Transparencia Venezuela, autor en Runrun

Transparencia Venezuela

Barrio Adentro pasó de programa bandera a un armatoste que aporta poco
A 17 años de su creación, su aporte luce insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que padece el país

El programa social Misión Barrio Adentro fue creado hace 17 años, durante el gobierno de Hugo Chávez, con el propósito de brindar atención primaria y preventiva en materia de salud a los habitantes de las comunidades más desasistidas del país, a través de consultorios populares construidos en cada zona, dotados con personal médico y de enfermería provenientes, en su mayoría, del convenio Cuba-Venezuela. Sin embargo, desde sus inicios, el proyecto que debería estar enfocado en la protección y cuidado de las poblaciones más vulnerables, ha estado empañado por la estrategia política, electoral, ideológica y de control social con el cual fue concebido y manejado. En estos años, la Misión ha atravesado múltiples facetas tanto en su organización como en su línea de acción: desde diversificación de los servicios ofrecidos (Centros de Alta Tecnología y Centros de Diagnóstico Integral), hasta reimpulso (suministro de medicinas, 100% cobertura), con el objetivo de garantizar su continuidad. No obstante, el aporte de la Misión a la salud de los venezolanos se ha ido desvirtuando con el tiempo y su aporte luce escaso, insuficiente e ineficaz ante la magnitud de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país producto de la corrupción, agravada ahora por la crisis sanitaria de COVID-19. 

Datos recabados por Transparencia Venezuela, desde 2003 hasta 2016, revelan que a la Misión Barrio Adentro le han sido asignados recursos económicos que superan los 34.000 millones de dólares. Este enorme presupuesto, que pudo ser destinado al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud, fue dilapidado en estructuras que poco a poco han ido cerrando sus puertas y en la adquisición de fármacos de origen cubano que han sido cuestionados por la comunidad científica y médica venezolana. Dicha Misión, lejos de apoyar la labor de la red de atención existente, surgió para confrontar y se convirtió en instrumento político para la ideologización de las comunidades más humildes que dependen de sus servicios. 

Por otro lado, al igual que en las otras áreas de la gestión pública en Venezuela, la opacidad ha estado presente a lo largo de los 17 años que lleva el programa. No se conocen diagnósticos sociales comunitarios, seguimiento de indicadores, impacto real en la población y reducción de indicadores de salud. Tampoco hay rendición de cuentas y se desconocen las políticas diseñadas para garantizar el derecho a la salud en los centros creados por la Misión. En todo este trayecto ha habido una visibilización cuantitativa de la Misión que no se corresponde con la calidad de la atención que reciben los pobladores.

Revisión 

El enfoque de este programa de salud continúa siendo el de la medicina integral comunitaria, que si bien constituye un elemento importante en la prevención y tratamiento de enfermedades en un primer nivel, debe ir de la mano con la implementación de políticas públicas direccionadas al fortalecimiento de infraestructura pública de consultorios, ambulatorios y la red hospitalaria, de manera que los ciudadanos tengan acceso a la atención requerida para cada patología. Con la Emergencia Humanitaria Compleja y la declaración de pandemia por COVID-19, es poco o nada lo que esta Misión ha aportado al mejoramiento de la crisis sanitaria en Venezuela. La mayoría de sus consultorios se encuentran cerrados y los que están operativos no cuentan con personal médico venezolano capacitado, equipos, medicamentos e insumos. 

Ante esta realidad y dado el constante seguimiento, diagnóstico y análisis que ha realizado sobre las diferentes misiones sociales anunciadas y ejecutadas por el gobierno, Transparencia Venezuela propone que se haga una revisión a fondo y se reorganice el Sistema de Misiones, con énfasis en los vinculados a áreas sensibles como la salud y la alimentación. De igual modo, a los fines de optimizar su funcionamiento, plantea la revisión de la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micromisiones; así como profundizar el monitoreo y evaluación del programa social e impulsar la construcción de un sistema de indicadores de gestión e impacto, registro y publicación de los centros de salud vinculados a la Misión, a objeto de tener información oportuna sobre su dirección, funcionamiento, presupuesto y organismos de dependencia. Por otra parte, se deben promover la descentralización y mayores mecanismos de contraloría social para velar por el correcto funcionamiento de este y otros programas sociales. 

La corrupción ha profundizado la crisis humanitaria compleja en Venezuela
Transparencia Venezuela elaboró el informe Corrupción 2019 dedicada a mostrar la forma en que instituciones y poderes públicos se prestaron para este flagelo y las consecuencias en la vida de los venezolanos 

Hablar de corrupción en Venezuela, durante 2019, es hablar de Gran Corrupción y de la consolidación de un patrón que incentiva y protege la malversación y el desvío de recursos públicos en beneficio de un pequeño grupo, a expensas de profundizar la crisis humanitaria compleja que enfrenta la mayoría de los venezolanos.

Las dimensiones grotescas de la corrupción abarcaron la geografía nacional con importante impacto internacional, dañaron los más diversos sectores e instituciones y repercutieron -aún con más intensidad- en las condiciones de vida de todos los venezolanos. Los indicadores de universidades y centros de investigación señalan el aumento de la desnutrición, la caída del poder adquisitivo del bolívar y del salario; la agudización de la crisis de gasolina, gas, electricidad, agua y salud pública, entre otras necesidades básicas; y un incremento de la represión contra la protesta y la crítica.

Frente a este escenario, Transparencia Venezuela redobló esfuerzos para seguir adelante con su misión de investigar, analizar, sistematizar, denunciar y proponer acciones para profundizar la lucha contra la corrupción y la impunidad. En 2019, se identificó un modelo y un mecanismo de corrupción que opera en todas las esferas del poder. Se precisaron los elementos esenciales del patrón de corrupción que ha llevado a Venezuela hasta una crisis sin precedentes, declarada como emergencia humanitaria compleja que cada día más agobia a todos los habitantes y sepulta sus planes y oportunidades de una mejor vida.

El Informe Corrupción 2019 está estructurado en 2 secciones. La primera, dedicada a mostrar la forma en que instituciones y poderes públicos fundamentales se han convertido en cómplices de la corrupción a espaldas de la Constitución y de los derechos humanos. En la segunda sección se muestran las consecuencias devastadoras de la corrupción en la vida de los venezolanos.

Por otra parte, el informe registra los tentáculos de la corrupción venezolana en el mundo. Una pequeña muestra del caudal de recursos públicos desfalcados se encuentra en al menos 70 investigaciones internacionales, con 30 mil millones de dólares involucrados hasta 2019. Pero, no puede mencionarse el 2019 sin aludir el gravísimo efecto de la desinformación y fake newscomo mecanismo del poder para generar confusión, polarización y para mermar la capacidad de los ciudadanos de comprender el entorno y tomar decisiones.

