Gitanjali Wolfermann, autor en Runrun

Gitanjali Wolfermann

Objeciones al informe de DD. HH. de la ONU no logran desacreditarlo
En su intento por desautorizar el informe de la Misión Independiente de la Organización de las Naciones Unidas y zafarse de los señalamientos de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, el gobierno venezolano recurre a tácticas habituales: afirmar que el informe tiene fines políticos, invalidar técnicas forenses de análisis de datos, malinterpretar leyes internacionales y demostrar su incapacidad para respetar los pasos del debido proceso de justicia

 

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Dos días después de la publicación del informe de la Misión Independiente de Determinación de los hechos sobre Venezuela, derivado de un mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno venezolano puso en marcha la “misión verdad”, táctica con la que intentan desacreditar los hallazgos de la investigación que identificó a Nicolás Maduro, y a otros 45 funcionarios de su administración, como responsables de crímenes de lesa humanidad.  

El informe de casi 500 páginas detalla la metodología que siguió el equipo de investigadores liderado por tres abogados penalistas con amplia experiencia en casos de violaciones de derechos humanos: Marta Valiñas (Portugal), especialista en justicia penal internacional que trabajó en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional, Francisco Cox (Chile), quien representó ante la Corte Penal Internacional a 2.605 víctimas del conflicto armado en Uganda, y Paul Seils (Reino Unido), quien entre 2004 y 2008 fue jefe de Análisis de Situación en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Pese a la trayectoria de los investigadores, voceros del gobierno venezolano calificaron el informe como un documento plagado de errores técnicos y realizado con fines políticos. “Esta nueva misión supuestamente independiente se ha convertido en un nuevo mecanismo de agresión que pretende esbozar y publicitar una serie de apreciaciones sesgadas y unilaterales sobre la situación de los derechos humanos en el país”, dijo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno

También el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, y el canciller Jorge Arreaza, criticaron el informe por considerarlo “un reporte con un marcado sesgo político que tiene la intención de atacar a las instituciones venezolanas”.

Pareciera que los voceros oficiales activaron paralelamente a la “misión verdad” la “misión amnesia selectiva”, pues en contraste con el sesgo político que hoy le endosan a su trabajo, la labor de Cox fue alabada por aliados del régimen venezolano cuando integró el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el cual investigó y demostró la falsedad de la llamada “verdad histórica” sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ofrecida originalmente por el gobierno del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. 

Calificar a quien discrepe del gobierno como un “actor político del antichavismo” es la técnica más socorrida del gobierno venezolano, pero no es la única que empleó la “misión verdad” en su intento por desautorizar las conclusiones del informe de la ONU, también objetaron que la Misión no viniera a Venezuela y que usara fuentes anónimas para obtener información. 

La Misión no vino a Venezuela porque no lo permitió el Estado

 

“Que la Misión de la ONU no viniera a Venezuela para elaborar el informe fue una falla terrible”, sentenció Saab. Nada dijo el fiscal acerca de las seis peticiones que hizo el equipo de investigación para entrar al país. Saab tampoco dijo que la Misión ofreció al Estado enviarle el informe antes de ser publicado para que pudieran revisarlo y contestar los aspectos que creyeran necesario. 

“Hay que partir de la idea de que cuando un gobierno niega la entrada a investigadores de derechos humanos, es porque no quiere que vean lo que pasa adentro. Negarle la entrada a una misión de investigación manifiesta una intención premeditada de ocultar la verdad”, dijo Carolina Jiménez, directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

Jiménez explicó que tanto en las investigaciones académicas, como en las periodísticas y en las de derechos humanos, lo ideal es ir al terreno y en un buen número de casos se puede hacer. “¿Cuándo no se puede? Hay dos limitaciones típicas: cuando hay amenazas graves a la seguridad que lo impiden, por ejemplo, ante la inseguridad extrema que representa un conflicto armado; y la segunda razón es la negación de un Estado a dejarte entrar”.

El propio informe de la Misión reconoce que tuvo varias limitaciones en la investigación, entre ellas la falta de acceso a Venezuela pese a solicitarlo en seis ocasiones. Confirman que pese a ese obstáculo, “la Misión pudo reunir la información necesaria para establecer los hechos y llegar a conclusiones de conformidad con su mandato”. 

Como es costumbre, el gobierno venezolano le cierra las puertas a unos y se las abre a quien les conviene. La abogada e investigadora de Amnistía Internacional, Valentina Ballesta, comparó el trato dado a la Misión Independiente con el ofrecido al experto de la ONU Alfred de Zayas en 2017, a quien se le permitió visitar el país pues el experto es crítico de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela. 

“Venezuela es muy selectiva respecto de los mecanismos internacionales con los que coopera. Entre los criterios objetivos que justifican esta investigación está precisamente la falta de apertura del Estado al escrutinio internacional. El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado por distintos medios excluirse de ese escrutinio, por ejemplo, a través de la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta de la Organización de Estados Americanos”, dijo Ballesta. 

No haber hecho la investigación en el terreno ha sido el principal motivo de descrédito oficial de los hallazgos del informe. Sin embargo, Jiménez apuntó que al chavismo se le olvida que en 2005, el entonces presidente Hugo Chávez usó una investigación del Washington Post sobre los centros clandestinos de la CIA en Europa, para acusar inmediatamente al expresidente George Bush Jr. de “genocida, asesino, terrorista y secuestrador”

En aquella investigación, el Washington Post usó únicamente fuentes confidenciales y los reporteros no pudieron ir a Polonia y Rumania para verificar lo dicho por los informantes. La organización Human Rights Watch -hoy otro “actor político” denostado por el gobierno chavista-, confirmó el hallazgo del medio pues de manera remota y usando herramientas tecnológicas, logró precisar los patrones de vuelos entre Afganistán y los dos países del este europeo. 

“¿Quién fue a Rumania y a Polonia y entró en los centros clandestinos para afirmar que existían? Nadie, pero a las semanas salió Hugo Chávez Frías a decir que eso era un escándalo internacional. No recuerdo que haya puesto como objeción que los reporteros o la ONG no habían estado en el terreno. Cuando la metodología de investigación se usa para mostrar cómo viola derechos humanos tu enemigo, entonces la metodología es aceptable, pero cuando se usa para mostrar lo que tu gobierno le hace a su propia población, la metodología se cuestiona”, argumentó la directora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional. 

La prohibición de entrada a Venezuela tampoco impidió que la Misión revisara documentos oficiales como los expedientes legales. “Los expedientes los arma el sistema de justicia venezolano. Es muy difícil conseguirlos, se los niegan a los abogados, pero existen y se consiguen. Lo que reposa en los expedientes lo escribe el propio Ministerio Público así que como fuente de información es muy importante. En el informe, la Misión cita parte del expediente del capitán Acosta Arévalo y eso dio una cantidad de información que no podían obtener de otra fuente, por ejemplo, permitió conocer que él no murió en el hospital sino frente al juez en el tribunal. El análisis del expediente es muy importante porque demuestra muchas inconsistencias”, explicó Jiménez. 

Investigación digital forense: la técnica que no deja piedra sin levantar 

 

“¿Cómo se cumple con el mandato de investigar violaciones de derechos humanos cuando no te dejan entrar en un país? Estamos en el siglo 21 y se recurre a metodologías de investigación propias para los países cerrados, aquellos que no dejan que nadie entre a hacer monitoreo y escrutinio. Esas metodologías consisten en utilizar fuentes de información que te permitan corroborar los hechos denunciados”, explicó Jiménez. 

La negativa del gobierno de Maduro a permitir la entrada a Venezuela a la Misión de la ONU no impidió que los investigadores analizaran 223 casos, 48 de los cuales describen en detalle, y realizaran 274 entrevistas a víctimas, testigos, familiares, ex funcionarios del Estado, abogados, ONG y personal internacional. Los tres abogados penalistas que lideraron la Misión contaron con un equipo de expertos apostado en Panamá, dedicado a la investigación digital forense.

El uso de pruebas digitales está ampliamente descrito en el informe así como la metodología de investigación digital forense que se le aplicó a cada material. “La Misión evaluó la fiabilidad de la fuente mediante información objetivamente verificable, la corroboración de fechas y horas, la comparación visual, la comparación de las características de los objetos, las personas y/o los lugares, la geolocalización, la cronolocalización y la integridad de la misma, por lo que se analizó si la fuente captaba la información en su totalidad y en su contexto circundante”, describe el informe de la ONU.  

Venezuela no es una excepción como caso de país cerrado. “Otros mandatos han tenido la misma restricción de acceso y eso no deslegitima su trabajo ni la seriedad con la que se corroboran las evidencias. Las autoridades de Myanmar, Yemen, Burundi, Siria y Corea del Norte tampoco permitieron el acceso y las investigaciones se llevaron a cabo de manera remota”, explicó Ballesta. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional explicó que las metodologías de investigación aplicadas “son las mismas que pudieron haber aplicado de haber estado en el terreno. La no entrada a Venezuela no les quitó la posibilidad de tener acceso a las víctimas, a las organizaciones de derechos humanos, a todas las fuentes abiertas de información y a informantes del gobierno como funcionarios actuales y retirados. El trabajo de investigación permitió excluir denuncias sin respaldo y corroborar los datos mediante la triangulación de fuentes”. 

