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El Nacional

Venezuela reprobó evaluación sobre libertad económica
El Fraser Institute de Canadá presentó su Índice de Libertad Económica, en el que el país repite en el último lugar a escala mundial

La caída del bolívar como moneda de valor y medio de pago convierte a Venezuela en un país sin sanidad monetaria, uno de los cuatro componentes medidos por el Índice Mundial de Libertad Económica (EFW, por sus siglas en inglés), en el que Venezuela se situó este año en el último puesto entre 165 países examinados.

El índice, elaborado anualmente por el Fraser Institute de Canadá con el apoyo en Venezuela del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad), evalúa otros cuatro componentes asociados a la libertad económica, además de la moneda sana: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; libertad de comercio internacional y regulaciones crediticias, laborales y de negocios.

Venezuela resultó reprobada en todos los aspectos, al obtener una puntuación menor a 5/10. Mientras que en el apartado de moneda sana fue donde se vio la calificación más baja (0,7). En tanto, el apartado referente a tamaño de gobierno fue la nota más elevada, al obtener 4,34.

La posición desventajosa de Venezuela es aún más relevante tomando en cuenta que se aumentó el número de países por evaluar: mientras que en la edición del año pasado se analizaron 162 territorios, en la más reciente la muestra llegó a 165. También es necesario recordar que este estudio es realizado por el Fraser Institute a partir de data que tiene dos años de antigüedad, es decir, los resultados obtenidos corresponden a la situación de libertad económica del país en 2019.

Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda repitieron como los países con mayor libertad económica, mientras que Chile continuó en la primera posición de Latinoamérica, aunque cayó a escala mundial del puesto 16 al 29.

Libertad económica: clave para la movilidad social y de ingreso

Entre los contenidos del informe del EFW este año destaca el apartado dedicado a la movilidad social y de ingresos y su relación con la libertad económica.

Al respecto, los creadores del índice resaltan que entre los muchos beneficios que aporta la libertad económica al ciudadano, uno de los más importantes es la posibilidad de movilidad social y de ingresos. Añaden que a medida que las sociedades se vuelven menos libres económicamente se reduce radicalmente la posibilidad de los individuos de escapar de la pobreza y alcanzar la prosperidad.

Este aspecto particular de la relación entre movilidad y libertad económica así como otros datos relevantes del EFW serán analizados este viernes 17 de septiembre a las 10:30 am en un foro que contará con la presencia de Fred McMahon, resident fellow del Fraser Institute, y que será trasmitido a través de Zoom y del canal Youtube de Cedice Libertad.

Zulia registró 158 muertes por violencia policial durante el primer semestre de 2021
122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia documentó 158 muertes por presunta violencia policial en 122 hechos violentos ocurridos durante el primer semestre de 2021 en la entidad.

Esta cifra representa una disminución de 57,64% en comparación con los números registrados para el mismo periodo el año pasado, cuando se documentaron los asesinatos de 373 personas en 261 hechos de ese tipo.

Distribución de la violencia

La Comisión precisó que los 122 hechos violentos en la entidad fueron identificados por las autoridades como enfrentamientos entre los cuerpos policiales y presuntos delincuentes. El mes más violento, señaló la Codhez, fue enero con 45 casos.

Maracaibo se mantiene como el municipio con el mayor número de hechosde este tipo, con 47 (38,52%).

Le siguen San Francisco con 22 (18,03%) y la Cañada de Urdaneta con 12 (9,84%). En Lagunillas, añadió la organización, ocurrieron 6 hechos violentos (4,92%), mientras que en Jesús Enrique Lossada y en Machiques de Perijá ocurrieron 5.

En enero se contabilizaron 58 fallecimientos por violencia policial. Es decir, 36,71% del total de muertes desde ese mes hasta junio de 2021. En marzo se produjeron 25 muertes (15,82%); en mayo hubo 22 personas fallecidas (13,92%) y en abril se documentaron 21 muertes (13,29%) y un policía fallecido.