Cierra el informe 2019 con la propuesta de Transparencia Venezuela para crear la Coalición Anticorrupción, iniciativa que ha constituido una respuesta ciudadana nacional, coherente y organizada de una lucha que -a pesar de los obstáculos- se intensifica y continúa adelante. 

El informe muestra un paisaje aterrador que busca crear conciencia de la dimensión de la crisis, de sus causas e impacto, y con ello tener un diagnóstico preciso que permita diseñar herramientas efectivas para superarla. Está en manos de todos los venezolanos seguir abriendo caminos en medio de tanta oscuridad.

 

Transparencia Venezuela dirá presente en Miradas Diversas
El segundo Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos se extenderá hasta el 19 de diciembre

Presentado por Gran Cine, Movies That Matter, People in Need y Provea,con el financiamiento de la Unión Europea, llega Miradas Diversas, el 2do Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos. La cita cinematográfica permitirá al público regresar a las salas de cine y, al mismo tiempo, disfrutar los foros vía streaming, a través del Trasnocho Web, del Trasnocho Cultural, Mestizo Films, Ticketmundo Plus y de la plataforma “Películas de impacto», que estrena Gran Cine.  En tanto, los Cines Paseo, la Sala Cabrujas, y espacios al aire libre, a través del Gran Cine Móvil, así como locaciones en Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Mérida y La Asunción, serán los escenarios para traer a las audiencias una variada selección de géneros y temáticas 

Volver a las salas tradicionales de cine ha sido un deseo difícil de cumplir en tiempos de pandemia. Las plataformas digitales y el cine al aire libre han conformado la oferta cinematográfica para públicos en todas partes del mundo. No obstante, llega el momento de disfrutar del cine en todos estos formatos, a pesar de la cuarentena y respetando siempre las normas de bioseguridad. 

El evento, que inició el pasado 25 de noviembre y se extenderá hasta el 19 de diciembre, es promovido por Bernardo Rotundo, presidente de Gran Cine, María Helena Freitas, directora general de la organización, Iván Zambrano, director del Festival Miradas Diversas, Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, Anabel Rodríguez Ríos y Claudia Lepage, directora y productora, respectivamente, de la película “Érase una vez en Venezuela: Congo Mirador”, uno de los platos fuertes de la programación de “Miradas Diversas”.  Y es, precisamente, esta cita una de las oportunidades en las que Transparencia Venezuela participará como panelista, de los cines foros que se llevarán a cabo tanto en Caracas como en el interior del país.

El próximo miércoles 2 de diciembre a las 10 de la mañana, Yonaide Sánchez, coordinadora regional de la organización, acompañada por el sociólogo Nelson Freites, analizarán la realidad planteada por la laureada película venezolana, una crónica de la paulatina desaparición de un pueblo lacustre del lago de Maracaibo, víctima no solo de la sedimentación, sino además de la desidia, el conflicto político y, especialmente, la corrupción Posteriormente, el 9 de diciembre a las 2 de la tarde, Mercedes De Freitas estará en el cine foro La Lavandería, en la que una viuda investiga un fraude al seguro. Todas las pistas conducen a dos abogados de Ciudad de Panamá que se benefician de las lagunas del sistema financiero mundial. Ambas películas con temas cercanos a la actividad y exigencias de Transparencia Venezuela.

Más de 60 películas

En esta ocasión, la oferta de Miradas Diversas la componen 62 películas, de Alemania, Argentina, Colombia, Cuba, Estados Unidos, España, Francia, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia, Uruguay y por supuesto Venezuela, algunas de reciente producción y reconocidas en importantes festivales, como Cannes, San Sebastián, Berlín o Venecia, entre otros. Los films están repartidos entre largometrajes, cortometrajes, documentales y ficción, todos seleccionados para ofrecer una visión  reflexiva sobre los Derechos Humanos.

Los 27 largometrajes de ficción de la muestra abordan temas como los Derechos de la Mujer, Derechos de los Niños, la preservación del ambiente, la Libertad de Expresión, el Derecho de Acceso a la Información, la inclusión y los derechos civiles de la comunidad LGBTIQ, el empoderamiento de la mujer y sus luchas ante una sociedad opresora y agresiva, los juicios injustos a reporteros, el drama de los balseros cubanos, y  las víctimas de las estafas de poderosos, entre otros, planteados en diversos géneros, como la comedia, el thriller, el drama o el relato biográfico o fantástico. 

Asimismo, el género cortometraje aporta lo suyo a asuntos como la discapacidad, la problemática del agua o de la educación, las protestas sociales o la lucha ecológica, mediante los recientes documentales producidos por los jóvenes realizadores de la Fábrica de Cine IV (programa social de Gran Cine), y la oferta programática de las otras casas productoras involucradas en el festival, como La Faena Films, entre otras. 

La trata de personas, las violaciones a la privacidad vía digital, las víctimas de regímenes totalitarios, la juventud enfrentada a los poderes del Estado, el drama de las cárceles venezolanas, las consecuencias del narcotráfico, la tragedia por la falta del servicio eléctrico, la situación de la mujer en la sociedad venezolana, la devastación de la selva, son los temas que se despliegan en los 13 documentales que forman parte de esta edición de “Miradas Diversas”. 

Películas 

Entre los estrenos más importantes, aparte de “Érase una vez en Venezuela”, se encuentran filmes  de otros directores venezolanos como “Mujeres del caos venezolano”, de Margarita Cadenas, “La Causa”, de Andrés Figueredo, “Infección”, de Flavio Pedota, “La Fortaleza”, de Jorge Thielen Armand, “Venezuela en cuarentena”, de Sergio Monsalve y “Maracaibo: oscuridad y resistencia”, de Orángel Lugo, además de títulos criollos anteriores a 2019. 

Entre la selección internacional de mayor renombre están: “Preso”, de Ana Tipa, “El oficial y el espía”, de Roman Polanski, “Kill Chain: la ciberguerra en las elecciones de los Estados Unidos”, de Simon Ardizzone, Russell Michaels y Sarah Teale, “Retrato de una mujer en llamas”, de Céline Sciamma, “Who Am I”, de Baran bo Odar, “Selfie” de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat y Vianney Lebasque y “Seberg”, de Benedict Andrews.

800 organizaciones luchan contra la corrupción
La Coalición Anticorrupción tiene presencia en 19 estados de Venezuela 

La celebración del primer aniversario de la Coalición Anticorrupción continúa con un nuevo hito en la trayectoria de este movimiento ciudadano. 

Este primero de noviembre, la Coalición alcanzó la cifra de 800 organizaciones de distintos sectores de la sociedad civil comprometidas con los principios de transparencia que demanda la lucha contra la corrupción.

