Voz de América, autor en Runrun

Abr 02, 2021 | Actualizado hace 2 semanas
Libertad de expresión es estrangulada en Venezuela
Un informe indica que Venezuela es el país con menos libertad de prensa de la región

La detención y posterior liberación en Venezuela de los reporteros de la cadena colombiana NTN24, Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, así como de los activistas de la ONG Fundaredes, Juan Salazar y Diógenes Tirado, ha provocado el “rechazo” y la “indignación” en organizaciones pro-derechos humanos y libertad de prensa de la región latinoamericana.

Varios representantes, en declaraciones a la Voz de América, pusieron de manifiesto “el peligro que corren los profesionales de la información” a la hora de trabajar en el país liderado por Nicolás Maduro.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Carlos Jornet, expresó su “máxima preocupación por lo que está ocurriendo” en Venezuela e instaba a los funcionarios del Palacio de Miraflores a colaborar para “que haya una mejora en el estado de la libertad de expresión” en el país. Jornet es además el director periodístico de la Voz del Interior, un medio de Argentina.

El miércoles, los cuatro arrestados se habían desplazado al estado Apure para realizar una cobertura especial sobre el conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia.

A través de un comunicado al que ha tenido acceso la VOA, la directora de NTN24, Claudia Gurisatti, confirmó que ellos habían sido detenidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) sin motivo aparente y que desde las 4:18 de la tarde de ese día habían perdido el contacto con ellos.

“No entendemos las razones por las que fueron arrestados estos periodistas y estos activistas”, subrayó Jornet a la VOA al tiempo que exigía al régimen de Maduro a dar las explicaciones pertinentes para “esclarecer” lo ocurrido.

El jueves por la tarde, la cadena televisora confirmó que habían sido liberados pero señaló que tanto los periodistas como los activistas sufrieron heridas de diversa gravedad.

Situación agravada

La SIP es la entidad más reconocida en la región latinoamericana por el trabajo que sus miembros, colaboradores y directivos realizan para abordar la situación de la prensa en los distintos países del continente.

El año pasado se reportaron más de 800 ataques a la libertad de prensa en Venezuela, entre los que se incluyen detenciones a periodistas, activistas y manifestantes.

Jornet, encargado de velar por la situación de la prensa en la región, criticó la “censura permanente” y las “trabas en el ejercicio del periodismo” por parte del régimen de Nicolás Maduro.

En el 45º Informe Anual de Derechos Humanos, un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se analiza las vulnerabilidades entorno a los DD.HH., ya se exponía la situación que había en Venezuela.

Su portavoz, Namita Biggins, en entrevista con la VOA, recalcó la difícil situación en la que viven muchos medios y periodistas independientes a los que desde el Palacio de Miraflores se les intenta silenciar con acciones represivas.

“Existe una impunidad total, nadie está responsabilizando a estos perpetradores de abusos de derechos humanos”, alertó Jornet al respecto.

Venezuela, el país con menos libertad de prensa de la región

La SIP también ha reflejado esta crisis en torno a la libertad de prensa a través del Índice Chapultepec colocando a Venezuela en el puesto más bajo del ránking. El organismo considera que el ejecutivo es responsable del “mayor cerco institucional contrario a la libre circulación de ideas y al derecho a la información”.

“Por ello venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión en ese país y para que los medios de comunicación puedan informar libremente sin trabas”, expuso al tiempo que pedía que los profesionales “tengan acceso a los insumos”.

“No hay posibilidad de contacto con el gobierno de Maduro”

La SIP cuenta con un vicepresidente regional en Venezuela que conoce de primera mano lo que ocurre en el país. Sin embargo, Jornet lamentó la opacidad que existe en el régimen de Nicolás Maduro ya que, a pesar de los intentos para mantener un contacto fluido para tratar de abordar la crisis de la libertad de prensa, no han dado sus frutos.

“El diálogo con el gobierno venezolano hace tiempo que no es fluido, que no hay una frecuencia de reuniones. Mantener un contacto con Nicolás Maduro es imposible en estos momentos”, subrayó.

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela también lleva mucho tiempo sufriendo los estragos a raíz de esta situación con la prensa en el país. “Estamos sumamente preocupados por la escalada que ha venido aumentado desde 1998 para acá contra los periodistas, tratando de cercenar la información oportuna y veraz que debemos comunicar a nuestro pueblo”, comentó Tinedo Guía, su presidente.

Es la misma opinión que comparte Carlos Correa, director de Espacio Público, una organización no gubernamental que vela por la libertad de expresión y de prensa, al opinar que lo ocurrido con los reporteros y activistas se circunscribe a “un patrón de criminalización recurrente” entre los comunicados sociales del país.

El acuerdo internacional que protege la labor de los periodistas

Organizaciones pro-derechos humanos defienden la actividad de la prensa, especialmente en aquellos lugares de conflicto, como el registrado en los últimos diez días en la frontera colombo-venezolana.

Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó que en un “conflicto armado interno”, los periodistas deben estar protegidos por el artículo 13 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949, que establece que las personas civiles “gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares”.

“En este caso se está violando porque lo que ha ocurrido inicialmente en el caso de estos periodistas es que ha habido una desaparición forzosa. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzosa, esta puede ocurrir sólo por el hecho de que estén desaparecidos por horas, no hace falta que transcurra un tiempo muy largo”, señaló.

En esa línea, Daniels agregó que cubrir la situación que se está registrando en Apure “no es ningún delito”, entre otras cosas, porque el derecho a la información no está suspendido.

“En el caso particular de los periodistas tiene una gravedad particular porque están haciendo su trabajo y en segundo lugar porque están privándonos a los demás de la información que ellos están teniendo”, exponía el experto en Derecho Internacional Humanitario.

La función “indispensable” de las ONGs

El papel de las organizaciones no gubernamentales también es clave a la hora de denunciar algunos hechos que suceden en Venezuela y que el gobierno trata de silenciar mediante los arrestos y la represión.

Javier Tarazona, director de Fundaredes, la ONG a la que pertenecían los activistas arrestados, lamentó que este tipo de situaciones se han convertido en la tónica habitual en el país y condenó las últimas detenciones.

“Repudiamos este tipo de situaciones, de desapariciones forzadas de ciudadanos que están cumpliendo con su rol. En este caso, los activistas de derechos humanos documentando la situación del conflicto que hay en el estado Apure y los periodistas también tratando de mostrar al mundo lo que ocurre frente a la opacidad que se nos impone como normalidad en Venezuela”, apuntó.

Gobierno interino ve cambios positivos en Venezuela con la llegada de Biden

Aunque son muchos los temas que polarizan el contexto político actual de Estados Unidos, existe un punto en común en el que tanto demócratas como republicanos coinciden: Venezuela.

La crisis humanitaria, política y económica que atraviesa Venezuela tiene que encontrar una salida. Una de las opciones es que los venezolanos puedan tener unas elecciones presidenciales libres y democráticas en Venezuela.

Carlos Vecchio, encargado de Venezuela en Washington asignado por el presidente interino Juan Guaidó, ofreció una entrevista a la Voz de América que permite entender cuál será el camino a seguir por la nueva administración de EEUU a cargo de Joe Biden y cómo eso beneficiará a Venezuela. 

VOA: ¿Cuáles son las expectativas del gobierno interino con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca?

Vecchio: A ver, nosotros desde que asumimos esta posesión en el año 2019, parte de nuestra estrategia fue mantener un apoyo bipartidista a la causa de Venezuela… era lo que le conviene al país. Entonces yo te diría, que lo resumiría en cuatro aspectos.

El primer punto [es que esta administración] considere que Nicolás Maduro es un dictador y condene la violación a los derechos humanos.

Segundo punto, la solución de Venezuela pasa por una transición a la democracia para que nos lleve luego a elecciones presidenciales.

El tercer aspecto, la necesidad de contar con ayuda humanitaria para darle apoyo a los venezolanos. Y el último punto que es de consenso, y que fue un compromiso de el presidente [Joe] Biden durante su campaña, es el TPS (Estatus de Protección Temporal) para los venezolanos.

VOA: Embajador, usted fue uno de los invitados de honor a la toma de posesión del presidente Biden. ¿Han tenido ustedes acercamiento con el equipo de trabajo del presidente? ¿Y cuáles querría usted que fueran las primeras acciones a tomar por esta administración con respecto a Venezuela?

Vecchio: Bueno, yo creo indudablemente que la administración Biden, llega con otros problemas urgentes, diría yo. Yo creo que la administración Biden va a tener más prioridades que tienen que ver, primero con la detención de la pandemia. Tenemos que entender en el mundo en el que estamos hoy… Y, el proceso de recuperación económica de Estados Unidos. Entonces en ese marco tenemos que actuar nosotros.

VOA: El representante demócrata en Gregory Meeks, quien ahora preside la Comisión de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes, ha dicho que intentará tener una relación de diálogo y diplomacia con Nicolás Maduro, aparte que consideró, en una entrevista dada la Voz de América, que la oposición venezolana está fracturada. ¿Cómo ve usted esto?

Vecchio: El congresista Meeks, creo que llega con una posición muy importante. Si bien el bipartidismo es clave mantenerlo, yo creo que es mucho más importante mantener una sola voz de desde la nueva administración, conjuntamente con el Congreso.

Yo creo que la actual administración sabe muy bien de qué estamos hablando, porque estuvieron en el poder hace cuatro años. Hoy, después de cuatro años, tú tienes a un Maduro, que si bien está en el poder, está profundamente golpeado desde 2019.

Hoy tenemos, cuatro años después, un Maduro más ilegítimo y que una nueva administración, más bien lo que va a buscar es una solución efectiva y no dejar el problema mucho peor cuatro años después.