En febrero 20 personas resultaron ultimadas (12,66%) y se reportó un policía herido. Mientras que en junio se registró el número más bajo de muertes por violencia policial con 12 en total (7,59%).

Cuerpos de seguridad involucrados

Cuatro cuerpos de seguridad causaron el mayor número de muertes, puntualizó la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia.

El Servicio de Investigación Penal del Estado Zulia causó, de acuerdo con el informe, la muerte de 33 personas (20,89%); mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas causó 25 (15,82%); el Equipo de Respuesta Especial, 13 (8,23%), y la Guardia Nacional Bolivariana, 1

Solicitaron designación de enviado especial de la ONU para conflicto en Apure
El conflicto afecta a más de cinco millones de personas asentadas en la frontera

La asociaciones Control Ciudadano y Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, de la mano con más de 300 colombianos y venezolanos, incluidas 60 ONG de ambos países, solicitaron a la ONU que designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana.

A propósito de los sucesos de Apure y Arauca, los cuales continúan en desarrollo, señalaron en un documento el peligro que puede representar el escalamiento de tensiones entre Colombia y Venezuela, países que llevan más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y dos años sin relaciones diplomáticas ni consulares.

Los firmantes solicitan a los gobiernos de Colombia y Venezuela, permitan la actuación de un enviado especial de la ONU, para que adelante tareas prioritarias sobre una dinámica que esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas asentadas en la frontera común entre ambos países, con un enorme impacto en la seguridad regional.

A continuación el comunicado íntegro:

Pedimos a Naciones Unidas, designe un enviado especial para la crisis fronteriza colombo-venezolana

Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca ocurridos esta semana, como excusa para un escalamiento de tensiones. En este momento debe rescatarse la racionalidad y sensatez entre la dirigencia de ambos países, para edificar un mecanismo institucional sólido, de protección a los habitantes de frontera, con apoyo de Naciones Unidas, que permita comenzar a trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad, pues la ausencia de la institucionalidad la aprovechan grupos armados al margen de la Ley, afectando ambos lados de la frontera.

Luego de más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y ante la inexistencia de un mínimo de coordinación de las instituciones nacionales de Colombia y Venezuela para atender los problemas de la frontera común, es urgente la activación de una instancia entre ambos países que de respuesta a los problemas humanitarios y de seguridad.

Quienes suscribimos el presente comunicado: ciudadanos vinculados a universidades, gremios económicos, organizaciones humanitarias y de la sociedad civil de Venezuela y Colombia, consideramos urgente que el secretario general de las Naciones Unidas designe un enviado especial para la crisis fronteriza, a la vez que solicitamos a los gobiernos de ambos países permitan su actuación en el terreno, para que puedan adelantarse los siguientes propósitos:

  • Coordinar los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia dado que desde hace casi dos años no tienen relaciones diplomáticas ni consulares y está paralizada toda la institucionalidad para manejar la vecindad, mientras la dinámica fronteriza esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas que viven en esas zonas fronterizas, con un enorme impacto en la seguridad regional.
  • Establecer un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos en la frontera entre Venezuela y Colombia.
  • Contribuir en la atención de las urgentes necesidades sociales y económicas de los ciudadanos de la frontera común, que padecen las consecuencias de la situación política y de la acción de grupos al margen de la Ley.
  • Ayudar en forma integral a la asistencia humanitaria urgente, frente al desplazamiento y éxodo poblacional forzado desde Venezuela por la violencia y por la crisis humanitaria compleja, así como a la población colombiana retornada.
  • Garantizar el intercambio de información epidemiológica, así como el diálogo entre las respectivas autoridades de ambos países y la coordinación de una adecuada respuesta a la pandemia.
  • Cooperar en la desmovilización de las estructuras de economía ilegal y grupos armados al margen de la Ley que operan en la frontera.
  • Ayudar a eliminar las minas antipersonas y los restos de municiones usados o sin explosionar, plantadas por grupos armados ilegales y que se han convertido en un grave problema de seguridad fronteriza.
  • Promover y facilitar los diálogos entre las autoridades de ambos países para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales, que permita la regularización y legalización del tránsito de personas, mercancías, bienes y servicios entre Colombia y Venezuela.