Este importante logro cobra especial relevancia al ocurrir en el contexto de la pandemia por COVID-19, que ha agravado la ya terrible emergencia humanitaria que padecen los venezolanos y que conllevó a medidas restrictivas de distanciamiento social. Además, el país se encuentra en medio de una enorme crisis energética y de servicios esenciales que han hecho aún más cuesta arriba cualquier trabajo colaborativo.

No obstante, desde el pasado mes de marzo, cuando la Coalición contaba con 550 organizaciones, hasta el 31 de octubre, se sumaron otros 250 miembros, lo que se traduce a un promedio de 30 organizaciones por mes, una diaria. “Con todas ellas hemos articulado esfuerzos y voluntades a través de unas 500 iniciativas desarrolladas a lo largo de este año, para rechazar con un no rotundo todo acto de corrupción, tal como lo propone la primera acción del Mandato de la Coalición”, señaló Yonaide Sánchez, coordinadora nacional del proyecto.

Sánchez detalló que estas iniciativas incluyen desde foros y otras actividades virtuales, campañas, cartas abiertas, exhortos, comunicados, peticiones de información, piezas audiovisuales, artísticas y musicales, hasta sistematización de casos de corrupción y denuncias. 

Las 800 organizaciones que dan vida al movimiento provienen de diferentes sectores de la sociedad civil: gremios empresariales, colegios profesionales, derechos humanos, comunicación, sectores productivos, sindicatos, organizaciones sociales, culturales, ambientales, academia, artes e iglesias, entre otros. 

Sánchez también destacó que durante la cuarentena se incorporaron a la Coalición cuatro estados, lo que garantiza la presencia en 19 de las 23 entidades federales del territorio nacional, y en el Distrito Capital. “Guárico y Portuguesa se unen a Barinas, Apure, Bolívar y Cojedes para cubrir la región llanera. Mientras que Amazonas viene a aportar la importantísima y especifica perspectiva de la afectación de la corrupción en zonas de población indígena”, expresó.

Asimismo, la Coalición le dio la bienvenida en este lapso a Sucre y Monagas, que se suman a Anzoátegui y Nueva Esparta para extender el trabajo en el oriente del país. El mapa completo de los 20 estados incluye a Mérida y Táchira (región andina); Carabobo, Falcón, Lara, Yaracuy y Zulia (región occidente), así como Miranda y Caracas (región capital).  

El movimiento asegura que este arduo trabajo no sería posible sin el apoyo de personalidades representativas de cada región, que se han ido sumando en el camino, para acompañar a los 11 coordinadores y 15 promotores regionales con que cuenta actualmente la plataforma, bajo la figura de padrinos. La Coalición pasó de 44 padrinos y madrinas en marzo, a 56 en octubre, para un incremento de 12. Sin embargo, el número es mayor si se toma en cuenta que al menos 10 de los primeros pasaron a cumplir responsabilidades como promotores o coordinadores sectoriales. 

Renovación

La creación de los grupos sectoriales, para el abordaje de los grandes temas del país, ha sido una de las novedades dentro de la estructura de la Coalición Anticorrupción en esta nueva etapa de trabajo. Con ellos, se busca fortalecer las capacidades de los miembros de la Coalición; así como impulsar, monitorear y exigir al poder el cumplimiento del Mandato, e insistir en denunciar la corrupción, sus mecanismos, responsables y el impacto en la vida de los ciudadanos. Son cinco grupos sectoriales, Salud, Comunicación, Derechos Humanos, Producción y Abastecimiento y Justicia e Impunidad, cada uno de los cuales es coordinado por un especialista en el área. A su vez, los grupos están bajo una coordinación técnica y estratégica.  

De igual modo, el aniversario de la Coalición Anticorrupción y la marca de 800 organizaciones han coincidido con la renovación de la imagen gráfica y el estreno de sus redes sociales. Próximamente, anunciaron, también se verán los cambios en la página web. Entretanto, promotores y coordinadores regionales trabajan de la mano con las organizaciones para la Asamblea Regional de la Coalición Anticorrupción, un movimiento activo contra la corrupción, evento que se desarrollará en cada una de las regiones, con el propósito de examinar avances y retos, y construir juntos nuevas estrategias de lucha anticorrupción para el período 2020-2021.

La génesis

La Coalición Anticorrupción, como lo expone la declaración en su página web, es un movimiento ciudadano que reúne a organizaciones de la sociedad civil, que “agotada por el nivel de destrucción que ha causado la Gran Corrupción en Venezuela, institucionalizada desde las más altas esferas del poder y que ha sido responsable de la crisis humanitaria compleja”, decidió luchar activamente “para acabar con este mal enquistado en la estructura del país por casi dos décadas”.

Las organizaciones que reúne el movimiento “conscientes del extraordinario alcance y destrucción que ha causado la Gran Corrupción venezolana; convencidos de que solo con un esfuerzo extraordinario de todos los sectores de la sociedad se podrán lograr los cambios imprescindibles que se requieren para restablecer la confianza ciudadana en las instituciones y el liderazgo político”, han expresado su compromiso de trabajar “para la construcción de una nación en la que reine el Estado de derecho, el respeto a una vida íntegra, donde la justicia sea una realidad cotidiana y lo público sea manejado con probidad y dirigido al bien común”.

El movimiento inició sus actividades en octubre del año pasado y se lanzó en el mes de diciembre, en oportunidad del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Desde entonces, desarrolla iniciativas destinadas a alcanzar el propósito de su génesis.

El logro de sumar 800 organizaciones traduce, por un lado, el trabajo del equipo de ciudadanos al frente de la Coalición Anticorrupción, su compromiso y denodados esfuerzos por un cambio social; y, por el otro, la comprensión de la complejidad y el impacto del fenómeno de la corrupción en la vida de los ciudadanos, por parte de las organizaciones; y la voluntad de ambos de asumir la cruzada por la Venezuela íntegra con la que sueñan y que aspiran los venezolanos.

Transparencia Venezuela tiene estrategia jurídica para recuperar activos venezolanos
Se han abierto, al menos 80 investigaciones en jurisdicciones internacionales en las que se encuentran ubicados fondos venezolanos

La corrupción es un delito generalizado que afecta a las finanzas de muchos países alrededor del mundo. Además de dificultar el crecimiento económico, socava la confianza en los gobiernos y afecta la prestación de servicios esenciales como salud, electricidad, agua, alimentación, infraestructura, educación y transporte. Esto se debe a que los recursos destinados a la inversión, en estos y otros sectores, son desviados para el lucro particular de grupos o individuos.  En Venezuela, la impunidad con la que se ha cometido el desfalco de los fondos públicos ha permitido que muchos de los actores involucrados busquen lavar o “legitimar” las ganancias o beneficios producto de la corrupción en el extranjero, a través de empresas de maletín, compra de inmuebles, préstamos y depósitos en cuentas bancarias foráneas. De hecho, se han abierto, al menos, 80 investigaciones en jurisdicciones internacionales en las que se encuentran ubicados dichos activos. 