Ante la preocupación de la Misión por la seguridad de las fuentes entrevistadas, muchos testimonios se dieron a conocer de manera anónima, mientras que otros, como el del General Christopher Figuera, se citan con nombre y apellido. 

En su intento por invalidar los hallazgos del informe de la ONU, la “misión verdad” objetó que el uso de fuentes anónimas para denunciar torturas en organismos como el SEBIN y el GDCIM era “inaceptable por ser imposibles de contrastar”. Nuevamente aparece la amnesia selectiva pues al chavismo se le olvida el uso que le ha dado el Ministerio Público venezolano a la figura del patriota cooperante, personas carentes de identidad cuyas “denuncias” son tomadas al pie de la letra para arrestar y procesar a ciudadanos inocentes. 

Ajá, ¿dónde están las pruebas? 

 

Otro de los aspectos que el gobierno parece no entender es el alcance de la investigación presentada por la Misión Independiente de la ONU. A la “misión verdad” le pareció incongruente que el estándar de prueba utilizado por los investigadores haya sido inferior al que se requiere a nivel penal. “Esta inconsistencia muestra claramente que el informe intenta sesgar la opinión pública venezolana y mundial a favor de los objetivos de la Misión [de la ONU]”, dicen en su argumentación

En efecto, en el informe se explica que “en consonancia con otras misiones de determinación de los hechos establecidas por el Consejo de Derechos Humanos, la Misión utilizó como estándar de prueba los «motivos razonables para creer» (…). Este estándar de prueba es inferior al que se requiere en los procedimientos penales para sostener una acusación, pero es suficientemente alto para indicar que se justifica la realización de ulteriores investigaciones”. 

Ballesta insistió en la necesidad de entender “que hay diferencias entre los alcances de un mecanismo de investigación independiente y el proceso que sigue una fiscalía. No hay ninguna expectativa de que el informe de la Misión sirva como una especie de sentencia pues para eso se necesita un juicio justo con personas acusadas formalmente, donde se presenten pruebas y los acusados se defiendan”. 

La abogada e investigadora de Amnistía Internacional puntualizó que el mandato y alcance de la Misión es recoger la información. No se trata de un estándar menor en sentido de ineficiencia, sino de que ese es el tratamiento que corresponde para esta fase del proceso de establecimiento de responsabilidades. 

“Se trata de un paso antes de llegar al umbral de presunción de inocencia y motivos suficientes para creer. Con este estándar dicen que existen suficientes evidencias creíbles de crímenes de lesa humanidad y que las personas señaladas tienen responsabilidad. No se está juzgando ni condenando a nadie”, dijo Ballesta. 

Entender y respetar los pasos del debido proceso de justicia debe ser todo un reto para el chavismo. Basta recordarle a la “misión amnesia selectiva” el caso de la juez Lourdes Afuini, en el cual el fallecido presidente Hugo Chávez, acusó, juzgó y sentenció a la letrada en cuestión de minutos ante una audiencia que lo apoyó y aplaudió. 

Si bien los señalamientos del informe no constituyen una acusación formal para Maduro ni para los 45 funcionarios identificados, la Misión mantendrá preservados todos los materiales recabados para cuando llegue el momento de rendir cuentas, pues desde ya, terceros países pueden apoyarse en el principio de jurisdicción universal para juzgar los crímenes descritos, y organismos como la Corte Penal Internacional pueden avanzar en la investigación abierta en 2017 a solicitud de seis países del Grupo de Lima. 

Sin intención de exterminar

 

El último aspecto que el gobierno de Maduro cuestionó del informe de la Misión Independiente de la ONU fue el referido al concepto de crimen de lesa humanidad, alegando que “está mal empleado desde el principio, configurando un error metodológico que, además de debilitar la credibilidad técnica del informe, muestra toda su intencionalidad política”. 

No se trata de una objeción menor toda vez que los crímenes cuya responsabilidad recae sobre Nicolás Maduro y otros 45 funcionarios son de dicha naturaleza. De acuerdo con la argumentación de la “misión verdad”, “el concepto clave [para calificar un crimen como de lesa humanidad] (…) es el «exterminio», entendido como acciones intencionadas que buscan eliminar progresivamente a una población por su afiliación política, étnica o religiosa. Es falaz concebir que en Venezuela existen prácticas generalizadas para exterminar sectores políticos o sociales”. 

El Estatuto de Roma, en vigencia desde 2002 y ratificado por Venezuela, describe en su artículo siete que constituye un crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático, contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.

Estos son los crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

La abogada de Amnistía Internacional señaló que no está en el Estatuto de Roma la exigencia de que un crimen de lesa humanidad busque exterminar a una población. “Crimen de lesa humanidad no es igual a genocidio pues el exterminio es en sí un tipo de crimen. El artículo siete habla de exterminio como uno de los delitos, pero no es el único”. 

En su lectura, la “misión verdad” parte de la premisa de que todo crimen de lesa humanidad tiene como finalidad el exterminio de un grupo. “Hay un error de interpretación. Como crimen de lesa humanidad hay varias conductas tipificadas y ninguna requiere la intención de exterminio como motivación para las acciones. La condición es que sean cometidas de manera sistemática o generalizada, dirigidas hacia una población civil como parte de una política”, explicó Ballesta. 

En sus conclusiones, la Misión Independiente de la ONU confirmó la existencia de todas las características que definen los crímenes de lesa humanidad: “Hay motivos razonables para creer que la mayoría de las violaciones y los crímenes documentados en el presente informe se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra una población civil, con conocimiento del ataque, de conformidad con una política estatal o en apoyo de ella. En relación con estos crímenes, la Misión tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad en el período examinado”. 

En defensa de Maduro, la “misión verdad” negó que la motivación del gobierno haya sido el exterminio de parte de la población. ¿Cuál ha sido entonces el trasfondo de sus acciones? 

Con base en los casos analizados entre el 2014 y 2017, el informe pudo identificar no una, sino dos políticas estatales distintas en torno a las cuales se aglutinan delitos como la tortura, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas: a. Una política para silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del Presidente Maduro; y b. Una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de las personas percibidas como “delincuentes” mediante la ejecución extrajudicial.

La Misión de la ONU sólo estudió un período concreto del chavismo en el poder pero las conclusiones del informe quizás sirvan para atizar el debate sobre si dichas políticas de dominación y control social, han guiado al gobierno a lo largo de los veintiún años que lleva en el poder y son las responsables de la destrucción de todas las instituciones democráticas venezolanas. 

Enfermeras de Aragua temen más al hambre que al COVID-19
Yessica Vidal, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del estado Aragua, denunció que el personal de salud de la entidad carece de los equipos básicos de protección para COVID-19 y tampoco tienen un salario que les permita mantener a sus familias

 

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“Hoy día no nos va a matar solamente el COVID-19, hoy también nos mata el hambre”, denunció la licenciada Vidal. “Quiero hacer un llamado a las autoridades de salud competentes en el estado Aragua para que garanticen los equipos de protección para todo el personal de enfermería que labora en cada centro de salud del estado, tanto en ambulatorios como en hospitales”, dijo. 

Destacó que el gremio al que representa, integrado por 9500 profesionales, está en primera línea de contagio y se expone diariamente al nuevo coronavirus en el cumplimiento de su labor profesional. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó que desde que comenzó la pandemia en el país, han muerto 195 profesionales de la salud, de los cuales 9 son de Aragua: 6 médicos y 3 enfermeras. Entre las razones están la falta de material de protección para el personal, así como las carencias crónicas de los centros de salud. 

“No conforme con esto, hoy vemos cómo se terminó de pulverizar el poder adquisitivo de todos los que hacemos vida en este país cuando el dólar se ubica en 410 Bs, lo que hace que nuestro salario sea de 0,98 centavos de dólar. ¿Cómo sobrevivimos así, cómo alimentamos a nuestros hijos cuando el salario mínimo se terminó de extinguir? Hoy llegamos a la pobreza extrema”, dijo Vidal. 

A propósito de las numerosas violaciones a los derechos humanos enumeradas en el informe de la Misión independiente de la ONU, la licenciada señaló que “el peor crimen de lesa humanidad que comete el régimen es matarnos de hambre”. 

Vidal aseguró que “con mucha tristeza, vemos que no podemos seguir subsistiendo con las migajas de un régimen al que no le importa para nada que el pueblo se esté muriendo de hambre”. 

Maduro es señalado por crímenes de lesa humanidad ¿y ahora qué?
La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente consignado por seis países miembros del Grupo de Lima sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo, así como también para que terceros países juzguen a los señalados con base en el principio de jurisdicción universal

 

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A Nicolás Maduro le están siguiendo los pasos. Eso queda claro al leer las casi 500 páginas del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado en septiembre de 2020. En ese documento se detallan prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Maduro es el primer presidente en ejercicio de la región en ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, mas no está solo. En el informe identifican a 45 funcionarios que en alguna medida también son responsables personales de los delitos descritos. El énfasis, no obstante, recae sobre tres personas: el presidente de la República, el  ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el ministro de la Defensa. 

“Este es un informe que determina patrones de conductas, responsabilidades, cadenas de mando y que deja muy en claro la vinculación de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol en la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”, dice el informe de la Misión cuyo mandato expreso era describir las violaciones contra los derechos humanos y determinar quién o quiénes eran los responsables de esos hechos. 

