamiento de las industrias en la zona.

La acción, dijo vía Twitter, contará con la participación de 80 funcionarios de la División de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana, quienes harán patrullaje en las zonas urbanas, comerciales e industriales.

Agregó que este plan de seguridad prevé «garantizar el funcionamiento de las industrias, para el buen vivir de los ciudadanos».

El pasado 1 de enero, los Gobiernos de Colombia y Venezuela pusieron en operación el puente binacional Atanasio Girardot, también conocido como «Tienditas», que comunica al departamento de Norte de Santander con el estado del Táchira, lo que representó la «apertura total» de las fronteras entre ambas naciones luego del reestablecimiento de sus relaciones.

Bernal informó entonces que, para ese momento, más de 2.500 agentes vigilaban la frontera en Táchira, un número que se incrementaría luego de la apertura, pues esperaban que las bandas criminales que actúan en la zona mutaran y buscaran nuevas formas de delinquir.

Uno de esos posibles cambios, explicó, es la extorsión a empresarios, para lo que se creó la Unidad de Inteligencia Estratégica de Frontera, «que va a tener contacto directo con empresarios y comerciantes», a través de un «mecanismo secreto».

Así, en coordinación con la Fiscalía y los cuerpos de seguridad, cuando surja un intento de extorsión la Justicia venezolana podrá «actuar con contundencia» contra estos delincuentes.