Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

Tras fomentarla, Tarek William Saab decide combatir la provisionalidad en el Ministerio Público
El anuncio se produce tres años después de que convirtiera a todos los funcionarios en personal de libre nombramiento y remoción

Tarek William Saab sigue desandando sus pasos. Así, tras sorprender en mayo pasado con la admisión de que el concejal opositor Fernando Albán no se quitó la vida en octubre de 2018, mientras estaba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); y que ciertamente fue asesinado por sus captores, este 21 de octubre informó sobre la puesta en marcha de un plan para combatir la provisionalidad dentro del organismo. Esto, a pesar de que él convirtió a todos los trabajadores de la instancia en funcionarios de libre nombramiento y remoción.

«En el marco de la reestructuración y de la transformación positiva y progresiva de este Ministerio Público», Saab anunció «la activación de un plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos». Durante una rueda de prensa, el fiscal general impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente dijo que su iniciativa reconocerá «la trayectoria laboral de los fiscales provisorios, quienes previo cumplimiento de los requisitos básicos, tales como haber ejercicio el cargo de forma ininterrumpida por un tiempo mínimo de cuatro años podrán aspirar a la titularidad del mismo».

Seguidamente, explicó que el aspirante a fiscal titular deberá “«tener nacionalidad venezolana; ser mayor de 25 años; ser abogado o abogada y de notoria buena conducta y de reconocida solvencia moral». También deberá estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; es decir:

«no estar inhabilitado para el ejercicio de la función pública; no haber sido objeto de sanción penal por decisión definitivamente firme por la comisión de un delito, no haber sido objeto de sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de funciones en los 5 años previos o haber sido destituido y haber cursado estudios de especialización en una universidad debidamente acreditada».

El anuncio de Saab se produce justo tres años después de que él convirtiera a todos los funcionarios del Ministerio Público en personal de «libre nombramiento y remoción». Esto ocurrió con la reforma que sufrió el artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público el 13 de septiembre de 2018 y en la cual se estableció que todos los cargos del organismo eran «de confianza» y, por lo tanto, su continuidad dependía de su voluntad.

Con esta modificación el fiscal general se arrogó el poder de designar y remover a cualquiera de los cerca de 7.000 trabajadores del organismo encargado de investigar e identificar a los autores de los crímenes que ocurren en el país. Una potestad que Saab, como sus antecesores, no ha dudado en emplear.

En la misma intervención en la que anunció este nuevo plan, también aseveró que desde agosto de 2017 ha removido a unos 300 fiscales, bajo la excusa de estar implicados en presuntas irregularidades administrativas y/o hechos decorrupción.

Nada nuevo bajo el sol

El plan de regularización presentado por Saab tiene sabor a refrito. ¿La razón? Es casi idéntico al llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2005, bajo la gestión del fallecido magistrado Omar Mora Díaz y que fue bautizado como Plan para la Reforma Estructural y Modernización del Poder Judicial (PREMIUS). Asimismo, es casi calcado al que la ahora fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, puso en marcha en 2012.

En primer término, solamente los fiscales en ejercicio podrán participar en los eventuales concursos, pero no cualquiera, sino aquellos que tengan cuatro años en su cargo; es decir, aquellos designados por Saab también podrán participar. Los potenciales candidatos verán cómo sus currículos y trayectoria serán revisados por un equipo de evaluadores designados por la Escuela Nacional de Fiscales; quienes superen dicha revisión serán sometidos a pruebas orales y escritas.

Aunque la iniciativa es un avance, no se ajusta a lo establecido en el artículo 286 de la Constitución y en el 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La primera norma señala que:

«la ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento del Ministerio Público en el ámbito nacional, estadal y municipal, proveerá lo conducente para asegurar la idoneidad, probidad y estabilidad de los fiscales o fiscalas del Ministerio Público. Asimismo, establecerá las normas para garantizar un sistema de carrera para el ejercicio de su función».

Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público prevé: «Para ingresar a la carrera se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de oposición. El Fiscal General de la República, mediante resolución, establecerá las bases y requisitos del concurso, con arreglo a lo dispuesto en esta ley».

Las disposiciones antes citadas no privilegian a los funcionarios en ejercicio ni mucho menos les cierran las puertas a los abogados que no laboran en el Ministerio Público para participar en estos procesos y optar por el cargo de fiscal.

¿Otra jugada para despistar al mundo?

El plan de regularización parece otro movimiento de Saab para acallar las críticas internacionales que su despacho, y el Poder Judicial en general, han recibido en los últimos años debido a su falta de independencia y su sumisión al Gobierno.

El hecho de que la totalidad de los fiscales, más de 2.200, de acuerdo con los últimos datos disponibles, puedan ser despedidos de un momento a otro y sin ningún tipo de procedimiento abre las puertas para que sean objeto de presiones al momento de actuar y, por lo tanto, siembra dudas en relación a que sus actuaciones sean autónomas y estén apegadas a la letra de la ley.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, en su segundo informe sobre el país, publicado en septiembre pasado, denunció lo siguiente:

«Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar los casos, aunque no necesariamente en todos los supuestos. Dichas intervenciones, que provenían tanto desde fuera como de dentro de la jerarquía fiscal, eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales, así como en casos relacionados con detenciones en el contexto de protestas políticas».

En las últimas dos décadas la justicia venezolana ha recibido cada vez más duros cuestionamientos de parte de instancias internacionales. Sin embargo, dichas críticas comenzaron a recorrer el globo de los exámenes periódicos universales de la ONU a los que se ha sometido el país en 2011 y 2016, y en los cuales la independencia de los jueces, fiscales y defensores ha sido uno de los temas centrales.