El texto afirmó que la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente de Venezuela como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados. Acto seguido explican que: “Los autores directos de los delitos documentados en este informe son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados”. 

“El carácter de Presidente o de alto funcionario no le quita la responsabilidad individual por los crímenes de lesa humanidad que perpetró. El propio Estatuto de Roma prevé que no se puede oponer el cargo de un funcionario público para evitar que responda por estos crímenes internacionales”, explicó la directora de la ONG Cepaz, Beatriz Borges

Marino Alvarado, abogado y miembro de Amnistía Internacional sección Venezuela, destacó dos aspectos clave que atañe a los 45 funcionarios identificados: que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que cualquier país, amparado en el principio de jurisdicción universal, puede activar un juicio en contra de las personas señaladas. 

El grupo de los infames

 

Si bien no se trata de una acusación formal, el señalamiento de la Misión ubica a Maduro entre un grupo de mandatarios y funcionarios que han sido identificados y están siendo investigados por violaciones masivas a los derechos humanos. 

“Es particularmente grave pensar que ahora el régimen de Maduro entra en el selecto grupo de jefes de Estado y altos funcionarios que están individualizados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, no por opinión de distintos factores de la sociedad civil, sino como resultado de una investigación exhaustiva realizada por un mecanismo independiente”, argumentó Borges. 

Ese grupo al que se unen Maduro, Padrino y Reverol tiene al actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos desde 2006 en el marco de su guerra contra las drogas. También está Omar Al Bashir, quien era presidente de Sudán cuando recibió la acusación formal de la CPI por los crímenes perpetrados en Darfur desde 2003. 

Filipinas era un país signatario del Estatuto de Roma, razón por la cual la CPI tenía jurisdicción para juzgar los delitos, sin embargo, tras recibir el señalamiento en su contra Duterte tramitó la salida del país de la vigilancia de la Corte, situación que se materializó en 2019. Al Bashir ha sido prófugo de la justicia internacional por más de 10 años, en parte porque Sudán nunca ratificó el Estatuto de Roma y también gracias al apoyo de otras naciones africanas que le permiten el libre tránsito por sus fronteras. 

Kim Jong-il presidió Corea del Norte desde 1994 y también fue señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violaciones masivas a los derechos fundamentales. Falleció antes de que la investigación terminara. Saddam Hussein, quien presidió Irak desde 1979, también fue señalado por crímenes de lesa humanidad y fue juzgado y sentenciado a muerte por un tribunal en su propio país. Muammar Gaddafi, mandatario de Libia desde 1979, fue acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad en 2011 y falleció de manera violenta un mes después a manos de una turba. 

La CPI tiene actualmente 28 casos abiertos contra individuos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y ha emitido 25 órdenes de captura internacional para llevarlos a juicio. Hay otros 10 países, entre ellos Colombia, Bolivia y Venezuela, que tienen expedientes abiertos en fase de investigación preliminar. 

Al más puro estilo de las marchas y contramarchas que ha obligado de manera recurrente a opositores y oficialistas a ejercer el derecho a la protesta de manera paralela, Venezuela tiene dos investigaciones abiertas en la CPI, ambas en la misma fase preliminar. 

La primera se denomina “Venezuela I” y se refiere a la acción que realizaron en septiembre de 2018 seis Estados signatarios del Estatuto de Roma, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para que se investigaran los crímenes cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017. El segundo es “Venezuela II” y fue introducido por el propio Estado venezolano en febrero de 2020 para pedir una investigación por los supuestos delitos de lesa humanidad que “han resultado de la aplicación de medidas ilegales y coercitivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela desde 2014”. 

 

 

Borges explicó que Venezuela II es la forma “del gobierno de Nicolás Maduro de enviar un contramensaje de manipulación sobre cuáles son los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Lo vemos como una forma de tratar de desviar la atención sobre la verdadera responsabilidad. Sin embargo, eso está siendo tramitado por separado y por lo que sabemos no va a tener influencia en el avance del examen I”. 

¿Qué puede pasarle a los 45 funcionarios identificados?

 

El informe de la Misión de la ONU establece que la primera responsabilidad para investigar y sancionar los crímenes la tienen las instituciones venezolanas. Alvarado destacó que si bien es poco probable que la administración de Maduro vaya a investigar crímenes que los incriminan a ellos de manera directa, no es descartable que la investigación se abra si hay un cambio de gobierno. “Si no muestran interés en hacerlo le da más fundamento a la Corte Penal Internacional para avanzar en su investigación porque uno de los elementos clave en la Corte es la complementariedad, lo cual implica que ellos actúan si consideran que en un Estado no hay voluntad o posibilidad de hacer justicia”, explicó el activista de derechos humanos. 

Borges puntualizó que “uno de los aspectos que comenzó a valorar el informe es que es posible que los crímenes de lesa humanidad identificados hayan sido tolerados por los fiscales y jueces de la República como parte del patrón de comisión de estos delitos. La conclusión evidente es que no se puede contar con la justicia venezolana. Se abre así no solo la puerta de la Corte Penal Internacional, sino la posibilidad de que otros Estados juzguen a estos responsables. Se restringe así la libertad de todas las personas nombradas en el informe como responsables pues no podrán circular libremente por el mundo sin el temor de que en cualquier espacio pudieran ser apresados para ser juzgados”. 

La directora de CEPAZ explicó que “la calificación de hechos como delitos de lesa humanidad abre una cantidad amplia de posibilidades para la determinación de responsabilidades. La Misión de Determinación de Hechos expresamente hace un llamado no sólo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino también llama a los poderes judiciales de los Estados para que identifiquen a los responsables y los juzguen bajo las leyes de sus propios países, similar a lo que hizo el juez Baltazar Garzón respecto a Pinochet”. 

Las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a pocos días de la publicación del informe de la Misión independiente de la ONU, podría ser un indicio de la intención de avanzar en el camino de la jurisdicción universal. “Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Maduro], las que denunciamos en nuestro país y en distintos foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, han sido confirmadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (…). Lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación”, dijo el mandatario.

 

Borges consideró que debido a que la Fiscalía de la CPI ya lleva una investigación bastante avanzada sobre el caso venezolano, el informe de la Misión debería impulsar a ese organismo a presentar la acusación en contra de las autoridades identificadas en el informe en los próximos meses. 

Otra posibilidad que se abre es prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos a fin de que siga investigando los delitos, como los cometidos en el marco del proyecto Arco Minero,  y amplíe el listado de presuntos responsables. “Hay una solicitud de varios países para que se prorrogue el mandato por uno o dos años”, afirmó Alvarado. 

Mientras tanto, Maduro sigue en Miraflores

 

“Lo que percibo es que el informe no solo eleva ad infinitum los costos de salida, sino que hace tóxico e imposible cualquier tipo de negociación. Quizás haya para quien tal panorama sea motivo de alegría. En lo personal, difiero. Más veo a Siria y Sudán que a Chile o Bielorrusia (…). Sudán en el sentido de que luego de la acusación de la CPI, Al Bashir se mantuvo por otros 10 años y lo tumbó un golpe cuyo desenlace aún está en veremos, mientras que parte de su oposición -para esos momentos- se independizó en Sudán del Sur para luego caer en guerra civil entre ellos”, argumentó en su cuenta de Twitter el historiador y profesor asistente de la Universidad de Nueva York, Alejandro Velasco. 

En una entrevista con Runrunes, Velasco se apoyó en un tweet del también historiador y autor Fernando Mires para ahondar en la preocupación que ronda la mente de muchos venezolanos: “Que después de digerir los horrores del reporte, lo que queda por digerir es el horror de que nada ha cambiado en el ámbito real. Para mí esa es la cuestión, ¿cómo cambia este informe el panorama político para poder lograr un cambio?”, dijo. 

Velasco argumentó que si bien el informe representa un hito, también complica cualquier escenario de transición. “Lo digo pues Venezuela, al ser signataria del Estatuto de Roma, está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y eso implica que si la Corte procede hacia una acusación formal a Maduro y los demás mencionados, dificultará cualquier proceso de salida justamente porque los crímenes no prescriben. Es en ese sentido específico que comparé el caso de Venezuela con el de Sudán, pues para Al Bashir significó que ya no había salida posible y se atornilló en el poder. Atrapados ellos, mantienen atrapados a todo un pueblo”, argumentó el historiador.  

Los miembros del Grupo Internacional de Contacto (ICG) que lidera la Unión Europea, publicaron un comunicado conjunto un día después de la presentación del informe de la Misión de la ONU. En el documento reconocieron la gravedad de los señalamientos y reiteraron que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”. 

Tal vez la cara más visible de que aún existe la esperanza de alcanzar una solución negociada en Venezuela, pese al informe de la ONU o justamente debido a su gravedad, es la de Joseph Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien difundió el comunicado del ICG a través de un tweet y agregó que los ministros del grupo seguirán trabajando “por una salida política negociada a la crisis de Venezuela”.

