Prensa Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), autor en Runrun

Observatorio Venezolano de la Violencia

Se incrementó victimización de niñas y adolescentes en Guárico durante 2022
De las 36 víctimas femeninas de violencia no letal, 14 fueron niñas y adolescentes

 

Las cifras de victimización de niñas y adolescentes en el estado Guárico se duplicaron en 2022 con relación al año anterior, según el monitoreo de la prensa efectuado por el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en la entidad llanera.

De acuerdo con los registros llevados por el OVV Guárico, durante el periodo enero-noviembre de 2021 los medios reportaron 8 niñas y adolescentes de un total de 49 víctimas femeninas de violencia no letal; mientras, en 2022 las víctimas femeninas de violencia no letal sumaron 36 y, 14 de ellas son niñas y adolescentes.

La investigadora regional del OVV Guárico, Astrid Márquez, explicó que los delitos de índole sexual y las agresiones contra niñas y adolescentes aumentaron un 75%, pese a la disminución del número de víctimas femeninas de violencia no letal reseñadas en los medios de comunicación, entre 2021 y 2022.

La investigadora acotó que el monitoreo de prensa correspondiente a los 11 primeros meses del año de 2021 arrojó un total de 131 víctimas de violencia no letal; mientras, en 2022 alcanzó 70 víctimas. No obstante, al determinar la proporción de individuos del sexo femenino constatamos que la proporción de mujeres victimizadas pasó de 37% (49 de 131) en 2021 a 51% (36 de 70) en 2022.

Márquez resaltó que las cifras ofrecidas por el OVV Guárico solo constituyen una muestra de la victimización real, obtenida mediante la documentación a través de las informaciones publicadas por los medios de comunicación guariqueños, por lo que no dudó en afirmar que el sub registro es considerable. Pese a ello y en vista de la ausencia de cifras oficiales, el monitoreo y sistematización de los eventos violentos reportados por los medios constituye una valiosa aproximación que facilita la comprensión del fenómeno.

Para concluir, Márquez puntualizó que la evidencia nacional e internacional sugiere que los programas de defensa centrados en la mujer, y de visitas domiciliarias pueden reducir el riesgo de victimización adicional de las adolescentes y aunque son menos concluyentes los hallazgos en cuanto al posible efecto preventivo de los programas para perpetradores, si está claro que en los sectores menos favorecidos y pobres en infraestructura de asistencia social, ha resultado prometedor el efecto de la capacitación grupal para mujeres y hombres, las intervenciones de movilización comunitaria y las intervenciones que propician la capacitación de las mujeres en cuanto a sus medios de vida.

Al cierre de 2022 ajuste de cuentas fue el móvil predominante en los homicidios registrados en Carabobo
Bandas delincuenciales se han apoderado de territorios para realizar sus actividades al margen de la ley,

 

La violencia delincuencial continúa generando temor y un clima de inseguridad en las comunidades de varios municipios de la entidad carabobeña. De acuerdo a las publicaciones de prensa, bandas delincuenciales se han apoderado de territorios para realizar sus actividades al margen de la ley, controlando así la vida de los ciudadanos, quienes se ven limitados en su desplazamiento y libre convivir.

La integridad física de los habitantes de estas localidades del estado, se ve amenazada no solo por incumplir con los controles de los delincuentes, también porque  pueden quedar en la línea de fuego durante los enfrentamientos entre bandas rivales o con funcionarios de los cuerpos de seguridad que incursionan en esas zonas con operativos de control de la criminalidad.

Este clima de conflictividad generado por la delincuencia se evidencia con los 29 homicidios contabilizados por el equipo regional del Observatorio Venezolano de Violencia durante el monitoreo de prensa realizado hasta el cierre del mes de noviembre. Los asesinatos fueron perpetrados por hombres armados integrantes de bandas delincuenciales, cuyo modos operandi fue interceptar a las víctimas en la vía pública. En su mayoría asesinados con armas de fuego sin mediar palabras.

Se conoció en la información suministrada por las autoridades a los medios de comunicación,  que el móvil predominante fue el ajuste de cuenta o venganza, reflejado en 20 de las muertes violentas, seguido del robo en 8 de ellas y una muerte que ocurrió  durante una emboscada a  funcionarios policiales por miembros de una banda delincuencial que opera en el municipio Diego Ibarra donde fue asesinado un efectivo policial.