Ortega Díaz tomó nota de estos señalamientos y se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a entablar medidas para atacar la provisionalidad, algo que la Ley Orgánica del Ministerio Público le ordenaba hacer para 2008. «Para que haya independencia en los órganos del sistema de justicia es necesario que llamemos a esos concursos para darle estabilidad a los fiscales», aseguró en 2012 la funcionaria. Sin embargo, tampoco hizo lo que debía y solo el 1% de los fiscales superiores y el 0,2% del resto eran titulares, según la información publicada en su página web en 2017 y procesada por Acceso a la Justicia.

Prorrogado por seis meses plazo de proceso de reestructuración de PNB
La supuesta reestructuración tendría lugar en 2022

Sin que sorprenda a nadie, se acaba de hacer pública la prórroga para la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana, cuerpo que tan cuestionada actuación ha tenido en materia de derechos humanos, y en el que se encuentra el FAES, cuya disolución ha sido solicitada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos así como por amplios sectores de la sociedad civil del país.

Esta prórroga, sin que se tenga conocimiento de los adelantos o progresos, si es que los ha habido hasta ahora, pone de manifiesto que la mencionada reestructuración no es un prioridad del gobierno a pesar de los graves señalamientos contra ese cuerpo hechos por la Fiscalía de la CPI y otros órganos internacionales de protección de derechos humanos.

Así entonces, en la Gaceta Oficial No. 42.231 del 11/10/2021, se publicó la Resolución emanada de la Vicepresidencia de la República con el No. 009/2021, en esa misma fecha, según la cual:

01.   Se prorroga, por un lapso de seis (06) meses, contado a partir del 13/10/2021, el plazo para el proceso de la reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, ordenado en el Decreto No. 4.582, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.105 de fecha 13/04/2021.

02.   El Presidente y demás miembros integrantes de la Comisión de Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, designados mediante Resolución No. 006 de fecha 20/04/2021, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 42.109 de la misma fecha, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la culminación de la prórroga antes indicada.

La vigencia de la Resolución aquí referida se fijó a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

El texto de dicha Resolución se puede consultar mediante el enlace siguiente:

http://spgoin.imprentanacional.gob.ve/cgi-win/be_alex.cgi?Documento=T028700037024/0&Nombrebd=spgoin&CodAsocDoc=2677&Sesion=1296894633

Chavismo no renuncia a inhabilitaciones políticas para asegurar su hegemonía
Entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos

El régimen de Nicolás Maduro ha vuelto a apelar a las inhabilitaciones para sacar de la carrera a opositores y disidentes del chavismo, y así garantizar su hegemonía en las gobernaciones y alcaldías, cuando estamos a menos de dos meses para la celebración de las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, alerta la ONG Acceso a la Justicia.

En efecto, en la etapa de las postulaciones, sustituciones y modificaciones de candidaturas para las elecciones de 2021, dirigentes políticos como Richard Mardo (quien alegó que el periodo de su inhabilitación venció en agosto de 2018), Leocenis García, Eduardo Samán y Daniel Ceballos no han podido formalizar sus nominaciones como candidatos a alcaldes y gobernador (en el caso de Ceballos). Una decisión que fue criticada por el rector Roberto Picón, quien en un comunicado publicado en su cuenta Twitter explicó lo ocurrido diciendo que los afectados «fueron sorprendidos por decisiones de última hora que no les fueron debida ni oportunamente notificadas».

Como si lo anterior no fuera suficiente, la justicia ha avalado esta práctica. Prueba de ello es el caso del exministro de Comercio del fallecido Hugo Chávez, Eduardo Samán, quien el pasado 15 de septiembre presentó ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una acción de amparo contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) que le permitiría inscribir su candidatura a la Alcaldía del municipio Libertador del Distrito Capital por el Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, la instancia, mediante su sentencia 44  emitida el 17 de septiembre, no ha respondido, a pesar de la urgencia del caso; más bien declinó a la Sala Constitucional la resolución del asunto y está aún no se ha pronunciado sobre el mismo.

En el caso del candidato a la Alcaldía del municio Girardot (Maracay) Richard Mardo, presentó una solicitud de amparo con medida cautelar para que le permitieran inscribir su candidatura, sin obtener oportuna respuesta por parte de la Sala Constitucional.

Una barajita repetida

Mantenerse en el poder es la prioridad del régimen. y para lograr ese objetivo modifica las reglas de juego con la intención de minimizar cualquier riesgo de perder unas elecciones. Una de las herramientas preferidas del oficialismo para conseguir esa meta son las inhabilitaciones, como ya lo ha denunciado en anteriores oportunidades Acceso a la Justicia, pues esta figura permite sacar de la contienda a cualquier rival de peso.

Solo entre 2002 y 2015, la Contraloría General de la República (CGR)  inhabilitó a 1.401 funcionarios y exfuncionarios públicos. Entre ellos destacan el exalcalde de Chacao, Leopoldo López, quien no pudo aspirar a la extinta Alcaldía Metropolitana de Caracas en 2008 ni participar en las presidenciales de 2012 porque en 2005 fue sancionado. Posteriormente, en 2017, el exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, también corrió con la misma suerte, cuando le fue impuesta la misma medida.

No solo los opositores a Maduro han sido inhabilitados, sino también disidentes del chavismo como el general Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior (2013-2014) y exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), a quien la CGR inhabilitó en 2018 para ejercer cualquier cargo público durante un año, tras manifestar su desacuerdo con Maduro. El militar, a raíz de sus críticas a este último, pasó de ser parte de su tren ejecutivo a estar preso, y ya tiene más de tres años en esa situación.

Lo más grave es que la inhabilitación, como mecanismo de presión política y chantaje ganó aún más terreno cuando a principios de este año veintiocho diputados que integraron la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 fueron sancionados. Juan Guaidó, Julio Borges, Freddy Guevara, Juan Pablo Guanipa e Ismael García fueron algunos de ellos.