No obstante, el profesor universitario se apoyó en los desenlaces de las acusaciones a Hussein y Gaddafi para apuntar que, sin caer en analogías simplistas, hay pocas garantías de transiciones democráticas pacíficas y duraderas tras señalamientos de delitos de lesa humanidad. “Por mi formación profesional tiendo a ver patrones y ciclos recurrentes. Hay voces a lo interno del chavismo que quizás vean la transición como una salida, no obstante, las movidas de Maduro hasta ahora nunca han apuntado hacia algún tipo de negociación sino más bien cada oportunidad ha servido para aferrarse más al poder. Si siguen los patrones, dudo que haya algún cambio en el mediano plazo”, dijo.  

Que el informe haya dejado en blanco y negro las violaciones a los derechos humanos cometidas por altos funcionarios del gobierno venezolano no disipa necesariamente la incertidumbre política. “Escucho a gente diciendo que tras el informe no hay negociación posible con quienes cometen crímenes de lesa humanidad, y si eso fuera así entonces qué hacemos, en qué nos deja esto, cómo este informe cambia la realidad que denuncia. Lo que digo no significa que el informe no ayude o que no debería haber sido publicado sino más bien que hay que pensar en función de qué hacer para impulsar un cambio a partir de este documento”, concluyó Velasco. 

COVID-19 pone a prueba fortaleza emocional de los venezolanos
En los últimos seis meses los venezolanos han pasado por diversos sistemas de confinamiento: de la cuarentena estricta al modelo 5 x 10 y luego al 7 x 7, con sus tres bemoles de flexibilización según decida el gobierno. En el interín, han sorteado además la escasez de gasolina y gas doméstico, la escalada de los precios y el deterioro de los servicios públicos

 

Expertos en salud mental afirman que quienes mejor han sorteado la crudeza del confinamiento han sido aquellos que han encontrado dentro de sí, las herramientas emocionales para adaptarse a la nueva realidad y han transformado su casa en un espacio para el autocuidado y la reinvención

 

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Se dice rápido, pero ya han pasado seis meses desde que se anunció la llegada del COVID-19 al país y comenzó un confinamiento forzado que alteró completamente la rutina laboral, académica, social y la dinámica familiar de gran parte de los venezolanos. 

Durante estos 180 días de cuarentena son varias las emociones que se han sucedido: el pánico inicial que llevó a muchos a abastecerse de alimentos, a hacer colas para llenar el tanque de gasolina, a buscar medicamentos en la farmacia, le dio paso a la duda e incredulidad pues en marzo el virus aún parecía una amenaza irreal y lejana que quizás ni siquiera se iba a materializar en Venezuela debido a la limitada oferta de vuelos hacia el país. 

“Esto ha sido como un terremoto emocional con réplicas grandes y pequeñas. En lo personal, siento que el apagón del año pasado nos preparó de alguna forma para esto y nos hizo anticipar todos los escenarios posibles y terribles de lo que podía pasar. Creo que eso nos hizo más fuertes para asumir el tema de la pandemia. En marzo, cuando se veía venir que nos iban a colocar en un estado de receso, tratamos de prepararnos lo mejor posible tanto emocional como materialmente. Esos primeros tres meses fueron de mucho resguardo y protección, como cuando te sientes frágil y todavía no te das cuenta de la magnitud de todo”, cuenta Karla Pérez Poleo, consultora comunicacional y profesora universitaria. 

“Al ver que no pasaba nada uno sentía que el coco estaba lejos y que estábamos presos porque a esta gente le convenía tenernos así. Ahí me sentí hasta molesta, como burlada. Cuando empezaron a conocerse los casos pensé que el coco estaba a mitad de camino y que en cualquier momento podría llegar. Ya a estas alturas es evidente por vecinos, conocidos y casos cercanos de personas que han muerto que vamos a empezar a ver el verdadero drama. Incluso pareciera que quieren abrir las puertas y yo siento pánico. Tuve pánico particularmente con el tema de las clases porque no quería mandar a mi hija pues los niños pequeños son foco de contagio. Ahora me siento frustrada. Creo que la gente va a necesitar activarse sí o sí asumiendo el riesgo de la enfermedad, aunque eso no implica que no tengan miedo sino que ya no pueden seguir esperando. Ya me ha tocado salir a trabajar más activamente en la calle y dejar a mi niña en la guardería. Tratas de tomar todas las medidas de protección pero es emocionalmente agotador”, continuó Pérez Poleo. 

Sube y baja emocional

 

La fluctuación de las emociones ha ido de la mano con los vaivenes de las decisiones gubernamentales para el control de la pandemia. Entre marzo y septiembre el gobierno ha impuesto tres modelos distintos de cuarentena -en mayo fue 10 x 5, en junio pasó a 7 x 7 y en julio introdujeron tres tipos de flexibilización- los cuales no parecen obedecer a ninguna lógica epidemiológica pues si bien los casos aumentan de manera sostenida, la cifra de  decesos que anuncian se mantiene invariable. 

La consultora comunicacional describió sus emociones tras estos seis meses: “Hoy siento que estamos en un punto extraño, como con tanta energía por las cosas que queremos hacer porque la cosa está difícil y la vida continúa, pero al salir a la calle ves los casos y sientes miedo. Creo que el venezolano es capaz de transformar ese miedo, vivirlo y volver a empezar, como una especie de reseteo continuo que hemos tenido que hacer para llevar una vida normal”.

“Hoy no somos los mismos de hace seis meses. Noto ahora más miedos porque sentimos que el COVID-19 está cerca. Pasamos del pánico colectivo a una fase de incredulidad porque no conocíamos a nadie al que le hubiera dado COVID-19. La etapa en la que estamos ahora es de miedo intenso porque nos estamos dando cuenta de que es cierto, ya todos tenemos una referencia de alguien que está contagiado o que murió. La realidad del COVID-19 entró en nuestras vidas y eso intensifica un miedo que puede volverse patológico”, dijo la psicóloga clínico y social Yorelis Acosta, jefa del área sociopolítica del Cendes de la Universidad Central de Venezuela.

Independientemente del país y del contexto puntual de cada nación, desde principios de año cada persona ha tenido que lidiar, a su manera, con el miedo al contagio, a la muerte, al colapso de los servicios de salud, a perder el trabajo y no poder hacer frente a los gastos diarios, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar el confinamiento, y con la ansiedad por haber perdido la rutina y la conexión física con familiares y amigos. 

Ya la Organización Mundial de la Salud había advertido en mayo que la pandemia también iba a desencadenar trastornos emocionales debido a lo prolongado del aislamiento social, al miedo al contagio y al temor a perder el trabajo. Acosta agregó a esta lista la aparición de la hipocondría. “Es muy normal en estos días, sobre todo después de exponerse a una situación de riesgo como ir a un supermercado o estar cerca de alguien que tose. Hay quienes llegan a su casa a bañarse, a lavar toda la ropa y al rato sienten como que tienen fiebre o dolor de garganta. Eso es normal”, dijo la experta en salud mental. 

Acosta se esforzó por dejar claro que hay una afectación psicológica normal derivada del contexto de esta pandemia que todos vamos a experimentar. “En el plano psicológico, toda la población está afectada por COVID-19. El cambio de rutina laboral, de las dinámicas en el hogar, del encierro, de perder el contacto con la familia y los amigos. Todo eso hace que aparezcan unos miedos que en algunas personas pueden llegar a ser muy intensos”, dijo.   

El reto en este punto está en encontrar el equilibrio entre el miedo, que es una reacción básica normal cuando nos enfrentamos a una amenaza, y el pánico que es una emoción paralizante, explicó Acosta. 

“Por favor, necesito ayuda”

 

Después de 180 días de confinamiento las secuelas comienzan a hacerse evidentes. “El aislamiento nos va a pasar una factura psicológica pues no estamos hechos para hacer la vida desde casa. Estar encerrados en la casa puede llevar a episodios depresivos leves, crisis nerviosas, alteraciones del estado de ánimo y pensamientos irracionales que cuesta controlar”, explicó la psicóloga. 

“A mí el coronavirus me devolvió a la psicología clínica porque yo estaba dedicada a la investigación en el campo de la psicología social. Es tanta la gente que me empezó a consultar que me tocó atenderlos a mí”, confesó Acosta. 

¿Qué está viendo en su diván virtual? “Muchas fobias y preocupaciones excesivas: a la muerte, a la suciedad, a las multitudes, a la soledad, al contacto físico, e incluso miedo a quedarse soltero en este año pues las probabilidades de conseguir pareja en un contexto de aislamiento y distancia social son menores”, explicó la psicóloga. 

A través de su consulta, Acosta ha notado que tras seis meses de encierro, el hogar pasó a ser un sitio insoportable para muchas personas. “Es necesario establecer nuevas normas de convivencia familiar. Hay que distribuir los espacios en la casa, incluso si el sitio es pequeño y hay varias personas teletrabajando. Muevan los muebles y que cada uno tenga aunque sea un rincón. Busque una silla de trabajo, no trabaje en la silla de la cocina. Si hay niños, déjales un espacio para que jueguen sin que afecten a los que trabajan. Otra clave, empezar a negociar tiempos y silencio”, describió Acosta. 

Una oportunidad para la reinvención

 

El teléfono de María Fernanda De Castro, psicóloga clínico y psicoterapeuta con más de 50 años de experiencia, también comenzó a sonar más de lo habitual tan pronto como a los quince días de comenzar la cuarentena. Eran pacientes que ya habían cerrado su ciclo de terapia y también personas que la contactaron por primera vez. 