Además de estas muertes violentas a manos de delincuentes, se registraron 11 víctimas cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados en la vía pública con heridas de bala, estos casos son calificados como muertes en averiguación puesto que se desconocen los victimarios y circunstancias de los homicidios, en los que no se descarta que estén relacionados con la delincuencia.

Los municipios donde ocurrieron los asesinatos por ajustes de cuentas o venganza fueron: Juan José Mora con cinco casos; Diego Ibarra y Guacara tres; Valencia, Naguanagua y Libertador con dos hechos en cada uno; Los Guayos, Carlos Arvelo y Puerto Cabello con un caso respectivamente.

Las muertes violentas por robo ocurrieron en los municipios: Valencia con cinco casos, Puerto Cabello con dos y uno reportado en San Diego.

Los homicidios se llevaron a cabo en nueve de los 14 municipios de la entidad, lo que permite determinar dónde hay mayor incidencia de la violencia delincuencial en la región. Según los especialistas del OVV Carabobo esta información resulta importante para la priorización de las localidades y así aplicar políticas de prevención de la criminalidad.

Hallazgo de fosas en comunes en Bolívar confirma violaciones a derechos humanos en territorios mineros
El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022

 

Los días 710 y 23 de noviembre, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada (Ceofan), general Domingo Hernández Lárez, reportó vía Twitter el hallazgo de tres fosas comunes con osamentas humanas durante incursiones militares para desmantelar campamentos mineros ilegales.

Según Hernández, estas fosas a cielo abierto estaban en yacimientos auríferos ilegales bajo el dominio de la organización criminal 3 RRR, que opera en las minas de Bolívar incluso antes de 2016.

El hallazgo ocurrió durante las operaciones militares Autana y Roraima 2022, con las que el Estado pretende desarticular grupos delincuenciales y destruir campamentos de minería ilegal que otrora trabajaron en alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM), según la declaración de mineros afectados.

Durante la incursión militar, pobladores de Tumeremo y El Callao denunciaron detenciones arbitrarias, allanamientos y desapariciones forzadas por corto tiempo. El Estado se reserva la información de cuántas personas han sido detenidas durante estas operaciones, cuantos campamentos mineros ilegales han sido destruidos, y cuánto armamento de guerra propiedad de grupos delincuenciales han sido incautados.

Es la primera vez -desde 2016, tras la masacre de Tumeremo, cuando el entonces Defensor del Pueblo Tarek William Saab reportó el hallazgo de 14 cadáveres en una fosa común- que el Estado reconoce la existencia de fosas comunes con restos humanos en los territorios mineros del sur de Bolívar.

Según el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016) de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de investigar con prontitud, efectividad, exhaustividad, independencia, imparcialidad y transparencia, toda muerte potencialmente ilícita causada por funcionarios del Estado o por particulares, aun cuando el Estado no pueda ser considerado responsable por no haber impedido estas muertes.

Pero hasta ahora, los organismos competentes no han revelado cuántos cuerpos han sido hallados en estas fosas, su ubicación específica y cuáles procedimientos está emprendiendo el Estado para la identificación y recuperación de restos humanos.

Esto adquiere mayor relevancia considerando que, de acuerdo con el último monitoreo de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu) en alianza con el medio regional Correo del Caroní, al menos 90 personas vinculadas a la minería de forma directa o indirecta han desaparecido en el sur de Venezuela desde 2012.

Para el Observatorio Venezolano de Violencia en Bolívar (OVV Bolívar), el hallazgo de las fosas solo reafirma que existe un patrón de violencia inherente a la producción de oro en la Amazonía venezolana.

“Desde el 2010 se anuncian operaciones para acabar con la minería ilegal en la región, no obstante con el devenir de los años, estas se mantienen bajo la misma premisa, dejando claro su poca efectividad pero además la proliferación de otros flagelos cómo tráfico de drogas y explotación sexual, tal como la anuncia la más reciente incursión denominada Roraima”, señala el equipo.