Así, la CGR, instancia que ha estado bajo el control absoluto del oficialismo desde el año 2000, se ha convertido en una pieza fundamental de la estrategia electoral del chavismo. ¿Por qué? Porque el artículo 105 de la ley que la regula otorga a su máxima autoridad, el contralor general de la República, la posibilidad de imponer las inhabilitaciones para el ejercicio de los cargos públicos por hasta un máximo de quince años. La aplicación de este mecanismo es una medida administrativa desproporcionada que impide a los inhabilitados ejercer plenamente sus derechos políticos durante ese tiempo.

Además, la mencionada disposición legal está en contradicción con la Constitución, que en sus artículos 42 y 65 señala que el ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley. En el mismo sentido, se divorcia del artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo texto reconoce como legítimas las limitaciones a los derechos políticos que estén fundadas en una condena dictada por el juez competente en un proceso penal en el que se le imponga al condenado la pena accesoria de inhabilitación política.

El tribunal regional, al decidir el 20 de noviembre de 2015 sobre la inhabilitación de Leopoldo López, determinó que el artículo 105 violaba el Pacto de San José, porque

“se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, (cuando) debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana».

El juzgado con sede en San José, Costa Rica, exigió a Venezuela que eliminara esa figura y que les permitiera a los afectados participar en todo proceso electoral. Ninguno de ambos mandatos ha sido cumplido. Es más, a pesar del dictamen internacional, la CGR ha continuado imponiendo esta sanción y el CNE ha validado esa práctica, impidiendo así numerosas postulaciones a distintos cargos de elección popular.

Ilegitimidad de la Contraloría

A todo lo anterior se añade que sobre la base del diseño constitucional, el actual titular de la CGR carece de legitimidad para desempeñar sus funciones, pues fue designado el pasado 23 de octubre de 2018 por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en lugar de por la AN, tal y como lo estipula el artículo 279 del texto fundamental, y, por ende, sus actos son nulos de nulidad absoluta conforme al artículo 138 constitucional. «Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos», señala la norma antes citada.

Adicionalmente, se debe advertir que desde 2018 la CGR no publica los informes de gestión de su actividad, como lo exige la carta magna en su artículo 141.

Sin duda, la falta de rendición de cuentas agrava la opacidad que existe actualmente en el país en materia de inhabilitaciones administrativas. Se trata de una situación que contraviene el derecho constitucional de acceso a la información, que genera más incertidumbre y, sobre todo, representa la negación del pluralismo político.

Acceso a la Justicia: Nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal es una oferta engañosa
La ONG considera que la creación de una nueva jurisdicción especializada es violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la tutela judicial efectiva

La nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, también conocida como habeas corpus, presentada por la Asamblea Nacional chavista como una salvaguarda “al derecho de los ciudadanos frente a cualquier situación errática en el sistema de administración de justicia”, tras revisar su articulado Acceso a la Justicia advierte que el mismo es una oferta engañosa y regresiva desde el punto de vista de los derechos humanos.

Antes de entrar a analizar el contenido de la ley, Acceso a la Justicia no puede obviar señalar que en su aprobación no se cumplieron los extremos fijados por el artículo 211 de la Constitución, relacionados con el procedimiento para la discusión y aprobación de las leyes. El borrador del texto no fue presentado previamente a la sociedad civil, ni mucho menos se les dio la posibilidad a los sectores interesados, juristas, académicos, criminólogos y activistas de derechos humanos de formular observaciones y presentar recomendaciones.

En ese sentido, llama la atención que tanto apuro haya coincidido con el período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que se presentaron los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(ACNUDH), y, sobre todo, el de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés) con sus tajantes conclusiones sobre el sistema de justicia venezolano y su complicidad en crímenes de lesa humanidad.

Asimismo, debe destacarse que hasta el 22 de septiembre el contenido del instrumento ni siquiera había sido publicado en Gaceta Oficial. El 20 de septiembre trascendió, porque en la sentencia 459 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se declaró la constitucionalidad de su carácter orgánico; y en el fallo aparecen los dieciocho artículos y tres disposiciones que conforman la normativa de amparo.

Mala copia

De entrada, la nueva Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal, también conocida como habeas corpus, parece una copia del título V de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales de 1987. Sin embargo, no es idéntica, pues incorpora elementos nuevos, algunos regresivos. El principal es la creación de tribunales especializados en materia de amparo.

El artículo 9 del texto señala:

«Se crean los tribunales especializados de primera instancia con competencia en amparo sobre la libertad y seguridad personal, los cuales funcionarán en cada circunscripción judicial. Los Tribunales especializados de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del lugar donde ocurra el hecho, acto u omisión que motiva la acción de amparo a la libertad y seguridad personal, son los competentes para su conocimiento. Las decisiones que nieguen el amparo a la libertad y seguridad personal tendrán consulta obligatoria, debiendo remitir las actuaciones dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Las Cortes de Apelaciones con competencia en materia penal conocerán en segunda instancia de la consulta obligatoria y las impugnaciones contra las decisiones de los Tribunales Especializados de Primera Instancia. La consulta o apelación no impedirá la ejecución inmediata de la decisión y la Corte de Apelaciones decidirá dentro de las setenta y dos horas después de haber recibido los autos».

Hasta ahora, todo ciudadano que considerara que su derecho a la libertad estaba siendo vulnerado podía acudir ante cualquier juzgado penal para interponer una solicitud que le restituyera su derecho y ordenara a la instancia agresora cesar en su conducta. En teoría, por supuesto.

