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Estudiantes de la UCV eligen a sus representantes universitarios
El proceso será hasta las 6:00 pm y se espera una participación de 4.000 jóvenes, que deberán votar para escoger presidente de la Federación de Centros Universitarios y líderes de los centros de estudiantes, los consejos de las facultades, de escuela y universitario

 

Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela -UCV- eligen este miércoles a sus representantes. Los jóvenes deben decidir entre las dos planchas que se postularon para conformar gobierno universitario y cogobierno estudiantil.

Los candidatos a la Presidencia de la Federación de Centros Universitarios son Jesús Mendoza Morales, por la plancha La U que soñamos, y Sebastián Horesok, por Vive la U. Además, se eligen los centros de estudiantes, los consejos de las facultades, de escuela y universitario.

La organización no gubernamental Aula Abierta afirmó en Twitter que el proceso se desarrolla con normalidad. Una usuaria reportó asimismo la presencia de supuestos colectivos afectos al régimen de Nicolás Maduro.

Viva la UCV, medio informativo del Movimiento Estudiantil Venezolano y de la Universidad Central de Venezuela, denunció que la presidenta de la Comisión Electoral intentó prohibir la documentación de las elecciones en la Facultad de Farmacias.

Reportó además que el equipo de Pilares, de la Facultad de Odontología, hacía campaña pese a que había terminado el 23 de mayo. “Todo acto de campaña el día de la elección acarrea motivo de impugnación”, recordó.

Se espera la participación de al menos 4.000 estudiantes de los más de 20.000 que están habilitados para participar. Las elecciones serán hasta las 6:00 pm y los electores solo deben presentar carnet o cédula de identidad.

Mendoza Morales, candidato por la plancha La U que soñamos, manifestó que los ucevistas tienen la oportunidad importante de recuperar sus espacios luego de más de dos años de pandemia y de no tener actividades presenciales.

“Los ucevistas tenemos la oportunidad de venir a la Universidad Central de Venezuela a ejercer nuestro derecho al voto, a elegir, a afirmar que la UCV es un recinto plural y democrático, y aquí estamos tratando de dar el ejemplo”, declaró a la prensa.

Robos y falta de mantenimiento dejan en ruinas espacios de la Universidad del Zulia
En algunas áreas la delincuencia ha desvalijado el cableado eléctrico, aires acondicionados, sillas, pupitres y hasta los sanitarios

 

Muchos espacios de la Universidad del Zulia (LUZ) están en graves condiciones debido a los constantes robos y la falta de mantenimiento que afecta desde hace años a la institución.

En algunas áreas la delincuencia ha desvalijado el cableado eléctrico, aires acondicionados, sillas, pupitres y hasta los sanitarios.

«El antiguo Rectorado quedó inhabilitado por los robos. Se llevaron desde la parte eléctrica hasta los aires acondicionados, también los sanitarios. Allí funcionaba un Banco Occidental de Descuento, pero no quedó nada», señaló al diario La Verdad Julio Villalobos, presidente de Asdeluz.

Villalobos indicó que el año pasado contabilizaron más de 3.000 metros de cables robados. Sin embargo, a la fecha las cifras han aumentado a tal punto que perdieron el registro.

«La Facultad de Ingeniería está totalmente sin electricidad. En la Facultad de Ciencias no hay nada, prácticamente no funciona. Incluso desde antes de la pandemia», denunció.

En 2021, integrantes de seguridad interna de LUZ resultaron heridos durante robos, por lo que Villalobos exigió a las autoridades dar más apoyo a sus trabajadores.

«Deben dar mayor apoyo a la División de Seguridad Integral y a sus trabajadores, con transporte, bonificaciones; pero, más allá de ello, deben garantizar la seguridad en la universidad, tal como lo dice la Ley de Universidades», agregó.

Darwin Verde, secretario de organización del partido Avanzada Progresista Zulia, denunció en Twitter que hay caminerías donde ya no se puede pasar porque la naturaleza ha tomado los espacios.

Este es un problema recurrente en las universidades públicas venezolanas. La organización no gubernamental Aula Abierta registró que en los últimos dos años ha habido al menos 371 episodios de arremetida del hampa contra varias casas de estudio de Venezuela.

