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Consorven pide garantizar educación accesible e igualitaria a jóvenes con discapacidad
24 % de las niñas, niños y adolescentes consultados no están incluidos en el sistema educativo venezolano

La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) realizó un estudio para conocer las condiciones de acceso a la educación por parte de niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad en el país.

Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recalcó que “es un derecho y un deber social fundamental de las personas con discapacidad, ser partícipes de una educación de calidad que contribuya al desarrollo pleno de su potencial creativo y de su personalidad en la sociedad venezolana”.

Con la investigación realizada, se determinó que 49 % de las personas consultadas señalaron que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no tienen Registro Nacional de Personas con Discapacidad emitido por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), reseña una nota de prensa de Consorven.

En ese sentido, De Gouveia manifestó que cualquier persona con discapacidad, que por diversas razones no posea un carnet de identificación emitido por la Conapdis, “está en presencia de la vulneración a un derecho, que es a su vez una herramienta para garantizar al acceso a derechos básicos y fundamentales“.

 Es responsabilidad del Estado garantizar que las personas puedan evaluarse, registrarse y tener el carnet del Conapdis”, dijo.

También recalcó que 24 % de las niñas, niños y adolescentes entrevistados, no están incluidos en el sistema educativo venezolano. “De ese 24 %, 47 % nunca han estudiado, 37 % dejó de estudiar hace más de un año y 16 % dejaron de estudiar a consecuencia de la pandemia”.

Según De Gouveia, más allá de la pandemia, otra de las barreras a las que se enfrentan las familias más vulnerables, es no contar con recursos económicos para inscribir a los jóvenesen centros educativos.

“Esta situación está asociada a la crisis económica estructural y a la crisis institucional, y que en ambos casos, el Estado es el responsable de subsanar, por medio de acciones directas y urgentes, el que las personas con discapacidad no puedan sortear las principales dificultades que impiden un acceso efectivo al sistema educativo”.

Entre otros hallazgos del estudio, se pudo conocer que 37 % de los representantes de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad entrevistados, encuentran como principal dificultad el problema del transporte, 22 % consideran la alimentación como dificultad para que sus representados asistan a la escuela y 15 % declararon que la discriminación es la principal dificultad que encuentran para que sus hijos acudan a los centros educativos.

Con relación a este último dato, es una responsabilidad social compartidaeliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y por diferencias de cualquier tipo; es un derecho humano, universal y fundamental poder acceder a sistemas educativos en igualdad de condiciones, pero también libre de ambientes que toleran, permiten o fomentan actos de discriminación”.

En lo que respecta a la adaptabilidad y accesibilidad de los contenidos educativos, 49 % de los representantes no consideran accesibles ni adaptados los contenidos y 71 % no fueron consultados sobre las estrategias y medidas necesarias para impartir los contenidos educativos durante la pandemia.

“Luego de conocer estos hallazgos, exhortamos al Estado para que cumpla con el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad, en ese sentido recomendamos respetar el marco legal que garantice el acceso pleno al derecho a la educación en igualdad de condiciones, tal como lo establece La Constitución de Venezuela (artículo 102 y 103); cumplir con lo establecido en La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (artículo 24) y la Ley Orgánica de Educación (artículo 6)”.

Igualmente, recomendó trabajar en la formación de los docentes y en todo el personal que labora en las instituciones educativas del país, “específicamente en los contenidos y herramientas que permitan brindar a los estudiantes con discapacidad, una educación de calidad, adaptada a sus necesidades y especificidades”.

Así como garantizar que los contenidos educativos estén siendo enviados en los formatos adecuados (accesibles), con los contenidos desarrollados y expuestos en atención a las diferencias cognitivas, así como establecer y fomentar relaciones de respeto entre la escuela y las familias, “este mecanismo de participación, asegura el éxito de la labor educativa”, concluyó De Gouveia.

Pacientes renales en Zulia corren riesgo por fallas del sistema eléctrico
Denuncian que tampoco hay personal médico

La organización de derechos humanos, Codhez, informó que hay 15 pacientes en riesgo porque no han recibido su diálisis ante la falta de electricidad en la unidad de diálisis Juan Bautista Terán, en Maracaibo, estado Zulia.