Desde el OVV Bolívar se considera  imprescindible que a situaciones de esta naturaleza se le dé un tratamiento conforme a la legislación nacional así, como a estándares internacionales suscritos por el Estado. “Esto es, no solo anunciar la ocurrencia de los hechos denunciados, sino que la denuncia se realice por parte de los órganos competentes acompañada de los procedimientos que aplican a partir de los hallazgos”.

De acuerdo al OVV Amazonas, 50,3% de delitos por violencia interpersonal se perpetraron en el municipio Atures
Entre enero y octubre de 2022, la parroquia Fernando Girón Tovar aglutinó agresiones, robos y homicidios 

 

Producto de una recopilación realizada por el Observatorio Venezolano de Violencia Amazonas (OVV Amazonas) durante 10 meses, de las cuatro parroquias que conforman el municipio Atures, Fernando Girón Tovar es la que concentra la mayor cantidad de delitos de violencia interpersonal.

De acuerdo con la base de datos del Observatorio de Prensa (OP), la parroquia Fernando Girón Tovar agrupó 83 (50,3%) de los delitos, seguida de Luis Alberto Gómez 52 (31,5%), Parhueña 3 (1,8%) y Platanillal 13 (7,9%), el 8,5% restante se concentra en otras parroquias del municipio Alto Orinoco y Atabapo.

Entre enero y octubre, la parroquia Fernando Girón Tovar aglutinó diferentes delitos; las agresiones 41 (49,4%), robos 38 (45,8%), homicidios (4,8%) estuvieron presentes en esta zona urbana del municipio Atures.

Este escenario tiene varias lecturas, por un lado, los asesinatos estuvieron relacionados con serios conflictos interpersonales que no llegaron a ser solventados y acabaron con la muerte de uno de los involucrados. Los hechos delictivos se registraron en viviendas cercanas a mercados o mini centros comerciales, donde el flujo comercial, sigue siendo atractivos para el provecho ilícito. Otra hipótesis que se genera a través de la actuación de los delincuentes es su interés en apoderarse de manera reiterada de motocicletas probablemente para vender sus piezas o para llevar a cabo otras actividades delictivas. Mientras que las denuncias por violencia de género se presentaron por la negación de la pareja o expareja de acabar con la relación.

En este periodo de estudio, realizado por el OVV Amazonas, se registraron hechos en la parroquia Fernando Girón Tovar que conmocionaron a la opinión pública; es así, como resalta el caso de una mujer de 29 años, quien asesinó a su esposo de varias puñaladas en el pecho. De acuerdo a la información suministrada, se conoció que venían padeciendo serios problemas personales, el licor fue el detonante para acabar con la vida del hombre.

En otros sucesos difundidos por la prensa local, destaca el ocurrido en el barrio Aramare, donde una mujer, en horas de la noche, fue sorprendida por tres sujetos desconocidos, quienes con armas de fuego y bajo amenaza de muerte la despojaron de su moto mientras intentaba llegar a un gimnasio. Otra víctima de violencia de género se registró en el barrio Cataniapo, cuando una mujer recibió una fuerte golpiza de su esposo, ocasionándole hematomas en el rostro. El agresor fue detenido y puesto a la orden de las autoridades.

 Para el OVV Amazonas, la parroquia Fernando Girón Tovar muestra una cara apacible a simple vista, sin embargo, el aumento de la violencia en sus diferentes modalidades permite aseverar que este 2022 fue superior la cantidad de delitos en comparación con el 2021 cuando en este mismo lapso se contabilizaron 58, lo que representa 60,4% de los reportes, es decir 25 delitos menos que en el 2022.

OVV: Detrás de una mujer victimaria en Aragua hay una historia personal de poli victimización
Presentaron el Foro Regional Mujeres Victimarias y Víctimas. Desigualdad Social y Violencia en Venezuela

 

“Detrás del rol de victimaria, existe una historia común de violencia intrafamiliar y de género, experimentada durante la infancia y adolescencia, producto de haber crecido en hogares disfuncionales, caracterizados por la existencia de padres alcohólicos y violentos o madres sumisas víctimas del maltrato físicos de sus maridos, con fuertes convicciones religiosas que la inducen a aguantar, frente a sus hijos e hijas, estas situaciones crónicas de violencia”. Esta explicación forma parte de los resultados de un estudio nacional cualitativo realizado por el equipo del Observatorio Venezolano de Violencia en Aragua (OVV Aragua) sobre Violencia desigualdad y género, liderada por el OVV central.