Este elevado número de incidentes de inseguridad genera preocupación, puesto que no solo afectan de manera estructural, sino también el funcionamiento de las universidades del país en las actividades de docencia, investigación y extensión, así como el proceso educativo en el que participan miles de estudiantes y profesores venezolanos.

Codehciu registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales en Bolívar en el primer trimestre del año
La Guardia Nacional Bolivariana fue el organismo que sumó más víctimas 

La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) informó que registró 21 presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer trimestre de este 2022 en el estado Bolívar.

La ONG destacó que en marzo falleció un hombre identificado como Julio José Hurtado Mosquett, mientras estaba bajo la custodia del Estado.

«Murió por complicaciones de salud en el hospital Doctor Raúl Leoni Otero tras ser trasladado por funcionarios de seguridad desde el Centro de Coordinación Policial de Guaiparo en San Félix», indicó Codehciu.

Asimismo, recordó que el pasado 30 de marzo el Diario Primicia reveló que trasladaron al hombre debido a que presentó complicaciones de salud por una úlcera.

«Una muerte potencialmente ilícita o ejecución extrajudicial puede ocurrir de diferentes maneras. Una de ellas se evidencia cuando la persona fallece mientras estaba detenida o se encontraba bajo la custodia del Estado, sus órganos o agentes, según lo explica el Protocolo de Minnesota. Bajo estas circunstancias, son los funcionarios públicos policiales o militares quienes ejercen un mayor control sobre la vida de la víctima», enfatizó la organización.

Ejecuciones en presuntos enfrentamientos

Añadió que, además de la muerte de este privado de libertad, otros 20 hombres fueron asesinados durante presuntos enfrentamientos a manos de cuerpos policiales y militares.

«La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fue el organismo que sumó más víctimas durante los primeros tres meses de 2022, según el monitoreo a medios de comunicación regionales hecho por Codehciu», indicó.

Y precisó que efectivos de la GNB estuvieron involucrados en seis presuntas ejecuciones durante actuaciones individuales. A ello, se suman otras seis en actuaciones mixtas junto a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Enfrentamiento en El Callao

«El hecho más violento del trimestre en relación al monitoreo fue un presunto enfrentamiento ocurrido a inicios de febrero en el municipio de El Callao. En este murieron seis hombres por arma de fuego. Supuestamente eran integrantes de la banda delictiva el Perú», denunció la ONG, que agregó que en el hecho estuvieron involucradas la GNB y la Dgcim.

De acuerdo con el reporte, el siguiente órgano policial involucrado en mayores números de ejecuciones en Bolívar fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con tres.

Por último, se registró una presunta ejecución por parte de cada uno de los siguientes cuerpos: el Servicio de Investigación Penal del estado Bolívar (Sipeb), la Policía del estado Bolívar (PEB), la Dirección de Inteligencia y Estrategias de la Policía del estado Bolívar (Diepeb), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y la Dirección contra la Delincuencia Organizada de la PNB (DCDO).

10 víctimas sin identificar

La ONG puntualizó que las 21 presuntas ejecuciones corresponden a 5 de enero, 9 de febrero y 7 de marzo. Y señaló que de todas las registradas en el primer trimestre, 10 no fueron identificadas en los reportes de prensa.

«Se limitaron a publicar la versión del ente policial o militar. Lo que evidencia la falta de transparencia de los organismos, y que en pocas ocasiones los familiares tienen el valor de desmentir o de dar su versión de los hechos», aseguró.

Destacó que Bolívar es el tercer estado más violento de Venezuela, y que a su vez, los municipios más violentos son El Callao, Sifontes y Roscio.

Finalmente, Codehciu exhortó al Estado venezolano a investigar de manera imparcial y eficaz las muertes potencialmente ilícitas.

«Junto a la garantía de la justicia, los familiares de las víctimas también merecen reparación, protección, respeto a su integridad y la no repetición de estos hechos», expresó.

 

Inaesin exige al gobierno reglamentar el teletrabajo
Un estudio realizado concluyó que es conveniente regularizar el trabajo a distancia, pues no existe una normativa específica que aborde la prestación de servicio bajo esta modalidad

El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) hizo un llamado a la administración de Nicolás Maduro para que regularice los deberes patronales y los deberes y derechos de los trabajadores que por distintas razones llevan a cabo sus labores a distancia.