“Me llamaban porque la cuarentena nos quitó el baluarte más importante que tenemos los seres humanos: la libertad. Al estar confinados nos sentimos presos y esa sensación en Venezuela es aún más acuciante por todo el entorno. Ese es el primer punto que yo veo con mis pacientes”, dijo De Castro. 

El segundo motivo de consulta es la ansiedad por la pérdida de la rutina. “¿Y ahora qué hago? me preguntan. Claro que hay quien te dice que trabaja desde la casa sin problema pero hay muchos que no tienen la opción de teletrabajar y han perdido la capacidad de desarrollar su parte laboral, lo cual les genera muchísima ansiedad”, explicó De Castro.

Otro motivo de consulta que refirió la psicoterapeuta es la ansiedad derivada de la proximidad con los demás integrantes de la familia. “Vivir puertas adentro implica estar en contacto con nosotros mismos. Mira cómo yo lo veo: ¿Qué ha significado el confinamiento en la casa? Nuestra casa es el mundo interno, es la imagen de lo que llevamos dentro. Normalmente no estamos acostumbrados a estar en contacto con nosotros mismos sino a estar afuera: ir al trabajo, vernos con los amigos en un café, todo es hacia afuera pero esta situación nos ha obligado a venir adentro y es ahí cuando nos encontramos con nosotros mismos. Y cuando te encuentras contigo, ¿qué haces, cómo lo manejas? Salen las ansiedades de una manera más evidente”, dijo.  

De Castro usa esta imagen para explicarle a sus pacientes por qué el confinamiento en el hogar les genera tanta ansiedad: “Este mundo que nos rodea, esta estructura social funciona hacia afuera: es el poder, los logros, la imagen. ¿Qué pasa con eso? Que a veces esa estructura está hueca. Tenemos títulos universitarios, propiedades y vida social pero no hay un mundo interno desarrollado todavía porque nadie nos enseñó a conocernos, a preguntarnos cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. En la medida en que no me conozco no puedo responder a una pregunta básica: ¿Qué es lo que me pasa? Uno llega a tener 40, 50, 60 años y no saber qué te pasa genera una gran ansiedad”. 

Justamente por la obligatoriedad del encierro, De Castro opinó que la cuarentena también puede ser una oportunidad: “Yo veo esto como un regalo que la vida nos está haciendo porque es la oportunidad para entrar en contacto con uno mismo. Esta situación de confinamiento mundial también es la oportunidad que la vida nos da para encontrarnos con nosotros mismos. A unos les parecerá una locura pero así lo veo yo y tengo muchos pacientes que me han dicho lo mismo. Lo que estamos enfrentando es muy duro y en esas situaciones la gente se reinventa. Dentro de cada uno están todas las herramientas para salir adelante”, argumentó.  

Si ese contacto con nuestro mundo interno genera turbulencias, hay que tomar en cuenta que todos los integrantes de la familia están experimentando, a su manera, un proceso similar, de allí que los conflictos que antes eran nimios se han tornado más intensos durante estos seis meses de cuarentena. 

Si para muchos la ansiedad ha derivado de un hogar que se siente más como un ring de boxeo, para otros ha sido consecuencia de haber pasado los últimos 180 días en una isla desierta. De Castro dedicó especial atención a la doble amenaza del COVID-19 que enfrentan muchos adultos mayores: contagio con un pronóstico más delicado y los efectos de la soledad prolongada. 

“El que vive solo tiene un riesgo emocional más alto. En este momento hace falta el afecto, el apoyo y la compañía. Hay mucha gente sola, en especial adultos mayores. Ahí es sumamente importante que los hijos y nietos que están fuera del país o viven en otra ciudad se pongan en contacto con sus familiares. Los vecinos también pueden hacerse presentes. La gente sola es la que necesita más apoyo pues la base de nuestra vida es la emocionalidad y cuando esa vida se deprime, o entra en un estado de estrés profundo, bajan nuestros mecanismos de defensa. Todos necesitamos saber que tenemos a alguien con quien contar, porque seguimos siendo seres sociales aún en medio de esta pandemia”, dijo la psicoterapeuta. 

A la incertidumbre natural de una pandemia global, hay que sumar la ansiedad que deriva del manejo de la información que ha hecho el gobierno. Las cifras oficiales tanto del número de contagios como de los decesos contrastan con las estimaciones del segundo informe sobre el estado actual de la epidemia publicado el 9 de septiembre por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Dicha institución advirtió que los contagios de COVID-19 seguirán su trayectoria ascendente hasta finales de 2020. En franco contraste con la confianza que busca transmitir la gestión de Maduro, los científicos calcularon que para finales de agosto, unas 7.000 personas al día se habrían infectado con el nuevo coronavirus, cifra que difiere de los 1.281 casos reportados de manera oficial para la misma fecha.  

16 ginecoobstetras han muerto por COVID-19 hasta el 07 de septiembre
De acuerdo con la ONG Médicos Unidos Venezuela, entre el 16 de junio y el 07 de septiembre de 2020 fallecieron 16 especialistas en ginecología y obstetricia en el país: 5 en el estado Zulia, 4 en Bolívar, 3 en el Distrito Capital, 1 en Trujillo, 1 en Apure, 1 en Anzoátegui y 1 en Nueva Esparta. Con 15,69%, representan la especialidad médica con mayor número de decesos a causa de COVID-19

 

@GitiW

 

De los 102 médicos fallecidos por COVID-19 en Venezuela entre el 16 de junio y el 07 de septiembre de 2020, 16 eran especialistas en ginecología y obstetricia. La ONG Médicos Unidos Venezuela asumió la tarea de revisar cada caso y de llevar la estadística no oficial del personal de salud fallecido en el país durante la pandemia del SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, COVID-19. 

 

“La base de datos que manejamos la procesa un equipo de médicos especialistas en Salud Pública y Epidemiología. Es un equipo que trabaja a nivel nacional y realiza revisiones de primera y segunda línea. Con relación a cuál es el criterio que seguimos para evaluar cada caso, tenemos una rigurosidad científica específica y clara: todo fallecido que entra en esa lista es posterior a una revisión exhaustiva del caso; si las circunstancias del fallecimiento no están claras, se mantiene en evaluación hasta tener precisión”, explica  Jaime Lorenzo, médico especialista en Cirugía General y en Salud Pública, y es actualmente el director de Médicos Unidos Venezuela. 

¿Quiénes son los 16 ginecoobstetras fallecidos?

 

Fecha del deceso
Especialistas en ginecoobstetricia
Estado del país donde trabajaba
24/06/2020 Manuel Romero Zulia
28/06/2020 Jorge Leal Zulia
13/07/2020 María Consuelo González Distrito Capital
10/07/2020 Jesús Romero Zulia
22/07/2020 Ana Henríquez Distrito Capital
31/07/2020 Alcira Peracha Bolívar
04/08/2020 Jesús Peña Peña Zulia
17/08/2020 Ángel Alzurutt Bolívar
20/08/2020 Jesús García Distrito Capital
24/08/2020 Junny Macabril Bolívar
24/08/2020 Franklin Urdaneta Zulia
28/08/2020 Julia Morales Trujillo
30/08/2020 Andrés del Orbe Apure
30/08/2020 Pedro Luis Cedeño Tarache Anzoátegui
03/09/2020 Manuela Fernández Lanz Bolívar
07/09/2020 Elio José Margiotta Figueroa Nueva Esparta

 

Para conocer más detalles acerca de cada miembro del personal de salud venezolano que ha perdido su vida en el ejercicio profesional durante esta pandemia, visite este trabajo especial de Runrunes

¿Por qué los ginecoobstetras han sido más vulnerables?

 

Al tratar de entender las posibles razones detrás de la prevalencia de ginecoobstetras entre los fallecidos por COVID-19 en Venezuela,  Pedro Martínez Poyer, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas Caracas, explicó que todo pasa por un análisis multifactorial y que el primer aspecto a considerar es el gran volumen de pacientes que atienden, lo cual los lleva a pasar más horas en sus centros de trabajo. “Venezuela tiene una gran proporción de población joven y en edad fértil. A las pacientes embarazadas siempre hay que verlas, más si existen factores de riesgo en el embarazo. Aquí no se estila la telemedicina, vemos a las pacientes de manera presencial pues carecemos de la infraestructura técnica”, explicó Martínez Poyer. 

Solamente ese factor, el tiempo que pasan en sus centros de trabajo, incrementa significativamente el riesgo para el personal sanitario. Un estudio realizado en Wuhan -epicentro en China de la epidemia de coronavirus- encontró que “el riesgo de infección aumenta de forma significativa y progresiva con el número de horas trabajadas diariamente. Según el análisis de los autores, todo el personal que trabaja en departamentos de alto riesgo estaría infectado si trabajara 15 horas al día”. 

Otro factor de riesgo es la exposición a pacientes que en apariencia están sanas pero que podrían ser casos asintomáticos de COVID-19. “Nosotros vemos a pacientes que por lo general son jóvenes y saludables y eso le da a los médicos cierta confianza, con lo cual disminuye el tenor de la protección que normalmente deberíamos tener tanto en las consultas como durante el trabajo de parto cuando nos exponemos a la aspersión de aire. La recomendación es que no escatimen esfuerzos en protección, en lavarse las manos a cada momento y en colocarse el equipo correctamente. Lo más prudente es considerar que todos los pacientes son COVID-19 positivos hasta que se demuestre lo contrario”, argumentó el ginecoobstetra. 