No obstante, la nueva norma obliga a quienes consideran que su libertad está siendo o podría estar injustamente restringida a acudir ante unas nuevas instancias, y aunque en su artículo 10 señala que los tribunales penales existentes podrían tramitar cualquier petición de amparo en aquellas entidades donde no haya juzgados especializados, desde Acceso a la Justicia consideramos que la creación de una nueva jurisdicción especializada es violatoria del principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Ley es regresiva

En efecto, es regresiva al no seguir el mandato constitucional según el cual todo tribunal puede servir de instrumento para el control difuso de los derechos constitucionales, es decir, todo tribunal puede desaplicar normas que violen derechos en el caso concreto del que está conociendo. Este fue el principio que animó al legislador de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales (que ahora sigue vigente, salvo en lo relativo a la libertad personal) y, por ello, cualquier tribunal podía conocer de una acción de amparo.

La nueva ley deja este conocimiento en el caso de habeas corpus a tribunales especializados, contrariando el principio anterior; por ello, la creación de estos órganos especializados viola el principio de progresividad de los derechos humanos y resulta por tanto regresivo, es decir, un retroceso.

En tal sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva exige del Estado que se facilite el acceso a los órganos de justicia para la interposición de un recurso que, por su naturaleza, aunque la realidad lo niegue, es de urgencia. De ahí entonces que al establecer tribunales especiales se limita el ejercicio de este derecho y con ello se viola la diligencia debida en la tutela que los tribunales deben hacer de los derechos de los ciudadanos.

Pese a lo dicho, Acceso a la Justicia debe reconocer que es positivo que la ley reconozca la legitimación de organizaciones de derechos humanos para presentar la acción de amparo en nombre de la víctima, único avance en un contexto donde se criminaliza a esas mismas organizaciones. De tal manera que esperaremos por la aplicación práctica de esta disposición.

También advertimos que la creación de tribunales especiales no representa una garantía inmediata de que las detenciones arbitrarias que se producen en el país cesarán, en especial si se revisa el comportamiento del Poder Judicial en las últimas dos décadas. En el libro El TSJ al servicio de la revolución: La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), el jurista Antonio Canova y otros denunciaron que de las 45.474 sentencias que las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral del TSJ dictaron en nueve años prácticamente ninguna fue en contra de los intereses del régimen.

Por su parte, la FFM en su segundo informe sobre la situación del país, publicado este mismo mes, reiteró que las detenciones arbitrarias e ilegales son una práctica sistemática de los cuerpos policiales y militares venezolanos, que se emplea para silenciar a la oposición y cualquier expresión de descontento y malestar, con la aquiescencia de jueces y fiscales.

Lagunas preocupantes

El hecho de que la ley no le fije lapsos al TSJ para la creación de los juzgados ni tampoco le indique que debe designar a los jueces de acuerdo al procedimiento previsto en laConstitución, para evitar que continúe con su tendencia de designar funcionarios de manera provisional o temporal, son otros motivos que ponen en duda la efectividad de la normativa recién aprobada para garantizar el cese de las violaciones a los derechos fundamentales mediante un amparo.

Si el máximo juzgado ha sido incapaz en el pasado de cumplir los plazos fijados para crear nuevos tribunales, la ausencia de los mismos abre las puertas a que más temprano que tarde se pongan en marcha los juzgados especializados en materia de amparo a la libertad. La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aprobada en 2007 le daba al TSJ hasta 2009 para poner en marcha los juzgados que conocerían de casos de violencia de género, pero todavía hoy, catorce años después, hay estados donde estas instancias no existen. Algo similar ocurrió con los tribunales penales municipales creados en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2012. 

La ausencia de una norma que especifique cómo serán designados los jueces especializados es otro elemento preocupante. Desde 2003 no se celebra en el país un concurso de oposición de acuerdo a las reglas de la Constitución, para la asignación de los cargos de jueces y, por ello, por lo menos hoy más de 85% de estos han sido designados o removidos por el TSJ de manera discrecional. Dicha situación debilita la independencia e imparcialidad de estos funcionarios, pues abre las puertas para que sean presionados a fin de decidir no según la ley, sino conforme a una orden a cambio de mantenerse en su cargo, como ya ha denunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ACNUDH y la FFM.

Ahora bien, más allá de la ley, lo que preocupa es que se pretenda hacer ver, creemos que sin éxito, que las violaciones a los derechos humanos, en particular a la libertad personal, cesarán por la entrada en vigencia de esta o de otras leyes. Al final, lo que importa es que el tribunal actúe diligentemente, que exija una respuesta también rápida a los órganos de seguridad que no presenten a detenidos en el lapso legal o que los desaparezcan, y en caso de violaciones a los derechos humanos, se les sancione de acuerdo con la ley. Mientras esto no ocurra, no hay norma alguna que pueda suplir la arbitrariedad.

Del mismo modo, es importante que los órganos de seguridad del Estado donde haya detenidos cumplan con las órdenes de excarcelación; si no es así, el habeas corpus no será más que otra prueba de que donde reina el miedo, no reina el derecho.

Misión de la ONU acusa a la justicia de ser testigo y cómplice de crímenes de lesa humanidad
Fueron entrevistadas 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores

Lejos de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en Venezuela desde 2014, los jueces y fiscales venezolanos han tenido un «papel significativo», casi protagónico, en la ocurrencia de los mismos.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, el cual presentó este 16 de septiembre al público en rueda de prensa.

En el reporte, el cual fue elaborado a partir del análisis de 183 casos de detenciones a disidentes y críticos del Gobierno de Nicolás Maduro, ocurridas entre 2014 y 2021, se lee lo siguiente:

«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad».

La instancia entrevistó a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, así como a sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Igualmente, la Misión de la ONU trató de obtener información de parte de las autoridades, y para ello envió 17 cartas a Nicolás Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab; al presidente del TribunalSupremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibió respuesta. Tampoco le fue permitido a ninguno de sus miembros ingresar al país y constatar in situ la situación.