El Inaesin manifestó que luego de realizar un estudio en octubre pasado titulado: ¿Cómo ha afrontado jurídicamente el Estado venezolano el proceso social de trabajo durante la pandemia?, se concluyó que es conveniente regularizar el teletrabajo, pues no existe una normativa específica que aborde la prestación de servicio bajo esta modalidad.

La investigación destaca que las labores a distancia que llevan a cabo los trabajadores, son como una especie del género del trabajo a domicilio, según se desprende de la norma dispuesta en el artículo 226 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt)

“El ministerio del Poder Popular con competencia en trabajo, cuando considere que la realización de determinadas labores por el sistema de trabajo a domicilio resulte perjudicial a los trabajadores o trabajadoras, podrá, por resoluciones especiales, adoptar las medidas que estime convenientes. Podrá también, cuando el trabajo a domicilio sea consecuencia de nuevos sistemas operacionales derivados del progreso tecnológico, dictar uno o varios reglamentos especiales aplicables a las relaciones laborales correspondientes”, se lee en el informe.

El Inaesin explicó que debido a que el covid-19 es una enfermedad con la que la sociedad tendrá que convivir por mucho más tiempo, es pertinente establecer la obligación del patrono de proveer a los trabajadores de los medios tecnológicos idóneos para la ejecución de sus funciones fuera del puesto de trabajo. La organización también incluyó en el texto una encuesta realizada a 129 trabajadores mediante un formulario de Google y vía telefónica.

Indicó que resulta necesario tomar en cuenta la preservación de la integridad física y psíquica de los trabajadores, su derecho a la desconexión digital, los límites a la jornada de trabajo para garantizar el descanso del teletrabajador y la abstención que deben tener los patronos de dirigir requerimientos a los trabajadores fuera de horario de trabajo.

Por su parte, los resultados de la encuesta, aplicada en Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara, Miranda, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo y Zulia, arrojó que 92% de los consultados dijo no tener conocimiento de alguna regulación del teletrabajo en Venezuela.

Venezuela reprobó evaluación sobre libertad económica
El Fraser Institute de Canadá presentó su Índice de Libertad Económica, en el que el país repite en el último lugar a escala mundial

La caída del bolívar como moneda de valor y medio de pago convierte a Venezuela en un país sin sanidad monetaria, uno de los cuatro componentes medidos por el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW, por sus siglas en inglés), en el que Venezuela se situó este año en el último puesto entre 165 países examinados.

El índice, elaborado anualmente por el Fraser Institute de Canadá con el apoyo en Venezuela del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), evalúa otros cuatro componentes asociados a la libertad económica, además de la moneda sana: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios.

Venezuela resultó reprobada en todos los aspectos, al obtener una puntuación menor a 5/10. Mientras que en el apartado de moneda sana fue donde se vio la calificación más baja (0,7). En tanto, el apartado referente a tamaño de gobierno fue la nota más elevada, al obtener 4,34.

La posición desventajosa de Venezuela es aún más relevante tomando en cuenta que se aumentó el número de países por evaluar: mientras que en la edición del año pasado se analizaron 162 territorios, en la más reciente la muestra llegó a 165. También es necesario recordar que este estudio es realizado por el Fraser Institute a partir de data que tiene dos años de antigüedad, es decir, los resultados obtenidos corresponden a la situación de libertad económica del país en 2019.

Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda repitieron como los países con mayor libertad económica, mientras que Chile continuó en la primera posición de Latinoamérica, aunque cayó a escala mundial del puesto 16 al 29.

Libertad económica: clave para la movilidad social y de ingreso

Entre los contenidos del informe del EFW este año destaca el apartado dedicado a la movilidad social y de ingresos y su relación con la libertad económica.

Al respecto, los creadores del índice resaltan que entre los muchos beneficios que aporta la libertad económica al ciudadano, uno de los más importantes es la posibilidad de movilidad social y de ingresos. Añaden que a medida que las sociedades se vuelven menos libres económicamente se reduce radicalmente la posibilidad de los individuos de escapar de la pobreza y alcanzar la prosperidad.