Estos resultados fueron presentados por Iris Terán, profesora Titular de la Universidad de Carabobo y Coordinadora del OVV Aragua, el pasado 10 de noviembre 2022, en el marco del Foro Regional Mujeres Victimarias y Víctimas. Desigualdad Social y Violencia en Venezuela.

Terán, durante su intervención mencionó los principales hallazgos de esta investigación. En primer lugar explicó que las mujeres victimarias han sido históricamente invisibilizadas, porque rompen el patrón hegemónico de la cultura patriarcal. Sin embargo dijo, lejos de acabar con esa lógica, lo que hacen reproducirla y masculinizar su comportamiento en la búsqueda de un espacio de respeto y seguridad.

Por otro lado aseguró que las mujeres victimarias no nacen, sino que son producto de haber tenido un proceso de socialización primaria fallido, donde desde que eran niñas y adolescentes fueron víctimas o testigo de situaciones de abuso y de violencia intrafamiliar y de género, que representan un caldo de cultivo, para reproducir los sentimientos de rabia, impotencia y frustración, que estimulan y fortalecen el circulo de transformación de víctima a victimaria, que culmina con la explosión desproporcionada del primer hecho violento, donde la mujer asume por primera vez el rol de victimaria o agresora.

“Otro factor relevante es el mal entendimiento del espíritu de la Ley Orgánica del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, representa uno de los principales soportes de apoyo para que algunas mujeres asuman conductas violentas y manipulen situaciones en contra de algunos hombres”, explicó Terán.

Finalmente -afirmó Terán- se encontró que algunas mujeres con un perfil criminal serial comprobado, la situación es más compleja y confluyen factores multidimensionales que actúan de forma sistémica interactuando de forma dinámica factores individuales, particulares y generales que terminan por reproducir mujeres con rasgos psicópatas de la personalidad, capaces de realizar múltiples crímenes a lo largo de su vida, sin tener algún tipo de remordimiento, ni empatía hacia sus víctimas, ya que las cosifica y tiende a minimizar la gravedad de los hechos en los que se involucra.

Violencia contra la mujer apunta a superar años anteriores en Mérida
Entre enero y septiembre de 2022 se han producido 40 hechos violentos

 

Pese a las acciones y campañas que buscan protegerlas y defender sus derechos, las mujeres siguen siendo objeto de una violencia en franco aumento. Al menos así ocurre en suelo merideño, según se desprende del más reciente corte del monitoreo a los medios de comunicación regional que realiza el Observatorio Venezolano de Violencia en Mérida (OVV Mérida).

Con 40 hechos de violencia contra la mujer, en el período enero-septiembre de 2022 (9 meses), el estado Mérida ya roza el total de casos de los años 2020 (42) y 2021 (43), cuando aún falta un trimestre para que termine el año en curso.

Con base en las cifras contabilizadas, el equipo de investigación observa que semanalmente se produce al menos un acto en contra de las mujeres, lo que se traduce en un promedio de 4,4 cada mes. “Por tanto, de seguir esa tendencia, a final de año se podrían identificar más de 50 casos”, pronostican los investigadores del OVV. En definitiva, los números ilustran una preocupante tendencia hacia el aumento.

Advierte el OVV regional que se debe tomar en cuenta que una importante cantidad de actos violentos contra mujeres no suelen ser denunciados a las autoridades y tampoco trascienden a los medios. “Por lo tanto –aclara el OVV Mérida– los revelados en el monitoreo son los casos que logran ser conocidos por la sociedad a través de los medios, por lo que estamos seguros que existe un subregistro importante de sucesos referidos a este tipo de violencia”.

Vale recordar que bajo esta modalidad de monitoreo a medios representativos de la prensa merideña, se ha logrado documentar y contabilizar 125 hechos de violencia contra la mujer en esta entidad, durante el período 2020-septiembre 2022.