VOA: ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría, no solamente a la nueva administración, sino también a la comunidad venezolana, que también se vio bastante polarizada en las elecciones, unos por el lado del presidente Donald Trump y otros por el lado del presidente Joe Biden?

Vecchio: Que no podemos perder el objetivo. Que el objetivo es lograr una transición en Venezuela lo más pronto posible y que nos lleve a unas elecciones presidenciales. Todo el esfuerzo tiene que estar colocado allí.

 

185 ancianos fueron asesinados durante primer semestre de 2020 en Venezuela
La ONG Convite dijo que 900 mil personas de la tercera edad viven solas en Venezuela

Ligia Taglia debe apoyarse en una andadera para caminar. Lo hace lento y sin quejas. Hace cuatro meses, daba pasos firmes, sin esfuerzo, pero esto cambió cuando un joven desconocido entró a su casa a robar.

“De inmediato lo tenía encima con un machete y me dijo: no hables, porque te voy a cortar la cabeza si lo haces. Yo pensé: hasta aquí llegué”, relató la mujer de 79 años a la Voz de América. Tras la amenaza, siguieron los golpes repetidos en las manos, en las piernas y en la cabeza. Una tortura que no sabe cuánto duró, explica.

El delincuente le exigía abrir una caja fuerte que permanecía cerrada por años, pues nadie tenía la combinación. Enseguida, vino la arremetida. “Me amarró, me tiró en la cama y me dio un machetazo. Con eso, me fracturó la mano y la muñeca“.

Aunque hoy puede contar su historia, otros no corrieron la misma fortuna. Durante el primer semestre de 2020, 185 ancianos murieron en circunstancias como las que ella atravesó. La cifra forma parte de un informe de la organización Convite. Desde 2016, la ONG, comenzó a notar un incremento en los casos de adultos mayores víctimas de robos y homicidios.

El proceso de migración forzada que se ha producido en Venezuela ha dejado atrás a una cantidad importante de personas mayores, eso hace que estén expuestas, porque viven solas”, explicó a la Voz de América el director de Convite, Luis Francisco Cabezas, una asociación civil que desde hace 14 años trabaja por los derechos de los ancianos.

En su opinión, otro elemento que aprovechan los criminales, es la información que esta población da a personas de su entorno sobre pertenencias o las remesas que reciben.

Por lo general, el adulto mayor conoce a su victimario, siempre hay un vínculo, puede ser un jardinero, un plomero. De hecho, en el estudio, pudimos constatar, que los victimarios fueron personas – incluso- familiares, sobrinos, nietos, vecinos (…) No se produce un forcejeo. Por lo general, se les da acceso a la vivienda y ocurren estos incidentes“, relató.

Ligia no tenía ningún nexo con quien la atacaba y estaba convencida de que esa mañana de septiembre sería asesinada. El delincuente la mantenía atada y amordazada, pero salió de la habitación donde la había confinado en busca de más objetos de valor.

Cuando me di cuenta, me pude sacar los cables de la mano. Me incliné y pedí: Dios mío, ayúdame, Señor, a salir de esto. A que me pueda lanzar por la ventana y morir de otra manera. Yo solo pedía morir de otra forma, porque sabía que me iba a destrozar a machetazos“, cuenta.

Desgastada y sangrando, caminó hasta el balcón, se apoyó de una mesa, trepó el ventanal, puso sus manos sobre el marco del cristal y se dejó caer unos cuatro metros. “Cuando caí, era un milagro. Mi hijo pensaba que había intentado suicidarme y no entendía nada”, dice.

El impacto le dejó ocho fracturas en todo el cuerpo y la forzó a estar en cama, inmóvil por semanas. Aunque Ligia vive en Venezuela, en compañía de sus hijos, sabe que es de las pocas en esa condición.

Yo creo que hay una desprotección para los adultos mayores, porque están solos. Porque los hijos se han ido“, señala.

Precisamente, los datos de la ONG Convite, revelan que en Venezuela alrededor de 900.000 personas de la tercera edad viven completamente solas, sin un familiar que los asista.

La amenaza de las Faes: “Danos 25 000 dólares o encontramos los muertos”
Amnistía Internacional denuncia que el Estado venezolano hostiga a familiares e incluso mascotas de víctimas

Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Venezuela bajaron a golpes de su camioneta a Américo Ledezma, productor agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo, en una zona rural de Venezuela, a inicios de noviembre. Le ataron las manos, lo amordazaron y se lo llevaron secuestrado hasta el potrero de una de sus fincas, La Caraquita.

También a la fuerza, subieron en sus vehículos a varios empleados del ganadero y, ya en el sitio, los obligaron a cavar una fosa en medio del barro. Siete trabajadores de la hacienda estaban maniatados. Y, a su jefe, lo extorsionaron.

“Danos 25.000 dólares antes de que te encontremos los muertos, porque te los vamos a conseguir”, le gritaban los uniformados al dueño del predio campesino.

