Yohana Marra

Entre enero y junio se registraron 187 homicidios en el Área Metropolitana de Caracas, según cifras del Monitor de Víctimas

Aunque los asesinatos en general se redujeron 28,3 % en comparación con el mismo período del 2021, los casos de letalidad policial solo bajaron 13,3 %, con un incremento en la categoría de ejecuciones extrajudiciales 

@Yohanamarra 

Entre enero y junio de 2022, 31 personas fueron víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el Área Metropolitana de Caracas, según la data recabada por el equipo de Monitor de Víctimas.

La cifra representa un aumento en la participación de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en casos de este tipo, en comparación con el mismo período de 2021, en el cual se registraron 25 supuestas ejecuciones extrajudiciales. 

Por otra parte, los casos de letalidad policial, en el primer semestre de 2022, totalizaron 59 víctimas. Este es el resultado de la suma de los 31 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y 28 hechos correspondientes a presunta resistencia a la autoridad, como define la administración de Nicolás Maduro las muertes que ocurren en operativos policiales.

De esta manera, los casos de muertes a manos de los cuerpos de seguridad bajaron en 13,3 %. Pasaron de 68, en 2021, a 59 en 2022, al comparar el primer semestre de ambos años. 

Aunque las cifras disminuyeron, la mayoría de los homicidios en el Área Metropolitana de Caracas son consecuencia de la letalidad policial. 

Los municipios con más casos de letalidad policial fueron Sucre y Libertador, con 29 víctimas cada uno. Esto representa una reducción en el municipio Libertador, donde 46 personas murieron a manos de la fuerza pública en 2021, y un incremento en el municipio Sucre, donde se documentaron 20 casos en el primer semestre del año pasado. 

Además, los cambios en estas dinámicas pueden atribuirse a la muerte –en supuesto enfrentamiento– de Carlos Luis Revette, alias Koki, uno de los líderes de la megabanda de la Cota 905 (Libertador); y a la persecución a Wilexis Monasterios, alias Wlexis, jefe de la banda más poderosa de Petare (Sucre). 

PNB el más letal

Entre enero y junio de 2022 el cuerpo de seguridad más letal en el Área Metropolitana de Caracas fue la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 34 víctimas, de acuerdo con la recopilación de datos del Monitor. 

Mientras que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se posicionó como el segundo con más letalidad con 14 muertes en Caracas.

Y el tercer cuerpo de seguridad del Estado venezolano con más registros son las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, con siete víctimas, esto pese a que en el 2019 Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, recomendó a la administración de Maduro disolver este grupo. 

Parroquia Petare en la mira

Petare es la parroquia con más casos de letalidad policial del Área Metropolitana de Caracas, pues se registraron 22 víctimas entre enero y junio de 2022, según la recopilación de datos del Monitor. 

Entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2022 se desplegaron varios operativos de comisiones mixtas en Petare, que dejaron 13 muertos, entre ellos a dos vecinos que recibieron balas pérdidas durante las balaceras y a un adolescente víctima de las bandas delictivas de la zona, que fue degollado porque los delincuentes presumieron que él los había delatado con la policía. 

Presuntamente, el despliegue fue para capturar a los integrantes de la megabanda de Wilexis Monasterios, quien es cabecilla del grupo delictivo que opera entre las zonas 8 y 10 del barrio José Félix Ribas, que presuntamente se dedica a la extorsión, venta de drogas y homicidios.

En el primer semestre de 2021, específicamente en mayo, hubo otro despliegue de los cuerpos de seguridad del Estado en esta parroquia para capturar a Wilexis, pero no lo hallaron.

Ese mismo año, pero en noviembre, la policía entró nuevamente a la comunidad y según fuentes extraoficiales hirieron al cabecilla de la megabanda pero de igual forma no fue detenido. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, principalmente a hombres jóvenes y en  situación de pobreza. Hizo un llamado al Estado venezolano a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar y sancionar esta violación a los derechos humanos.

Disminución de homicidios en Caracas

187 personas fueron víctimas de homicidio en los cinco municipios del Área Metropolitana de Caracas en el primer semestre de 2022, según cifras del Monitor de Víctimas.