Rol de jueces y fiscales

En la versión del informe de más de 200 páginas de extensión, el grupo de expertos designado por la ONU acusa a los jueces y fiscales venezolanos de no impedir las violaciones a los derechos humanos, sino por el contrario de ser cómplices de ellas.

«La Misión tiene motivos razonables para creer que los jueces y fiscales han desatendido su obligación de proteger a opositores al Gobierno, reales o presuntos, contra detenciones y arrestos arbitrarios realizados sin orden judicial justificándolos a menudo bajo la figura de la flagrancia en contra de lo que habría surgido de los hechos».

También se da cuenta de 19 casos de militares sospechosos de ser críticos al Gobierno que fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia sin que hubiera una orden judicial en su contra, y tras permanecer durante horas desaparecidos los jueces emitieron decisiones avalando su captura.

La instancia de la ONU también denunció que la justicia ha actuado en contra de quienes han alzado su voz en contra de la práctica antes descrita. Así destacó el caso de Andreína Baduel, quien el 8 de mayo de 2020 presentó ante la Sala Constitucional del TSJ un habeas corpus para saber dónde estaba su hermano Josnars, del que no tenía noticias desde que el 4 de mayo hubiera sido aprehendido en la llamada Operación Gedeón. El máximo juzgado no solo rechazó la petición, sino que ordenó al Ministerio Público (MP) abrirle una averiguación a la denunciante.   La Misión acusó a los jueces y fiscales de hacer un uso abusivo de la figura de la detención preventiva y de enviar a los afectados a los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), «a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas».

Y como si ser detenido sin motivo y ser sometido a torturas y malos tratos no bastara, los investigadores de la ONU denunciaron que los constantes retardos procesales se han convertido en una práctica que atenta contra los derechos humanos de los venezolanos.

«La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detenciones revisadas y encontró diferencias significativas entre los plazos permitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presentación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervisión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes».

Al respecto, agregó lo siguiente:

«Los retrasos más flagrantes se produjeron entre la audiencia de presentación y la audiencia preliminar. El tiempo promedio entre la aprehensión y la audiencia preliminar fue de 243 días (unos ocho meses). En 102 detenciones documentadas, las audiencias preliminares se aplazaron en numerosas ocasiones. La Misión documentó 16 casos de detención en los que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas cautelares sustitutivas».

La causa del mal

En el informe se deja en claro que esta situación no habría podido ocurrir sin el proceso de cooptación del Poder Judicial que el chavismo puso en marcha casi desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999.

La instancia de la ONU denunció que el proceso de secuestro de la justicia se ha sustentado en el control del TSJ y del MP, mediante la designación de funcionarios afectos al oficialismo. En la actualidad 29 de los 32 magistrados militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), fueron ministros o diputados por esa formación o tienen nexos familiares con autoridades gubernamentales. El control del máximo juzgado, por su parte, ha facilitado el dominio del resto del sistema, gracias a la no celebración de los concursos de oposición. Algo similar ha ocurrido en la Fiscalía.

El socavamiento de la independencia judicial ha permitido situaciones como las siguientes:

«Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados casos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas veces actuando de forma coordinada».

Asimismo, la Misión constató que el Gobierno envía instrucciones a la justicia por tres vías: mensajes directos a magistrados, a través de intermediarios o por medio de declaraciones públicas de funcionarios públicos de alto nivel.

Misión de la ONU denuncia que cuerpos policiales y militares recurren a prácticas totalitarias
En el documento, denuncian que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar habrían amenazado a algunos señalados de participar en la Operación Gedeón de encarcelar a familiares para presionarlos a confesar 

Las torturas, detenciones arbitrarias o ejecuciones extrajudiciales son términos lamentablemente utilizados con frecuencia por los órganos internacionales de protección de derechos humanos cuando se trata el caso de Venezuela. Sin embargo, poniendo a prueba nuestra capacidad de asombro, ahora se informa que un patrón de persecución descrito anteriormente tiene sus raíces en una de las más feroces manifestaciones del odio como lo fue el nacionalsocialismo, responsable de una guerra mundial, millones de muertos y la persecución de inocentes solo por su raza, religión y por pertenecer a una minoría.

Así fue denunciado por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela en su segundo informe sobre la situación del país, presentado al público el pasado 16 de septiembre. En el documento, el grupo de expertos asegura haber recibido información de que agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) habrían amenazado con aplicar «sippenhaft» a disidentes bajo su custodia, en particular a algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. Esta práctica consiste en encarcelar a familiares de los detenidos para presionarlos a confesar o colaborar con sus planes.

En este sentido, se debe aclarar que el término no es una creación de la Misión, sino que cita lo dicho por los funcionarios, es decir, que los mismos están conscientes que este mecanismo de represión tiene su origen en el nazismo y así lo hacen saber a sus víctimas, seguramente para que el término tenga aún un mayor poder intimidatorio.

En el reporte se señala lo siguiente:

«El 7 de agosto de 2020, uno de los acusados en el caso Gedeón declaró ante elTribunal Cuarto de Control con Competencia en Casos de Terrorismo (…) que, entre la fecha de su detención el 20 de abril de 2020 y la fecha de su audienciade presentación el 8 de mayo de 2020, agentes de la DGCIM supuestamente lo interrogaron bajo tortura, incluso asfixiándolo con una bolsa, resultando necesario en una ocasión que fuera trasladado a un hospital militar para ser reanimado. Dijo al Tribunal de Control que, tras negarse a hacer las declaraciones que le plantearon durante la sesión de interrogatorio, funcionarios de la DGCIM le dijeron que aplicarían el «Sippenhaft» (una táctica de castigo colectivo utilizada por los nazis), que consistía en encarcelar a sus familiares como forma de presión. Dijo al tribunal que algunos funcionarios de la DGCIM fueron posteriormente a su casa y arrestaron a sus dos hermanas y a su cuñado, quienes fueron retenidos en la DGCIM de Boleíta durante 32 días. En el acta de la audiencia de presentación, no se indica que el Tribunal de Control haya tomado ninguna medida tras recibir esta información».