Ante esta realidad, y frente a la posibilidad de un eventual proceso de transición democrática en el país, Transparencia Venezuela ha decidido profundizar en el estudio y análisis de la recuperación de activos como una de las principales políticas para desalentar la actividad criminal – incluida la corrupción- mediante el decomiso de los bienes y ganancias obtenidas por el aprovechamiento ilegal de los recursos de la nación. En Estrategias jurídicas para la recuperación de activos venezolanos producto de la corrupción expertos de Estados Unidos, España y Suiza elaboraron sendos informes en los que ahondan en los procedimientos, normas e instituciones que intervendrían en la recuperación de los activos venezolanos. De igual modo, se realizó un estudio sobre el marco legal venezolano que regula la materia y la situación del país frente al ordenamiento jurídico internacional. 

Como parte de esta iniciativa, la organización ha lanzado el programa Cómo recuperar activos  producto de la corrupción. Formación en estrategias jurídicas y análisis de casos internacionales, dirigido a abogados, fiscales, jueces, académicos, parlamentarios y miembros de la sociedad civil, con el propósito de apoyar en el entrenamiento de estos actores claves. El programa inicia el próximo lunes 2 de noviembre en Campus Transparencia.

Un problema complejo

La recuperación de activos producto de la corrupción es una materia poco explorada en el país. Son procesos complejos que dependen de la finalización de causas judiciales extensas, en las que, de acuerdo con el marco legal, debe determinarse la comisión de un delito y rastrear la procedencia de los bienes, para luego conseguir la confiscación de dichos bienes y solicitar su devolución. No obstante, muchas veces no existe la armonización de sistemas jurídicos que puedan facilitar la cooperación internacional. Otros obstáculos se presentan por la falta de voluntad política para llevar a cabo procesos penales internos, que determinen la culpabilidad de los corruptos, o por el mantenimiento de regímenes cleptocráticos en el país de origen de los recursos.

Algunas jurisdicciones han optado por procedimientos donde una condena no es necesaria, aunque para ello debe existir una vinculación del activo con un delito. Son procesos que pueden durar años, incluso décadas, en los que se requiere un conocimiento minucioso del marco legal internacional y de las leyes de los países actuantes. Para ello, Transparencia Venezuela aporta una visión académica y práctica que permita conocer los retos que se pueden presentar y las estrategias a seguir para conseguir la recuperación de los activos producto de la corrupción.  Estos informes pretenden incentivar a los investigadores venezolanos, así como a los actores políticos y funcionarios del sistema de justicia penal, a profundizar sus conocimientos sobre el tema, abrir el debate y construir las bases para la recuperación de activos venezolanos ubicados de manera ilícita en el extranjero.

Conexión europea 

El capítulo La Recuperación de Activos en el Derecho Español fue redactado por Adán Nieto Martín, catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha y subdirector del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional. De su trabajo se desprende que en España no existe una ley judicial en materia de recuperación de activos, que regule de manera sistemática la cooperación con otras naciones. No obstante, tanto España como Venezuela han suscrito y ratificado los tres grandes tratados internacionales en este ámbito: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada (UNTOC) y la Convención sobre Tráfico de Drogas.

Nieto Marín afirma que la recuperación de activos constituye un problema de gobernanza global. “La globalización de la delincuencia ha propiciado la aparición de delitos transnacionales altamente lucrativos, y también la posibilidad de mover con gran facilidad las ganancias procedentes de la comisión de delitos. La recuperación de activos es un instrumento de política destinado a luchar contra la delincuencia, especialmente la organizada, mediante el decomiso de los bienes o beneficios producto de acciones criminales”.

El catedrático señala que la recuperación de activos actúa como una herramienta disuasoria que pretende garantizar que el delito no sea provechoso.  De igual modo, considera que los beneficios fruto del crimen deben decomisarse y utilizarse para compensar a la víctima, ya sea un individuo o el Estado, para restablecer así la justicia y eliminar las conductas delictivas de organizaciones criminales y  corruptos.

En ello coincide el director y especialista en recuperación de activos del Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR) del Basel Institute on Governance, Oscar Solórzano, autor del informe La recuperación de los activos Venezolanos en Suiza, estudio clave si se toma en cuenta que investigaciones judiciales de ese país han revelado que su  sistema financiero ha sido usado, de manera sistemática, para malversar fondos del Estado venezolano.

“El sistema de justicia penal suizo está concebido para castigar a los responsables de un hecho punible. Sin embargo, con respecto a la delincuencia económica generadora de ganancias ilícitas, la legislación suiza dispone de un amplio marco que le permite dirigir la acción de la justicia al incentivo económico, con el fin de recuperarlos y regresarlos al erario. La recuperación de activos es entendida como un proceso legal de carácter internacional que pone en relación a Estados soberanos y que hace intervenir a diferentes instituciones judiciales y gubernativas, así como a marcos jurídicos, por lo general no armonizados, en un contexto internacional”, señaló el experto.

Solórzano explicó que el proceso consta de cuatro fases: identificación,  incautación o bloqueo,  decomiso y restitución o disposición. Resaltó que existen varias opciones para que las autoridades venezolanas participen en el proceso de recuperación y brinden elementos de prueba a Suiza a fin de cumplir los pasos de este proceso, en el que las autoridades de ambos países pueden definir las modalidades de restitución de activos a Venezuela.  

Considera que la coordinación, desde el inicio de cualquier intento de recuperación de activos en la plaza financiera suiza, es una pieza clave de la estrategia a seguir. Debido a que Suiza y Venezuela no han concluido un acuerdo sobre Asistencia Legal Mutua (ALM), las condiciones que permiten a las autoridades suizas brindar asistencia a sus contrapartes venezolanas se definen según la normatividad doméstica del país europeo: La Ley Federal sobre Asistencia Legal Mutua (LALM). “Si la información se solicita en el marco de un proceso penal nacional o extranjero, el banco y sus empleados están legalmente obligados a revelar información confidencial a pedido de una autoridad competente. La autoridad de ejecución suiza puede declarar la incautación de activos en cuentas solicitadas por la autoridad extranjera si estos fondos pueden últimamente ser decomisados”, afirmó. 

En cuanto a los tratados y convenios multilaterales internacionales, que abordan específicamente a la recuperación de activos, cuyas disposiciones son aplicables a los Estados signatarios, destaca la ya mencionada UNCAC -de la cual Suiza y Venezuela son parte-, en el que la restitución de activos a los Estados víctima del delito se considera como principio fundamental.