La edad promedio de los médicos que suelen tener mayor una mayor demanda de pacientes también es un factor de riesgo que destaca Martínez Poyer. “Los obstetras que manejan más pacientes son los que tienen más experiencia y eso está atado a la edad; la máxima experiencia en nuestra especialidad la obtienes entre los 55 y 65 años y ya eso es un factor de riesgo para el COVID-19”, argumentó. 

Como último factor que explicaría que los ginecoobstetras encabecen la lista de especialidades con más galenos fallecidos en Venezuela, Martínez Poyer mencionó la idiosincrasia del obstetra criollo. “En Venezuela, los obstetras hemos sido los médicos de la familia, nos consultan por todos los miembros de la casa y eso ha sido así de manera espontánea. Es parte de la idiosincrasia del venezolano que los obstetras se vuelvan parte de la familia, nos invitan a los bautizos y primeras comuniones, siempre ha sido así en Venezuela. Eso aumenta las oportunidades de contacto y contagio”. 

Especial | En memoria del personal de salud venezolano fallecido por COVID-19
Con 30,31%, Venezuela es el país del continente que más muertes registra del personal de salud en función del total de fallecidos: de las 386 muertes que reconocía la gestión de Nicolás Maduro para el 31 de agosto de 2020, la ONG Médicos Unidos Venezuela registraba 117 fallecimientos con clínica sugestiva de COVID-19

@GitiW, @Monkda92 y @MayerPerdomo

 

Una investigación de la Alianza Rebelde  llegó a una conclusión que hoy se ve confirmada: “La crisis del COVID-19 rebasará la ya reducida capacidad de un gobierno que no construyó más centros asistenciales en los últimos 12 años”. 

Runrunes busca honrar a cada miembro del personal de salud venezolano que ha perdido su vida en el ejercicio profesional durante la pandemia de SARS-CoV-2 y la enfermedad que produce, COVID-19. 

A diferencia del anonimato al que la gestión de Nicolás Maduro ha relegado a este personal, pues en sus informes diarios rara vez se mencionan y ni siquiera se suman a las estadísticas oficiales, Runrunes presenta en este especial sus nombres, fotos, profesión y una breve biografía. 

Las personas incluidas han sido reportadas por Médicos Unidos Venezuela, organización conformada por médicos epidemiólogos y expertos en salud pública encargados de verificar que los fallecimientos sean atribuibles al COVID-19. 

Más que héroes, como tantas veces han reiterado desde el gremio médico, de enfermería y obrero, eran trabajadores que de haber contado con la asistencia debida del Estado venezolano para dotar los hospitales de insumos de limpieza, de medicamentos para un tratamiento eficaz, de equipos de bioseguridad suficientes y de entrenamiento para su uso correcto, quizás hoy seguirían con vida pues habrían mitigado el riesgo de contagio. 

Si usted tiene información sobre un trabajador del área de la salud fallecido en Venezuela por COVID-19, que aún no esté en nuestro registro, envíe sus datos a través de este formulario.

Bielorrusia mantiene viva la esperanza de cambio que se perdió en Venezuela
Ambas naciones llevan más de veinte años bajo el yugo de regímenes autocráticos, con un amplio récord de violaciones de derechos humanos y sanciones internacionales
Las denuncias de fraude electoral llevaron al país ex soviético a experimentar un nuevo ciclo de protestas bajo la conducción de un liderazgo fresco y creíble que aspira a lograr, por primera vez en su historia, el cambio presidencial a través del voto
Venezuela, con su propio historial de elecciones amañadas e incontables olas de manifestaciones de calle, aún espera que se construya una vía real de cambio que rescate la democracia que disfrutó por cuarenta años 

 

@GitiW

 

Antes de la llegada del chavismo al poder, hace ya veintiún años, nadie hubiese buscado trazar paralelismos entre la situación política bielorrusa y la venezolana. Aunque imperfecta, la democracia criolla llevaba cuarenta años permitiendo cambios presidenciales y regionales por medio de la votación universal, secreta y directa. En contraste, la nación ex soviética sólo ha tenido una elección libre en la que resultó ganador Alexander Lukashenko, quien rige el país desde hace 26 años. De no parecerse en nada, ambas naciones pasaron a ostentar en 2019 el mismo puntaje con el que la organización Freedom House evalúa las libertades políticas y civiles: 19 sobre 100. 

 

 

 

Tal es ahora la cercanía con Bielorrusia que el canciller venezolano, Jorge Arreaza, condecoró al embajador de ese país en Venezuela, Oleg Páferov, con la Orden Francisco de Miranda en su primera clase. La distinción fue conferida a dos semanas de realizarse la elección en la que Lukashenko se proclamó victorioso por sexta vez consecutiva, lo que generó una masiva manifestación en rechazo y la subsecuente represión violenta por parte del Estado que dejó, en una sola noche, un fallecido, decenas de heridos y 3000 arrestados.

 

 

La líder de la coalición opositora, Svetlana Tikhanovskaya, desconoció el resultado oficial que le otorgó 9,9% de los votos frente a 80,2% de Lukashenko. Temiendo por su integridad, salió del país rumbo a Lituania desde donde intenta organizar su regreso a Bielorrusia así como liderar las protestas masivas cuyo foco es la renuncia de Lukashenko. “Nosotros hemos cambiado, nuestra mente ha cambiado, nuestra gente no va a aceptar más a este presidente”, aseguró Tikhanovskaya en una entrevista concedida un día antes del tercer domingo consecutivo de protestas que llenó las calles de Minsk

A tres semanas de la votación, gran parte de la comunidad internacional ha reconocido la ilegitimidad del proceso electoral, aunque de momento se limitan a observar cómo se desarrolla el conflicto. Tan evidente es el paralelismo con la elección presidencial venezolana de mayo de 2018, desconocida por más de 60 países, que Josep Borrell, Alto Representante Europeo para Asuntos Exteriores, declaró que “Lukashenko es como Maduro, no le reconocemos pero hay que tratarle”. 

 

Bielorrusia y Venezuela en seis similitudes y diferencias 

 

Desde hace tres semanas, las redes sociales en Venezuela han visto multiplicarse los mensajes que comparan la realidad política de ambas naciones. Muchos mensajes hacen énfasis en la necesidad de votar como prerrequisito para denunciar el fraude electoral y generar protestas masivas. Otros celebran el coraje y determinación de los bielorrusos pues al salir masivamente le plantan cara al régimen y superando el temor a la represión. 

En Runrunes consultamos tres voces expertas para analizar qué tan acertadas son tales comparaciones: María Teresa Urreiztieta, profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, doctora en Psicología Social, experta en procesos de democratización, movimientos sociales y protestas; Georg Eickhoff, doctor en Historia Moderna y Filología Española por la Universidad Técnica de Berlín, actualmente es relator y analista político para Ucrania de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa; y Sven Gerst, secretario general de la Federación Internacional de Juventudes Liberales.

Los tres analistas coinciden en que toda comparación de casos sociopolíticos requiere de una comprensión detallada de los contextos históricos, políticos, sociales y coyunturales que son propios de cada sociedad. Esto no niega que haya similitudes y coincidencias entre el proceso bielorruso y el proceso venezolano, afirmó Urreiztieta, al tiempo que insistió en la necesidad de valorar las diferencias que derivan de las particularidades en cada caso.   

 

Similitud #1: Tipo de régimen

 

Ambos países han sido gobernados por regímenes autocráticos que han ejercido un control hegemónico de la sociedad. Desde 1994 no se ha dado un cambio del Poder Ejecutivo en Bielorrusia, del mismo modo que desde 1999 el chavismo ha mantenido el control de Miraflores. En 2019 se realizaron elecciones parlamentarias en Bielorrusia y los candidatos leales a Lukashenko ganaron todos los escaños de la cámara baja (110), mientras que en Venezuela desde 2015 han coartado la independencia de la Asamblea Nacional y desde 2017 existe una Asamblea Nacional Constituyente que responde a los intereses de Maduro. “Tanto Bielorrusia como Venezuela tienen contextos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de persecución política que ha llevado a dirigentes a la cárcel y al exilio, de brutalidad en la represión del Estado a manifestaciones pacíficas, de control de los medios de comunicación y de control del acceso a Internet”, enumeró Urreiztieta. 

 

Diferencia #1: Tradición comunista versus cultura democrática

 

“No son idénticas las situaciones y una gran diferencia es que Venezuela durante décadas fue un ejemplo de democracia, inclusive muchos llegaron a pensar que el chavismo iba a manejarse dentro del estado de derecho. La población de Bielorrusia ha sufrido lo más feroz de las dos grandes dictaduras del siglo XX, el fascismo y el comunismo, pocas poblaciones en el planeta han sufrido tanto como los bielorrusos y nunca han conocido un despliegue pleno de la democracia. Sólo ha conocido una vez en su historia una elección libre -la primera vez que fue electo Lukashenko en 1994-, y terminó así”, explicó Eickhoff. Ser una república ex soviética conforma una impronta muy importante, agregó Urreiztieta. “La tradición comunista es muy diferente a la tradición democrática de 40 años venezolana. Esto imprime un carácter muy particular a la duración de las protestas y a las posibilidades de diálogo y negociación política. Lukashenko no se ha planteado negociar. En la tradición democrática venezolana impera la necesidad de la convivencia pacífica y representa una gran diferencia en la forma de ejercer el poder y el liderazgo”, dijo la profesora de la USB.

