Una Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela concluyó que los autores directos de los delitos detallados en el documento son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados.
En el informe publicado por la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela se ofrece un panorama general de sus hallazgos con respecto a las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014.
La Misión recolectó datos a través de entrevistas con víctimas, familiares, abogados y testigos con conocimiento directo de los hechos; entrevistas con ex funcionarios gubernamentales, policiales, de inteligencia y militares y otras personas con conocimiento directo de casos o instituciones específicas; entre otras fuentes.
Hallazgos
«Desde el 1 de enero de 2014 hasta el 15 de julio de 2020, la ONG Foro Penal registró 3.479 casos de detenciones por motivos políticos, de los cuales 902 (26%) fueron detenciones selectivas (y el resto en el contexto de protestas)».
«En diciembre de 2015, los parlamentarios de la oposición se convirtieron en foco de represión. Desde 2014, la Corte Suprema ha solicitado que se levante la inmunidad de 32 parlamentarios de la Asamblea Nacional. Seis miembros de la Asamblea Nacional fueron arrestados y detenidos, y todos menos uno estuvieron retenidos durante más de dos años».
«Desde 2017, ha habido una serie de arrestos a militares actuales y anteriores presuntamente involucrados en rebeliones o intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno de Maduro. A medida que aumentaron las supuestas conspiraciones, también aumentó el número de actos de operaciones de contrainteligencia en su contra».
Infracciones
El informe asegura que los servicios de inteligencia del Estado han jugado un papel integral en los patrones de violaciones cometidas.También señala que las agencias de inteligencia identificaron objetivos, llevaron a cabo arrestos, detenciones e interrogatorios y torturaron o trataron inhumanamente a los detenidos, principalmente en la sede de los servicios de inteligencia en Caracas, fuera del ámbito del sistema penitenciario.
SEBIN
«La Misión investigó 33 casos (donde las víctimas fueron 21 hombres y 12 mujeres) en los que encontró fundamentos razonables para creer que el SEBIN arrestó, detuvo y / o torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos».
Un ex empleado del SEBIN dijo a la Misión que las órdenes para determinar quiénes serían investigados a
menudo provenían del presidente Maduro y Diosdado Cabello. Las órdenes fueron entregadas al Director General
del SEBIN, quien pasó instrucciones a las direcciones operativas».
«Un patrón común que detectó la Misión fue que funcionarios del régimen de alto nivel hicieron declaraciones públicas refiriéndose a las detenciones poco antes o poco después de las mismas y comentando sobre la responsabilidad penal de los acusados».
«La Misión encontró motivos razonables para creer que agentes del SEBIN torturaron o sometieron a los detenidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Muchos ex detenidos también fueron testigos de la tortura de otros detenidos no políticos en las instalaciones del SEBIN».
«Entre las técnicas de tortura que la Misión documentó se encuentran: las posiciones de estrés, asfixia, golpizas, descargas eléctricas, amenazas de muerte, amenazas de violación contra la víctima y / o familiares, tortura psicológica que incluye privación sensorial, iluminación constante y frío extremo, y desnudez forzada».
El análisis de los relatos de ex detenidos por parte de la Misión indica que entre 2014 y 2018 se cometieron torturas en presencia o bajo la supervisión de más altos funcionarios, incluido el Jefe de la Dirección de Investigaciones Estratégicas y otros comisionados de alto rango de esta unidad».
«Los detenidos políticos pasaron largos periodos en prisión preventiva del SEBIN. En varios casos investigados, el SEBIN no liberó a los detenidos a pesar de órdenes judiciales que aprobaban su liberación mientras esperaban el juicio».
DGCIM
La Misión investigó 77 casos en los que la DGCIM arrestó, detuvo y torturó a oficiales y ex militares y civiles asociados a ellos. Las detenciones de personal militar y civiles asociados aumentaron en 2017″.
«Una vez detenidos, se desconocía el paradero de los detenidos durante períodos que iban desde unos pocos días hasta más de una semana. No se les permitió llamar a sus familiares ni a abogados para informarles sobre su detención o su paradero».
«La DGCIM ha utilizado cada vez más instalaciones no oficiales o clandestinas desde 2018. La Misión documentó 24 casos de tortura ocurridos dentro de estas instalaciones entre 2018 y 2019».
«Algunos de los actos de tortura realizados por los miembros del DGCIM resultaron en lesiones físicas graves y / o permanentes, tales como la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas, aborto espontáneo, sangre en la orina y costillas rotas. Estos actos también resultaron en graves traumas psicológicos y depresión».
«El ex capitán Rafael Acosta Arévalo falleció bajo custodia de la DGCIM. La Misión tiene motivos razonables para creer que su muerte fue resultado de tortura».
El sistema de justicia
«La Misión constató que algunos fiscales y jueces desempeñaron un papel directo en los casos que constituyen detenciones arbitrarias».
«El incumplimiento de los plazos procesales establecidos en el Código Procesal Penal fue sistemático. Estos retrasos dieron lugar a períodos prolongados de detención preventiva, durante dos años en muchos casos».
«Especialmente desde abril de 2017, el análisis de los casos por parte de la Misión reveló un uso cada vez más frecuente de la jurisdicción militar para procesar y juzgar a civiles».
«Las autoridades judiciales se negaron a ordenar investigaciones sobre denuncias de tortura, incluso en los casos en que las víctimas comparecieron ante el tribunal con claros signos de maltrato o declararon durante las audiencias que habían sido torturadas».