Hasta el momento solo han podido atender a 12 de 27 pacientes renales, reseñó 800 Noticias.

El centro quedó sin energía eléctrica y no cuenta con planta para continuar con las labores, alertó la organización.

Los pacientes renales denunciaron igualmente la falta de personal médico para atender sus diálisis.

Solicitaron respuestas urgentes, puesto que sus vidas corren peligro.

Grupos armados crecen en Venezuela mientras combaten en frontera
Los dos grupos armados que están expandiéndose son el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de disidentes de las FARC

La ONG venezolana Fundaredes denunció este martes que varios grupos armados irregulares se expanden por el país mientras los militares combaten en la frontera con una banda que la asociación identifica como disidentes de las FARC, uno de los que están creciendo en el país caribeño.

En un comunicado, la organización aclaró que los dos grupos armados que están expandiéndose en Venezuela son la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de disidentes de las FARC, que están “desarrollando diversos tipos de actividades ilícitas en todo el territorio”.

Angélica Huérfano, coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos de Fundaredes en el estado andino de Táchira, fronterizo con Colombia y vecino del estado Apure, donde combaten los militares, explicó que, en la última semana, varios miembros del ELN “han realizado patrullaje e intimidación a la población” en varios sectores del municipio García de Hevia.

Según su denuncia, los habitantes han reportado que hombres con botas negras, brazaletes con la identificación del ELN y armas largas “hacen recorridos en zonas urbanas, instalan puntos de control y requisan a las personas, entre otras prácticas”.

El coordinador de Fundaredes en la región del Amazonas, José Mejías, recordó que la Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un informe en el que señala que tanto el ELN como las disidencias de las FARC “manejan sus actividades desde la frontera que comunica a Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, con el departamento Vichada de Colombia”.

Destacó el caso de la profesora María Hernández y su esposo, quienes fueron asesinados en la mina El Kino, en el municipio Sucre, que forma parte del sureño estado Bolívar (fronterizo con Brasil), el pasado 27 de marzo.

Siempre según su versión, Hernández era maestra, había salido de su comunidad a trabajar “en otra actividades”, cuando la guerrilla “los mandó a desalojar la zona que habitaban para tomar el control y, al no cumplir de inmediato con esta orden, los mataron y abandonaron sus cadáveres”.

En el norteño y costero Falcón, el coordinador de Fundaredes en esa región, Omar de Dios García, dijo tener evidencias de que tanto el ELN como las disidencias de las FARC se encuentran en esa zona, “ya que la consideran como territorio estratégico para el contrabando de oro, diamante y coltán hacia las islas holandesas y antillanas”.

Esas islas le han servido también como “puente (…) para avanzar en la trata de personas para esclavitud sexual, trabajos forzosos y reclutamiento”.

Los combates en Apure entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y un grupo armado, no identificado por fuentes oficiales, comenzaron hace 10 días y, hasta el momento, han dejado como saldo dos militares muertos y seis “terroristas neutralizados”, una palabra ambigua usada por los uniformados que no aclara si fallecieron o fueron arrestados.

Aula Abierta: Universitarios y ONG exigen una salida a la crisis educativa
La exigencia se formula mediante un comunicado, donde se demanda respeto a la autonomía universitaria, rechazando la migración de la nómina universitaria a la plataforma Patria

Universitarios y organizaciones de la sociedad civil exigieron al Estado venezolano que presente un plan para atender la crisis del sector educativo superior, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas bajo condiciones dignas.

La exigencia se formula mediante un comunicado, donde se demanda respeto a la autonomía universitaria, rechazando la migración de la nómina universitaria a la plataforma Patria, reseñó una nota de prensa de Aula Abierta.

“Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades”, expone el documento entre los ocho términos manifestados.

También, quienes suscriben el comunicado, demandaron un pronunciamiento por parte de los organismos internacionales y denunciaron que los profesores no tienen atención médica, ni servicios y programas que componen su seguridad social.

Se resalta que la “asfixia presupuestaria” es la causa de una crisis agravada que pone a los trabajadores en condiciones de pobreza extrema –según estándares internacionales como las Naciones Unidas– y a una comunidad estudiantil sin providencias esenciales como rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y becas.