Delitos frecuentes

Dos son los delitos que traducen la violencia en aumento contra las mujeres en territorio merideño: en primer lugar, con un 32,0% de todos los casos registrados en el lapso analizado, figura la agresión física como el tipo de delito más reiterativo contra las mujeres merideñas.

Luego, en el segundo lugar –pero muy cerca de las agresiones físicas– aparece la violación sexual que porcentualmente afecta al 31,2% de las víctimas. En tercer lugar están los actos lascivos, con un 15,2% de los casos.

“Estos tres delitos concentran 78,4% del total de hechos registrados. Después continúa el femicidio (con 12,0% que equivale a 15 sucesos en total que ocurrieron en el lapso analizado) y, el restante porcentaje (9,6%), está conformado por otras formas de violencia que incluyen la amenaza de muerte y de agresión, acoso sexual, hostigamiento e intento de femicidio”, detalla el informe del OVV Mérida.

Un aspecto importante a destacar, en cuanto a las tendencias que ofrecen las cifras extraídas del monitoreo a los medios de comunicación regional, es que en los últimos años se aprecia una disminución de las agresiones sexuales y los femicidios. Pero, por otro lado –y esto es causa de preocupación para los investigadores del OVV Mérida– han aumentado las violaciones sexuales y las amenazas de muerte contra mujeres.

Niñez amenazada por la violencia 

Otro dato perturbador es que de las 125 víctimas contabilizas (en el período 2020-septiembre 2022) 6 de cada 10 mujeres afectadas son menores de edad. En efecto la mayoría (60,9%) son niñas de entre 0 y 11 años y el resto adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 a 17 años.

Luego de las niñas y las adolescentes, el informe del OVV indica que el resto de las víctimas son mujeres adultas (30 a 64 años) con 16,3%, las jóvenes (18-24) con 10,9%, las adultas jóvenes (9,8%) y en último lugar las adultas mayores (2,2%).

 

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Por el lado de los agresores, se contabilizó un total de 128 hombres que fueron los perpetradores de estos delitos contra mujeres, donde el 53,7% fueron hombres adultos entre 30 y 64 años. “Después le siguen jóvenes (18-24 años) con 20,7% y el restante porcentaje se reparte entre adolescentes, adultos jóvenes y un caso que involucró a un adulto mayor”, indica el informe.

Adicionalmente, sobre el perfil de los agresores, más de la mitad de los mismos eran la pareja, expareja o familiar cercano de las víctimas. Este grupo aglutinó, en conjunto, 54,4% de los 90 casos donde se logró conocer este aspecto. “Personas desconocidas, otros transgresores conocidos, padres o padrastros y vecinos, se reparten el restante 45,6% de los victimarios”, completa el informe sobre este aspecto.

No están solas

Tras advertir, una vez más, que se trata de un escenario de creciente preocupación, el OVV Mérida recomendó a las mujeres víctimas de violencia a armarse de valor y “romper el silencio”.

“Sabemos que muchas mujeres no se atreven a denunciar a sus agresores por estar amenazadas por estos y es obvio que las invada el temor de sufrir alguna represalia. Pero también es cierto que existen mecanismos de apoyo para prevenir o enfrentar este grave problema social”, reconocen los investigadores.

Puntualmente, sobre las herramientas que pueden apoyar la disminución de la violencia contra la mujer, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, establece –en su artículo 73– que las denuncias podrán ser realizadas por la mujer agredida, pero también por parientes consanguíneos o afines, personal de salud de instituciones públicas y privadas que atienda a las víctimas, las defensorías de los derechos de la mujer, los consejos comunales y otras organizaciones sociales o por organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y cualquier otra persona o institución que tuviere conocimiento de los hechos punibles que establece la mencionada ley.

“Esto significa –precisa el OVV Mérida– que existe un amplio espectro de personas e instancias que pueden contribuir a colocar la denuncia, en muchos casos anónima, por lo tanto no es una acción exclusiva de la víctima”.

Pero también, se requiere un Estado aún más consciente y activo de sus responsabilidades específicas sobre la situación de la violencia contra la mujer. “Exhortamos al Estado a generar y publicar cifras sobre esta problemática para lograr diagnosticar y dimensionar de forma más próxima la realidad imperante según edad de las víctimas, tipos de victimarios y edad de los mismos, lugares de ocurrencia de los delitos y formas de violencia”, se menciona en el informe.