Ledezma, aún dentro de la camioneta donde lo raptaron, no sabía a qué muertos se referían. Amigos productores llegaron minutos después al lugar, acompañados de cuatro policías municipales y otros tantos militares de la Guardia Nacional Bolivariana. Exigían su libertad, reclamando la ilegalidad del procedimiento.

Dos de ellos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares. Las imágenes se hicieron virales luego del hecho, que culminó con la liberación del productor.

“Decían que ellos no tenían que dar parte a nadie, que tenían órdenes de Caracas para el procedimiento”, cuenta a la Voz de América un testigo (*). “A Américo, le iban a matar los obreros para ‘sembrarlos’ en esa fosa”, añade.

Los videos generaron tal indignación en Venezuela que, incluso, funcionarios del chavismo repudiaron públicamente la actuación de los integrantes de la FAES, un cuerpo cuya disolución ha solicitado la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

“De verdad, no entiendo qué es lo que está pasando con las FAES. Ahí va a haber presos”, dijo sobre el hecho el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, en una entrevista en el canal estatal, VTV.

El funcionario especuló que las FAES pretendían asesinar al ganadero secuestrado. Su despacho ordenó la detención de seis agentes del cuerpo policial que participaron en lo ocurrido ese día en el municipio Francisco Javier Pulgar, del occidental estado Zulia, el más poblado de Venezuela.

Quienes enfrentan al chavismo no aplaudieron el sermoneo o la orden de Saab. Juan Guaidó, presidente interino, lo llamó “cómplice” de abusos del tipo que vivió Ledezma, esposado y extorsionado, dentro de su finca.

“¿Ustedes creen que Tarek William Saab se dio cuenta ayer que las FAES son un escuadrón de persecución, de violación de derechos humanos, entre otros crímenes? Él es un cómplice”, afirmó el dirigente del Parlamento, un día después.

Preocupación e impunidad

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, de un año de duración, y cuyo mandato se extendió, constató  que existen en Venezuela “violaciones flagrantes de los derechos humanos” cometidas por el gobierno, agentes estatales y grupos que trabajaban con ellos.

Según publicó en septiembre, con base en 3.000 casos, en el país hay una conducta “generalizada y sistemática” de violaciones y crímenes “altamente coordinados” por el Estado, que constituyen crímenes de lesa humanidad.

Venezuela es epicentro de violaciones a derechos humanos con conocimiento de su presidente en disputa, Nicolás Maduro, y de los ministros del Interior y de Defensa, de acuerdo con el documento, que menciona a la FAES, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia militar.

“Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”, dice.

El madurismo entró en cólera con el informe. Jorge Arreaza, canciller del gobierno en disputa, lo acusó de estar “plagado de falsedades” y de haber sido redactado a distancia, “sin rigor metodológico alguno”. Saab lo tachó de “propaganda” y denunció que el Grupo de Lima pagó por su elaboración.

Tales abusos son de “suma preocupación” para el mundo, advierte Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una entrevista con la VOA a propósito del Día Internacional de Derechos Humanos.

Destaca que las violaciones se traducen en la detención arbitraria de líderes opositores, jóvenes que publican denuncias en redes sociales y, en general, de “cualquier persona que levanta la voz” para luego procesarlos en tribunales militares, “en total contradicción con las normas internacionales”.

Guevara-Rosas apunta que esos hostigamientos se extienden, asimismo, a las familias, comunidades y hasta las mascotas de los objetivos políticos del Estado.

“Hemos sabido de casos que incluso amenazan a las mascotas de las personas detenidas arbitrariamente como un método de tortura psicológica. Hemos visto cómo han amenazado a hijas, hijos, madres, padres de personas detenidas arbitrariamente, un poco para silenciar las condiciones de la detención”, explica.

Las transgresiones trascienden lo político, subrayan defensores de derechos humanos en los 23 estados y la dependencia central de Venezuela, como Liliana Ortega, abogada y directora de la organización no gubernamental Cofavic.

La atención del Estado a los derechos humanos de los venezolanos durante la pandemia de la COVID-19, más allá de la perspectiva humanitaria y sanitaria, por ejemplo, es una de sus preocupaciones.

Ortega ha constatado una “muy grave escalada de violencia” durante operativos de seguridad ciudadana en el país, con acento especial en las comunidades económicamente más vulnerables, acota.

Cofavic, una de las oenegés de derechos humanos de mayor ascendencia en Venezuela, ha registrado 12.010 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y septiembre de 2020. El 99 por ciento de las víctimas son hombres y el 80 por ciento del total son menores de 25 años, se lee en sus estudios.

“En los últimos tres años completos monitoreados, de 2017 a 2019, el número de presuntas ejecuciones extrajudiciales ha sido de 5.125 casos”, indica. Y, en medio de los abusos, reina la impunidad. “Solo tres por ciento de los casos de violaciones a los derechos humanos llega a un juicio en Venezuela”, destaca.