Los homicidios se redujeron 28,3 % en comparación con el mismo período del 2021, que registró 261 víctimas. 

Sin embargo, en los primeros seis meses de 2022, aumentaron los hechos relacionados con riñas (20 homicidios), mientras que el año anterior hubo 17.

Las víctimas en casos de robos fueron 20 y en los homicidios que tuvieron como móvil la venganza se registraron 29 personas asesinadas.

Con respecto al primer semestre de 2021, disminuyó la cantidad de víctimas, pues se documentaron 39 asesinatos por robo y 54 por venganza o ajuste de cuentas.

Maltrato infantil 

El 8 de junio Osleyner Ismael Díaz Mejías, de cinco años, fue asesinado a golpes presuntamente por su papá, Alfredo Machado, de 42 años, en Parque Caiza. 

El niño vivía desde hace siete meses con su padre en una zona rural de esta urbanización, porque su mamá tenía su salud comprometida por cáncer y la familia no podía cuidarlo.

Según sus familiares, la víctima tenía hematomas en el cuerpo y en el ojo derecho, además de una herida abierta en la cara. 

En el primer semestre de 2022 se registraron tres víctimas por maltrato infantil, un caso más que en 2021. 

El padre del niño confesó el crimen a las autoridades y está detenido. 

Las cifras recogidas por el Monitor de Víctimas dan cuenta de que 13 menores de edad fueron víctimas de homicidio en el primer semestre del 2022. Mientras que en el mismo período del 2021 hubo 21 casos.

Homicidios por género 

172 hombres fueron víctimas de homicidios entre enero y junio de 2022. La mayor cantidad de fallecidos tenían 26 años de edad.

Mientras que 15 mujeres fueron asesinadas en el mismo período de tiempo, cinco de ellas relacionadas a casos de violencia de género. 

Destacaron los casos de cuatro mujeres: dos víctimas de homicidios por robo y dos por ajuste de cuentas. 

Los familiares del hombre, de 31 años, contaron que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se desplegaron en la calle 2 de Los Jardines de El Valle, tras supuestos delincuentes

Unos policías le dispararon a Diego cuando llegaba a casa de su mamá. En el instante que le dio la espalda a los funcionarios, para entrar a la vivienda, accionaron el arma directo a su cabeza

@Yohanamarra

La familia de Diego Digleibert Delgado Landaeta escuchó el tiro. Iban a ser las 7:00 p. m. del miércoles 9 de febrero. Minutos antes una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) entró al sector Calderón de la calle 2 de Los Jardines de El Valle, tras unos delincuentes que los vecinos vieron correr y presumen que solo van a la zona a delinquir.

Cuando la familia del joven, de 31 años, salió de la casa al escuchar el tiro, él aún estaba vivo. La policía impedía que lo trasladaran a un centro asistencial, pero los vecinos apoyaron a los parientes de Diego ante la comisión y lograron trasladarlo al hospital de Coche.

Un grupo de funcionarios escoltó a los familiares de Diego. Por falta de insumos tuvieron que irse del hospital de Coche al Pérez Carreño, donde sí lo recibieron, pero no había tomógrafo. Ahí falleció.

“Ya era de noche, nos costaba conseguir un sitio donde hacerle la tomografía y no teníamos el dinero para llevarlo a una clínica. Además teníamos que conseguir una ambulancia especial, por su condición delicada, que también costaba encontrarla. En ese tiempo murió sin ayuda”, contó un pariente a Crónica.Uno, quien por prevención no ofreció su nombre. 

En la ficha del hospital, recuerda el familiar, los funcionarios escribieron que el joven resultó herido en un supuesto enfrentamiento. “Los policías ni siquiera le dieron voz de alto, simplemente dispararon y ya”.

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Diego enseñaba baloncesto a los niños y adolescentes de su comunidad, en la cancha Deportivo Calderón de El Valle. Hace al menos ocho meses había comenzado a organizar a los muchachos, a tal punto que el grupo de 10 a 16 años entrenaba los lunes, miércoles y viernes, y los más pequeños, de 5 a 9 años, iban los martes y viernes.