Este aspecto particular de la relación entre movilidad y libertad económica así como otros datos relevantes del EFW serán analizados este viernes 17 de septiembre a las 10:30 am en un foro que contará con la presencia de Fred McMahon, resident fellow del Fraser Institute, y que será trasmitido a través de Zoom y del canal Youtube de Cedice Libertad.

Zulia registró 158 muertes por violencia policial durante el primer semestre de 2021
122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia documentó 158 muertes por presunta violencia policial en 122 hechos violentos ocurridos durante el primer semestre de 2021 en la entidad.

Esta cifra representa una disminución de 57,64% en comparación con los números registrados para el mismo periodo el año pasado, cuando se documentaron los asesinatos de 373 personas en 261 hechos de ese tipo.

Distribución de la violencia

La Comisión precisó que los 122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes. El mes más violento, señaló la Codhez, fue enero con 45 casos.

Maracaibo se mantiene como el municipio con el mayor número de hechosde este tipo, con 47 (38,52%).

Le siguen San Francisco con 22 (18,03%) y la Cañada de Urdaneta con 12 (9,84%). En Lagunillas, añadió la organización, ocurrieron 6 hechos violentos (4,92%), mientras que en Jesús Enrique Lossada y en Machiques de Perijá ocurrieron 5.

En enero se contabilizaron 58 fallecimientos por violencia policial. Es decir, 36,71% del total de muertes desde ese mes hasta junio de 2021. En marzo se produjeron 25 muertes (15,82%); en mayo hubo 22 personas fallecidas (13,92%) y en abril se documentaron 21 muertes (13,29%) y un policía fallecido.

En febrero 20 personas resultaron ultimadas (12,66%) y se reportó un policía herido. Mientras que en junio se registró el número más bajo de muertes por violencia policial con 12 en total (7,59%).

Cuerpos de seguridad involucrados

Cuatro cuerpos de seguridad causaron el mayor número de muertes, puntualizó la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.

El Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia causó, de acuerdo con el informe, la muerte de 33 personas (20,89%); mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas causó 25 (15,82%); el Equipo de Respuesta Especial, 13 (8,23%), y la Guardia Nacional Bolivariana, 1

Solicitaron designación de enviado especial de la ONU para conflicto en Apure
El conflicto afecta a más de cinco millones de personas asentadas en la frontera

La asociaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, de la mano con más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, solicitaron a la ONU que designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana.

A propósito de los sucesos de Apure y Arauca, los cuales continúan en desarrollo, señalaron en un documento el peligro que puede representar el escalamiento de tensiones entre Colombia y Venezuela, países que llevan más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y dos años sin relaciones diplomáticas ni consulares.

Los firmantes solicitan a los gobiernos de Colombia y Venezuela, permitan la actuación de un enviado especial de la ONU, para que adelante tareas prioritarias sobre una dinámica que esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas asentadas en la frontera común entre ambos países, con un enorme impacto en la seguridad regional.

A continuación el comunicado íntegro:

Pedimos a Naciones Unidas, designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana

Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca ocurridos esta semana, como excusa para un escalamiento de tensiones. En este momento debe rescatarse la racionalidad y sensatez entre la dirigencia de ambos países, para edificar un mecanismo institucional sólido, de protección a los habitantes de frontera, con apoyo de Naciones Unidas, que permita comenzar a trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad, pues la ausencia de la institucionalidad la aprovechan grupos armados al margen de la Ley, afectando ambos lados de la frontera.

Luego de más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y ante la inexistencia de un mínimo de coordinación de las instituciones nacionales de Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad.

Quienes suscribimos el presente comunicado: ciudadanos vinculados a universidades, gremios económicos, organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de Venezuela y Colombia, consideramos urgente que el secretario general de las Naciones Unidas designe un enviado especial para la crisis fronteriza, a la vez que solicitamos a los gobiernos de ambos países permitan su actuación en el terreno, para que puedan adelantarse los siguientes propósitos:

  • Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares y está paralizada toda la institucionalidad para manejar la vecindad, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas, con un enorme impacto en la seguridad regional.
  • Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.
  • Contribuir en la atención de las urgentes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos de la frontera común, que padecen las consecuencias de la situación política y de la acción de grupos al margen de la Ley.
  • Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente, frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.
  • Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.
  • Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.
  • Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.
  • Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.

