El organismo aprobó un informe en el que acusó a la administración de Maduro de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical

Pese a que Nicolás Maduro se desempeñó en el mundo sindical y se califica por ello como el «presidente obrero», lo cierto es que su administración no ha hecho nada bueno en favor de los trabajadores, y así lo denunció al mundo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el mes de marzo del año en curso, cumpliéndose en este caso el viejo refrán que dice que “En casa de herrero cuchillo de palo”.

Acceso a la Justicia expone que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo aprobó el 27 de marzo un duro informe en el que acusó a la administración de Maduro, de violar los derechos de los trabajadores sobre libertad sindical, a la libre asociación,  a la contratación colectiva y a la participación tripartita en la fijación del salario mínimo nacional, entre otro incumplimientos a convenios ratificados ante la OIT por la República.

La decisión adoptada por el Consejo de Administración de la OIT, en su reunión 341, se tomó con veintisiete votos a favor y veintidós en contra; en ella no solo se denunció las acciones ilegales del Gobierno en contra de empleadores y trabajadores, sino que además se decidió mantener la presión para lograr que cese la persecución contra el movimiento sindical y que retomen el diálogo tripartito roto desde hace casi dos décadas.

Como parte de esa presión, la instancia instruyó a su director general, Guy Ryder, para que el próximo 3 de mayo le informe si el régimen venezolano ha tomado alguna medida para cumplir la lista de tareas que le encomendó, entre las cuales destaca iniciar un diálogo con las agrupaciones de empresarios y los sindicatos, y además, tomar las medidas necesarias para lograr «el cese inmediato de todos los actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación u otra forma de agresión» contra empleadores y trabajadores no afines al Estado y para evitar que «tales actos no se repitan en el futuro».

Abriendo otro frente

La respuesta de las autoridades gubernamentales a la decisión del Consejo de Administración de la OIT ha sido hasta ahora patear la mesa. Así, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, anunció que el Gobierno de Maduro no reconocerá el fallo del organismo ni sus posibles consecuencias.

El funcionario dijo: “El Gobierno rechaza categóricamente esta decisión tomada y no se compromete con la misma. Dejamos constancia expresa de nuestra posición. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se desvincula y no se compromete con esta decisión adoptada el día de hoy (27 de marzo)”.

Además, acusó a la OIT de haberse convertido “en un escenario (…) nada agradable, hostil y mezquino, plagado de intereses políticos contrarios a mi Gobierno”.

¿Cuáles son las consecuencias de no acatar las decisiones y recomendaciones de la OIT?  El artículo 29 de la Constitución de la OIT abre las puertas para que un Estado que no desee acatar las recomendaciones contenidas en el informe de la Comisión de Encuesta pueda someter la queja ante la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, el artículo 33 estipula que:

“en caso de que un miembro no dé cumplimiento dentro del plazo prescrito a las recomendaciones que pudiere contener el informe de la Comisión de Encuesta o la decisión de la Corte Internacional de Justicia, según sea el caso, el Consejo de Administración recomendará a la Conferencia las medidas que estime convenientes para obtener el cumplimiento de dichas recomendaciones”.

La OIT decidió incluir en el orden del día de su 343ª reunión, prevista para noviembre próximo, un punto titulado “Consideración de todas las medidas posibles, incluidas las previstas en la Constitución de la OIT, necesarias para garantizar que la República Bolivariana de Venezuela cumpla las recomendaciones de la Comisión de Investigación dentro del plazo requerido”.

A los trabajadores que se los lleve…

El anuncio del ministro Piñate de que el Gobierno no acatará el informe de la OIT, es otra muestra de la intolerancia de las autoridades venezolanas frente a la crítica y ante una decisión adversa proveniente de un organismo multilateral del cual el Estado venezolano forma parte. Cabe esperar que en los próximos días Miraflores vuelva a recurrir a su consabida receta de aumentar el salario mínimo nacional sin consultar con los otros sectores afectados, al no activar el sistema de participación tripartita para la fijación del salario mínimo tal como ha venido ocurriendo en casi veinte años; con lo cual ni trabajadores ni empresarios podrán expresar sus pareceres y propuestas, transgrediendo el artículo 91 de la Constitución, el Convenio 131 de la OIT y las recomendaciones técnicas establecidas por el referido organismo multilateral.

Sin embargo, esto no debería sorprender, porque la administración de Maduro; así como antes el del fallecido Hugo Chávez, han ignorado sistemáticamente las recomendaciones y decisiones del grueso de las instancias internacionales, incluida la OIT. En 2020 denunciamos en Acceso a la Justicia que Venezuela no estaba aplicando las sugerencias que la OIT había emitido para reducir el impacto la pandemia de COVID-19 sobre los trabajadores.

De hecho, durante la vigencia del estado de alarma impuesto para combatir el coronavirus, en 2020, los ataques contra la dirigencia sindical continuaron. Solamente en Caracas veintinueve sindicalistas fueron detenidos, como informó recientemente el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la audiencia del pasado 25 de marzo.

Asimismo, el año pasado fue ratificada la condena (impuesta por un tribunal militar) a más de cinco años de cárcel contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco, Rubén González, cuyo caso es el más emblemático de la persecución del Gobierno contra el sector sindical. El primer de septiembre de 2020 González sería excarcelado vía indulto presidencial.