 

Similitud #2: La protesta masiva como instrumento de participación ciudadana

 

No es la primera vez que los bielorrusos protestan en contra de Lukashenko. “Hemos protestado en todas las elecciones desde que Lukashenko fue electo en 1994, también lo hicimos tras el referéndum inconstitucional en el cual cambiaron la bandera y el escudo de armas en 1995”, contó Gerst. “En las recientes jornadas de protestas en Bielorrusia, como en las protestas de 2017 en Venezuela, destaca el carácter masivo, plural e intergeneracional, con predominio de un movimiento cívico y pacífico de resistencia activa”, dijo Urreiztieta. La profesora explicó que en ambos países la protesta ha sido reivindicada como la caja de resonancia de los malestares y como un instrumento de expresión política y social. 

 

Diferencia #2: Renuncia del presidente versus el restablecimiento del estado de derecho

 

Gerst puntualizó que las protestas actuales son puramente anti-Lukashenko sin muchos reclamos políticos adicionales. “Es más una lucha por derechos políticos y cívicos, lo cual también es muy frágil porque una lucha por derechos políticos se puede combatir fácilmente porque la gente se repliega. La mentalidad por muchos años en los países de la ex Unión Soviética es estar felices si tienen qué comer, un techo y calefacción en el invierno. Se preguntan si vale la pena arriesgar por conquistar derechos políticos. Esa es la fragilidad de esta lucha que estamos viendo ahorita”, argumentó Eickhoff. Que la aspiración actual sea la renuncia de Lukashenko y no un cambio de la estructura del Estado se debe al desgaste y autoritarismo del presidente y a la poca experiencia democrática de los bielorrusos, explicó Urreiztieta, quien advirtió que “la salida de Lukashenko sería un primer paso, pero un cambio cosmético no es un cambio real ni profundo, ni obedece a un proceso democratizador”. En contraste, los venezolanos saben que un cambio de presidente es insuficiente y la demanda es restablecer la separación de los poderes públicos y el estado de derecho. 

 

Similitud #3: Represión violenta a manifestaciones pacíficas

 

Desde Minsk, el secretario general de la Federación Internacional de Juventudes Liberales dijo que “hemos visto represión contra las protestas en el pasado, pero la violencia que hemos visto esta vez no tiene precedentes”. También en Venezuela la represión violenta a las manifestaciones opositoras fue creciendo de manera gradual. El último ciclo de protestas en Venezuela (2017) dejó un balance de 158 muertos. “En ambos casos ha predominado la violencia oficial y la impunidad”, confirmó Urreiztieta aunque destacó un dato: en Venezuela, en todo el ciclo de protestas de 2017 hubo alrededor de 5000 arrestados según el Foro Penal Venezolano, mientras que en Bielorrusia en los primeros 10 días hubo unos 7000 arrestos y al menos 4 muertos. 

 

Diferencia #3: Un liderazgo opositor fresco y creíble versus uno fracturado y agotado

 

Uno de los aspectos más llamativos del proceso bielorruso es que está liderado por un triunvirato de mujeres, esposas de políticos encarcelados. “Es un liderazgo innovador e inédito que aporta ética y estéticas diferentes; este liderazgo femenino ha aportado una mezcla de credibilidad y sencillez y eso logró convocar a la gente. En Venezuela, si bien vimos un cambio generacional en la conducción de las protestas de 2017, el liderazgo político opositor a Maduro siguió siendo predominantemente masculino”, explicó Urreiztieta. En cuanto a la credibilidad, Eickhoff apuntó que incluso el presidente interino, Juan Guaidó, ha sufrido un enorme desgaste en corto tiempo. “Quedan muy pocas instituciones creíbles; el mensaje de los obispos confundió a mucha gente porque quedan pocas referencias éticas en la sociedad. Esta es una diferencia clara con el liderazgo bielorruso porque los líderes allá son tan nuevos que todavía son hojas en blanco que permiten que la sociedad proyecte sus esperanzas. En Venezuela, el gobierno ha dedicado mucho esfuerzo y ha tenido éxito en el proceso de mermar la credibilidad del liderazgo democrático, nadie confía en nadie, todos piensan que de una forma u otra todos están recibiendo dinero del gobierno, como no hay duda de que algunos están haciendo”, sostuvo el historiador. 

 

Similitud #4: Crisis de legitimidad

 

En el caso de Bielorrusia, la crisis de legitimidad deriva del fraude electoral presidencial que  detonó la reciente ola de protestas, mientras que en Venezuela lo fueron las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia dictadas en 2017 en contra de la Asamblea Nacional para despojarla de sus funciones y otorgar más poderes a la presidencia. “El pico cumbre de la ilegitimidad del gobierno venezolano está en la reelección de Maduro en mayo de 2018 que desembocó en la formación de una presidencia interina y en el reconocimiento del fraude por buena parte de la comunidad internacional”, dijo la profesora de la USB. 

 

Diferencia #4: Estar entre los países más pobres de Europa versus a los más pobres y violentos del mundo

 

En el ranking de calidad de vida medido por el PIB per cápita, Bielorrusia ocupa la posición 94 de 196 países, con lo cual está más cerca de Colombia -que ocupa el puesto 91- que de Venezuela que está en el 126. “Aunque Bielorrusia está entre los países más pobres de Europa, Venezuela está en peores condiciones; con esto quiero decir que el plan cubano puesto en marcha por el gobierno chavista funcionó, el cual era romper la espina dorsal de la sociedad venezolana”, dijo Eickhoff. La profesora de la USB confirmó la apreciación: “Aquí estamos en contexto de sobrevivencia, de emergencia humanitaria compleja, con mermadas condiciones de vida y el advenimiento de la pandemia terminó por alterar la dinámica social en torno a las movilizaciones”. Otra diferencia crucial es la violencia criminal, que en Bielorrusia es muy baja mientras que en Venezuela, con una tasa de 60,3 homicidios por cada cien mil habitantes, es la más alta del mundo.

 

Similitud #5: Uso de símbolos históricos

 

En las manifestaciones anti-Lukashenko han ondeado miles de banderas blanca y roja, en uso oficial hasta 1995 cuando fue reemplazada por la bandera actual de inspiración soviética. “La bandera blanca-roja-blanca ha estado asociada con la oposición y en todas las grandes manifestaciones anti-régimen ha sido ondeada por la gente. Para muchos bielorrusos esa ha sido, desde siempre, la bandera nacional”, explicó en un hilo de Twitter el historiador Janek Lasocki. También en Venezuela el régimen chavista cambió la bandera nacional y el escudo en 2006 y el uso de los símbolos patrios originales ha sido parte de los recursos visuales de los manifestantes opositores desde entonces. 

 

Diferencia #5: Frecuencia y duración de las protestas

 

Tras la cuestionada reelección de Lukashenko, la oposición ha llenado las calles de Minsk y de otras ciudades del país por tres fines de semanas consecutivos. En Venezuela, el ciclo de protesta de 2017 duró cuatro meses y tuvo convocatorias casi interdiarias. “La protesta política -salir a la calle y exponerse a la represión-, es una actividad que se ejerce en paralelo a la vida misma; lo que hemos visto en este breve ciclo de protestas en Bielorrusia es que las grandes manifestaciones son los fines de semana porque la gente tiene una vida y tiene que trabajar; ahora bien, si los trabajadores de las fábricas van a huelga pueden jugar un factor muy importante. Bielorrusia es un país muy conservador hacia los valores de la Unión Soviética y si ellos van a huelga será un factor decisivo”, explicó Eickhoff. 

 

Similitud #6: Juego geopolítico

 

“El juego geopolítico de superpotencias conforma una variable muy importante para lo que suceda en Venezuela. El apoyo de los Estados Unidos y de la Unión Europea también se ha visto en ambos casos. Asimismo, la presión de los países más próximos juega un papel clave en lo que ocurra fronteras adentro”, dijo Urreiztieta. El historiador Georg Eickhoff también ve en este punto una similitud entre ambos casos: “Parece que hay un equilibrio frágil entre Rusia y la Unión Europea y que van a hacer las cosas diferente a lo que hicieron en Ucrania. En esto sí se podría ver una similitud con Venezuela ya que cuando las grandes potencias dejan solos a los países, los gobiernos autoritarios tiene el espacio para aplastar a la oposición como lo han hecho en Venezuela. Lo que queda es una oposición de decoración”. 

 

Diferencia #6: Despertar democrático versus el desvanecimiento de la esperanza

 

“¿Cuál es la diferencia fundamental? Que en Bielorrusia existe una esperanza real de cambio y eso es fundamental en psicología política. Las movilizaciones en Venezuela no se darán ni sostendrán si no se construye una esperanza creíble y real de cambio. Los venezolanos han sacrificado muchísimo a lo largo de estos 21 años, la gente lo que pide es respeto, honestidad, coherencia y la construcción de un vía real de cambio. En Venezuela, la esperanza real de cambio se ha ido desvaneciendo poco a poco”, argumentó Urreiztieta.  