Asesinatos en OLP / OLHP
«El informe asegura que “hay motivos razonables” para creer que las OLP cometieron ejecuciones extrajudiciales, arrestos y detenciones arbitrarias. El Ministerio Público identificó que 505 personas fueron asesinadas durante estos operativos».
«Aseguran que existe un patrón que afirma que las muertes ocurrieron como resultados de enfrentamientos o resistencia a la autoridad, pero en los relatos de los familiares y testigos, se afirma que la última vez que vieron a la víctima estaba con vida».
«Se demostró que las víctimas recibieron “disparos fatales en áreas vitales, a veces a quemarropa”. Esto sugiere que los funcionarios no intentaron emplear métodos no letales de control o moderación antes del uso de la fuerza letal. Además no se informó de la muerte de ningún funcionario, “lo que hace que los enfrentamientos armados parezcan poco probables”
«El MP aseguró que entre julio de 2015 y marzo de 2017 detuvieron a 2.911 persona. Por su parte, la organización Provea asegura haber documentado 15.946 arrestos en el contexto de OLP solo en el año 2015».
Otras ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas policiales
«Las FAES fue creada en abril de 2016 como una fuerza táctica dentro de la PNB. La FFM investigó 11 casos de 18 ejecuciones extrajudiciales, así como denuncias de la prensa desde 2014 hasta 2019. Contó 2417 incidentes que involucraron 4681 muertes fuera del contexto de las OLP».
«Las investigaciones revelaron que el CICPC y las FAES fueron responsables del 69% de los homicidios cometidos entre los años documentados y estos responden administrativa y funcionalmente del Ministerio del Interior. La mayoría de las víctimas eran hombres jóvenes».
Una fuente con conocimiento interno aseguró a la Misión que luego de verificar los antecedentes de la víctima el jefe de la operación podía solicitar y recibir “luz verde para matar”. Esta luz verde se conoce con el código
“Ochenta (80)”
«Así como en las OLP, la Misión identificó que los funcionarios alteraron escenas del crimen, trataban de encubrir asesinatos, destruían evidencia forense, simulaban enfrentamientos, plantaban armas y trasladaban a la víctima a hospitales, incluso si la persona ya estaba muerta».
Violaciones en el contexto de protestas
«Según cifras del OVCS, de enero de 2014 a diciembre de 2019 se llevaron a cabo 61.295 protestas. “Los períodos de especial intensidad fueron febrero a abril de 2014, abril a julio de 2017 y enero a febrero de 2019. La FFM priorizó la investigación en estos periodos».
«Debido a la ausencia de estadísticas oficiales, las organizaciones de la sociedad civil han intentado rastrear el número de arrestos en el contexto de las protestas, identificando entre 3.459 y 3.696 en 2014, entre 2.553 y 5.549 en 2017 y aproximadamente 2.252 en 2019».
La Misión entrevistó a un testigo que trabajó durante más de diez años en los servicios de inteligencia en Venezuela, quien manifestó que “hubo momentos en que hubo intervenciones contra estudiantes, pero no había mérito para hacerlo, entonces [la GNB] tuvo que sembrar información”.
«La Misión constató que la independencia judicial comprometida y la injerencia del poder ejecutivo en los procesos judiciales contribuían a la detención arbitraria de manifestantes. Un ex juez dijo que “La presión fue tremenda durante esos días [2014] y también lo fue el miedo a las represalias”.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
«La Misión tiene motivos razonables para creer que las fuerzas de seguridad, incluidas la GNB, PNB y SEBIN, sometieron a los manifestantes a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes durante los períodos examinados».
«La Misión constató que los actos de tortura o malos tratos infligidos a las personas arrestadas y detenidas en las protestas incluyeron golpizas, descargas eléctricas, ser forzados a posiciones de estrés, exposición a gases lacrimógenos en áreas cerradas, violencia sexual y de género y / o tortura psicológica y malos tratos».
«El Ministerio Público reportó 43 muertos en las protestas de 2014 y 124 (entre abril y julio) de 2017. Según las ONG, entre 41 y 61 personas murieron en protestas en enero y febrero de 2019».
Hallazgos por contexto
«Con respecto a las violaciones cometidas por los servicios de inteligencia contra disidentes políticos y militares seleccionados, la Misión ha registrado en su base de datos los nombres de los oficiales identificados por las víctimas como directamente responsables de las violaciones y crímenes cometidos».
«La Misión también tiene motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM cometieron, ordenaron o contribuyeron a violaciones, o sabían que subordinados las estaban cometiendo y, teniendo la autoridad para hacerlo, no las previnieron ni reprimieron».
«Además, la Misión tiene motivos razonables para creer que los superiores y comandantes policiales y militares conocían o debían haber tenido conocimiento de las violaciones cometidas durante las operaciones y, habiendo tenido un mando y control efectivos, no tomaron las medidas adecuadas para prevenirlas y reprimirlas».
«En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la PNB / FAES y el CICPC, la Misión tiene motivos razonables para creer que ciertas autoridades de alto nivel tuvieron conocimiento y contribuyeron a la comisión de estos delitos».
La Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente como los Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en este informe, y teniendo la capacidad efectiva de hacerlo, no tomó medidas preventivas y represivas».
«Sobre la responsabilidad de los violadores de DDHH, el informe afirma: “Los autores directos de los delitos documentados en este informe son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados”.