Reiteramos nuestra solicitud al señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de designar de manera urgente al enviado especial para la zona de frontera común entre Colombia y Venezuela, así como a las autoridades de ambos países que hagan parte de esta petición de la sociedad civil binacional y que permitan la actuación del funcionario designado para la crisis fronteriza. Sin cooperación entre Venezuela y Colombia, la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del marco del derecho internacional.

 

Irregularidades en el suministro de agua en el país alcanzaron 99% en febrero
El Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad dijo que 7 de cada 10 Venezolanos aseguraron que en febrero la movilidad se ubicó como cuarto problema más grave que los afectó después de la hiperinflación, la inseguridad y la crisis de servicios públicos

Casi 100% de los hogares de Venezuela registraron en febrero pasado irregularidades en el suministro de agua, señaló un monitoreo de servicios del Observatorio de Gasto Público del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad.

El informe detalló que 99% de los ciudadanos presentó fallas: 13% reportó ausencia del suministro durante 15 días, 45% ausencia del suministro por más de una semana; 36% tuvo suministro bajo un cronograma de racionamiento irregular y 5% bajo un cronograma de racionamiento regular.

Tan solo 1% contó con el servicio sin interrupciones.

Cedice Libertad indicó que en el país en febrero se repararon 25% de las averías en el sistema de distribución o roturas de tuberías. Sobre el restante, agregó, se conoce que las plantas distribuidoras trabajan actualmente con una capacidad de 45%.

En contexto, se señaló que en 2019 el régimen chavista invirtió 200 millones de euros para mejorar los servicios públicos. Para el sistema de agua potable, saneamiento y distribución se dispuso 22,5% de esa cantidad: 45 millones de euros.

“El proyecto consistía en la rehabilitación y mantenimiento del sistema de distribución de agua a fin de garantizar continuidad, cobertura y calidad al país”, puntualizó.

Sin embargo, en el informe el observatorio indicó que 92% de la población ha recibido agua de manera intermitente y no hay flujo continuo por tuberías; 74% de las tuberías no están presurizadas, contaminando el agua y surten 40% menos agua de la requerida; 61% del agua no se trata eficientemente, por lo que tiene problemas de calidad.

Electricidad

El Observatorio de Gasto Público realizó asimismo en febrero un estudio de la percepción del suministro eléctrico. En febrero 68% de los venezolanos presentó una o más variaciones de voltaje; 31% registró interrupciones por más de una hora diaria; y solo 1% tuvo electricidad sin interrupciones.

Durante 20 años el chavismo ha invertido en el sistema eléctrico nacional alrededor de 125.000 millones de dólares, indicó Cedice Libertad. Pero se generó la misma energía o menos, aunque entre el año 2000 y 2020 la población aumentó 33%.

“La disponibilidad eléctrica cayó 50% luego de invertir 12% de los ingresos petroleros en 20 años. El suministro per cápita ha bajado de 3.375 kWh/año a 1900″, expuso la asociación civil en el informe.

Transporte

El monitoreo señaló que del total de autobuseros consultados solo 4% presentó pocos inconvenientes con el suministro de combustible, considerando que esperaron en las estaciones de servicio alrededor de 20 minutos. Mientras que 8% reportó que esperó hasta 2 horas para repostar y 88% estuvo en largas colas durante hasta 12 horas.

Agregó el observatorio de Cedice Libertad que 7 de cada 10 Venezolanos aseguraron que en febrero la movilidad se ubicó como el cuarto problema más grave que los afectó después de la hiperinflación, la inseguridad y la crisis de servicios públicos.