El sueño americano

Para el ex Fiscal Federal y especialista en decomiso de activos y lavado de dinero, Stefan Cassella, es común que las ganancias de delitos cometidos en países extranjeros se depositen o se inviertan en propiedades en Estados Unidos. “Naturalmente, a estos países les interesa recuperar esos bienes y Estados Unidos ha expresado su compromiso para colaborar en esa tarea”, señaló en el informe Recuperación del producto de delitos extranjeros ubicados en Estados Unidos.

Cassella explica que hay dos formas para lograr ese objetivo. La primera es que los tribunales del gobierno extranjero emitan una orden de decomiso o incautación de bienes ubicados en Estados Unidos, y soliciten asistencia a ese país para que dicha orden sea registrada y ejecutada por un tribunal federal. La segunda consiste en que el gobierno extranjero presente las pruebas que vinculan a delitos los bienes ubicados en Estados Unidos ante el Departamento de Justicia, que podrá utilizarlas para iniciar una acción de decomiso sin condena contra los bienes, en virtud de la legislación federal. “En cualquier caso, el resultado sería la interposición de una orden ante un tribunal federal de Estados Unidos que permitiría repatriar los bienes al país de origen”, puntualizó el experto.

En el estudio explica que, antes del año 2000, Estados Unidos no tenía medios para ejecutar una orden de decomiso del extranjero. Por el contrario, los tribunales federales tenían prohibido hacer cumplir las leyes penales extranjeras, incluidas las sentencias de decomiso penal y civil. Eso cambió con la aprobación de la Ley de Ejecución de una sentencia extranjera, que tipifica el procedimiento por el cual se puede ejecutar una orden de decomiso contra bienes ubicados en ese país.

“El Departamento de Justicia asigna una alta prioridad a las solicitudes de asistencia de países extranjeros para restringir, confiscar y, en última instancia, repatriar activos obtenidos por delitos, y ha expresado su compromiso a utilizar la Sección 2467 del Código de Estados Unidos para tal fin”, refirió el experto, quien detalló que el proceso de ejecución de un fallo de decomiso comprende varios pasos: el gobierno extranjero hace una solicitud formal a Estados Unidos; el Fiscal General certifica que hacerlo redunda en interés de la justicia; el Departamento de Justicia presenta una solicitud para ejecutar el fallo en un tribunal federal; y el tribunal emite las órdenes que sean necesarias para ejecutar el fallo y repatriar la propiedad.

De tal manera que una acción para ejecutar una sentencia de decomiso del extranjero es una acción iniciada por Estados Unidos en nombre de un gobierno extranjero. “Estados Unidos está comprometido a ayudar a otros países a recuperar las ganancias obtenidas a partir de delitos cometidos en el extranjero que se han invertido o blanqueado en su territorio”, afirmó Cassella.

Según el experto, es bastante común que los países, que no han podido obtener una orden de decomiso o confiscación de bienes que se encuentren en Estados Unidos, soliciten al Departamento de Justicia que inicie una acción de decomiso sin condena, y repatríen la totalidad o parte de los bienes si la causa se resuelve a su favor. “Estados Unidos comprende la importancia de utilizar este instrumento no solo para cumplir las obligaciones contraídas en virtud de los tratados, sino también para evitar que la nación se convierta en depositaria de las ganancias de hechos delictivos en todo el mundo e impedir que sus instituciones y mercados financieros sean utilizados y, en algunos casos, dominados por delincuentes organizados, funcionarios extranjeros corruptos y cleptómanos que han vaciado las arcas de los países del mundo en desarrollo e invertido las ganancias mal habidas en bienes raíces, valores y empresas en su territorio”, destacó.

Ley de Recuperación de Activos: una tarea pendiente

El análisis sobre el Marco Jurídico para la recuperación de activos producto del delito en Venezuela estuvo a cargo de la abogada Norma Ferrer, coordinadora de la Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC) de Transparencia Venezuela e Investigadora principal en el proyecto JustLEAD de Transparency International. “El patrimonio de una nación puede ser invertido de manera fraudulenta y corrupta en otros Estados, en los cuales se perpetra el delito de lavado de dinero para poder obtener una apariencia de legalidad, de allí la importancia de un marco internacional claro para la recuperación de los activos provenientes de la corrupción, y la adecuación de los ordenamientos jurídicos internos a esta normativa”.

Ferrer hizo un análisis comparativo de la legislación venezolana con las disposiciones de la UNCAC, de las formas de confiscación de bienes producto de la corrupción y los procedimientos existentes para poder solicitar la devolución de dichos bienes, con el objeto de que sirvan de guía a quienes emprendan estas acciones a futuro. “La UNCAC da un marco jurídico a seguir por los Estados que debe apoyarse en la legislación y procedimientos internos para llevar a cabo la recuperación de activos provenientes del delito. De igual modo, establece como mecanismos de cooperación internacional la asistencia jurídica recíproca con el fin de dar efecto a toda orden de decomiso dictada por el Estado requirente; el embargo preventivo o incautación de bienes que puede tener jurisdicción el Estado requerido, así como medidas para preservar los bienes a efectos de decomiso”, expresó.

Ferrer reiteró que las decisiones y medidas dictadas deben ser adoptadas por los Estados miembros de acuerdo con el derecho interno y los procedimientos o tratados bilaterales o multilaterales que al efecto se hayan celebrado. “La UNCAC pretende servir como guía introductoria para la cooperación internacional en materia de recuperación de activos, teniendo en cuenta también las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (UNTOC), aunque esta convención sólo es aplicable a los delitos de corrupción y lavado de dinero”.

En el ámbito internacional, Venezuela también es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción y ha suscrito acuerdos bilaterales de asistencia legal en materia penal con países como Italia, México, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, China, Bielorrusia, Ucrania, República Dominicana y Cuba. Además, el ordenamiento jurídico venezolano ha previsto la figura de la asistencia legal mutua en el Código Orgánico Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En el marco jurídico nacional, uno de los primeros pasos para la prevención de delitos que pueden generar activos, como el lavado del dinero,  es la eliminación o regulación del secreto bancario para proporcionar a las autoridades competentes los reportes de actividades sospechosas, a los fines de rastrear los activos que posiblemente sean producto del delito. 

Por otra parte, con la finalidad de preparar el escenario para la recuperación de activos, el informe ahonda en los conceptos, alcance y contenido de las diversas medidas existentes en el derecho venezolano como el embargo preventivo o incautación, congelamiento o inmovilización, confiscación o decomiso. Considera la jurista que  en Venezuela existen normas  sobre la restitución de bienes objeto de medidas de incautación, decomiso o congelamiento. No obstante, a los fines del informe,  solo se estudió la normativa relacionada con la restitución de bienes objetos de confiscación por haberse determinado su procedencia del delito y ante esta premisa se tiene que la acción civil es la vía idónea para su solicitud.