Para respaldar lo anterior, los investigadores recuerdan que ONU Mujeres estableció cuatro grandes acciones para lograr ciudades libres de acoso sexual y violencia: generar datos, es decir, estadísticas sobre la problemática; crear leyes y políticas integrales; invertir en seguridad en espacios públicos y transformar las normas sociales.

 

Casi 100 muertes violentas ocurrieron en Guárico entre enero y septiembre de 2022
El Observatorio Venezolano de Violencia contabilizó 49 homicidios intencionales

 

Al menos 98 muertes violentas ocurrieron en el estado Guárico entre enero y septiembre de 2022, de acuerdo con el monitoreo de la prensa regional que lleva a cabo el Observatorio Venezolano de Violencia en la entidad llanera.

En el período antes señalado, el equipo del OVV Guárico contabilizó 49 homicidios intencionales, 39 muertes por intervención policial y 10 decesos por violencia autoinfligida (suicidios).

El coordinador del OVV Guárico, Adrián González, destacó que solo desde julio hasta septiembre registraron 33 casos de letalidad producto de violencia interpersonal en el estado; 21 de estas muertes fueron el resultado de acciones de los cuerpos de seguridad, cifra que superó los 18 decesos contabilizados en esta misma categoría durante el primer semestre del año.

González explicó que buena parte de este incremento en la letalidad producto de intervenciones policiales, es atribuible a la ejecución, en septiembre, de la denominada Operación Trueno III, que dejó al menos 14 presuntos delincuentes fallecidos, según información de las autoridades regionales publicadas en los medios de comunicación local.

Respecto a la Operación Trueno III, González aclaró que fueron pocos los detalles del operativo de seguridad que se dieron a conocer a través de la prensa regional. En este sentido, acotó que la opacidad informativa impidió registrar datos como nombres y edades de algunos fallecidos, al igual que los municipios donde ocurrieron las muertes de, por lo menos, seis de las víctimas.

Según los reportes de prensa, ocho de las 14 muertes violentas durante la ejecución de la Operación Trueno III en Guárico, se produjeron en los municipios Leonardo Infante (4) y José Félix Ribas (4), donde estuvieron desplegadas comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a través del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas).

González también precisó que de los 49 homicidios intencionales en lo que va de año, 12 corresponden al tercer trimestre y tuvieron lugar en las jurisdicciones de Leonardo Infante (3), Francisco de Miranda (3), Pedro Zaraza (2), José Félix Ribas (2), San José de Guaribe (1) y Juan Germán Roscio (1).

Para finalizar, el equipo de investigación del OVV Guárico destacó que un tópico recurrente en el debate sobre la seguridad ciudadana guariqueña ha sido la escasa articulación entre las políticas y acciones de prevención situacional y aquellas de prevención social. “En este punto, cabe preguntarnos lo siguiente ¿Han rendido frutos las políticas implantadas desde 2016 dirigidas a abordar la violencia y las dinámicas delictivas? ¿Han sido diseñadas con un horizonte inclusivo y de ampliación del derecho? ¿Han respetado los límites legales e institucionales?” se pregunta el equipo. Adicionalmente, los investigadores señalaron que los operativos policiales donde predomina la irrupción y el amedrentamiento, en sectores tradicionalmente sobre vigilados, suelen gozar de un amplio consenso mediático y político entre quienes hacen lecturas simplistas del problema, ignorando que el énfasis debe estar en ofrecer servicios permanentes de protección ciudadana donde prevalezcan la coordinación multinstitucional y los controles legales.

Lara ocupa séptimo lugar en casos de suicidio en Venezuela en lo que va de 2022
La principal causa es la depresión relacionada con problemas personales

 

Entre enero y septiembre de 2022 ocurrieron 21 suicidios en el estado Lara. El 62% correspondieron a hombres y el 38% a mujeres, y en todos los casos, fueron personas de edades variadas, entre los 17 y 93 años. Las formas de violencia autoinfligida fueron asfixia mecánica por ahorcamiento, salto al vacío, uso de armas de fuego y sustancias venenosas. Los hechos ocurrieron en los municipios Torres, Iribarren, Palavecino, Jiménez y Crespo.