Telecomunicaciones

Sobre las telecomunicaciones en el país, el informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad indicó que en febrero 71% de los ciudadanos tuvo intermitencia generalizada en el servicio de telecomunicaciones (fallas recurrentes durante el día); 27% presentó entre 2 y 5 fallas en el día; y 2% registró un servicio inestable desde el inicio de la cuarentena, en marzo de 2020.

En el monitoreo indicaron que 6 de cada 10 ciudadanos han escuchado de manera extraoficial sobre una posible privatización o asociaciones publico-privadas de empresas nacionales de telecomunicaciones.

Al menos 4 de cada 10 personas, precisó, dice sentirse esperanzado porque esa posibilidad significaría mejoras en los servicios.

La aerolínea española Plus Ultra reinicia sus vuelos a Venezuela
En su página oficial, la empresa detalló que los vuelos Madrid-Caracas serán los días 24 de marzo, 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo y 3 de junio

La aerolínea española Plus Ultra reiniciará sus vuelos para Venezuela con una programación que comienza el próximo 24 de marzo, informó la compañía.

En su página oficial, Plus Ultra detalló que los vuelos Madrid-Caracas serán los días 24 de marzo, 7 y 21 de abril, 5 y 19 de mayo y 3 de junio.

Mientras que la ruta Caracas-Madrid se inicia el 25 de marzo y continúa los días 8 y 22 de abril, 6 y 20 de mayo y 4 de junio.

Las tarifas de ida para adultos son según la categoría: 310,98 euros (vuelo especial flash), 432,25 (vuelo especial flexible), 768,24 (flexible), 821,13 (vuelo especial ejecutivo promo), 1.005, 31 (vuelo especial ejecutivo flexible) y 1.520,46 (ejecutivo flexible).

Los vuelos de vuelta tienen dos opciones: flexible en 730,87 euros y ejecutivo flexible en 1.483.

Plus Ultra subrayó que los vuelos están sujetos a disponibilidad.

También advierte la empresa que el usuario debe procurar estar al tanto de que su temperatura no sea superior a 37.5° y que no tiene síntomas como fiebre, tos, dolor muscular, pérdida del olfato o dificultad para respirar.

En el aeropuerto y en el avión será obligatorio cumplir con las normas de seguridad: distanciamiento y uso de tapabocas.

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300 waraos migraron a Brasil en la primera semana de 2021
Las principales causas son aumento diario de productos, escasez de gas de doméstico y falta de atención gubernamental

300 indígenas waraos migraron a Brasil durante la primera semana del mes de enero de 2021 debido a la situación de precariedad que atraviesan estas comunidades, de acuerdo con la vocera Toedolinda Moraleda, casica warao de uno de los abrigos de Pacaraima.

Moraleda dijo a la ONG Kape Kape que los indígenas se han visto en la necesidad de huir del país debido al aumento diario de los productos, la escasez de gas de doméstico y la falta de atención gubernamental.

Entre los sectores más afectados de Delta Amacuro están San Francisco de Guayo, Santa Rosa de Araguao, Araguaimujo, Jubasujuru, Cangrejito, Aunaburu, Siawani y Muaina del municipio Antonio Díaz.

“Por aquí casi todos los días están llegando hermanos waraos, llegan caminando y con hambre y rápidamente las autoridades los atienden”, dijo la vocera del abrigo Janokoida, municipio Pacaraima del estado Roraima en Brasil.

Tan solo el pasado viernes 8 de enero, llegaron a Brasil aproximadamente 75 personas, que fueron atendidos por autoridades militares y representantes de la ACNUR pese a que la frontera se encuentra cerrada.

La Defensoría Pública de Brasil detalló que el grupo de indígenas waraos estaba conformado por 23 adultos y 32 niños, entre los que se encontraba una mujer embarazada y 19 personas indocumentadas.