Deuda con Venezuela

Los hallazgos de las Naciones Unidas y las advertencias del mismo tenor hechas el mes pasado por la Fiscal de la Corte Penal Internacional constituyen un paso positivo en el respeto y la justicia sobre derechos humanos en Venezuela, a juicio de Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia y docente de la Universidad Católica Andrés Bello en derecho internacional humanitario.

“El año 2020 es donde finalmente los sistemas universales de protección de derechos humanos se pronunciaron sobre el carácter penal de las situaciones que ocurren en Venezuela”, señala en conversación con la Voz de América.

Las observaciones internacionales sobre el país lo ubican en “un grupo muy pequeño de países” cuyos Estados son responsables de delitos de lesa humanidad, como Siria o Myanmar, resalta Daniels, también abogado.

El proceso de justicia contra los crímenes hallados es “muy largo”, sin embargo, porque no solo siguen ocurriendo, sino que se siguen agravando en asuntos humanitarios, como la desnutrición aguda infantil, señala.

Juan Berríos, abogado y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, describe la situación de derechos humanos en Venezuela como “crónica” y cree que ello responde a causas estructurales que minan la vida, la salud, la libertad, el acceso a los alimentos y, en fin, la cotidianidad.

Las autoridades no solo cometen violaciones a derechos humanos, sino que no pocas veces, las ignoran, opina. “Han decidido ignorar los problemas en cuanto a buscar soluciones definitivas. Venezuela es un país muy mal gestionado. El bienestar de la población está rezagado”, complementa Berríos.

El gobierno de Maduro es miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta 2022. Daniels, entristecido, concluye que el sistema internacional de defensa de esa materia fundamental “le ha fallado a Venezuela”.

Para él, no se justifica que hayan tenido que pasar seis años para confirmar crímenes de lesa humanidad. “Habla mucho de la lentitud del sistema y de lo que ha tenido que esperar Venezuela para llegar al comienzo de otro proceso”.

Berríos, por su parte, se declara pesimista: “la situación va a empeorar, porque la crisis (de derechos humanos) se está arraigando” en el país.

Migracion Colombia: Niños venezolanos están en riesgo de explotación sexual
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, la mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres jóvenes

A un año de ejercer como alcalde de la ciudad de Riohacha, capital de la Guajira ubicada en el norte de Colombia, el señor José Ramiro Bermúdez Cotes indica que su ciudad, la que él representa se ha convertido en una ciudad receptora tras ser una ciudad de paso.

“Eso quiere decir que hay una ciudad dentro de la otra. Eso nos obliga a que tengamos que trabajar más, porque con los mismos recursos, con la misma infraestructura que tenemos, tenemos que cubrir una población que ha llegado a quedarse en nuestra ciudad”, dijo.

Cotes, se refiere al aumento del número de familias venezolanas, que con el tiempo y la pandemia de la COVID-19 han llegado para quedarse, bajo difíciles condiciones de pobreza, sin vivienda y sin comida.

“Es nuestra gran preocupación y nuestra apuesta principal poderle garantizar no solamente a los niños venezolanos retornados, sino a los colombianos una atención integral”, indica el alcalde de Riohacha. Al mismo tiempo, hace un llamado a todos los estamentos nacionales e internacionales para que apoyen y así poder garantizar una atención integral a la niñez.

Según cifras de ACNUR la población de refugiados y migrantes venezolanos en La Guajira excede los 155 mil habitantes, el 16% de la población total del departamento. Sin embargo, se estima que la porción podría ser aún mayor debido a la cercanía de las ciudades con la frontera venezolana.

Se estima además que existen 180 cruces informales a lo largo de la frontera, una zona considerada de las más pobres y peligrosas de Colombia y Venezuela.

Con la falta de oportunidades, el aumento en la violencia y el cierre de la frontera, los casos de violencia de género, trata de personas y explotación infantil se acentúan.

“Ha habido un aumento de violencias basadas en género con énfasis en violencia sexual ya que muchas mujeres quedaron confinadas con sus agresores y tenían menos acceso a la justicia. Muchas de ellas no cuentan con los medios para poder denunciar a través de la virtualidad y también que no podían salir”, así lo afirma Susana Fadallath, de Enlace Institucional de la Mujer, señalando además que la mayoría de las víctimas son jóvenes y niñas.

Por su parte, Migración Colombia que continúa en constante evaluación de las problemáticas alrededor de la frontera con Venezuela, advierte sobre el aumento de tráfico de drogas, criminalidad y redes de trata de personas con fines de explotación sexual.

“Ya del otro lado hacia Venezuela hay una fuerte presencia criminal. Por eso, el llamado que hemos hecho a la población migrante es a no exponerse, a no pasar por los pasos irregulares para no ver comprometida su vida. Sabemos que hay una fuerte presencia del ELN en este caso y lo que no queremos son historias tristes de personas que se expongan, peor aún con sus familias”, indica Juan Francisco Espinosa Palacio, director general de Migración Colombia.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en los primeros cuatro meses de 2020 se reconocieron más víctimas de trata transnacional, un 20% más alto que en años anteriores. La mayoría de las víctimas identificadas fueron mujeres jóvenes, entre los 10 y 30 años.