Este segundo informe fue elaborado tras analizar 183 casos de detenciones a disidentes y críticos ocurridos entre 2014 y 2021 y entrevistar a 177 personas, la mayoría de ellas víctimas de abusos, sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Poder Público. Los expertos trataron de obtener información de parte de las autoridades y para ello enviaron 17 cartas a Maduro, al fiscal general impuesto por la Constituyente, Tarek William Saab, al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, entre otros funcionarios, pero no recibieron respuesta ni se les permitió ingresar al país para constatar in situ la situación.

Práctica habitual

La Misión expuso el caso del primer teniente Franklin Caldera como otra prueba de las actuaciones irregulares de la DGCIM. El oficial, quien estaba en Colombia desde 2019 señalado de participar en un intento de asalto a una base militar, habría sido secuestrado en febrero de este año por agentes del organismo de inteligencia en la localidad de Cúcuta, según se lee en el reporte.

Como si aprehender a una persona en territorio extranjero no fuera suficiente, los agentes de la DGCIM habrían amenazado con liquidar a los familiares de Caldera si éste no cooperaba con ellos. Así, la Misión reseñó la siguiente información, conseguida tras conversar con abogados y familiares del oficial:

«El Director (de Investigaciones del organismo de seguridad) le dijo a Caldera: “Mi orden es matarte, pero si colaboras, te salvo la vida”. Los funcionarios de la DGCIM llevaron a Caldera a una casa en San Cristóbal, estado de Táchira. Le dijeron que estaba en “la primera fase”, explicándole: “La primera fase es cuando estás vivo, pero si no hablas, te pasamos a la segunda fase, cuando matamos a tu mamá, tu papá y tu hermana”».

Pese a que el oficial denunció este hecho a un juez militar, el funcionario no ordenó ninguna investigación ni tomó ninguna medida para garantizar la vida del denunciante y sus familiares, según se denuncia en el informe.

Para quebrar la voluntad de los detenidos, los cuerpos policiales y militares recurren a otras prácticas contrarias a los derechos humanos.

«La Misión descubrió que, una vez arrestadas, se mantuvieron a las personas detenidas sin ningún contacto con el mundo exterior, durante periodos que iban de días a semanas, mientras que los centros de detención, incluso en custodia del SEBIN y de la DGCIM, negaban información a la familia sobre su paradero».

Al respecto, los investigadores dejaron en claro que las desapariciones forzadas están a la orden del día en Venezuela.

Otra violación recurrente que constató la Misión es la denegación al derecho a la defensa. «De las 183 detenciones que la Misión examinó, 129 (el 70%) revelan claros indicios de injerencia en el derecho de defensa», denunció, al tiempo que indicó que las más frecuentes son la imposibilidad de designar a un abogado privado, impedirles a estos poder prepararse para representar a sus clientes, al negar acceso a su cliente o al expediente; o directamente intimidarlos y amenazarlos.

Impunidad total

La Misión tomó nota de la decisión del Ministerio Público de reabrir los casos del concejal Fernando Albán, el estudiante Juan Pablo Pernalete y del capitán Rafael Acosta Arévalo. Sin embargo, denunció que «el alcance de las investigaciones que se han estado adelantando es limitado, por cuanto no están siendo objeto de investigación todos los delitos graves o bien tan solo partícipes de bajo rango enfrentan procesos penales», y que hasta ahora no se han incluido a «personas en los niveles superiores de la cadena de mando».

Lo anterior pone en evidencia que lo hecho en estos casos no puede ser presentado ante la Corte Penal Internacional como muestra de la supuesta lucha contra la impunidad en materia de crímenes de lesa humanidad, sino que por el contrario alerta sobre la impunidad existente en las cadenas de mando.

Asimismo, el informe reveló que de los 19 casos de la represión selectiva contra opositores, incluidos en su primer informe, en 16 de ellos las autoridades seguían sin adoptar «medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas».

La Misión también pone en duda los datos oficiales que indican que entre 2014 y 2021 entre 379 y 397 funcionarios habían sido condenados por la justicia por su presunta participación en violaciones a los Derechos Humanos, pues la ausenciade información pública les impidió a los investigadores de la ONU verificarlos.

Bachelet denuncia que en Venezuela defender los DD. HH. y protestar se paga caro
La exmandataria chilena dijo que Gobierno de Nicolás Maduro  ha hecho escasos progresos para proteger a los defensores de derechos humanos

Pese a que la Constitución garantiza que todos los ciudadanos pueden «dirigir peticiones ante cualquier autoridad», así como «expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión», «participar libremente en los asuntos públicos» y «manifestarse», aquellos que decidan ejercer estos derechos en Venezuela pueden correr el riesgo de ser encarcelados, procesados hasta por tribunales militares, ser heridos e incluso perder la vida.

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar el 13 de septiembre de 2021 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el informe Situación de los Derechos Humanos y la asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela.

En el reporte, la exmandataria chilena se queja de los «escasos progresos» realizados por el Gobierno de Nicolás Maduro a la hora de proteger a los defensores de derechos humanos, al investigar «las violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos» y al momento de garantizarles «el derecho a participar en los asuntos públicos».

En este informe, que abarca hechos ocurridos desde junio de 2020 hasta junio de 2021, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH documentó 17 casos de violaciones de Derechos Humanos relacionadas con la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que incluyen 4 casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria. Muchos de los casos documentados iban acompañados de actos de violencia e implicaban la criminalización de actividades legítimas».