Estas personas fueron ubicadas en los refugios distribuidos en Boa Vista, Pintolandia, Jardin Floreste o Janokoida.

Ley para las personas con discapacidad lleva 14 años sin reglamento
Exigen que el gobierno venezolano ratifique la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

Este 5 de enero se cumplieron 14 años de la entrada en vigencia de la Ley para las personas con discapacidad en Venezuela y aún no existe un reglamento que especifique las normas jurídicas para regular las actividades vinculadas a los derechos de personas con discapacidad en el país.

El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, indicó que “la aprobación de este reglamento corresponde tradicionalmente al Poder Ejecutivo, aunque los ordenamientos jurídicos actuales reconocen potestad reglamentaria a otros órganos del Estado”.

Agregó que en varias oportunidades han surgido esfuerzos para la creación de un reglamento por parte de organizaciones de y para personas con discapacidad y sus familias y, a pesar de ello, aún no se ha promulgado el instrumento regulador, “dejando vacíos y debilidades para el cumplimiento de varios de sus artículos”.

De Gouveia explicó, en una nota de prensa, que no están claras las normas, pautas o principios para poner una sanción o multa; asimismo señaló que se desconoce si hay entes u organismos que incumplen con la Ley de personas con discapacidad, ante la inexistencia de un reglamento que regule la norma y los criterios que puedan usarse para aplicar esta ley.

A su juicio, otro ámbito que debe contemplarse en esta materia es la ratificación, por parte de Venezuela, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que supone un compromiso por parte del Estado en adaptar los marcos legales necesarios.

“La Convención es un instrumento legal supraconstitucional. Debe existir por tanto un proceso de armonización legal que aún no se ha hecho en Venezuela; por este motivo, en nombre de la organización que represento, solicito públicamente a los órganos competentes en la materia, ponerse al día con este compromiso jurídico, y así pueda hacerse cumplir la Ley de personas con discapacidad en Venezuela”.

Por último, dejó claro que Consorven seguirá en la lucha por la defensa de las personas con discapacidad a través del constante monitoreo en el cumplimiento de cada uno de los artículos de la CDPD y más en tiempos de pandemia.

“Ante las irregularidades seguiremos defendiendo los derechos humanos de las personas con discapacidad en Venezuela, hasta lograr la verdadera inclusión y un mundo de oportunidades para todos por igual”, concluyó.

Nuevas normas de legislación ponen en la mira a las ONG
La ANC exige a las organizaciones constituidas fuera del país que certifiquen su inscripción en un Registro Especial

El régimen de Nicolás Maduro ha promovido nuevas normas a la legislación a través de la ilegítima asamblea nacional constituyente que sustentan la persecución del Estado a las ONG y sus directivos.

La asociación civil Acceso a la Justicia denunció esta semana que dos resoluciones atentan contra la libertad de acción, las operaciones y el financiamiento de las ONG.

La primera, aprobada a finales de octubre por al anc, exige a las ONG constituidas fuera del país que diligencien una “certificación” de su inscripción ante un, recientemente creado, Registro Especial. El permiso tiene vigencia de solo un año.

“El objetivo de la norma es vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, el terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas”, propone la legislación.

Segundo, involucran a la resolución de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, para la fiscalización de fondos y cuentas de las organizaciones sin fines de lucro por sospechas de los mismos crímenes.

Laura Louza Scognamiglio, directora de Acceso a la Justicia, consideró que ambas resoluciones allanan el camino para el amedrentamiento de las ONG.

“Todo entra en la narrativa oficial de que hay que limitar y fiscalizar los recursos de las ONG. Esas resoluciones permiten esas ‘visitas’ policiales, que son allanamientos disfrazados, bajo la excusa de que deben fiscalizar”, aseveró la vocera y abogada, a la Voz de América.

Señaló que dichas normativas justificaron las recientes acciones contra Alimenta La Solidaridad y Caracas mi Convive y Acción Solidaria, en el mes de septiembre.