Estos datos forman parte del registro anual del Observatorio Venezolano de Violencia Mérida, que lleva la información nacional de este tipo de muertes. El sociólogo Carlos Meléndez Pereira, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia Lara (OVV Lara), destacó el papel de la organización para abordar las diversas modalidades de violencia en el país, de las cuales el suicidio es una. “Desde hace cinco años se recoge esta información que incluye la revisión y seguimiento periodístico, así como de informantes claves vinculado con la temática”, señaló.

El estado Lara ocupa el séptimo lugar en los casos de suicidio por entidad en Venezuela en lo que va de 2022, con 6,8%. Entre los primeros se encuentran: Mérida 16,4 %; Aragua, 11,1%; Trujillo 8,2 %; Táchira, 7,9%; y Falcón y Zulia, con 7,5% cada uno.

Hay preocupación entre los especialistas de la psicología por el incremento de suicidios en Venezuela. La principal causa es la depresión relacionada con problemas personales. Ghada Richani, psicóloga y docente de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, resalta que se trata de una decisión dolorosa para quien se la inflige a sí mismo y para sus seres cercanos. “Es muy impactante para los familiares y amigos. Ellos también experimentan dudas, incógnitas y hasta culpas, por no haber ayudado a esas personas”, destacó Richani.

En los datos aportados por el OVV, destaca que el 100% de los casos ocurridos en Lara, se deben a problemas de depresión. Este aspecto debe ser evaluado por toda la comunidad y debe ser un signo de alarma, indicó Richani, quien consideró que el Estado, en conjunto con las fuerzas vivas de la sociedad y las familias, deben abordar de manera adecuada la concientización del suicidio como un problema de salud pública.

A juicio de Richani, es significativo que sean mayormente los hombres los que toman la decisión de quitarse la vida. Es necesario, dice, “desmontar la inequidad de género, los estereotipos, los roles de género rígidos y la educación sexual deshumanizante que limita al varón desde su infancia la expresión de sus emociones. Estas actitudes y otras, pueden explicar el mayor número de suicidios en hombres”.

A eso hay que sumar la crisis de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, “hay frustración y sentimiento de minusvalía al no poder responder como hombres proveedores, por lo cual hay que cambiar esta concepción de género y crear políticas que reviertan esta realidad y fomentar un ingreso adecuado”, dijo Richani.

Factores de riesgo y prevención

Entre los mayores factores de riesgo, según la especialista, está el poco acceso de la mayoría de la población a médicos psicólogos y psiquiatras con credenciales. “La escasez y costo de antidepresivos son variables que también acentúan las alteraciones físicas y emocionales de las personas que presentan depresiones, provocando mayor riesgo de suicidio” subrayó la profesora Richani.

No obstante, considera la profesional de la psicología, estos males se pueden mitigar a partir de la construcción de un tejido social que conlleve la dignidad y la autoestima, especialmente entre parejas, familias, espacios laborales, vecinales o comunitarios. Es necesario promover capacidades y proyectos de vida, con desarrollo de habilidades para la productividad, los logros, la sana convivencia y especialmente, la realización personal y colectiva.

También es importante el rol del Estado en crear políticas públicas para dar espacios, libertades y oportunidades psicosocioeconómicas, culturales, legales y diseñar políticas que favorezcan la vida y la salud integral de las personas. “Se ha demostrado que, en contextos de pobreza, privación, inflación y desempleo, se altera la salud mental, proliferan las enfermedades psiquiátricas, y suben los niveles de riesgos de violencia y suicidio”.

Para el coordinador del OVV Lara, el suicidio es un fenómeno social que demanda atención de la sociedad y del Estado, ya que es un problema de salud pública relevante, aunque siga estando rodeado de estigmas y tabús. “Es necesario centrarse y hacer todos los esfuerzos para la prevención a través de un trabajo en conjunto entre autoridades, familiares y comunidad para ofrecer bienestar que permita salvar vidas”, afirmó el sociólogo Carlos Meléndez.