“Desde el enlace de la mujer hemos conformado el grupo de 90 lideresas comunitarias que actualmente se encuentran evaluando situaciones de riesgo en el municipio, ya sea mujer proveniente de Venezuela o mujeres de acogida, a ellas se les fortalece en el tema de sus derechos para que puedan reconocerse y que tienen derechos”, dijo a VOA Susana Fadallath.

De este modo, organizaciones como ACNUR, Enlace Mujer y Renacer, continúan en estrecha coordinación a través de una ardua labor para prevenir, ayudar y atender las necesidades de los refugiados venezolanos, que con el transcurso del tiempo se han convertido en la población más vulnerable a caer en manos de tratantes de personas y explotadores sexuales.

Derechos de niños y adolescentes en Venezuela son vulnerados
Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia identificó más de 1.400 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante 2019

Expertos coinciden que, en líneas generales, la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están “muy comprometidos”, lo que les impacta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad.

Consultado por la Voz de América, Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, una Organización No Gubernamental dedicada a la defensa de los derechos de los niños, destaca que desde 2005 en el país no se han revelado datos oficiales sobre infancia en ningún área. Afirma además que el contexto de violencia y los efectos colaterales del COVID-19 están impactando negativamente a los venezolanos más jóvenes.

Trapani recordó un informe de Cecodap y el Observatorio Venezolano de Violencia que identificó más de 1.400 homicidios de niños, niñas y adolescentes durante 2019, lo que demuestra que “el panorama general de los niños está profundamente afectado”.

Para el experto, el contexto de violencia es uno de los aspectos más difíciles que le toca enfrentar actualmente a los niños.

“El COVID-19 tiene una baja morbilidad en relación a los niños, pero hay unos efectos colaterales que los afectan de forma determinante. Un aislamiento tan prolongado, el cierre de las escuelas, la disminución del presupuesto familiar, en el caso de Venezuela en un contexto de hiperinflación y dolarización de facto, la ausencia de combustible, la precariedad en los servicios públicos incrementan las tensiones familiares y muchas veces se recurre a la violencia en el seno de la familia”, explica.

Trapani sostiene que los niños son víctimas de castigo físico, maltrato y abuso, una realidad que han detectado durante los últimos meses de pandemia.

“En el servicio de atención psicológica de Cecodap identificamos un 29% de incremento en las solicitudes de atención para alteraciones del estado de ánimo, cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, alteraciones en el sueño, que afectan la salud mental de los niños y adolescentes”, afirma el abogado.

De acuerdo a Carolina Godoy, coordinadora de género de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas, es necesario exigir al Estado que presente estadísticas oficiales, pues a partir de la visibilización, la sociedad venezolana podrá tomar conciencia de la situación.

“Aquello que no se visibiliza es imposible que sea objeto de concientización porque sobre lo que no se reflexiona no se actúa, entonces con estadísticas ajustadas socialmente a la realidad del país podríamos permitir crear conciencia en la ciudadanía sobre que la violencia es una forma de discriminación de las niñas y las mujeres”, subraya Godoy.

La especialista insiste en que es necesario adelantar “unas tomas de medidas concretas de prevención, de mitigación de los riesgos, que sean socialmente ajustadas a la condicion del país”.

Consultada sobre si la situación que se vive en Venezuela podría propiciar una disminución de las oportunidades de las niñas a futuro, Godoy estima que el país “sí está inmerso en una posición que a futuro puede representar que se están disminuyendo las oportunidades de las niñas de hoy que son mujeres del mañana”.

“Si recordamos el dato sobre que más de la tercera parte de los niños y niñas no están adelantando actividades de corte académico, no están conectados con su actividad escolar desde sus hogares y sumamos que las niñas están soportando parte de la responsabilidad del cuidado dentro del hogar, estamos atornillando mayores riesgos de una deserción escolar para las niñas”, alerta.

Bárbara Cervantes, especialista de UNICEF en Venezuela sobre temas de Violencia Basada en Género, resalta que en las crisis, las diferencias y las desigualdades de género tienden a “exacerbarse” por lo que, a propósito del Día Internacional de la Niña, esa agencia especializada de la ONU inició una campaña denominada “No es broma, es violencia”, para visibilizar sus consecuencias.

“En el contexto actual del COVID-19 que ha traído confinamiento, el riesgo ha aumentado, sobre todo en casos de violencia basada en género y violencia intrafamiliar, que afecta de manera especial tanto a niñas, adolescentes y mujeres”, comenta Cervantes.

Plataforma Venezuela Documenta llama a los ciudadanos a reportar irregularidades en elecciones del #6D
Treinta y siete partidos de la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niegan a participar en el proceso electoral por considerarlo una “farsa”

 

Organizaciones de la sociedad civil venezolana lanzaron la plataforma “Venezuela Documenta”, que busca apoyar a los ciudadanos en los “reportes y registros de las incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país”.