Los niños de la comunidad conformaban el equipo Raptors Juniors y jugaban partidos amistosos que organizaba Diego, apoyado por dos vecinos más también aficionados al baloncesto como él.

“Era aficionado al baloncesto, quería entrenar a los niños para que se entretuvieran y no tuvieran la mente en el ocio y en las cosas malas. Habían mandado a hacer unos uniformes”. 

La víctima dejó huérfana a una hija, de siete años. Vivía con su pareja y frecuentemente visitaba a su madre. Trabajaba instalando luces y sonidos para eventos. Su familia exige justicia, esperan que en la PNB investiguen lo sucedido. 

El asesinato de Diego conmocionó a los vecinos del sector Calderón, quienes la noche de su muerte tocaron cacerolas y protestaron contra el accionar de la PNB en la zona, incluso los sacaron de la comunidad en rechazo por los operativos “en los que caen inocentes como Diego”.

Entre 1996 y 2020 los cuerpos policiales y militares de Venezuela cometieron al menos 7893 ejecuciones extrajudiciales en el país, según el informe 25 años de Ejecuciones Extrajudiciales en Venezuela, de la organización Provea y el Centro Gumilla. La investigación destaca que los jóvenes que viven en zonas populares han sido criminalizados y se convirtieron en las primeras víctimas de la letalidad policial.

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la morgue de Bello Monte, luego de las incursiones policiales que se desplegaron en la comunidad del municipio Sucre, entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero. Además, se registró una víctima asociada a estos hechos.

Yohana Marra @Yohanamarra / Foto: Carlos Ramírez

Raúl Medina Durán, de 25 años de edad, fue asesinado por civiles armados, en la parte alta del sector San José de Petare, municipio Sucre del estado Miranda.

Eran las 7:00 p. m. del miércoles 2 de febrero cuando por lo menos tres hombres llegaron a la zona a bordo de un vehículo blanco, cuatro puertas, y dispararon a quienes estaban en la zona. Llevaban la música a alto volumen.

Según la versión que dieron los testigos a la familia de Raúl, él corrió junto con los vecinos que estaban a esa hora en la calle, incluso niños. De acuerdo con el acta policial, la víctima recibió un impacto de bala, pero aún el sábado 5 de febrero a sus parientes no les habían suministrado más detalles de lo sucedido.

“Cuando formalizamos la denuncia no nos dijeron nada. Uno de los funcionarios me dijo que fue la Policía Nacional Bolivariana en un supuesto enfrentamiento”, detalló un pariente, quien por medidas de seguridad no quiso revelar su identidad.

Entre el lunes 31 de enero y el miércoles 2 de febrero se desplegaron varios operativos de la Policía Nacional Bolivariana en Petare, que dejaron al menos 11 muertos, según fuentes extraoficiales.

El Monitor de Víctimas ha logrado la identificación de 6 de los 11 cadáveres que fueron ingresados a la medicatura forense de Bello Monte, entre ellos el de una mujer. Adicionalmente se identificó a un adolescente, de 14 años, asociado a estos operativos en la zona.

Las incursiones, presuntamente, eran para capturar a los miembros de la megabanda que lidera Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, involucrada en delitos de extorsión, homicidios y venta de drogas, y a integrantes de la banda de Los Chicorrios. Ambas se disputan frecuentemente el control territorial en Petare.

Raúl vivía con una tía en San José y trabajaba como obrero. Su familia comentó que en el acta de defunción escribieron que al joven lo asesinaron en el barrio 5 de Julio de Petare, específicamente en el sector La Y, pero aseguran que no fue ahí: “Prácticamente nos obligaron a dejar en el acta que fue en esa zona, pero esa zona no está cerca”.

En el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias fue asesinado Anderson Luis Carmona, de 27 años de edad. Su mamá, Yamileth Ramírez, fue testigo. Y su versión coincide con la que brindaron los parientes de Raúl: hombres vestidos de civil llegaron a bordo de un carro, con la música a todo volumen, y dispararon.

“Pensábamos que eran malandros, pero luego supimos que eran policías, por sus armas”, dijo la madre de la víctima.