“La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general, dentro y fuera del país, son muy importantes para generar soluciones, estos no son suficientes”.

A continuación el comunicado íntegro:

Los universitarios venezolanos exigimos soluciones a la crisis de las universidades

En la última década los problemas de las instituciones de educación superior se han agravado exponencialmente. El Estado venezolano ha violentado la autonomía y reducido el presupuesto universitario; desconoce los compromisos laborales que contrajo con sus trabajadores y abandonó la obligación de proteger y promover el bienestar de sus estudiantes.

La irrupción provocada por la actual pandemia ha agudizado la crisis de la universidad venezolana. Entre marzo del año 2020 y abril del 2021, develó los obstáculos que genera para la educación superior contar con la conectividad más deficiente de América Latina, el colapso casi total de los servicios públicos y la destrucción sostenida del patrimonio científico nacional, como consecuencia de más de dos centenas de actos vandálicos contra las universidades.

La reiteración por parte del Estado venezolano de las políticas para el sector universitario que provocaron que diversas casas de estudios superiores y la Asamblea Nacional declararan

a “Emergencia Humanitaria Compleja en el 2018”, junto a los problemas derivados de la pandemia, han profundizado las limitaciones de funcionamiento de las universidades. El deterioro de las instituciones de educación superior produce daños invaluables a los universitarios y al país, en especial en el contexto actual, en el cual la ciencia es el principal recurso de la humanidad para superar la realidad que vive.

En la actualidad todo el personal docente, administrativo y obrero universitario perciben remuneraciones que les condenan a vivir en pobreza extrema, obligándoseles a buscar otros trabajos que financien su permanencia en la universidad. El presupuesto universitario del 2021 aprobado para las instituciones de educación superior en ninguna universidad supera el 5% de lo solicitado y de ese total, sólo envía una quinta parte, lo que  hace aún más inviable el funcionamiento de estas casas de estudio. Esta realidad presupuestaria, incide directamente en los recursos que reciben las asociaciones de profesores y los Institutos de Previsión Social, dejando a los profesores sin atención médica y demás servicios y programas que componen su seguridad social.

La política de Estado de exclusión de las asociaciones de profesores de los espacios públicos de discusión ha incidido en los salarios de extrema pobreza del profesorado. El Estado reiteradamente estimula de paralelismo sindical y excluye a estas organizaciones en los procesos de discusión de normas colectivas que regulan las relaciones laborales.

La crisis universitaria también ha alcanzado a los sistemas de desarrollo estudiantil que protegen a los estudiantes y las estudiantes, y favorecen su prosecución académica, estos prácticamente han desaparecidos, excluyéndose del derecho al estudio a la juventud universitaria socialmente más vulnerables.

A los estudiantes universitarios en Venezuela no se les garantiza providencias estudiantiles esenciales  como: rutas de transporte, comedores, residencias, bibliotecas y  becas estudiantiles; por concepto de beca estudiantil se paga un monto  de Bs.S. 1.440.000,00 monto cuya equivalencia no alcanza USD$1 según el cambio oficial y que se paga a través del Sistema PATRIA, sin pasar por las arcas de las Universidades violentando la Autonomía financiera de las mismas. Además no cuentan con financiación para desarrollar programas y proyectos para desarrollar actividades de investigación y extensión, deteriorándose progresivamente la academia y la producción de conocimiento científico.

La continuidad de las políticas del Estado venezolano que provocan la crisis en las universidades, evita que estas reinicien sus actividades académicas, lo que genera una crisis social de gran magnitud, cuya expresión más preocupante es el abandono forzado de los jóvenes de sus estudios universitarios, un hecho que ocurre en contra de su voluntad, en contra de su proyecto de vid y en contra, generalmente, de la única posibilidad que tenían de formarse profesionalmente.

La crisis universitaria no es parcial, es sistémica, es inédita en América Latina dada sus dimensiones y profundidad. Su solución se inscribe en la perspectiva de los derechos humanos, es por eso que aunque los esfuerzos de los universitarios y la sociedad en general dentro y fuera del país son muy importantes para generar soluciones estos no son suficientes.