Al respecto, la Asamblea Nacional (AN) planteó el proyecto de Ley de Recuperación de Activos, que fue aprobada en segunda discusión, pero no se ha podido publicar en Gaceta Oficial debido a la conflictividad política del país. Esta norma pretende dar un marco más amplio para la obtención de bienes producto de la corrupción, estableciendo el procedimiento de extinción de dominio (procedimiento sin condena), siguiendo las recomendaciones de la UNCAC y teniendo como guía la Ley de extinción de dominio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC). Además, contempla la creación de la Oficina Nacional para la Recuperación de Activos.

Cusanno: La única forma de que no haya sanciones es que se garantice la democracia
El presidente de Fedecámaras dijo que la Ley Antibloqueo implica otorgar plenos poderes a una sola persona

Pese a reconocer que la Ley Antibloqueo impulsada por Nicolás Maduro en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) nace de una instancia cuya legitimidad no es reconocida, el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusanno, ve como positivo que se hable de respetar la propiedad privada y de reintegrar sus propiedades a quienes les fueron vulnerados sus derechos. “No se puede menospreciar que se diga que se va a ir a un proceso de privatización, que se vaya a atender la economía desde la visión del sector privado. Tenemos muchos años luchando por eso, pero lamentablemente se hace bajo un paraguas legal que no cumple con las condiciones”, expresó el dirigente empresarial.

Cusanno advirtió que la aprobación del instrumento implica otorgar plenos poderes a una sola persona bajo criterios de total opacidad.

Además, considera que dicha legislación pasa por encima de la Ley de Presupuesto, colide con preceptos constitucionales y sería una jugada del oficialismo para mantenerse en el poder.

“No queremos un modelo chino y mucho menos el de Cuba. Queremos respeto a los preceptos constitucionales, al derecho a la vida, la salud, la educación y a la alimentación. Que el derecho a elegir, a la propiedad privada y a la libre iniciativa no sean vulnerados. Que las libertades en términos políticos, económicos y sociales sean plenas y no estén bajo el control de un sistema político”.  

Con respecto al posible efecto del instrumento legal en el levantamiento de las sanciones que pesan sobre exfuncionarios y altos personeros del Ejecutivo nacional, Cusanno recordó que estas acciones surgieron ante conductas inapropiadas, y que la única forma de que dejen de existir es que “se asuman conductas democráticas, respetuosas del orden jurídico nacional e internacional. Esta Ley puede hacer más viable la economía, pero bajo qué condiciones de precariedad si de antemano no hay transparencia para tener acceso a la información de los procesos. De lo que si estamos seguros es que no va a regresar inversiones verdaderas de largo plazo que generen empleo y productividad”. 

Elecciones sin condiciones 

Sobre las elecciones parlamentarias convocadas para el 6 de diciembre, el representante empresarial sostuvo que están inscritas en la Constitución, pero que la lucha por las condiciones no ha dado resultados.

“No se puede seguir menospreciando el voto como herramienta natural de la democracia para construir cambio, adversar o apoyar posiciones. Estamos entrando en un cronograma electoral, vienen las parlamentarias, regionales, revocatorio y presidenciales. El problema es que si se le sigue dando palo al voto, ¿cuáles son las condiciones para tener un verdadero cambio en términos pacíficos, inclusivos y donde el ciudadano ejerza su  protesta natural a través del voto?”.

Acotó que al no haberse conseguido las condiciones, la opacidad en torno a las parlamentarias se incrementa. No obstante, avizora que en enero de 2021 habrá un órgano que decidirá el marco regulatorio del país. “De 2005 a 2010 nos diseñaron un andamiaje legal que nos lleva por la calle de la amargura. Me preocupa mucho institucionalmente que se aspire rediseñar la legislación laboral, el Código de Comercio o cualquier otra ley con incidencia en la empresa privada. Si no hay equilibrio de pensamiento, de visión democrática, pudiéramos estar ante el diseño de un país más complicado y restrictivo del que ya tenemos”.

De igual modo, considera que la consulta popular anunciada por el sector de la oposición que lidera Juan Guaidó es una propuesta que podría ser positiva en tanto tenga forma de ejecutarse. “Las presiones hasta el día de hoy no han tenido el efecto requerido. La democracia hay que rescatarla. Mientras vamos en el camino de diseñar esa democracia inclusiva, de respeto, donde quepamos todos, hay que buscar soluciones puntuales. ¿De qué sirve una democracia plena con una cantidad de gente caída en el camino y de que sirven también soluciones en el marco de una Venezuela que no vaya a tener libertades políticas sino solo económicas y sociales? Creo que hay que compaginar bien los objetivos de corto, mediano y largo plazo”. 

La contraparte de Maduro

Respecto a presuntos acercamientos del gremio empresarial con el oficialismo, Cusanno reconoció que asistió a una reunión que se realizó el 15 de marzo de este año en Miraflores, a propósito del decreto de emergencia por la pandemia, con la intención de sostener los puestos de empleo y la producción, no con posturas políticas. “Eso permitió que hubiera comunicaciones verbales con el ministro de Finanzas, el ministro de Comercio, con el BCV; pero el verdadero problema es que hoy quienes detentan el poder se consiguen de frente con la crisis estructural de las instituciones, del poder de compra y los servicios que ellos mismos crearon. Ahora una verdadera solución integral sustentable en el tiempo pasa por un acuerdo político mucho más profundo que tener una reunión con estos funcionarios, es más complejo lo que vive Venezuela”.

Ante la posibilidad de que tales acercamientos y los acuerdos alcanzados impliquen el reconocimiento al actual gobierno, Cusanno enfatizó que Fedecámaras no es “la contraparte de Maduro”.

“La contraparte política está muy bien definida. Ese acuerdo tiene que darse entre los actores políticos, donde los actores civiles tengan acceso en el diseño de lo que se busca con ese acuerdo: las empresas, la academia, los trabajadores, la sociedad civil organizada; donde la comunidad internacional sea garante de esa solución entre venezolanos”.

Reiteró que el reconocimiento sería un tema a discutir en el acuerdo, aunque comentó que en el país y en el mundo hay claridad en torno a legitimidades. “Hay una visión que busca herramientas jurídicas para dar más poder a pocas personas, pero el problema es la gente”.

Cusanno se refirió a encuestas que señalan que más de 80 % de los venezolanos está en un profundo drama social y económico. Asimismo, dijo que existe una contracción de casi 28 trimestres consecutivos y que Venezuela es uno de los países con mayor pobreza de la región, con el menor ingreso per cápita. 