Nueva incursión policial en Petare

Este sábado 5 de febrero se registró otro operativo, de comisiones mixtas, en distintas zonas de Petare. Fuentes policiales indicaron que fue asesinado un hombre apodado Chiripa, quien presuntamente es familiar de Wilexis Acevedo.

También fue asesinado un joven de 19 años, quien recibió una bala perdida en el cuello cuando salió a comprar jabón, pues en su casa lavaban.

Vecinos contaron al Monitor de Víctimas que la noche del sábado estaban tomados por los cuerpos de seguridad algunos sectores de José Félix Ribas, La Bombilla, Julián Blanco, barrio Bolívar y 5 de Julio. “No sé cómo haré para llegar a mi casa”, dijo una fuente.

Señalaron la presencia de funcionarios de la PNB, de las Fuerzas de Acciones Especiales, la Guardia Nacional Bolivariana y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

En mayo de 2020 comisiones mixtas entraron en la comunidad para atrapar al Wilexis, pero no lo hallaron. Luego, en noviembre de ese mismo año, lo hirieron en un operativo, pero no resultó detenido. Habitantes de la zona aseguran que este hombre camina por la comunidad libremente.

A Junior Rocchis, de 35 años, lo asesinaron el 26 de diciembre. Sus parientes no tenían el dinero para cubrir los gastos fúnebres y debieron esperar que les aprobaran una ayuda económica de una alcaldía por 260 dólares, solo para el traslado

Foto: Carlos Ramírez

Han pasado 18 días desde el homicidio de Junior y su cuerpo aún está en la morgue de Bello Monte. Sus familiares no tienen los recursos para costear los gastos funerarios y han debido esperar por una ayuda económica, que demoró.

A Junior José Rocchis Velásquez lo asesinaron el 26 de diciembre de 2021, en la parte baja del sector La Alcabala del barrio San Guillermo, en Petare, municipio Sucre del estado Miranda. Había ido a una fiesta callejera. Su cadáver lo encontraron al lado de un contenedor de basura, con cinco impactos de bala y múltiples heridas por arma blanca en la cabeza.

Una vecina llegó a la parte alta de La Alcabala y tocó la puerta de la casa de Junior. Llevaba la mala noticia. “¿Estás segura?”, le respondió su hermana. La mujer se acercó entre el tumulto de personas que observaban el cuerpo y lo reconoció. Sí era él.

Desde el 26 de diciembre los familiares de Junior se han movilizado para encontrar el dinero y cubrir los gastos fúnebres. Sin embargo, han pasado casi tres semanas y ya no podrán velarlo, el cuerpo lo sacarán directo de la medicatura forense al Cementerio General del Sur.

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A través de la Alcaldía del Municipio Sucre encontraron una donación que demoró tanto tiempo por las vacaciones decembrinas y porque al inicio a los parientes de Junior le faltaban varios documentos. Solo el traslado de la morgue al cementerio son 260 dólares.

Según la Encuesta de Victimización, publicada en el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), al menos 24,6 % de personas tienen a un familiar que ha sido víctima de un delito.

La mañana del jueves 13 de enero, justo antes de que hicieran el traslado del cuerpo al campo santo, los familiares se enteraron de que solo habían aprobado la mitad y tendrían que seguir a la espera.

La noche del 26 de diciembre Junior no avisó dónde estaría. A su familia le pareció raro porque siempre avisaba si iba a una fiesta. A las 7:30 p. m. salió de casa de su mamá y pasadas las 10:00 p. m. comenzaron a preguntarse dónde estaría.

Los parientes de la víctima no saben qué pasó ni por qué tanto ensañamiento. Según testigos, otro hombre también fue herido de bala en ambas rodillas y apuñalado en la cabeza. La familia desconoce la identidad de esta persona, quien presuntamente una vez baleado fue obligado a cargar el cuerpo de Junior hasta el contenedor.

“Esto nos tomó por sorpresa, aún no podemos creer lo que pasó. Era un muchacho rumbero, como muchos, pero no sabemos por qué lo mataron de esa forma, por qué el ensañamiento”, dijo un allegado a la familia, quien por motivos de seguridad prefirió no revelar su nombre.