La iniciativa, creada con vistas a las elecciones legislativas convocadas por el gobierno en disputa para el 6 de diciembre, está formada por la Red Electoral Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Voto Joven, Sinergia, Dale Letra y Diálogo Social.

Juan Mogollón, coordinador de la Red de Activistas Ciudadanos de Cepaz, destaca que más allá de la “legitimidad de árbitro” es necesario que la sociedad civil documente cuáles son las violaciones a los derechos humanos que se registran en medio de estas circunstancias.

“No solo se trata de declarar que nos están quitando nuestros derechos, sino también de documentar qué es lo que nos están quitando, corroborar con pruebas y denunciarlo ante la comunidad internacional”, dijo Mogollón.

Agregó que “la invitación es a sumarse, a no abandonar espacios para la acción ciudadana y a seguir registrando cada amenaza o vulneración que ocurra en este evento electoral que tenemos enfrente”.

Griselda Colina, coordinadora general del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, detalló que se diseñó una estrategia para registrar las incidencias en la etapa preelectoral, electoral y post electoral.

“Tenemos varias vías para que la gente pueda enviar su reclamo o hacer su documentación. En primer lugar, a través de la red social Twitter usando la etiqueta #yodocumento6D. Esa etiqueta nos va a permitir hacer un barrido y recoger todas esas denuncias”, explicó.

Colina ofreció la plataforma a ciudadanos que fueron trasladados de centros electorales de forma “arbitraria” y que hicieron la denuncia en redes sociales.

“Para que quede la evidencia de a cuántas personas cambiaron de centros electorales y que eso pase de ser un comentario en Twitter, a ser una acción válida que se documenta de forma sistemática y que luego queda documentada en informes”, añadió.

Jesús Castellanos, politólogo y especialista en el ámbito electoral, destacó la importancia de dar “seguimiento sistemático, riguroso y documentado” a los principales hechos relacionados con las elecciones parlamentarias, especialmente en cuanto a su apego al marco normativo constitucional legal venezolano y a los estándares internacionales.

Castellanos recapituló algunas de las irregularidades que rodean el proceso, empezando por el cuestionado nombramiento de la directiva del CNE por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del gobierno en disputa, que al declarar una presunta omisión legislativa, asumió competencias del parlamento, en medio de “un proceso contrario a lo definido en ley”.

*Vea más en VOA

 
La furia bolivariana en tiempo de pandemia: arrestos, persecución y abusos
Defensores de derechos humanos señalan que el madurismo ha coartado libertades fundamentales bajo el pretexto de su lucha contra la COVID-19

En una transmisión televisiva en vivo a comienzos de abril, el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, detallaba en alta voz el contenido de una hoja impresa con las cifras de pacientes positivos al coronavirus.

De golpe, se detuvo al ver la cantidad de personas contagiadas que estaban en aislamiento domiciliario. Y de inmediato, en el mismo tono, se dirigió a su gabinete.

“Este número no lo quiero ver más aquí. ¿Por qué nueve personas no quieren salir de su casa? ¿Cuál es el empeño? ¿O es que no hay autoridad? Estas personas deben ir a hospitalizarse (…) Este número debe bajar a cero el día de hoy a las 12:00 de la noche. ¡Todo el mundo hospitalizado!”, clamó, dirigiéndose a Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, y a Carlos Alvarado, el ministro de Salud.

Aquella fue otra exhibición, esta vez pública, de las prácticas de su gobierno en días recientes.

Expertos entrevistados por la Voz de América  advierten que el gobierno en disputa ha utilizado la pandemia como patente de corso para afianzar sus políticas de persecución y represión contra líderes políticos, el personal de salud y los ciudadanos en general en Venezuela.

Defensores de derechos humanos, voceros del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, entre ellos, el mismo presidente del Parlamento, y afectados por las prácticas totalitarias desde mediados de marzo, señalan que el madurismo, aun con el control del poder interno, ha coartado libertades fundamentales bajo el pretexto de su lucha contra la COVID-19.

La lista de fórmulas autoritarias, explican, es amplia: aislamiento forzado de pacientes sospechosos del nuevo coronavirus, detención arbitraria de periodistas, arresto de médicos que filtran datos sobre casos de la pandemia, persecución de líderes políticos cercanos a Guaidó y la promesa del mismo Maduro de una “furia bolivariana” que defendería al chavismo en todo el territorio venezolano.

En términos sanitarios, Venezuela ha aplicado el modelo chino para contener el nuevo coronavirus, aseguró Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación de Maduro. “Las medidas son duras, pero son para proteger al pueblo”, dijo al abordar el tema en una de sus primeras intervenciones públicas.

Maduro, por su parte, ha calificado sus propias decisiones como “drásticas, audaces y valientes”.

Oswaldo Ramírez, politólogo de la Universidad Central de Venezuela y director de la firma ORC Consultores, explica que el nuevo coronavirus ha sido caldo de cultivo para que gobiernos del mundo apuntalen un mayor autoritarismo del que habían ejercido en las vísperas de la pandemia.