“Para solucionar los problemas de la ciudadanía hay que buscar acuerdos. Somos un actor para promover soluciones, ayudar a construirlas y sobre todo a ejecutarlas, como un actor que no aspira al poder, pero que tampoco aspira a ser desplazado en sus posiciones de la visión económica y de producción que necesitamos para rescatar la nación”, subrayó.

Cusanno reiteró que el sector empresarial aspira a la restauración plena de la democracia, pero sobre la base de la realidad de un gobierno en ejercicio y uno interino. “Por supuesto que estamos de acuerdo con un gobierno de transición, pero ¿están de acuerdo los que tienen que ceder el poder? Procurar soluciones puntuales no significa ceder principios. Precisamente por defender los principios y por darle cabida en el tiempo es que estamos en esta posición independiente, autónoma, pero no neutral, ante quien sabemos que es el culpable del drama en Venezuela”.

Transparencia Venezuela propone derogación de decreto del Arco Minero para frenar devastación al sur del Orinoco
La zona representa el 12% del territorio nacional

En febrero de 2016, el gobierno firmó el decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco y autorizó la explotación de los 112.000 kilómetros cuadrados del área ubicada al sur del río más extenso del país. Esta franja, que abarca los estados Bolívar, Amazonas, Apure y parte de Delta Amacuro, representa cerca del 12% del territorio nacional y es, además, el hogar de cerca de 190 pueblos indígenas que confluyen en la Amazonia Venezolana. La extracción –en muchos casos ilegal- de la riqueza mineral que yace bajo el suelo de esta zona protegida no solo amenaza su gran biodiversidad, sino que ha provocado el desplazamiento de sus pobladores originarios que ven afectados su cultura y sus costumbres. En los últimos cuatro años, la devastación provocada por el extractivismo, la deforestación, la contaminación y las actividades criminales que rodean a la actividad minera, principalmente en la región guayanesa, ha sido denunciada por numerosas organizaciones civiles, ambientalistas, defensores de los derechos indígenas y académicos que ven con preocupación cómo el Arco Minero del Orinoco se ha convertido en un reflejo de la inmensa crisis que enfrenta el país. 

Esta realidad fue examinada durante el Espacio de Transparencia “Arco Minero del Orinoco vs Derechos de los pueblos indígenas”, realizado el 27 de agosto, a través de la plataforma Zoom. Las conferencias estuvieron a cargo del abogado y politólogo Vladimir Aguilar, quien es miembro del grupo de trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (ULA); y el ingeniero Manuel Sánchez, coordinador de Investigación de Transparencia Venezuela, con la participación como moderadora de la periodista e investigadora de la organización María Fernanda Sojo, coordinadora de Oro Mortal, entre el crimen organizado, el ecocidio y la corrupción, estudio que retrata el horror que yace tras la extracción del oro. 

Un siglo de extractivismo

En su exposición, el profesor Vladimir Aguilar inscribió el tema en el contexto histórico del extractivismo como base del proceso de acumulación de capital que da pie a la corrupción. Según dijo, este fenómeno se inició hace 100 años con la explotación petrolera, pero se ha profundizado en las dos últimas décadas. “El extractivismo minero es la continuación del extractivismo carbonífero que comenzó al norte del Orinoco, pero el modelo económico sigue siendo el mismo”.

El experto señaló que el análisis del problema debe tomar en cuenta conceptos como fuentes de vida, recursos naturales y biodiversidad. “En los bosques están las mayores reservas de fuentes de agua y biodiversidad del planeta y, por ende, la mayor concentración de diversidad cultural. En la Amazonía es evidente ese fenómeno”. 

Aguilar definió el extractivismo como la explotación ilimitada de recursos naturales y, por ende, como la mayor amenaza a las tierras de los pueblos indígenas. “En ese proceso de explotación minera se vulneran los derechos al territorio, a la libre determinación y a la consulta previa que son los tres derechos consustanciales de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución y en los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por Venezuela”. Enfatizó que la mayor concentración de pueblos indígenas que habitan en el país está al sur del Orinoco. “Posiblemente tengamos menos pueblos indígenas que otros países amazónicos, pero tenemos mayor diversidad lingüística. Al sur del Orinoco no está solo la mayor concentración de cultura, sino también de reservas energéticas y minerales”. 

De igual modo, dijo que no hay una correspondencia entre el desarrollo de políticas extractivas, la demarcación de territorio y la cosmovisión de las comunidades indígenas acerca de las fuentes de vida constituidas por el agua, el oxígeno, la biodiversidad y la diversidad cultural que existe en esos pueblos. “Lo que se impone,  además de la denuncia, son las acciones, qué podemos hacer y cómo podemos seguir acompañando esos procesos sociales”. Considera que el punto de partida del Arco Minero del Orinoco es la ausencia de demarcación del territorio indígena y de declaración de áreas protegidas. “Solo se ha declarado el Parque Nacional Cagua. Del resto no hay nada. Según cifras oficiales, tenemos demarcado solamente 12% de los territorios indígenas del país”.

Al respecto, sostiene que son claves los estándares incluidos en el más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, aplicables a la Panamazonía. “El primero es el de la autoidentificación, cuáles son las poblaciones indígenas que en tiempos de pandemia están sobreviviendo y resistiendo al extractivismo que no ha parado al sur del Orinoco, por el contrario, se ha profundizado”. 

A juicio de Aguilar, el extractivismo, que conlleva lógicas de corrupción, contrabando o “corsarismo” como fundamento de una economía de frontera, se ha trasladado al resto del país. “Es un tema estructural. Las comunidades indígenas que han tenido que sucumbir ante la minería no lo han hecho por voluntad propia. Eran comunidades que se dedicaban al turismo, el problema es que el turismo se vino en picada y es prácticamente inexistente”. 

Oro manchado

Manuel Sánchez explicó que el foco de la propuesta en la que trabajan tanto Transparencia Venezuela como la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalurgia como salida está en un modelo de desarrollo que revierta el impacto socioambiental de la extracción minera en territorios donde conviven comunidades vulnerables, en particular las indígenas, y que éstas sean incluidas en esas estrategias de crecimiento armónico. 

“Los marcos legales de la explotación de los yacimientos minerales han convertido al Estado en el explotador exclusivo de las minas. Al igual que ocurre en sectores como el eléctrico, de alimentos y el de hidrocarburos, el Estado ha asumido un doble rol de operador también y regulador, es decir, se paga y se da el vuelto. Además, existe una debilidad institucional generalizada en cuanto a planificación, sistemas de comunicación, uso de mejores prácticas en el sector público y falta de transparencia. Además, existen incentivos que permiten la minería ilegal de grupos irregulares, principalmente en el estado Bolívar que es el territorio más grande que abarca el Arco Minero”, señaló.