Junior trabajaba como técnico de celulares y cocinas, según sus parientes. Dejó huérfanos a cuatro hijos, tres de ellos menores de edad. Uno de los hijos de la víctima, de 16 años de edad, tuvo que levantar el cuerpo, con ayuda de su tío, y montarlo en la furgoneta.

Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) el estado Miranda es la segunda entidad más violenta del país, con una tasa de 64,1 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Entre el 8 y 9 de enero de 2021 fueron asesinadas 14 personas, según registros del Monitor de Víctimas, en un operativo policial en la parroquia. Durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, expresó que los asesinatos siguen impunes

Caracas. En un año Miyanllela Fernández no ha olvidado ningún detalle del asesinato de su hijo mayor, Richard de Jesús Briceño Fernández. A las 9:00 a. m. del viernes 8 de enero de 2021, el joven recibió dos disparos, que ella escuchó mientras unos funcionarios la retenían dentro de su casa. 

“Lo arrodillaron frente a la casa de mi vecina y yo gritaba que no se arrodillara. Le supliqué a los funcionarios, les decía que él era sano y no quería que se muriera desangrado. Lo mataron en mi cara”.

Una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entró a la casa de Miyanllela, donde había dos menores de edad, entre ellas la hija de Richard, de un año y medio. Sacaron al joven, aunque él les explicó que trabajaba en una cauchera y no era delincuente. A las cuatro mujeres que estaban dentro de la casa las retuvieron los efectivos. 

Cuando Miyanllela volvió a ver a su hijo los funcionarios lo trasladaban al hospital Pérez Carreño. Y en la escena del suceso vio cómo ponían un arma y casquillos para simular que él se enfrentó a las autoridades. Al día siguiente confirmó que el cadáver de su hijo estaba en la morgue del centro asistencial. “Entré de nuevo a mi casa, lloré, grité, maldije, me volví loca. Luego salí a buscar a mi hijo al hospital. No me importaba que en todo el barrio hubiesen tiros por todos lados y pudiera recibir una bala perdida. Ya me habían quitado la vida, todo”.

Richard tenía 23 años. Su nombre figuró en la lista de personas asesinadas, e identificadas por sus familiares, en una masacre durante un operativo policial en La Vega, entre el 8 y 9 de enero de 2021. El Monitor de Víctimas confirmó la muerte de 14 personas, mientras que la organización Provea aseguró que se trató de 23 víctimas. 

El Manual de clasificación de delitos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros.

La incursión de comisiones mixtas en la comunidad se efectuó para capturar a miembros de grupos criminales que operaban en la zona. Crónica.Uno conoció, a través de testimonios anónimos de vecinos, que desde diciembre de 2020 presuntos miembros de la megabanda del Coqui estaban en la zona. 

La megabanda liderada por Carlos Luis Revette, apodado el Coqui, junto con Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón, conocido como el Vampi, operaba en la Cota 905, El Cementerio, El Valle y, según expertos en criminología, tenían aliados en los estados Miranda y Aragua.

En los meses posteriores a la muerte de Richard, Miyanllela se topó en varias ocasiones con el funcionario que, presuntamente, le disparó a su hijo y con otros dos efectivos que estaban en el lugar. Su nietas, de cinco y dos años, se ponen nerviosas cuando ven a hombres identificados con uniforme policial. 

Tiene rabia. Habla con indignación cuando se refiere al caso de su hijo mayor. “Si yo hubiese sabido que a mi hijo lo iban a matar, la primera que lo hubiese sacado de ahí hubiese sido yo. Si él fuese delincuente, no se quedaba en la casa esperando que llegaran ellos (las FAES) a matarlo”.

La madre esperó seis días para enterrar a Richard. Los trámites en la medicatura forense de Bello Monte se demoraron. Una comisión policial escoltó el cadáver del joven hasta el cementerio de El Junquito, donde Miyanllela consiguió una fosa prestada. No hubo oportunidad de velorio. 

“El cuerpo de mi hijo salió de la morgue al cementerio escoltado como si fuese el Chapo Guzmán”. 

Amnistía Internacional hizo una investigación a través de fuentes abiertas de la masacre en La Vega, entre el 6 y el 9 de enero de 2021, y concluyó que hay suficientes indicios para considerar que se cometieron presuntas ejecuciones extrajudiciales que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. 