Al respecto, recordamos que en lo que va de año cinco activistas de Azul Positivo y tres de Fundaredes han sido detenidos, eso sin contar que desde finales del 2020 las sedes de Convite, Acción Solidaria y Alimenta La Solidaridad han sido allanadas y hostigadas.

«Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas», dijo Bachelet al presentar su reporte al Consejo.

Nadie está a salvo

Aunque ciertamente aquellos activistas que han decidido documentar y denunciar abusos tienen mayores posibilidades de ser agredidos y terminar tras las rejas, eso no quiere decir que el resto de la población esté exenta. Así lo reconoció Bachelet, quien denunció que su oficina documentó ocho casos de criminalización, amenazas, hostigamiento y detención de estudiantes por su participación en movimientos estudiantiles o en la documentación de violaciones de los derechos humanos.

La alta comisionada expuso lo siguiente:

«Tres casos consistieron en agresiones y hostigamiento contra cuatro miembros de la Confederación de Estudiantes de Venezuela durante la preparación de la Ruta por Venezuela. Su presidente fue detenido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en una asamblea frente al edificio de un partido opositor en Maturín (estado Monagas), el 16 de abril de 2021, y dos dirigentes estudiantiles fueron agredidos por miembros de las fuerzas de seguridad, en cuatro puntos de control diferentes, entre los estados Mérida y Portuguesa, en mayo de 2021».

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el mismo período Bachelet informó que también registró nuevas acciones contra miembros de sindicatos:

«Se documentó el enjuiciamiento de siete dirigentes sindicales y seis trabajadores por su defensa de los derechos laborales o por haber denunciado irregularidades, por delitos como terrorismo, asociación ilícita, revelación de secretos de Estado e incitación al odio, algunos de ellos tras ser denunciados por sus supervisores a las autoridades o tras haber publicado en las redes sociales mensajes críticos contra el Gobierno. Ocho siguen detenidos al momento de este informe. Dos dirigentes sindicales fueron supuestamente despedidos de sus puestos por su defensa de los derechos de los trabajadores».

¿No todo es malo?

Pese a los datos anteriores, la alta comisionada informó al Consejo que ha logrado establecer canales robustos de comunicación y cooperación con las autoridades venezolanas. Como prueba de ello informó:

«El ACNUDH ha remitido casos individuales documentados de detenciones, incluidas de mujeres, que requerían una solución urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, incumplimiento de órdenes judiciales de puesta en libertad, y continuación de la detención a pesar de haber cumplido las sentencias. De ellos, 152 personas habían sido puestas en libertad en el momento de redactar este informe».

Este intercambio también abarcó al Ministerio Público, intervenido por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente. La exmandataria chilena atribuyó a estos contactos «algunos avances en las acciones judiciales relativas a casos de graves violaciones de los derechos humanos», en particular destacó el hecho de que setenta y nueve casos de ejecuciones extrajudiciales y 18 muertes ocurridas en protestas estén siendo investigadas en la actualidad. Sin embargo, admitió que “hasta ahora la mayoría de estos casos permanecen en proceso, sin que se haya emitido una sentencia definitiva”.

Las averiguaciones que la Alta Comisionada asegura que la Fiscalía viene conduciendo para esclarecer casos de ajusticiamientos lucen ínfimas, al menos si se comparan con la cantidad de los crímenes presuntamente cometidos y denunciados en esta materia. Un informe publicado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2020 reveló que desde 2014 en el país 18.093 personas habrían perdido la vida a manos de agentes policiales y funcionarios policiales.

Por su parte, solamente durante la ola de protestas que sacudió al país en 2017 se registraron más de un centenar de fallecidos, de acuerdo con los datos manejados por el propio Ministerio Público.

En 2021 el despacho dirigido por Tarek William Saab reactivó casos como el del concejal opositor Fernando Albán o el del estudiante Juan Pablo Pernalete. No obstante, dichas acciones se antojan como maniobras para intentar escapar a un eventual proceso ante la Corte Penal Internacional (CPI), porque no hacen justiciarealmente.

Lo que no podía faltar

El grueso del reporte de Bachelet está centrado en la situación económica y social de Venezuela. La funcionaria achacó la persistencia de la crisis humanitaria a la pandemia de COVID-19 y a las sanciones impuestas por gobiernos como los de Estados Unidos y la Unión Europea.

Así, la exmandataria chilena mencionó el impasse ocurrido con las vacunas que el Gobierno adquirió con el mecanismo de la ONU conocido como COVAX. «El proceso de compra fue largo y los fondos para adquirir la vacuna habrían sido congelados durante varias semanas por las instituciones bancarias, según se reporta, debido a complicaciones relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales», denunció la alta comisionada, quien sin embargo obvió que el Ejecutivo rompió el acuerdo al que había llegado con la oposición en la materia a principios de año o su negativa a aceptar la vacuna británica AstraZeneca.

Lo anterior fue de unas razones esgrimidas por Bachelet para sumarse al Gobierno de Maduro y solicitar el levantamiento de las medidas. Sin embargo, no aclaró si se refería solamente a las pocas impuestas a Petróleos de Venezuela (PDVSA) y el Banco Central de Venezuela (BCV), o si también se refería a las que pesan contra funcionarios, exfuncionarios y otras individualidades vinculadas al chavismo.

En este aspecto, Bachelet siguió la línea trazada por la relatora de la ONU sobre medidas unilaterales coercitivas, Alena Douhan, quien visitó el país a principios de año, sin aclarar como lo había hecho en su informe de 2019 que la crisis humanitaria es anterior a las sanciones.