Sánchez refirió que tanto el informe Oro Mortal, como el trabajo sobre Empresas Propiedad del Estado y el más reciente Crimen organizado y corrupción: un problema de Estado, publicados  por Transparencia Venezuela, dan cuenta de cómo la explotación minera  en Venezuela ha generado una devastación muy profunda de nuestros ecosistemas. “Gran parte de los 112.000 kilómetros cuadrados de superficie que abarca el Arco Minero del Orinoco ha sido tomada por los mal llamados sindicatos mineros y grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuya presencia hemos podido constatar en el estado Bolívar, donde controlan varias de las minas de oro de forma ilegal”.

Afirmó que un elemento que ha permitido que el Arco Minero sea tomado por estos grupos es el desplazamiento o cierre de empresas formales, debido a la inseguridad y la violencia presentes en la zona. “Tanto las megabandas como los seudosindicatos y los grupos foráneos (ELN) dominan la extracción de oro y, en algunos casos, de diamantes y coltán en los municipios Pedro Chien, Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. Asimismo, cada vez existen más mujeres que se dedican a la minería ilegal y que muchas son víctimas de explotación sexual o las utilizan para el contrabando, el tráfico de drogas”.

Sánchez dijo que han determinado que entre 70% y 90% del oro que se extrae en el Arco Minero del Orinoco “sale de forma ilegal bajo la mirada cómplice del alto gobierno, incluso se ha señalado que participan familiares cercanos al entorno presidencial”. Refirió que entre 1998 y 2016, según un estudio de Econanalítica, cerca de 3.008 millones de dólares se perdieron, y para 2018 la cifra por contrabando de oro a través de vías áreas, por ríos, vía terrestre y algunas rutas fue de  2.700 millones de dólares.

Un cambio de modelo

Sánchez coincidió en que la extracción descontrolada afecta a las comunidades indígenas, las cuales no tuvieron ni voz ni voto en el desarrollo del Arco Minero del Orinoco. “Frente a este panorama, es fundamental que haya un cambio de modelo político. El foco del modelo que proponemos es que logremos que en el mediano y largo plazo una minería sostenible y moderna, que sea social y ambientalmente responsable, que produzca minerales con capacidad de participar de forma competitiva en los mercados internacionales y bajo una gestión descentralizada, que distribuya funciones, actividades y poderes fuera de la autoridad central”.

Para avanzar en estos cambios, considera clave que se logre la paz social, se garantice la seguridad y tranquilidad de las comunidades indígenas y de las empresas que operen en la zona. “También es indispensable que haya gobernanza y transparencia, rendición de cuentas, que se utilice tecnología de punta que respete el medio ambiente, y que se promueva la inversión del sector privado en los procesos de extracción y producción.

La hoja de ruta propuesta, que incluye la derogación del decreto mediante el cual se creó el Arco Minero del Orinoco, abarca tres fases. En primer lugar, la revisión de los modelos de gestión, conformación de un equipo de expertos y la participación activa en la consulta y aprobación de la nueva Ley de Minas que está en discusión. La segunda etapa, que denominó de transición, contempla la reestructuración de la institucionalidad minera, la creación de una agencia nacional autónoma para el sector y el establecimiento de programas de cooperación con países y organismos internacionales; así como el diseño e implementación de acciones para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indígenas. 

La última fase de la propuesta  conlleva la definición de las políticas de industrialización y transformación productiva para que la industria minera se convierta en  el eje de la diversificación de la economía venezolana. “Que no sea un paliativo para tapar la caída del ingreso y la producción petrolera, sino que sea parte de la estrategia de desarrollo económico del país”.

Transparencia Venezuela: El país está sin transporte público, pero lleno de cementerios Yutong
Imágenes satelitales de estacionamientos de buses en diversos puntos de la geografía venezolana reflejan la insostenibilidad de los acuerdos con Yutong

 

El flujo de fondos desde China hacia Venezuela no se tradujo en desarrollo económico ni en servicios públicos eficientes para los venezolanos. Para muestra, un botón: el caso de los yutong. La empresa de autobuses de China Yutong Hong-Kong Ltd., se posicionó como principal proveedora del Gobierno nacional, luego de que en 2010 se aprobara el acuerdo de financiamiento entre China y Venezuela, conocido como Fondo Gran Volumen Largo Plazo.

Como parte de este convenio, el Banco de Desarrollo del país asiático hizo dos desembolsos, uno por US$ 10.000 millones y otro en yuanes renminbi de 70.000 millones (aproximadamente US$ 10.250 millones), pagaderos con envíos de crudo desde la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) a China National United Oil Corporation (Cnuoc).

Yutong Hongkong Ltd. fue una de las beneficiarias de la condicionalidad arraigada, requisito exigido por el país asiático para otorgar los préstamos. La exigencia consistía en contratar sus empresas y mano de obra, utilizar su tecnología, y comprar sus insumos. Por esta razón, otorgar un préstamo en la moneda local del país facilitaba las transacciones.

El Gobierno venezolano, a través Ministerio del Poder Popular para el Transporte, suscribió cuatro acuerdos con Yutong, desde 2011, para la importación de 4.716 unidades de autobuses armadas y de otras 2.600 semi ensambladas.

Además, los acuerdos incluían el apoyo de la empresa para la puesta en funcionamiento de un sistema de transporte inteligente, suministro de repuestos, capacitación de personal, transferencia tecnológica y la conformación de una empresa mixta para el ensamblaje de los autobuses en Venezuela.

A la par de la importación masiva de autobuses, se crearon empresas propiedad del Estado para atender el sector transporte. Entre ellas se encuentran Transmonagas, Bus Trujillo, Bus Mérida, Transbar C.A. (Lara) y Transtáchira. Por otro lado, el sistema Trolebús de Mérida administrado por la empresa Tromerca, cuya principal bondad era el uso de energía eléctrica para una movilidad más amigable con el ambiente, dejó de usar las unidades de Mercedes Benz que tenían sistema dual de energía, sustituyéndolas por unidades de Yutong que no lo tenían. 

Sin embargo, en 2019 una publicación oficial señaló que, en todo el territorio, estaban activas 1.600 unidades de transporte Yutong. Es decir, solo 23% de los autobuses adquiridos. Por otro lado, se indicó que se proponían reparar 2.000 buses inactivos. Imágenes satelitales de estacionamientos de buses en diversos puntos de la geografía venezolana reflejan la insostenibilidad de los acuerdos con Yutong. El marcado déficit del servicio de transporte en las principales ciudades de Venezuela también es una expresión de este acuerdo fallido.

 

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