De acuerdo con Marino Alvarado, director de investigación de Provea, un año después ningún funcionario policial que participó en el operativo, o de la cadena de mando, es investigado por la masacre de La Vega. “Reina la impunidad”, dijo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales” de Provea. 

El párroco de la parroquia La Vega, padre Alfredo Infante, añadió que luego de que los vecinos protestaron por el derecho al agua potable y otros servicios públicos fueron objeto de operativos policiales que ocasionaron los enfrentamientos entre bandas y fuerzas del Estado.

“Se constató que muchas de las personas fueron ejecutadas y no estaban involucradas en la confrontación ni pertenecían a las bandas. Hasta el día de hoy la masacre se mantiene en total impunidad”.

Familiares de otras víctimas relataron que, presuntamente, los funcionarios entraron a sus viviendas y sacaron a los jóvenes, luego simularon enfrentamiento. En el operativo también se registraron algunos robos de pertenencias de las viviendas a las que ingresaban los uniformados.

En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insistió al Estado venezolano en su recomendación de disolver las FAES e investigar las muertes que ocurrieron en La Vega, así como a sancionar a los responsables.

Meses de balaceras en La Vega desplazaron a vecinos

Posterior a la masacre de La Vega, las bandas continuaron con el control de la zona e inició una serie de balaceras en el sector, aproximadamente desde abril, que se incrementaron con el paso de los días e hicieron que los vecinos vivieran una pesadilla.

Testigos consultados por Crónica.Uno contaron que los presuntos delincuentes habían construido garitas en la zona montañosa del sector El Carmen, en La Vega, así como trincheras, desde donde disparaban hacia la parte baja cuando veían a algún funcionario acercarse. 

Los tiroteos cada vez fueron más frecuentes y los vecinos comenzaron a desplazarse a casa de familiares o amistades en otras zonas de Caracas, o fuera de la capital, por temor a que una bala perdida entrara a sus viviendas, como le sucedió previamente a varios habitantes.

El asesinato de Leonardo Polanco, apodado el Loco Leo, y líder de la banda homónima aliada de la megabanda de la Cota 905, que operaba en El Valle, desencadenó casi tres días de conflicto armado que paralizó al menos cinco parroquias de Caracas. Cifras oficiales indicaron que fallecieron 22 supuestos delincuentes en presuntos enfrentamientos, 12 de ellos estaban identificados.

Durante este conflicto armado de casi 72 horas, Crónica.Uno conoció de personas que se desplazaron de sectores de La Vega, la Cota 905, El Cementerio y Coche, pues los funcionarios habían tomado las comunidades y temían por la vida de los jóvenes de las familias. 

Jóvenes de zonas populares víctimas de ejecuciones extrajudiciales

El párroco Alfredo Infante, director de Derechos Humanos del Centro Gumilla, sostuvo que un indicador de las ejecuciones extrajudiciales es que la mayoría de las víctimas son jóvenes, masculinos y de sectores populares. “Esa combinación de joven, más masculino, más origen popular es igual a criminal hasta que no se pruebe lo contrario, sumado a la idea de que el criminal en este país no tiene derechos humanos y por tanto el joven de origen popular, considerado criminal o potencial criminal, es enemigo público y merece la muerte”, sostuvo durante la presentación del informe “25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela”.

Lupa por la Vida, un proyecto del Centro Gumilla y Provea, arrojó que en el año 2020 los operativos policiales fueron más letales que la pandemia de COVID-19. Según el monitoreo nacional de ejecuciones extrajudiciales del proyecto, la violencia institucional y militar provocó el asesinato de 7180 personas, desde enero 2015 hasta junio de 2021.

Un año después de la masacre de La Vega, y seis meses después de las balaceras que paralizaron cinco parroquias de Caracas, los habitantes temen que las bandas criminales regresen a tomar el control.

Urkia Vargas Hidrogo, la víctima, recibió al menos seis heridas por arma blanca. Según información extraoficial, Kleiberth Ortiz, el señalado victimario, la atacó porque se negaba a aceptar que ella quería terminar la relación. Ocurrió en los Magallanes de Catia

@Yohanamarra

“Si no es para mí no será para nadie”, escuchaban los vecinos, mientras intentaban entrar a la vivienda para ayudar a Urkia Urinare Vargas Hidrogo, a quien su expareja atacaba con un arma blanca.