La acción de corresponsabilidad social de quienes están comprometidos con las universidades siempre ayuda y ha permitido, aunque en forma parcial el funcionamiento de las universidades. Su valor es ético y edificante en términos de compromiso ciudadano. Sin embargo, la variedad y magnitud de los problemas actuales, demanda soluciones cuyas dimensiones y sostenibilidad son imposibles de alcanzar sin la intervención del (los) Estado (s).

La educación de calidad en todos sus niveles y modalidades, en este caso la universitaria, es una puerta a otros derechos y una vía para alcanzar una vida digna. Es un activo que le pertenece a las sociedades en las que el desarrollo es una apuesta permanente y, en consecuencia, se debe convertir en el sustrato de sus políticas públicas. Por tal motivo, quienes suscribimos este comunicado:

  1. Demandamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que exijan medidas concretas al Estado venezolano para enfrentar la Emergencia Humanitaria que vive el sector universitario.
  2. Denunciamos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,  la situación de desatención en salud por la que atraviesan los docentes, estudiantes y trabajadores universitarios, lo que incrementa su condición de población vulnerable.
  3. Exigimos que el Estado venezolano: cese la intervención judicial contra las universidades; presupuestos acordes para su funcionamiento; revertir la medida de confiscación de la nóminas del personal universitario a través del sistema patria; Becas justas, servicios de comedor y transporte para los estudiantes, y remuneraciones suficientes para  los docentes, empleados y obreros.
  4. Reclamamos que el Estado venezolano cumpla sus compromisos con el sistema de salud y seguridad social de los universitarios.
  5. Solicitamos al Estado venezolano que presente un plan de emergencia para atender la crisis de las universidades, acordado con los actores de la vida universitaria, que garantice el reinicio total de las actividades académicas de las instituciones de educación superior en condiciones dignas.
  6. Exigimos al Estado Venezolano que respete la autonomía universitaria, cese las persecuciones, injerencias, asfixia presupuestaria, becas estudiantiles  y salarios con montos irrisorios como práctica de represión a libertad académica en las universidades.
  7. Reiteramos nuestro compromiso con la universidad y la democracia venezolana, por lo que colocaremos nuestros mejores esfuerzos en la defensa de los derechos humanos que solo ellas garantizan.
  8. Convocamos a la sociedad en general a movilizarnos en favor del restablecimiento inmediato y a cabalidad de las actividades de la universidad venezolana. Sin universidades no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo.
Codhez: Salario mínimo solo alcanza para un rollo de pabilo en Navidad
Una familia en Maracaibo necesita casi 30 millones de bolívares para comprar 21 alimentos básicos

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) efectuó el monitoreo de precios de alimentos en Maracaibo correspondiente a la primera quincena de noviembre. En este reporte se evidencia un desproporcionado y preocupante aumento de los productos de la cesta básica de alimentos.

Una familia en Maracaibo necesita, en promedio, Bs. 29.152.334,34 para comprar 21 alimentos básicos, que incluyen productos como la carne de res, pollo, granos, huevos, cebolla, tomate, yuca, queso, harina de maíz, arroz, pasta, margarina, y aceite vegetal. Así pues, en comparación con la segunda quincena de octubre, la cifra es +33% más alta, y equivale a 7.288,08% del salario mínimo mensual.

Igualmente, si se considera ese monto en atención a la tasa de cambio promedio para el 20 de noviembre de Bs/USD 666.491,91, reflejaría un total de USD 43,74, todo esto en contraste con los Bs. 400.000,00 de salario mínimo mensual, equivalentes a USD 0,60.

Precios anclados a la hiperinflación

El alimento que experimentó mayor incremento de precio fue el huevo por unidad. Para adquirirlo es necesario contar con Bs. 79.166,67, esto significa un alza de +62% de una quincena a otra.

Por su parte, el rubro de las carnes rojas elevó sus precios entre +28% y +31%. El corte de primera, por ejemplo, subió +28%, para un precio promedio de Bs. 2.697.091,75.