“Son procesos en los cuales se genera miedo, control de la población e incluso pánico en algunos momentos, que te lleva a entender que la única vía es acatar las órdenes que te envía el gobierno y esos gobiernos en estos momentos generan ventajas”, explica.

Ramírez observa que el madurismo aprovecha la coyuntura para proclamar con sus acciones que tiene el control absoluto del territorio nacional y de las instituciones clave. A su juicio, intenta también sofocar las posibilidades de un estallido social por la distribución de la gasolina, hoy escasa, o de los alimentos en Venezuela.

Luego, ejerce un proceso de control de la disidencia política, no solo hacia la oposición clásica, sino también a sectores con la capacidad de generar procesos sociales de riesgo para su gobierno, como los productores del campo, los empresarios y los sindicatos de salud, afirma el consultor político.

Guaidó entiende las acciones de Maduro como un intento de “fingir normalidad” en Venezuela y de distraer la atención al verse, a su juicio, “acorralado”.

“Van a tratar de aniquilarnos, de hacerse ver fuertes, cuando todos sabemos que de lo único que tienen control es del desastre que crearon, de no tener gasolina, agua o gas”, dijo el mandatario interino en entrevista con laVOA.

Guaidó valora que los venezolanos enfrentan dos tipos de virus: “el del COVID-19, que es muy grave su velocidad de propagación, pero hay otro más letal, que es el fascismo, la persecución, la dictadura, con el cual quieren controlar una pandemia”.

Para argumentarlo, cita por ejemplo la detención arbitraria de varios de sus colaboradores más cercanos, la censura mediática y la ocultación de información durante el último mes de la pandemia.

Detenciones y control

El arresto de políticos ha sido una tendencia del madurismo en el marco de la COVID-19.

La ONG Foro Penal reportó 39 detenciones con fines políticos en Venezuela entre marzo y la primera semana de abril. En comparación, hubo en febrero nueve arrestos de esa índole.

“El régimen de Maduro ha continuado con su ola represiva y ahora con mucha más fuerza”, dijo durante una videoconferencia con VOA Noticias  desde Washington Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino en Estados Unidos.

Reprochó “la ola represiva” ordenada por Maduro bajo el amparo de su combate a la infección respiratoria. Dijo incluso que tales ataques no son exclusivos contra los dirigentes políticos.

Aludió a que agentes de inteligencia militar detuvieron el 4 de abril a la bioanalista Andrea Sayago por publicar en su cuenta de WhatsApp una orden médica para hacer pruebas de detección de coronavirus.

“Esa represión ha llegado a enfermeras, médicos, venezolanos comunes que están protestando por falta de servicio público. Es contra toda una sociedad”, mencionó Vecchio.

La ONG Provea reveló que, apenas en los cinco días siguientes al anuncio de las medidas por la pandemia, el madurismo ya había detenido a cuatro trabajadores del sistema de salud por exigir condiciones de trabajo adecuadas para prevenir contagios de la COVID-19.

La presidencia de Maduro ha estado en disputa desde enero de 2019, cuando el Parlamento argumentó que usurpaba el poder por declararse ganador de unas elecciones convocadas por la chavista Asamblea Nacional Constituyente.

La cuarentena absoluta por la pandemia en todo Venezuela le vino “como anillo al dedo” a Maduro para sofocar los intentos de Guaidó de resucitar la movilización social en su contra, opina Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

El analista asegura que la coyuntura permitió a Maduro ratificar su control de facto en aspectos clave de la dinámica de Venezuela, como el territorio, las instituciones y las fuerzas armadas y policiales.

A su entender, la infección pandémica también le fue útil para empañar los efectos de la escasez de gasolina en el imaginario colectivo de Venezuela.

Excepción con límites

Luisa (el nombre es ficticio), quien acababa de dar a luz, escuchó los pasos de militares que se movilizaban en el exterior de su hogar, cerca de la carretera principal de la Guajira venezolana, la noche del 3 de abril pasado.

No había electricidad por uno de los frecuentes cortes del servicio que hay en el sector. Eran las 11:00 de la noche cuando oyó los disparos al aire de fusiles. Los uniformados dispersaban una masiva protesta de personas que exigían alimentos al gobierno local en plena cuarentena.

Su padre les reclamó en voz alta, advirtiéndole que en su casa había niños durmiendo a la intemperie. “Le respondieron lanzando esto justo a la ventana donde yo estaba con mi bebé”, contó a la Voz de América, mostrando una piedra.

Las organizaciones no gubernamentales de Venezuela han constatado abusos de la fuerza policial y militar en Venezuela, ocurridos en el marco del Estado de Alarma decretado por Maduro el 13 de marzo y extendido por un mes más.

Liliana Ortega, presidenta de la ONG defensora de derechos humanos Cofavic, advierte que el decreto de un estado de excepción no indica la suspensión del estado de derecho.