Reiteramos nuestra solicitud al señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de designar de manera urgente al enviado especial para la zona de frontera común entre Colombia y Venezuela, así como a las autoridades de ambos países que hagan parte de esta petición de la sociedad civil binacional y que permitan la actuación del funcionario designado para la crisis fronteriza. Sin cooperación entre Venezuela y Colombia, la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del marco del derecho internacional.

 

Irregularidades en el suministro de agua en el país alcanzaron 99% en febrero
El Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad dijo que 7 de cada 10 Venezolanos aseguraron que en febrero la movilidad se ubicó como cuarto problema más grave que los afectó después de la hiperinflación, la inseguridad y la crisis de servicios públicos

Casi 100% de los hogares de Venezuela registraron en febrero pasado irregularidades en el suministro de agua, señaló un monitoreo de servicios del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.

El informe detalló que 99% de los ciudadanos presentó fallas: 13% reportó ausencia del suministro durante 15 días, 45% ausencia del suministro por más de una semana; 36% tuvo suministro bajo un cronograma de racionamiento irregular y 5% bajo un cronograma de racionamiento regular.

Tan solo 1% contó con el servicio sin interrupciones.

Cedice Libertad indicó que en el país en febrero se repararon 25% de las averías en el sistema de distribución o roturas de tuberías. Sobre el restante, agregó, se conoce que las plantas distribuidoras trabajan actualmente con una capacidad de 45%.

En contexto, se señaló que en 2019 el régimen chavista invirtió 200 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Para el sistema de agua potable, saneamiento y distribución se dispuso 22,5% de esa cantidad: 45 millones de euros.

“El proyecto consistía en la rehabilitación y mantenimiento del sistema de distribución de agua a fin de garantizar continuidad, cobertura y calidad al país”, puntualizó.

Sin embargo, en el informe el observatorio indicó que 92% de la población ha recibido agua de manera intermitente y no hay flujo continuo por tuberías; 74% de las tuberías no están presurizadas, contaminando el agua y surten 40% menos agua de la requerida; 61% del agua no se trata eficientemente, por lo que tiene problemas de calidad.

Electricidad

El Observatorio de Gasto Público realizó asimismo en febrero un estudio de la percepción del suministro eléctrico. En febrero 68% de los venezolanos presentó una o más variaciones de voltaje; 31% registró interrupciones por más de una hora diaria; y solo 1% tuvo electricidad sin interrupciones.

Durante 20 años el chavismo ha invertido en el sistema eléctrico nacional alrededor de 125.000 millones de dólares, indicó Cedice Libertad. Pero se generó la misma energía o menos, aunque entre el año 2000 y 2020 la población aumentó 33%.

“La disponibilidad eléctrica cayó 50% luego de invertir 12% de los ingresos petroleros en 20 años. El suministro per cápita ha bajado de 3.375 kWh/año a 1900″, expuso la asociación civil en el informe.

Transporte

El monitoreo señaló que del total de autobuseros consultados solo 4% presentó pocos inconvenientes con el suministro de combustible, considerando que esperaron en las estaciones de servicio alrededor de 20 minutos. Mientras que 8% reportó que esperó hasta 2 horas para repostar y 88% estuvo en largas colas durante hasta 12 horas.

Agregó el observatorio de Cedice Libertad que 7 de cada 10 Venezolanos aseguraron que en febrero la movilidad se ubicó como el cuarto problema más grave que los afectó después de la hiperinflación, la inseguridad y la crisis de servicios públicos.

Telecomunicaciones

Sobre las telecomunicaciones en el país, el informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad indicó que en febrero 71% de los ciudadanos tuvo intermitencia generalizada en el servicio de telecomunicaciones (fallas recurrentes durante el día); 27% presentó entre 2 y 5 fallas en el día; y 2% registró un servicio inestable desde el inicio de la cuarentena, en marzo de 2020.

En el monitoreo indicaron que 6 de cada 10 ciudadanos han escuchado de manera extraoficial sobre una posible privatización o asociaciones publico-privadas de empresas nacionales de telecomunicaciones.

Al menos 4 de cada 10 personas, precisó, dice sentirse esperanzado porque esa posibilidad significaría mejoras en los servicios.