El pollo y sus distintas presentaciones tuvieron el mismo efecto. Un pollo entero, cuyo precio está regulado por el gobierno nacional en Bs. 292.793,20, tiene un valor en el mercado de Bs. 1.323.405,24, es decir, +352% por encima de la regulación. Además, el precio promedio de los muslos de pollo se incrementó +39%, con un precio en el mercado de Bs. 1.628.688,15.

Sin embargo, no solo los proteicos cárnicos experimentaron una subida considerable en sus costos. Todos los granos también presentaron un aumento promedio de 35% en sus precios.

El precio de las caraotas (+37% más caro) se fijó en Bs. 1.498.202,94. El costo del kilogramo de frijoles (+36%) se ubicó en Bs. 1.289.171,43, y el de las arvejas (+34%) en Bs. 1.816.503,91.

Sueldo mínimo cada vez más inalcanzable

Ante la proximidad del período decembrino, Codhez realizó el monitoreo de algunos de los productos necesarios para la preparación de los platos típicos de esa época, que usualmente se comienzan a comercializar con anticipación.

En principio, el kilo de bijao tiene un precio promedio de Bs.1.675.136,50, que. en comparación con su precio en diciembre de 2019, supone un aumento de +2.907,57%.

En el caso del pabilo, este presenta un precio de Bs. 227.331,33, con un aumento de 735,23% en contraste con su precio de hace un año; monto que además representa más de la mitad de un salario mínimo mensual (57%).

Asimismo, las aceitunas están marcadas en Bs. 3.346.571,22 por kilogramo, destacando un aumento considerable de +895,90%. Por último, las uvas pasas, con un valor en el mercado de Bs. 4.279.810,50, se posicionaron en +1.365,56% más que el año pasado, equivalentes a 1.070% del salario mínimo mensual.

Ante los resultados de este monitoreo, realizado del 12 al 15 de noviembre en establecimientos de Maracaibo, Codhez insiste que el Estado venezolano incumple con su obligación de establecer un salario suficiente que permita vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales (artículo 91 de la Constitución), así como el mandato de diseñar e implementar medidas que garanticen a todas las personas el acceso a alimentos nutricionales de manera suficiente y estable (artículo 305 constitucional).

Para la organización de derechos humanos, el panorama del acceso a la alimentación ha empeorado con las condiciones experimentadas a partir de marzo de 2020. “El temor al contagio de Covid-19, así como los constatados obstáculos para la movilidad, han impactado de forma grave en la calidad de vida, generando una sensación de desesperanza en la población”, destaca Codhez en su reporte.

Privan de libertad a tres hombres por protestas en la Guajira
Manifestaban por falta de agua, electricidad y gas

Tres ciudadanos fueron privados de libertad por el Tribunal Decimotercero de Control del estado Zulia, tras ser señalados de participar en las protestas que a principios de semana se realizaron en Paraguaipoa, municipio Guajira, en demanda de agua potable, energía eléctrica y gas doméstico.

Yohendri Hernández González, Yhon Franco Valbuena y Juan Palmar fueron los hombres a quienes, según sus familiares, les imputaron incitación al odio, obstaculización de la vía pública y violación al decreto presidencial, refirió la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

Hernández estaba frente a su residencia cuando fue interceptado por funcionarios motorizados de la Guardia Nacional, cerca de las 5:00 de la mañana del miércoles 7 de octubre, indicó Codhez.

“Están implicando a Yohendri como si él hubiese sido parte, cuando no fue así. Dicen que es parte de un partido político, cuando él no milita en ningún partido político. Lo único que hace es atender su negocio de perrocalientes”, dijeron sus angustiados consanguíneos.

Desde el pasado lunes, la comunidad de Paraguaipoa protestaba por falta de agua, electricidad y gas, trancando la Troncal del Caribe. Exigían la presencia de la alcaldesa de Guajira, Indira Fernández, para plantearle la problemática.

Sin embargo, el miércoles en la madrugada, una comisión de 200 efectivos de la GNB reprimió la protesta con gases lacrimógenos y perdigones. Luego detuvieron a los tres hombres.