Cuando los vecinos del callejón El Hueco, en los Magallanes de Catia, lograron abrir un hueco por el techo de zinc, encontraron a la mujer herida. Con un tubo golpearon a Kleiberth Alejandro Ortiz García, de 21 años de edad, para neutralizarlo. El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre.

De inmediato trasladaron a la mujer, de 27 años de edad, al hospital José Gregorio Hernández, en ese mismo sector, pero llegó sin signos vitales, según información extraoficial. El señalado victimario fue atendido médicamente porque al parecer se hirió en las manos luego de agredir a Urkia. El hombre habría actuado así porque se negaba a aceptar que ella había terminado la relación.

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De acuerdo con la información policial, el 4 de noviembre de este año la mujer había denunciado a Ortiz García ante en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en la delegación del oeste. Presuntamente este habría sido otro de los motivos del ataque.

El hombre fue detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Se conoció que la víctima recibió al menos seis heridas por arma blanca, entre el tórax y la cara. Trascendió que la mujer trabajaba como comerciante.

Óscar Garcés Ferrer, de 53 años, fue hallado atado de pies y manos. En otro caso un hombre fue asesinado en Petare cuando había ido a visitar a su hijo

@yohanamarra

Este domingo 10 de octubre fue hallado muerto Óscar Garcés Ferrer, de 53 años de edad, dentro de su apartamento, ubicado en la tercera transversal de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao.

Se conoció que la víctima estaba atada de manos y pies. Tenía varias heridas producidas por arma blanca. Presuntamente Garcés había recibido la visita de personas extrañas.

Hasta el momento se desconocen más detalles del hecho. Una comisión de la División de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició las averiguaciones.

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Fue a visitar a su hijo en Petare y lo mataron

Un día antes, el pasado sábado 9 de octubre, se registró otro homicidio en el área metropolitana de Caracas, específicamente en Petare. La víctima de este hecho fue identificada como Luis Daniel Bastidas, de 21 años de edad. Sus familiares contaron que el crimen ocurrió en la parte alta del sector San José.

El joven fue interceptado por presuntos delincuentes de la zona cuando acudió al sector para visitar a su hijo de cuatro meses de nacido. Bastidas había sido amenazado hace un año por los hombres señalados de asesinarlo, aseguraron sus allegados.

Xavier Alexander Núñez Velásquez dejó huérfanos dos niños de 7 y 5 años

La víctima, de 29 años, falleció después de una semana de hospitalización. El supuesto responsable habría sido un vecino del occiso. El hecho ocurrió en Baruta

@yohanamarra 

Xavier Alexander Núñez Velásquez, de 29 años de edad, falleció la mañana del sábado 2 de octubre, tras casi dos semanas de hospitalización. Un vecino de la víctima, cuyo nombre se corresponde con las siglas F.M., habría sido la persona que le roció gasolina y luego le prendió fuego por negarle un trago. 

De acuerdo con Rosangela Núñez, hermana de la víctima, Núñez Velásquez estaba tomando con un grupo de vecinos y familiares en su casa, ubicada en el sector Monterrey del municipio Baruta, la madrugada del domingo 19 de septiembre. Fue en ese momento cuando supuestamente llegó F.M. y le pidió un trago, pero este se negó alegando que el recién llegado no había puesto dinero para comprar la botella.

Entre ambos hubo una discusión que terminó en golpiza. El vecino en cuestión se fue del sitio y momentos después subió al segundo piso de la vivienda multifamiliar de Núñez Velásquez, desde donde arrojó la gasolina y posteriormente el fósforo. 

La víctima presentó quemaduras de tercer grado en 90% del cuerpo. Falleció de un paro respiratorio. Según el testimonio de su hermana, el señalado agresor se encuentra prófugo. 

El occiso dejó huérfanos dos niños de 7 y 5 años de edad. Núñez Velásquez trabajaba como técnico de mantenimiento en áreas de refrigeración en cadenas de supermercados.