Por su parte, Eickhoff dijo que “en Bielorrusia estamos viendo el inicio de un despertar democrático y en Venezuela vemos un final, un fracaso, una merma; un país y una oposición quebradas. El problema de los venezolanos es que se acuerdan de cómo era su democracia, que si bien estaba lejos de ser perfecta estaba allí; era un país muy próspero, con una vida feliz, muchos recuerdos buenos de la juventud, de viajes, de tener plata, de ser respetados en el mundo y eso ha creado la expectativa de que debería ser fácil regresar a eso pero no lo es. Lean nuevamente el Plan de la Patria de 2006, allí está el mapa de cómo destruir a Venezuela y a más de una década y media hay que decir que han sido exitosos en esa destrucción pero no en la construcción del modelo socialista no porque eso no existe, nunca ha existido”. 

Ginecoobstetras encabezan la lista de los médicos fallecidos por Covid-19 en Venezuela
Entre el 24 de junio y el 04 de agosto de 2020, la ONG Médicos Unidos de Venezuela reportó la muerte por Covid-19 de siete especialistas en ginecología y obstetricia en el país: 4 en el estado Zulia, 2 en Distrito Capital y 1 en el estado Bolívar. Con 13%, representan la especialidad con mayor número de decesos a causa del coronavirus

 

@GitiW

 

Manuel Romero, de 54 años, es el primer ginecoobstetra venezolano en las estadísticas de fallecimientos por Covid-19 que lleva la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Trabajó durante 30 años en un centro médico privado marabino. Jorge Leal, 56 años, fue coordinador de la Comisión de Vigilancia Materna del Sistema Regional de Salud del estado Zulia. Jesús Romero, de 54 años, laboraba en una clínica privada del municipio Rosario de Perijá. Ana Henríquez, 52 años, trabajó en la Unidad de Ginecología y Obstetricia de la Clínica Santiago de León en Caracas por más de 20 años. Alcira Peracha, 52 años, trabajaba en la clínica Neverí en San Félix y también en el Hospital Raúl Leoni de Guaiparo. María Consuelo González, médico jubilada, falleció el 13 de julio en el Hospital de Coche. Jesús Peña Peña, de 67 años, trabajaba en el Hospital de Santa Bárbara y en una clínica privada. 

De los 52 médicos fallecidos por Covid-19 en Venezuela hasta el 13 de agosto, sólo cuatro han sido incluidos por la gestión de Nicolás Maduro en la estadística oficial que lleva la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del Coronavirus. También reportaron otros cuatro fallecidos del área de la salud (empleado administrativo, enfermería y obrero) cuyas identidades son desconocidas para los gremios a los que supuestamente pertenecieron. 

“La base de datos que manejamos la procesa un equipo de médicos especialistas en Salud Pública y Epidemiología. Es un equipo que trabaja a nivel nacional y realiza revisiones de primera y segunda línea. Con relación a cuál es el criterio que seguimos para evaluar cada caso, tenemos una rigurosidad científica específica y clara: todo fallecido que entra en esa lista es posterior a una revisión exhaustiva del caso; si las circunstancias del fallecimiento no están claras, se mantiene en evaluación hasta tener precisión”, explica  Jaime Lorenzo, médico especialista en Cirugía General y en Salud Pública, y es actualmente el director de Médicos Unidos de Venezuela. 

Oficialmente hay 259 fallecidos por Covid-19 en Venezuela hasta el 13 de agosto de 2020. La realidad es que son muchos más los casos que no entran en la estadística oficial pues carecen de la prueba PCR que confirma la presencia del virus. Ante esa deficiencia, Lorenzo explicó que los médicos tienen varias herramientas para hacer un diagnóstico, la primera es el epidemiológico que se basa en una serie de premisas sobre el paciente sospechoso (dónde ha estado, con quién se ha reunido, etc.); luego hacen el diagnóstico clínico que tiene que ver con los signos y síntomas propios del paciente. A eso le sigue el examen físico, los exámenes de laboratorio y radiología. 

“Se tiene la percepción de que hay que tener el prueba PCR para hacer el diagnóstico de la enfermedad y ciertamente ese es el requisito para que Covid-19 sea la causa de muerte en el certificado de defunción; ahora bien, también hay que decir que internacionalmente, el diagnóstico clínico y epidemiológico están por encima de las pruebas de laboratorio porque las mismas tienen la probabilidad de dar falsos negativos y positivos”, argumentó Lorenzo. 

El director de Médicos Unidos de Venezuela ofrece un dato en línea con su argumentación: “Un buen número de casos [de los médicos fallecidos] dieron negativo a la primera y segunda prueba rápida, luego las pruebas post-mortem llegaron positivas. Por eso reitero, en las condiciones en las que está Venezuela deben imperar el diagnóstico epidemiológico y clínico, máxime cuando tienes deficiencias para poder comprobar la enfermedad”.  

Hasta el 13 de agosto, 67 miembros del personal sanitario venezolano han sido incluidos en la base de datos de Médicos Unidos de Venezuela: 52 médicos, 11 enfermeros, 4 técnicos y administrativos. Hay 43 hombres (64%) y 24 mujeres (35%); 32 fallecidos en el estado Zulia (47%); 10 en el Distrito Capital (14%); 6 en el estado Bolívar (8%); más del 50% laboraba en el sector público y el promedio de edad es de 57 años (estos dos últimos cálculos pueden variar pues se hacen sobre la base en los datos confirmados ya que aún falta información sobre varios fallecidos). 

Las 3 especialidades médicas que encabezan la lista son: Ginecología y Obstetricia (7); Traumatología (4) y Pediatría (4). Sobre la presencia de siete ginecoobstetras, lo que representa 13% de los médicos fallecidos, Lorenzo explicó que la muestra es muy pequeña para que sea un dato estadísticamente significativo, sin embargo, sí observa con atención una tendencia hacia las especialidades vinculadas a las áreas quirúrgicas. “Estos primeros análisis nos están sirviendo de alerta a nosotros y se está manejando internamente. Hacemos un llamado a todos los especialistas de las áreas quirúrgicas para que no bajen la guardia y se cuiden. Entendemos que los obstetras manejan un gran volumen de pacientes que hay que atender a horas que nadie prevé y eso aumenta su exposición”. 

De acuerdo con lo datos de los médicos que trabajaron dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York entre marzo y abril, los residentes de anestesiología, medicina de emergencia y oftalmología fueron los que presentaron mayor riesgo de contraer Covid-19.

A más pacientes, mayor es el riesgo de contagio

 

Al tratar de entender las posibles razones detrás de la prevalencia de ginecoobstetras entre los fallecidos por Covid-19 en el país,  Pedro Martínez Poyer, especialista en Ginecología y Obstetricia del Hospital de Clínicas Caracas, explicó que todo pasa por un análisis multifactorial y que el primer aspecto a considerar es el gran volumen de pacientes que atienden, lo cual los lleva a pasar más horas en sus centros de trabajo. “Venezuela tiene una gran proporción de población joven y en edad fértil. A las pacientes embarazadas siempre hay que verlas, más si existen factores de riesgo en el embarazo. Aquí no se estila la telemedicina, vemos a las pacientes de manera presencial pues carecemos de la infraestructura técnica”, explicó Martínez Poyer. 

Solamente ese factor, el tiempo que pasan en sus centros de trabajo, incrementa significativamente el riesgo para el personal sanitario. Un estudio realizado en Wuhan -epicentro en China de la epidemia de coronavirus- encontró que “el riesgo de infección aumenta de forma significativa y progresiva con el número de horas trabajadas diariamente. Según el análisis de los autores, todo el personal que trabaja en departamentos de alto riesgo estaría infectado si trabajara 15 horas al día”. 

Otro factor de riesgo es la exposición a pacientes que en apariencia están sanas pero que podrían ser casos asintomáticos de Covid-19. “Nosotros vemos a pacientes que por lo general son jóvenes y saludables y eso le da a los médicos cierta confianza, con lo cual disminuye el tenor de la protección que normalmente deberíamos tener tanto en las consultas como durante el trabajo de parto cuando nos exponemos a la aspersión de aire. La recomendación es que no escatimen esfuerzos en protección, en lavarse las manos a cada momento y en colocarse el equipo correctamente. Lo más prudente es considerar que todos los pacientes son Covid-19 positivos hasta que se demuestre lo contrario”, argumentó el ginecoobstetra. 

La edad promedio de los médicos que suelen tener mayor una mayor demanda de pacientes también es un factor de riesgo que destaca Martínez Poyer. “Los obstetras que manejan más pacientes son los que tienen más experiencia y eso está atado a la edad; la máxima experiencia en nuestra especialidad la obtienes entre los 55 y 65 años y ya eso es un factor de riesgo para el Covid-19”, argumentó. 

Como último factor que explicaría que los ginecoobstetras encabecen la lista de especialidades con más galenos fallecidos en Venezuela, Martínez Poyer mencionó la idiosincrasia del obstetra criollo. “En Venezuela, los obstetras hemos sido los médicos de la familia, nos consultan por todos los miembros de la casa y eso ha sido así de manera espontánea. Es parte de la idiosincrasia del venezolano que los obstetras se vuelvan parte de la familia, nos invitan a los bautizos y primeras comuniones, siempre ha sido así en Venezuela. Eso aumenta las oportunidades de contacto y contagio”.