Las Fuerzas de Acciones Especiales frenaron su actividad en septiembre luego del error cometido en Cabimas, en agosto, y los informes de la ONU sobre Derechos Humanos que afectaron negativamente a la administración de Nicolás Maduro
@xabiercosco
Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) recibieron los mensajes y pusieron freno a sus actividades durante el mes de septiembre cuando dieron muerte a 15 personas, la cifra más baja desde enero de 2019, primer mes en que desde TalCual recopiló la información que da cuenta de la actividad letal de este grupo policial.
El primer mensaje fue interno, producto de uno de sus excesos, cuando el 21 de agosto pasado dieron muerte a dos empleados de Guacamaya TV en Cabimas, estado Zulia. Los muertos tenían vinculaciones con gente del Gobierno lo que provocó la poco usual intervención del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, cuyo despacho pidió la detención de seis integrantes de las FAES.
Hasta ese 21 de agosto, las FAES habían dado muerte a 3,5 personas al día en ese mes, posterior a esa fecha el promedio bajó a uno diario.
El segundo mensaje provino de la Comisión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas cuyo informe se conoció el 16 de septiembre y en él se aseguraba que el gobierno de Maduro estaba incurso en crímenes de lesa humanidad y lo hacía responsable a él y a los ministros de la Defensa y de Relaciones Interiores, los generales Vladimir Padrino López y Néstor Reverol, respectivamente, por las múltiples violaciones a los derechos humanos que se han producido en Venezuela.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.
Para Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, «no hay duda que los informes de las acusaciones de crímenes de lesa humanidad están afectando al Gobierno y por eso hacen estas operaciones de maquillaje. La reducción en el número de muertos más bien confirma que las FAES actúan de manera orgánica y no que son excesos de un funcionario individualmente considerado. Hay una actuación estructural para violar los DDHH, que ahora se está inhibiendo por la presión internacional».
Por su parte, Marino Alvarado, directivo de Provea, no tiene dudas de que el asesinato del escolta de la ministra de Prisiones Iris Varela, en el barrio El Limón, en la carretera Caracas-La Guaira, y de los trabajadores de Guacamaya TV, generaron un debate dentro del chavismo que hizo que la actuación de las FAES se ralentizara.
A lo anterior le suma el informe de la Alta Comisionada para los DDHH, Michelle Bachelet y el de la Comisión para la Determinación de los Hechos, que fueron un duro golpe para la administración de Maduro, estima Alvarado, quien sin embargo no ve voluntad de rectificar en la decisión de que tanto las FAES como el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas sigan matando ciudadanos en supuestos enfrentamientos.
«Eso lo hemos afirmado. Es una política de Estado. No solo del Poder Ejecutivo, hay complicidad de la Fiscalía y Defensoría. Se alienta desde los altos funcionarios incluyendo a Maduro. Una política de mano dura, donde se pretende que con terror se amilana la delincuencia y no ha funcionado», afirma Alvarado.
Cese de actividades, por ahora
En septiembre, las FAES dieron muerte a un total de 15 personas, diez de ellas entre el 1 y el 19 de septiembre, entre el 19 y el 25 fueron muertas otras cinco personas, y de esa fecha en adelante no hubo nuevos «enfrentamientos» entre este cuerpo policial y supuestos delincuentes, lo que da una idea del impacto que tuvo el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y también el de la Alta Comisionada Michelle Bachelet.
De los 15 muertos, 6 fueron ejecutados, según denunciaron familiares de las víctimas, seis fueron trasladados a los hospitales, donde ninguno sobrevivió y dos de los fallecidos tenían antecedentes penales. No hubo víctimas mortales ni heridos entre los integrantes de las FAES.