Una Ventana a la Libertad exige cumplir medidas de la CIDH al retén de Cabimas
También insta a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos, la atención médica, el despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas

 

Tras la solicitud interpuesta por Una Ventana a La Libertad (UVAL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares a favor de los privados de libertad del Centro de Arresto y Detenciones Preventivas de Cabimas, en el Zulia; así como de sus familiares y de quienes trabajan en el retén, por considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

En la resolución 15-20, la CIDH le exige al Estado venezolano que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los beneficiarias, aplicar las normas internacionales para el tratamiento de privados de libertad; concierte las medidas a adoptarse con la representación de la medida cautelar e informe sobre las medidas adoptadas tendentes a la investigación de los hechos alegados que dieron origen a la presente resolución, para así evitar su repetición.

UVAL solicita al Estado venezolano, representado por la Gobernación del estado Zulia y la Secretaria de Seguridad y Orden Público, que se cumpla la medidas cautelares otorgadas por la CIDH e inicien las adecuaciones necesarias para que mejoren las condiciones tanto de quienes conviven dentro del centro de detención preventiva como de las comunidades que rodean al penal.

Insta también a que se inicie inmediatamente un plan para el desarme de los reclusos y la atención médica y despistaje de tuberculosis y otras enfermedades infectocontagiosas tanto de los detenidos como de los custodios y funcionarios policiales.

Se exige, además, que se reconsidere la clausura definitiva del penal mientras no se le garantice a los presos la culminación de su proceso judicial en los términos planteados por las leyes venezolanas y el traslado a penales que cumplan con las condiciones de infraestructura, salud, alimentación, vestimenta y servicios básicos. De esa manera no seguir menoscabando sus derechos.

Codhez: Inseguridad alimentaria agudiza vulnerabilidad de las madres en Maracaibo
El estudio reveló que 70% de las madres en situación de inseguridad alimentaria tiene más de un hijo.

 

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) presentó la segunda parte de su estudio sobre la situación de las madres con hijos en desnutrición y bajo peso que asisten al servicio de nutrición del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).

La investigación sobre las características psicosociales de madres zulianas en el contexto de la emergencia humanitaria compleja documenta la vulnerabilidad de las madres marabinas en su entorno y modos de vida, centrándose en las necesidades de la población femenina.

Entre los hallazgos del estudio se reveló que 70% de las madres en situación de inseguridad alimentaria tiene más de un hijo. Solo el 30% de las madres encuestadas tiene un solo hijo, 23,3% dos hijos, 23.3% tres hijos, un 20% cuatro hijos, y un 3.3%, cinco hijos.

En cuanto a las características socioeconómicas de este grupo de madres, si bien la mayoría tiene formación para conseguir un empleo, solo 30% de ellas tiene un trabajo remunerado, siendo el 70% restante amas de casa dedicadas exclusivamente al cuidado de sus hijos y de su pareja. En el caso de las madres que tienen un trabajo remunerado se observa que estas labores se relacionan con el comercio informal, reparación de textiles y peluquería.

Por su parte, en formación académica, 36,7% de las madres tiene formación técnica o universitaria, 33,3% educación media, 23,3% educación primaria y 6,7% no se escolarizó. En estos hogares, la figura masculina no es reconocida con el rol tradicional de padre sino como proveedor económico.

A propósito de ello, en la encuesta aplicada en esta investigación se reportó que 32,3% de las madres son solteras, y 45.2% vive en concubinato. Solo 22.6% de las madres está casada, aunque manifestando que ellas son las responsables principales de los cuidados de sus hijos. La línea de apoyo se extiende luego a la abuela materna de sus hijos, en segundo lugar, al abuelo materno, mientras que apenas en tercer lugar aparece el padre.

Los resultados de esta investigación evidencian que los esquemas sociales impuestos a la mujer, tales como la maternidad a temprana edad y de madre cuidadora, fortalecen esquemas de vulnerabilidad para las mujeres marabinas, un sometimiento más asentado en madres de bajos estratos y que no participan en actividades económicas que generen ingresos en beneficio de ellas.

Ante este contexto, Codhez recomienda que las demandas sociales sobre la mujer marabina en situación de inseguridad alimentaria deben ser incluidas en la agenda pública. El Estado debe generar políticas que permitan el desarrollo pleno de la mujer en áreas sociales, laborales y formativas.