La opacidad del gobierno impide auditar asignaciones de minas a gobernadores
 
Acceso a la Justicia destaca falta de transparencia en procedimiento empleado por Maduro para la adjudicación de los yacimientos de oro a gobernadores o protectores del régimen

Con miras a las elecciones del 21 de noviembre, en junio de este año una promesa de Nicolás Maduro fue la eliminación de los protectorados, una ilegal figura que implementó en aquellos estados y municipios donde la oposición resultó electoralmente favorecida para la gobernación o alcaldía.

“A partir de estas elecciones, creo que lo mejor es gane quien gane, le toque el gobierno en su estado, en su municipio. Y lo que a nosotros corresponde y a mí corresponde vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y protectoras por estado y municipio, para que gobierne el que gane. Gobierne y punto. Vamos a ver cómo les va. Se elimina ese protectorado“, fue la promesa de Maduro, que causó escepticismo en la oposición.

Los cuestionamientos se centraron en por qué esperar hasta el 21 de noviembre y no hacerlo inmediatamente. Dos meses después de aquella promesa, parece recular.

“Nosotros estamos en diálogo con las oposiciones. Tenemos como cuatro mesas de diálogos. Ellos pidieron como garantía política que después de las elecciones del 21 de noviembre se eliminaran los protectores. Estuve de acuerdo, pero ayer me quedé pensativo con lo que ocurre en Mérida», indicó en cadena nacional.

La ONG Acceso a la Justicia recuerda, además, otro detalle que parece olvidado o pasa desapercibido: la asignación de minas de oro para gobernadores y protectorados.

“Voy a proceder a entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo”, dijo Maduro en octubre de 2019.

Esto suponía que los gobernadores podrían disponer de los recursos que produjera el yacimiento e invertirlo en las necesidades de sus estados. La oferta quedaba sin efecto para los estados Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta, por ser gobernados por la oposición.

La Asamblea Nacional electa en 2015 se negó a esto y mediante acuerdo parlamentario determinó que el Ejecutivo nacional “no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido, y en ese sentido, la ley de asignaciones especiales, que ha sido dejada a un lado por el gobierno usurpador, debió establecer, como se hizo en el pasado, un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados, en cuyo territorio se encuentren situadas las minas, sin perjuicio de que también puedan establecerse asignaciones especiales en beneficio de otros estados”.

Acceso a la Justicia recuerda que la medida de Maduro también fue denunciada por la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos, por ser ilegal y afectar la seguridad, el ambiente y la población indígena.

Acceso a la Justicia señala que la adjudicación de minas obedece a una política gubernamental que busca “echar mano de los recursos naturales del país y dividirlos entre acólitos”

Opacidad en la asignación

La ONG hace hincapié en que “hasta ahora se desconoce el procedimiento que ha usado el gobierno de Maduro para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país a las gobernaciones y los protectorados, así como a otras entidades públicas o privadas”.

La poca información es que se lleva a cabo en ejecución del Plan Minero Tricolor, un proyecto que anunció en junio de 2019 en el marco del Arco Minero del Orinoco, y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito, destacó la organización.

Es de recordar que mediante decreto 2.248 del 24 de febrero del 2016, inconstitucionalmente se creó la zona del Arco Minero del Orinoco (AMO), para la explotación de bauxita, diamantes, oro y hierro, entre otros minerales.

“Desde entonces existe un control y dominio absolutos sobre el área delimitada a través de concesiones, impuestos, exportaciones, regalías, hasta tal punto que en 2020 la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció los serios abusos y violaciones de derechos humanos en el AMO al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo”, resaltó Acceso a la Justicia.

En el informe también se denunció que “niños, algunos menores de 10 años, trabajaban en las minas, y que desde 2016 ha habido en la zona un fuerte aumento de la prostitución y la explotación sexual de mujeres, incluyendo adolescentes, más allá del control que ejercen los grupos delictivos o elementos armados”.

Para Acceso a la Justicia, otra de las evidencias de la falta de transparencia en la asignación de yacimientos de oro a las entidades federales es que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, creado en 2016 a partir del nacimiento del AMO, nunca ha publicado una memoria y cuenta sobre la producción aurífera en el sur del país”.

“La asignación de una mina de oro a cada gobernación del país por cuenta propia de Maduro representa el arbitrario proceder en el manejo de los fondos públicos sin ningún control por parte de la AN”.

Arbitrariedades y violaciones al orden jurídico

“Existe un bloque normativo aplicable directamente a los yacimientos y minas de oro que limita y restringe inexorablemente la actuación del Ejecutivo nacional para que sean utilizados en razón de su carácter de utilidad pública e interés social, y la pretendida asignación de estos minerales a las gobernaciones y protectorados no se corresponde con estas causas”, reitera la ONG.

En ese sentido, el artículo 12 constitucional determina que los yacimientos de hidrocarburos, mineros y las costas marinas son del dominio público y, por ende, son bienes inalienables, imprescriptibles e inembargables.

“El régimen de dominio público se trata, sin duda, de una forma de limitación del poder en el manejo de estos bienes que pertenecen al Estado, evitando así que pueda haber una apropiación indebida de estos recursos. De ahí que la inalienabilidad impida que se puedan enajenar. La imprescriptibilidad permite mantenerlos al margen del tráfico jurídico privado, por lo que no pueden obtenerse mediante la prescripción adquisitiva de dominio. Por último, la inembargabilidad los protege frente a los juicios para que no puedan ser embargados”, explica Acceso a la Justicia.

Otra violación es al artículo 156, numeral 16 de la Constitución, el cual establece la reserva legal para el régimen y administración de las minas y yacimientos y, con ello, la regulación referente a las modalidades de explotación y aprovechamiento de este recurso, así como la aplicación del poder tributario en materia de fiscalización y recaudación de los tributos.

“Del mismo modo, se desconoce el artículo 302 constitucional, que consagra la figura de la reserva legal de la actividad petrolera y otras industrias, explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico, como la minería del oro”.

También se infringe el decreto de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos.