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Acceso a la Justicia

Acceso a la Justicia: Policía venezolana sigue siendo peligrosa para los ciudadanos y es cada vez más ineficiente
Entre 2016 y 2021, 30 mil venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad

Los organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden», así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: “La administración de justicia penal en Venezuela”.

La ONG recuerda que hace más de un mes, el pasado 9 de abril, las autoridades anunciaron la detención de seis agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), por su presunta participación en el asesinato, dos días antes, de Daniel Lezama, en un restaurante en Carúpano, estado Sucre, y por pretender hacer creer que la víctima era un delincuente que quiso resistirse a la autoridad.

Pese a que el director del cuerpo al que están adscritos los indiciados, comisario Douglas Rico, se apresuró a calificar el hecho como una «mala práctica policial» en la que incurrieron unas «manzanas podridas», lo cierto es que este tipo de lamentables situaciones se producen en el país con una escalofriante frecuencia. Así lo revela el informe de Acceso a la Justicia: La administración de justicia penal en Venezuela, en el cual se asegura que los organismos de seguridad «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden».

Para sustentar esta aseveración, en la investigación se citan los datos publicados entre 2016 y 2021 por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), los cuales arrojan que 30.088 venezolanos fueron asesinados por agentes policiales y efectivos militares en presuntos enfrentamientos a la autoridad.

En el reporte se sostiene que estos escalofriantes números podrían explicar por qué la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha iniciado una investigación sobre Venezuela. Se afirma en el texto que «las ejecuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma».

Los hallazgos de esta investigación están en sintonía con los contenidos en el informe que Acceso a la Justicia publicó en 2020, El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se concluía que los venezolanos no solo estaban a merced del hampa sino de quienes supuestamente deben protegerlos.

Sin rastro ni idea

En este nuevo estudio se denuncia que lLos organismos de seguridad en Venezuela «están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden«, así lo revela el informe de Acceso a la Justicia; como prueba de ello se destaca que el número de homicidios en averiguación no para de crecer.

Así, 2021 cerró con 4.003 homicidios en averiguación, mientras que un año antes fueron 3.507, según contabilizó el OVV. ¿Qué significa ello? Que en estos casos no se han identificado a los presuntos autores de las muertes ni tampoco se han esclarecido las causas de las mismas.

Estas cifras ponen en tela de juicio la efectividad del CICPC, sobre todo porque este tiene la responsabilidad constitucional y legal de hallar a los responsables de los delitos que ocurren en el país. En el reporte se deja entrever que esto podría ser consecuencia de las reformas legales que el chavismo ha aprobado en los últimos años y las cuales han «otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP».

Asimismo, en el informe se recuerda que este organismo figura entre los más señalados de cometer ejecuciones extrajudiciales, de acuerdo con los datos manejados por organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Proiuris.

La militarización es el problema

Acceso a la Justicia concluyó en su investigación que la militarización es una de las causas por las cuales los cuerpos policiales se han convertido en una amenaza para los ciudadanos, en especial aquellos que habitan en las zonas populares.

En el reporte se afirma lo siguiente:

Si “la racionalidad bélica” con la que se guían los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes.

También se recuerda que 80 % de quienes han ocupado el cargo de Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde 1999 han sido generales o almirantes activos o en situación de retiro.

Además, desde 2014 la administración de Nicolás Maduro ha venido aprobando normas legales en las que se le da a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) más potestades en materia de seguridad ciudadana. Veintisiete contabilizó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, y entre ellas destaca la resolución n.° 8610 que el ministro de Defensa dictó en enero de 2015. A través de esta normativa se autorizó a los militares a intervenir en reuniones y manifestaciones públicas usando armas de fuego en casos extremos, algo expresamente prohibido en la Constitución.

Estas medidas no solo representan una desviación de lo establecido en la carta magna y en las leyes, sino que contradicen lo establecido por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha advertido sobre el uso de los militares en temas de seguridad al recordar que la historia del continente está plagada de casos en los que esta opción «ha traído como consecuencia graves crímenes y violaciones a los derechos humanos».

ONG Acceso a la Justicia presentó informe en la que expone el deterioro del sistema penal venezolano
El documento cita que los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado

«Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles».

«El mandato establecido en el artículo 26 de la Constitución es hoy letra muerta y los venezolanos se encuentran desprotegidos no solo ante la acción de la delincuencia sino del propio Estado, pues las instituciones encargadas de investigar y juzgar cualquier delito no son capaces de realizar dicha labor».

Así lo denunció «Acceso a la Justicia» en su informe «La administración de justicia penal en Venezuela», el cual se expone con toda crudeza el calamitoso estado en el que están las policías, el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial, debido a factores como la corrupción y la falta de recursos económicos.

Para la elaboración de esta investigación se analizaron las reformas que ha sufrido el marco jurídico venezolano en las últimas dos décadas, su impacto en la labor de los organismos antes mencionados y se consultaron informes de organizaciones nacionales e internacionales sobre la materia.

Partidismo inmiscuido

En el texto se afirma que: «En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas las instituciones, las partidizó y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios y de ganancias«.

Esta estrategia les permitió a los gobiernos de Hugo Chávezprimero; y de Nicolás Maduro, después, imponer sus planes políticos y económicos y, además, silenciar a quienes se oponían a ellos, en especial a los que hicieron uso de sus derechos constitucionales a la protesta, a la participación en los asuntos públicos y a la libertad de expresión.

«El sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales», se denuncia en el reporte.

En el informe se explica que la cooptación del Poder Judicial comenzó nada más entrar en vigor la carta magna de 1999, al no cumplirse cabalmente el procedimiento para designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), lo cual produjo un efecto en cascada hacia el resto del sistema de administración de justicia.

Al respecto, el reporte denuncia lo siguiente: «El TSJ nunca ha sido nombrado como establece la Constitución, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente dependiente del poder político. Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del Estado de derecho en Venezuela. Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transformado en legalizadores de sus actuaciones».

Asimismo, se recuerda que el TSJ no solo es el más alto tribunal de la República, sino que además ejerce funciones de dirección, administración y gobierno del Poder Judicial, por lo cual tiene «la potestad de nombrar y juramentar a los jueces» y «de supervisar la gestión de los tribunales y sus recursos».

Sin concursos de oposición

Desde finales del año 2003 no se celebran en Venezuela los concursos de oposición que ordena la Constitución para la asignación de los cargos de jueces, pues el TSJ no los ha vuelto a convocar. En su lugar, ha optado por realizar designaciones temporales y provisorias, a través de la Comisión Judicial.

«Esto ha puesto a los jueces en una situación muy precaria, ya que, al no haber sido designados como resultado de un concurso público de oposición, según jurisprudencia del propio TSJ, no adquieren la titularidad de su cargo y pueden ser destituidos en cualquier momento y sin procedimiento alguno».

Tal situación abre las puertas a que los jueces sean objeto de presiones para tomar decisiones, sin importar lo que digan las leyes y las pruebas que tengan al frente, so pena de perder sus empleos.

Los tribunales no son los únicos integrantes del sistema judicial con problemas. De hecho, en el informe también se analiza la situación del MP y de la Defensa Pública (DP).

En el caso del MP, se denuncia que desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999 también ha estado controlado por el chavismo, y que además casi la totalidad de los fiscales son provisorios. Como si lo anterior no fuera suficiente, se expone que en las últimas dos décadas la Fiscalía ha visto cómo sus potestades, en su función de conducir las investigaciones relacionadas con los delitos y de ejercer la acción penal contra los presuntos responsables de los mismos, han sido disminuidas mediante una serie de reformas legales o fallos del TSJ.

Sobre la DP también se destaca su falta de independencia y se recuerda que tanto la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han expresado su alarma por la tendencia de los jueces y fiscales a presionar a las personas involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de violaciones de derechos humanos, para que no nombren a sus propios abogados y que recurran a los que proporciona el Estado, y en caso de no hacerlo se les amenaza con represalias, tales como la prohibición de acceder al expediente, darles información oportuna sobre las audiencias y/o penas más duras.

El informe: «La administración de justicia penal en Venezuela» hace una radiografía que explica las causas y razones por las cuáles el sistema judicial venezolano en lugar de cumplir con su deber de castigar las infracciones a la ley y reparar las víctimas se ha convertido en un organismo más de represión del Gobierno.

La investigación deja en claro la importancia para la democracia, los derechos humanos y los ciudadanos de a pie de contar un Poder Judicial independienteautónomoprofesional capacitado.

Acceso a la Justicia: El chavismo vuelve a recurrir a la justicia penal para perseguir y silenciar a las voces disidentes
El gobernador Rafael Lacava arremete contra activistas de derechos humanos

En Venezuela el Poder Judicial, en particular el área penal, continúa sirviendo como instrumento para perseguir y silenciar a las voces disidentes en el país, asegura la ONG. Acceso a la Justicia, recordando que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela dijo; «El sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión estatal de opositores al Gobierno».

Prueba de lo anterior es la demanda por «difamación agravada continuada» que el gobernador de Carabobo, el chavista Rafael Lacava, interpuso contra los activistas de derechos humanos, Marino Alvarado y Alfredo Infante, luego de que estos solicitaran al Ministerio Público (MP) que investigara al funcionario por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad y que habrían sido cometidas por agentes de la policía estadal, la cual está bajo su mando.

«Lo que hemos hecho (…) es lo que nos corresponde: Hay unas graves violaciones a los derechos humanos y [hemos exigido] que se investigue a los autores materiales y a las cadenas de mando. Esta es la consecuencia [en alusión a la demanda] de ser exigentes en materia de Derechos Humanos, es el riego que corremos los defensores de derechos humanos por exigir que se investiguen las cadenas de mando».

Así se quejó Alvarado, quien es coordinador de Exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter de la organización.

El pasado 14 de marzo, ambos activistas presentaron un informe, en el cual denunciaban que en 2021 se registraron en el país 1.414 ajusticiamientos, de los cuales 347 (25,54%) presuntamente habrían sido cometidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), mientras que 426 (30%) por policía estadales, siendo la de Carabobo la más señalada, con 132 casos. Ante estos datos los defensores instaron al MP y a la Defensoría del Pueblo a iniciar las respectivas averiguaciones y no limitarse solo a los autores materiales, sino investigar también incluir a sus superiores.

No es la primera vez

La acción de los defensores no quedó sin respuesta, sin embargo, no en la forma en la que seguramente estos esperaban: el gobernador Lacava, en lugar de iniciar una investigación administrativa motu proprio o incluso presentar elementos que prueben que no está relacionado con los abusos antes mencionados, acudió a los tribunales para presentar una querella contra los activistas por «exponerlo al desprecio o al odio público». El 16 de mayo los defensores recibieron una boleta del Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio de Carabobo, fechada tres días antes, en la cual los insta a designar a sus abogados para enfrentar el respectivo proceso.

Esta no es la primera vez que Provea afronta un proceso judicial por ejercer su labor de defensa de las garantías fundamentales. En agosto de 2012 el MP denunció a esta organización y a la agrupación Sociedad Homo et Natura por apoyar y difundir información sobre una protesta que realizaron representantes de comunidades yukpa frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en julio de ese año. En este caso la Fiscalía acusó a las organizaciones de violar disposiciones de la Ley Orgánica de Niños y Adolescentes (Lopnna), pues en la manifestación participaron niños indígenas.

Así como en el caso anterior, en el presentado por el gobernador Lacava, no solo se vuelve a apuntar contra reconocidos miembros del movimiento de derechos humanos en Venezuela, sino que también se recurre a la justicia penal para criminalizarlos, esta vez mediante el empleo de la figura prevista en el artículo 442 del Código Penal, alegando que las denuncias formuladas contienen mensajes lesivos a su «honor o reputación».

Pero esto tampoco es nuevo. En las últimas dos décadas funcionarios de distinta jerarquía han iniciado decenas de juicios privados contra abogados, defensores, periodistas y políticos. Uno de los casos más antiguos, y posiblemente el que allanó el camino para esa estrategia, fue el que en 2003 inició el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), el fallecido Willian Lara, contra el constitucionalista Tulio Álvarez.

El jurista, en un artículo publicado en el desaparecido diario Así es la Noticia, recordó un informe de la Superintendencia de Seguros que denunciaba irregularidades en la Caja de Ahorros del Parlamento, lo cual provocó la ira del legislador oficialista. En 2009 la justicia condenó a Álvarez, a quien, aunque no terminó tras las rejas, se le impuso prohibición de salida del país. En 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que esa decisión supuso una violación a la libertad de expresión del abogado.

Esto se lee al respecto en el fallo del tribunal continental:

«Si bien el señor Álvarez se manifestó de forma crítica, eso no implica que su discurso quede desprotegido bajo la óptica del derecho a la libertad de expresión. Esta clase de discurso también debe ser protegido pese a ser incómodo y emplear un lenguaje incisivo, máxime cuando en una sociedad democrática las críticas hacia los funcionarios públicos no son solamente válidas sino necesarias».

Además, la corte reiteró su criterio de que «sin una efectiva libertad de expresión, materializada en todos sus términos, la democracia se desvanece, el pluralismo y la tolerancia empiezan a quebrantarse, los mecanismos de control y denuncia ciudadana se empiezan a tornar inoperantes y, en definitiva, se empieza a crear el campo fértil para que sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad».

En 2004, el entonces ministro de Comunicación, Jesse Chacón, se querelló contra la periodista Alicia La Rota pues esta publicó una información en la que aseguraba que el funcionario compró un cuadro de Armando Reverón por más de 100.000 dólares. Pese a que la comunicadora rectificó, el funcionario no se dio por satisfecho y siguió con el juicio.
En 2016, el exministro de Agricultura, Carlos Osorio, presentó una demanda contra los entonces diputados Carlos Berrizbeitia e Ismael García, al señalarlo de estar incurso en hechos de corrupción. La jueza Tercera de Primera Instancia en lo Civil de Carabobo, Omaira Escalona, falló a favor del exfuncionario al prohibir a los diputados declarar, publicar y difundir información en los medios y redes sociales que «atenten contra el honor y reputación» de Osorio. Además, les ordenó indemnizarlo con 900 millones de bolívares.

Cabello, el gran demandante

Sin embargo, quien ha hecho de los juicios por difamación su arma predilecta para lidiar con sus oponentes ha sido el diputado Diosdado Cabello. En 2013, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) demandó al editor del diario Tal Cual, el fallecido Teodoro Petkoff, y a los demás miembros de la directiva del matutino, por un artículo de opinión escrito por el exministro de Ciencia, Carlos Genatios, en el que aseguraba –incorrectamente– que el oficialista había declarado que «si no les gusta la inseguridad, váyanse». Tras tres años de proceso, durante el cual se le obligó a Petkoff a presentarse periódicamente a los tribunales y se le impidió salir del país, la jueza declaró el sobreseimiento del mismo.

Dos años después, Cabello inició una batalla legal contra El Nacional. También lo hizo contra otros medios, lo que generó que sus directores huyeran del país para poder salvarse de la cárcel. ¿El delito? Replicar unas publicaciones de los diarios Miami Herald y ABC en las cuales se hacían señalamientos contra el legislador. En 2018 el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas declaró con lugar la demanda y le ordenó al diario pagarle a Cabello mil millones de bolívares (para ese entonces cerca de 12.700 dólares) como indemnización.

No obstante, en 2021 la Sala de Casación Civil del TSJ, atendiendo una petición de los abogados del diputado, revisó el monto de la sanción y la fijó en 237.000 petros (equivalentes a poco más de 13,25 millones de dólares), debido al «gravísimo» daño que sufrió el parlamentario en su honor. Ante el impago de la multa, la justicia le arrebató al matutino su sede y se la entregó al parlamentario demandante.

Acceso a la Justicia: Si se cumplen cronogramas en abril Venezuela podría estrenar un TSJ más pequeño
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que las postulaciones de magistrados en ejercicio no solo contradicen la Constitución, sino que representan un peligro para la independencia de la justicia

Si se cumple con los plazos fijados en el cronograma aprobado por el Comité de Postulaciones Judiciales, designado por la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020, es probable que en abril, los venezolanos podrían conocer la identidad de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual, como hace más de quince años, pasará a estar integrado por veinte magistrados principales y veinte suplentes.

En efecto, de esta manera se daría cumplimiento a lo previsto en la reforma que sufrió en enero pasado la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), pero, asimismo confirma las sospechas de que el proceso o persigue reconstruir la independencia de la justicia, asegura la ONG Acceso a la Justicia al comentar los alcances de la reforma.

El proceso de selección, de acuerdo a los tiempos de ley, debería estar en la fase de tramitación de las impugnaciones, período en el cual los ciudadanos podrán poner reparos a las aspiraciones de alguno de los 434 candidatos. En la lista publicada el pasado 23 de febrero figuran treinta y nueve miembros del actual máximo juzgado, treinta de los cuales son titulares o suplentes que están cubriendo vacantes y los otros nueve son suplentes.

Una vez recibidas las objeciones, la instancia evaluadora tendrá ocho días para decidir si las mismas tienen algún sustento o si las desecha por infundadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la reforma de la LOTSJ.

Hasta el momento el Comité no ha informado oficialmente cuántas objeciones ha recibido; es más, desde que el 23 de febrero publicó la lista de candidatos no ha dado cuenta de la marcha del proceso, al menos a través de su cuenta de Twitter, lo cual refuerza más las dudas sobre su transparencia. Lo poco se sabe es que uno de sus integrantes, el diputado oficialista Francisco Torrealba, informó el 9 de marzo que se habían recibido escritos de cinco ciudadanos que impugnaron a trece de los postulados.

En caso de que acepte alguno de los cuestionamientos, según la Ley, el Comité deberá convocar al candidato impugnado a una audiencia oral, en la que este podrá presentar descargos en su defensa. Estos actos deberán celebrarse tres días después que el Comité notifique a los objetados. Si los evaluadores consideran que necesitan más información sobre alguno de los candidatos a magistrados, podrán requerirla a cualquier órgano público o privado y la misma deberá ser suministrada en cinco días continuos, señala el artículo 72 de la LOTSJ.

Una vez resueltas las objeciones, los evaluadores deberán realizar una primera selección para tener una lista de no menos de sesenta nombres, la cual remitirán al Consejo Moral Republicano, órgano integrado por el fiscal general, el defensor del pueblo y el contralor general de la República, para que aquel haga en un plazo de diez días una segunda preselección sobre la cual la plenaria de la AN realizará los nombramientos definitivos con el voto de las 2/3 partes de sus miembros.

De cumplirse los lapsos a más tardar a mediados del próximo mes, culminará el sexto proceso de remodelación que sufre el máximo juzgado en dos décadas. Junto a la designación de los magistrados se producirá también la del nuevo inspector general de Tribunales y del director de la Escuela Nacional de la Magistratura, los otros dos organismos del Poder Judicial cuyas máximas autoridades ya no dependerán del pleno del TSJ.

Sin embargo, el vicepresidente del Comité de Postulaciones, José Gregorio Correa, anunció en horas del mediodía del 11 de marzo la existencia de una lista de candidatos preseleccionados a magistrados, director de la Escuela Nacional de la Magistratura e inspector general de tribunales. Agregó que son un total de 271 y que espera el nombramiento del nuevo TSJ antes de que finalice marzo, sin precisar si se tramitaron las impugnaciones conforme a la Ley. Lo cierto es que no ha habido mayor información sobre el proceso de selección de candidatos, sino cuando se cumple una etapa y se pasa a la siguiente, o hay una prórroga de un lapso, por lo que no se puede decir con certeza lo que ocurrió.

Los magistrados eternos

¿Quiénes desean vestir una de las veinte togas del nuevo TSJ? Ya mencionamos que treinta y ocho magistrados en funciones y una exmagistrada aspiran nuevamente al cargo, esto, a pesar de que el artículo 264 de la Constitución de 1999 señala claramente que ocuparán ese cargo «por un único período de 12 años». No obstante, esta limitación fue burlada por la Asamblea Nacional electa en 2020, la cual en la reforma de la Ley Orgánica del TSJ estableció en la disposición final segunda que los magistrados en ejercicio que no hubieran terminado su período, podrían postularse nuevamente.

La maniobra del Parlamento controlado por el chavismo ha permitido situaciones insólitas como las de los magistrados Carmen Zuleta de Merchán y Juan José Mendoza, miembros de la Sala Constitucional; y de Malaquías Gil, actual vicepresidente de la Sala Electoral, cuyos períodos expiran en diciembre de 2022, es decir han pasado más de once años en el máximo juzgado, pero ahora intentan continuar por otra docena de años más.

Incluso la anterior presidenta del organismo, magistrada Gladys Gutiérrez, se ha postulado para otro período, a pesar de haber pasado diez años en la Sala Constitucional, haber estado en 2020 en comisión de servicios como rectora en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego renunciar a su cargo para asumir la representación venezolana ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Desde Acceso a la Justicia compartimos la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a que las postulaciones de magistrados en ejercicio no solo contradicen la Constitución, sino que representan un peligro para la independencia de la justicia. Al respecto, el organismo señaló lo siguiente en febrero pasado:

“Una persona operadora de justicia que pretenda ser reelegida corre el riesgo de comportarse de tal modo que obtenga el apoyo de la autoridad encargada de tal decisión, o de que su comportamiento se perciba de este modo por los justiciables”.

Pero en la lista publicada por el Comité de Postulaciones Judiciales no solo hay magistrados en ejercicio, sino también algunos que ya estuvieron ejerciendo esa posición de manera temporal y que no fueron ratificados en otras ocasiones por la AN. Son los casos de los abogados Úrsula Mujica o Rafael Pérez Moochet.

Asimismo, hay jueces jubilados o que renunciaron a sus cargos que aspiran volver al Poder Judicial a través de su máxima instancia, entre ellos destacan Renée Moros, quien fue exmagistrada de la Corte de Apelaciones especializada en Violencia contra la Mujer de Caracas; Clotilde Condado y Jesús Orangel García, exmagistrados de la Corte de Apelaciones de Caracas.

Incluso el abogado y exjuez penal Ángel Zerpa se ha postulado, aunque en 2017 fue designado por la anterior AN como miembro del llamado TSJ en el exilio y haber sido detenido tras ello.

De otros poderes

El cargo de magistrado parece que ha recuperado su atractivo, prueba de ello es que entre los aspirantes figuran funcionarios y exfuncionarios de otros poderes del Estado de los últimos veintitrés años, es decir, del período en que el chavismo ha estado en el poder. Entre los más llamativos está la actual rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, así como sus excolegas Luis Emilio Rondón y José Luis Gutiérrez Parra o la exprocuradora general de la República, Marisol Plaza.

Entre los 434 candidatos hay diputados del actual Parlamento, como Gladys Requena (quien en principio fue designada como miembro del Comité de Postulaciones Judiciales y luego presentó su renuncia), Hermann Escarrá, Leopoldo Pita o Elvis Junior Hidrobo Pérez. Este último es hijo del contralor general de la República impuesto por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, Elvis Amoroso.

El actual secretario ejecutivo del Consejo de Derechos Humanos y quien funge como representante del Estado ante los organismos internacionales de Derechos Humanos, Larry Devoe, también figura entre los postulados a magistrado. Otros nombres conocidos y polémicos son los de Katherine Harringthon, Jesús Gerardo Peña o de Gilberto Landaeta.

Katherine Harrighton fue fiscal y luego se desempeñó como viceministra del Interior. Sin embargo, en 2017 saltó a la palestra, pues fue designada por la Sala Constitucional como vicefiscal en respuesta a la decisión de la anterior titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, de acusar a esa sala de romper «el orden constitucional» con sus fallos contra el anterior Parlamento.

Por su parte, Jesús Gerardo Peña se desempeñó como fiscal durante la gestión de Ortega Díaz y luego fue director en lo Constitucional y Contencioso Administrativo con Tarek William Saab, pero desde 2017 trabaja en el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Por último, destaca el nombre del también exfiscal Gilberto Landaeta, quien integró el equipo que el exfiscal general de la República, Isaías Rodríguez, nombró para investigar el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson. La actuación de este funcionario fue muy cuestionada y se lo removió luego de un incidente con la Policía del estado Vargas, del cual terminó siendo sobreseído en 2009.

Acceso a la Justicia: “El proceso de selección de los magistrados del TSJ avanza a todo vapor”
La intención es realizar la designación de los nuevos miembros del máximo juzgado cuanto antes

El proceso de remodelación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puesto en marcha por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y el cual es el sexto que sufre el organismo rector del Poder Judicial desde la entrada en vigor de la Constitución de 1999, avanza a “Todo vapor”, asegura la ONG Acceso a la Justicia.

En efecto, luego que el pasado 18 de enero se aprobase, de manera exprés y por unanimidad, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), el Parlamento ha tomado medidas que dejan en claro que la intención es realizar la designación de los nuevos miembros del máximo juzgado cuanto antes.

Prueba de lo afirmado es que sin esperar a que la ley modificada fuera publicada en Gaceta Oficial, requisito indispensable para considerar que un texto legal está vigente, el 20 de enero el Legislativo procedió a designar a los once diputados que conforman la llamada Comisión Preliminar, prevista en el artículo 65 reformado. Cabe recordar que esta instancia no está establecida en la Constitución, pero aun así se le asignó la tarea de seleccionar entre universidades, gremios y organizaciones civiles a los restantes diez miembros del órgano que evaluará a los candidatos a magistrados.

Desde el jardín del Palacio Federal Legislativo, el presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, dio a conocer que el diputado chavista Giuseppe Alessandrello coordinará la comisión. El día 28 de enero fue publicado en Gaceta Oficial el acuerdo de la AN en el que además de Alessandrello, se incorporaron a la comisión los diputados Gladys Requena (días después renunció y fue sustituida por Desirée Santos Amaral), Rosa León, Carolina Cestari, Julio García Zerpa, José Villarroel, Francisco Torrealba, José Gregorio Correa, Timoteo Zambrano, Luis Parra y Alfonso Campos.

No se puede obviar que Alessandrello fue también quien coordinó el Comité de Postulaciones Electorales que tuvo a cargo la polémica designación de los actuales rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La sociedad civil brilla por su ausencia

El pasado 2 de febrero Giuseppe Alessandrello informó que Giovanni Nani, Carlos Alberto Boully Gómez, Wilmer García, Evelyn Bermúdez, Jesús González, Henry Hamdan Llabar, Mercedes Gutiérrez, Arelis Poleo, José Fuentes y Alfonzo Granadino Malavé fueron escogidos de 104 personas para completar el Comité. La sociedad civil organizada (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales) nunca fue invitada.

Adicionalmente, algunas de las caras de los representantes de la sociedad civil seleccionados son viejos conocidos de la AN oficialista. Una prueba la constituye la designación del sacerdote Carlos Alberto Boully Gómez, actual rector de la Universidad Católica Santa Rosa, quien mantiene contactos con altos funcionarios del Estado como el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, a quien le confirió un doctorado honoris causa en 2019.

Boully, postulado por el sector de las universidades, ya integró el Comité de Postulaciones Electorales que seleccionó en 2021 a los actuales rectores del Poder Electoral.

El caso del religioso no es el único. La designación de Mercedes Gutiérrez, propuesta por el sector de trabajadores y quien fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) también siembra dudas sobre la transparencia e idoneidad del Comité. No se puede olvidar que la ANC fue una instancia creada por el régimen de Nicolás Maduro en 2017 para obstaculizar y usurpar el ejercicio de las funciones de la AN, electa en las elecciones legislativas celebradas en diciembre de 2015.

Además, se debe advertir que se desconocen los criterios empleados para la selección de estos diez miembros del Comité, así como la metodología o el baremo utilizados por la AN para evaluar las credenciales de los aspirantes, una situación que quiebra indudablemente el principio de transparencia e imparcialidad, aparte de que no garantiza la autonomía del próximo TSJ frente a los demás poderes del Estado.

Con esto la AN vicia el procedimiento de selección de los nuevos magistrados del TSJ, por cuanto el mismo se viene realizando a contravía de los principios constitucionales.

Sin obstáculos

El 4 de febrero, apenas cuarenta y ocho horas después de terminar de conformarse, el Comité de Postulaciones Judiciales realizó la convocatoria pública para la postulación de aspirantes a integrar el TSJ y estableció los requisitos, los cuales son idénticos a los empleados en los procesos anteriores.

Si bien el lapso de recepción de recaudos quedó inicialmente abierto hasta el 15 de febrero, fue extendido hasta el 18 de febrero «motivado a un sin número de solicitudes que solicitaron tiempo extra, debido a que algunos de los requisitos deben ser apostillados. Estamos dentro de la Ley que dice que tenemos hasta 30 días para desarrollar este proceso», según informó el diputado Alessandrello, quien días atrás también señalaba que los nuevos veinte magistrados serán nombrados antes de abril. El día 18 de febrero se anunció una segunda prórroga hasta el día 21 de febrero a las 5 p.m.

Sobre el plazo para la recepción de las postulaciones, el artículo 70 de la LOTSJ establece que «no será mayor de treinta días continuos». Concluido el lapso de postulación, el Comité publicará al día hábil siguiente los nombres de los postulados y se iniciará así el plazo de quince días continuos para que los interesados puedan presentar sus objeciones, mediante prueba fehaciente, respecto de cualquiera de los candidatos del listado publicado, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la ley. El Comité deberá pronunciarse sobre las objeciones en ocho días continuos y deberá notificar por cualquier medio al postulado impugnado, para una audiencia dentro de los tres días siguientes, con el objetivo de que exponga su defensa.

Una vez que el Comité resuelva las impugnaciones elaborará el listado de candidatos preseleccionados que presentará al Poder Ciudadano, quien mediante su Comité de Evaluación de Postulaciones hará una segunda preselección de candidatos y remitirá a la AN la lista final, para que esta haga la elección definitiva con el voto de las 2/3 de sus miembros, siempre que no se llegue a la cuarta convocatoria, en la cual se hará con la mayoría simple de votos de quienes estén presentes.

Acceso a la Justicia: Con la reforma de la Ley de Registros y Notarías se avanza en la imposición del Petro como mecanismo de pago
La reforma parece tener como único propósito recaudar más dinero, pues en ninguno de sus ocho artículos se establece disposición alguna a mejorar el servicio y hacerlo más eficiente

Aunque el artículo 318 de la Constitución de 1999 establece que «La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar», las autoridades insisten en sus intenciones de imponer el petro como mecanismo de pago. Así, en la reforma de la Ley de Registros y Notarías que la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 aprobó el 16 de octubre de 2021 se calculan las tasas que los ciudadanos deben pagar por determinados trámites con base en esta criptomoneda.

Como se recordará, el petro fue creado por Nicolás Maduro, mediante el decreto n.° 3.292 del 23 de febrero de 2018, es decir, no fue producto de una ley dictada por la AN. Pero para rematar la lista de irregularidades dos meses después la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dictó el Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda soberana Petro, con el cual pretendía dar valor jurídico a la resolución gubernamental. Sin embargo, la manera como fue convocada y elegida la ANC le valieron el desconocimiento de la oposición y de decenas de países. A esto habría que sumarle que la carta magna no la faculta para legislar sino para redactar la Constitución, reorganizar los poderes y refundar el Estado.

Desde Acceso a la Justicia ya hemos denunciado que la figura del petro carece de fundamento constitucional y legal.

Buscando dinero

La reforma de la Ley de Registros y Notarías publicada en Gaceta Oficial n.° 6.668 extraordinario del 16 de diciembre de 2021 parece tener como único propósito recaudar más dinero, pues en ninguno de sus ocho artículos se establece disposición alguna tendiente a mejorar el servicio y hacerlo más eficiente, sencillo y trasparente.  La reforma adopta un sistema de tasas basado en límites o montos máximos. Así, para registrar títulos y certificados académicos, científicos y eclesiásticos los ciudadanos deberán pagar hasta un máximo de dos décimas de petro (0,20), según señala el numeral 18 del artículo 83 del texto modificado.

Por su parte, se lee en el numeral 1 del artículo 85 que para el registro de cualquier tipo de sociedad, la realización de firmas personales y asociaciones de cuentas en participación los ciudadanos deberán pagar un máximo de una unidad de petro, más hasta cinco décimas de petro por cada folio que contenga el documento o actuación.

Entretanto, la formalización de contratos de compraventa de vehículos también será más cara a partir de ahora. Así, en el numeral 19 del artículo 86 establece que en el caso de operaciones en la que se negocien motocicletas fabricadas hace más de veinte años se deberá pagar hasta un petro; pero si tienen entre once y veinte años el monto sube a dos petros y medio, y de uno a diez años de fabricación serán máximo cuatro petros con veinte. Por su parte, en el caso de automóviles fabricados hace más de veinte años, habrá que pagar un petro en el registro; si tienen entre once años y veinte años de fabricación el monto sube a máximo tres petros y desde un año a diez habrá que cancelar hasta un máximo de cinco petros.

En los casos de que se esté transando una camioneta de más veinte años de fabricación, el monto a pagar por tasas será de máximo dos petros, mientras por una de once a veinte será de cuatro petros y de un año a diez serán hasta seis petros.

Por su parte, el registro de contratos de compraventa de bienes inmuebles quedó fijado en máximo dos petros, mientras que el de arrendamientos para usos comerciales quedó en máximo cinco.

Las empresas extranjeras que deseen abrir sucursales en el país deberán pagar hasta 100 petros por registrarlas, y además hasta una unidad de petro por cada folio que contenga el documento constitutivo de la misma, según se lee en el numeral 3 del artículo 85. El mismo monto se aplicará a los venezolanos que deseen constituir consorcios, sociedades empresariales o gestoras, señala el numeral 16 de la misma norma.

Los ajustes encarecerán enormemente los trámites ante los registros y notarías. No hay que olvidar que un petro equivale a 253,10 bolívares (57,00 dólares o 50,22 euros), de acuerdo con la información que figura en el sitio web del Banco de Venezuela.

Texto contradictorio

Una revisión de la reforma a la Ley de Registros y Notarías permite determinar que esta abunda en contradicciones, pues aunque fija en petros las tasas que los registros y notarías pueden cobrar para realizar alguna gestión, en el apartado relacionado con los impuestos mantiene la figura de las unidades tributarias. Esta curiosa y anómala situación abre las puertas para confusiones por parte de los funcionarios y ciudadanos.

Anclar las tasas a una supuesta criptomoneda como el petro ya de por sí no da seguridad jurídica a los ciudadanos, pues este instrumento se sustenta en buena medida por el precio del barril de crudo, el cual fluctúa diariamente y puede sufrir cambios bruscos como los vividos en los últimos dos años producto de la pandemia de COVID-19.

Además, es motivo de denuncia la forma arbitraria cómo la AN modificó o aprobó este instrumento legal sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la Constitución en el procedimiento de la formación de las leyes. No fue sino hasta su publicación en la Gaceta Oficial, el 16 de diciembre de 2021, casi dos meses después de su aprobación por el Parlamento, que se conoció íntegramente el contenido de la reforma.

Más irregularidades

El pasado 20 de enero aparecieron en la Gaceta Oficial n.° 42.301 cuatro providencias administrativas  emanadas  del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) en las cuales fija las nuevas tasas de los servicios que prestan los registros públicos, mercantiles y principales, así como las notarías del país, y que estarán vigentes a partir de su publicación.

En las cuatro decisiones administrativas, el Saren justifica su emisión señalando que «es necesario fijar el factor aplicable a los conceptos por prestación de servicios, realizados por las Oficinas Registrales y Notariales, usando como unidad de cuenta el Petro (PTR), vista la caducidad de la unidad tributaria, la cual se encuentra desfasada de la dinámica propia de nuestra economía».

Debe tenerse en consideración que la facultad para dictar estas providencias está sustentada en la disposición transitoria de la reforma de la Ley de Registros y Notarías cuando señala que el Ejecutivo nacional fijará el importe de las tasas en los supuestos establecidos en las normas modificadas, oída la opinión de la AN.

Un sector de la doctrina nacional especializada en derecho tributario sostiene  que estos  actos sublegales  – dictados en ejecución directa e inmediata de la legislación- que fijan un elemento esencial del tributo como lo es la cuantía, no serían admisibles conforme a lo previsto en el artículo 317 de la carta magna, aunque es una práctica permitida en otros países.

El dispositivo constitucional referido reconoce el principio de legalidad tributaria, según el cual no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes.

Esta misma postura se encuentra en el artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que prohíbe expresamente que un acto administrativo cree impuestos u otras contribuciones de derecho público.

Es evidente que ambas disposiciones normativas establecen la primacía del Poder Legislativo para crear o tipificar tasas, por lo que esta materia queda reservada exclusivamente al legislador y, en consecuencia, se entiende que el Poder Ejecutivo, en este caso el Saren, no podía obrar en esta área.

La exigencia de que sea la ley la forma jurídica idónea para la creación de impuestos, tasas y contribuciones es una garantía constitucional para el ciudadano ante el abuso del Estado de pretender imponer tributos por parte de otros organismos distintos al Parlamento.

El principio de legalidad tributaria niega la posibilidad de delegar al Ejecutivo nacional la fijación de las tasas de los servicios que prestan los registros y las notarías, por lo que su incumplimiento representa indudablemente una clara violación a la Constitución, pero también pone en entredicho la validez de las cuatro providencias tras ser emitidas inconstitucionalmente por una autoridad administrativa que no tenía competencia.

Por si no fuera suficiente lo dicho, las providencias en cuestión corrigieron los montos según los límites máximos que habían sido establecidos por la AN en la reforma de la Ley de Registros y Notarías, y aunque fijaron tasas más bajas al máximo legal, siguen siendo montos que están muy por encima de la capacidad promedio del venezolano.

Acceso a la Justicia: El TSJ inició 2022 sin dar muestras de dejar atrás su falta de independencia del régimen
Nicolás Maduro le pidió al Poder Judicial procesar al diputado opositor Juan Guaidó

Mientras por un lado el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), asegura ser un poder autónomo e independiente del Estado, por el otro mantiene prácticas y hace gestos que refuerzan la visión, ya no solo dentro del país sino también en el exterior, de que está sometido a los designios del chavismo, criterio sustentado por la ONG Acceso a la Justicia.

En efecto,  así quedó patente en el acto de apertura de las actividades judiciales 2022, celebrado el pasado 27 de enero, en el cual el presidente del máximo juzgado de Maduro, magistrado Maikel Moreno, y la oradora de orden, magistrada Marjorie Calderón, no tuvieron problemas en ofrecer declaraciones de marcado tinte político.

Moreno describió con las siguientes palabras lo que debía ser el informe de gestión del TSJ correspondiente al año 2021:

“La esencia de toda revolución radica en su capacidad para producir los cambios que nuestra sociedad reclama sustentados en los principios esenciales que configuran el Estado. La revolución bolivariana ha asumido el desafío de avanzar garantizando la permanencia del Estado y la anhelada estabilidad y suprema felicidad social”.

Pese a asegurar que “los jueces solo subordinan su actuación a la Constitución y las leyes y a los altos intereses de nuestra nación”, el también presidente de la Sala de Casación Penal repitió el guión gubernamental con relación a que los graves problemas económicos que atraviesa Venezuela son culpa de las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea (UE) han impuesto a algunas personalidades e instituciones públicas.

“En estos tiempos (…) estamos resistiendo una agresión desproporcionada por países que se hacen llamar potencias, solo por el hecho de no doblegarnos a sus intereses y por pensar distinto a favor de la humanidad, imponiéndose un bloqueo económico sin precedentes para beneficiar a un sector minoritario”.

No obstante, ya desde 2016, es decir un año antes de que Washington y Bruselas impusieran el grueso de las medidas contra individualidades y algunas instituciones, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, había calificado la situación de Venezuela como “una crisis humanitaria”.

A las palabras de Moreno siguieron las de Calderón, quien en su discurso “Los derechos humanos en el Estado democrático y social de derecho y de justicia”, se refirió en tres ocasiones a “nuestro comandante eterno Hugo Chávez”. En la última oportunidad incluso llegó a decir que él “siempre estará presente” en cualquier éxito que consiga el Estado venezolano.

Poniéndole tarea

Como si los discursos de los magistrados no bastaran para reafirmar la alineación de la justicia con el régimen, la intervención de Nicolás Maduro en el acto lo hizo. El jefe del chavismo le pidió al Poder Judicial procesar al diputado opositor Juan Guaidó, a quien en su momento por lo menos cincuenta países reconocieron como presidente interino de Venezuela.

Al respecto dijo Maduro:

“Fracasaron al intentar imponer a Venezuela un presidente que nadie había elegido. Creían que el poder de la Casa Blanca en Washington y de la Casa de Nariño en Bogotá iba a dominar la mente de los venezolanos y le iba a imponer un Gobierno colonial. ¡Fracasaron!”.

Luego, agregó lo siguiente:

“Solo quedarían pendiente los daños y perjuicios hechos a la República en estos años pidiendo sanciones, bloqueo e intervención militar contra el país. Solo faltaría resarcir con una justicia implacable los daños que se le hicieron al pueblo con las sanciones, el bloqueo y los llamados de invasión. Tarea pendiente que llenará de felicidad al país”.

En el pasado este tipo de declaraciones han venido seguidas de actuaciones fiscales, judiciales y policiales contra el señalado.

Sin rectificación

Además de copiar el discurso gubernamental, alabar a Maduro, o a Chávez y recibir instrucciones de otro poder público, el máximo juzgado dejó en claro que el año pasado no hizo lo más mínimo por atacar uno de los principales causantes de su falta de independencia: la provisionalidad de los jueces.

“La Comisión Judicial del TSJ, acordó la designación de 434 jueces provisorios, 11 temporales y 405 suplentes en las distintas materias, así como 43 inspectores de tribunales. Asimismo, fueron destituidos 244 jueces a nivel nacional”, reveló Moreno, quien minutos después declaró:

“Un Poder Judicial independiente desempeña un papel fundamental en el cumplimiento y eficacia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, protegiendo las libertades ciudadanas y asegurando la vigencia de nuestro sistema normativo. Recordemos que, aunque los derechos fundamentales son evidentes no se ejecutan por sí solos, ya que requieren de una estructura judicial que permita concretar su efectividad y para ello está concebido el Poder Judicial”.

Desde finales de 2003 el máximo juzgado no celebra concursos de oposición para adjudicar los cargos de los jueces, tal y como manda el artículo 255 constitucional. El organismo ha aprovechado para realizar designaciones a dedo de carácter provisional, las cuales puede dejar sin efecto en cualquier momento y sin derecho a la defensa. Una situación que hace que los designados sean susceptibles de presiones a cambio de mantener sus puestos.

“La escogencia de jueces por mecanismos que no sigan criterios objetivos implica un riesgo para la independencia judicial, pues dichos nombramientos pueden realizarse según conveniencia política”, alertó en 2012 la entonces relatora de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, Fiscales y Abogados, la brasileña Gabriela Knaul.

Pese a que el Poder Judicial se encuentra sometido a una “revolución judicial”, Moreno no informó si la misma incluirá combatir la provisionalidad y si se retomarán los concursos de oposición.

La falta de la independencia volvió a salir a relucir en el III Examen Periódico Universal de Derechos Humanos al que se sometió el país el pasado 25 de enero. Una veintena de países expresó su preocupación por la sumisión de la justicia a los designios del régimen.

Moreno también informó que en 2021 los tribunales tomaron un total de 249.374 decisiones y llevaron a cabo 120.579 audiencias, unos datos que son 23,43% superiores a los del año anterior. Asimismo, reportó que el TSJ dictó 2.785 decisiones 129,22% en comparación con el periodo anterior. No obstante, no detalló cuántas de estas decisiones son efectivamente sentencias definitivas.

Nueva Ley Orgánica del TSJ confirma la falta de voluntad política para construir una justicia independiente en Venezuela
La Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020 dio marcha atrás con la propuesta inicial de dejar que la mayoría de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales fueran miembros de la sociedad civi

«El poder no corrompe: desenmascara». El chavismo ha comprobado la veracidad de esta frase del cantautor panameño Rubén Blades, pues con la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), que aprobó en menos de un mes, dejó en claro que eran falsas las ofertas de una «reinstitucionalización a fondo» del sistema judicial, pues desechó los tibios cambios para mejorar la independencia del máximo juzgado y optó por retener el control político que ejerce desde hace dos décadas para la designación de los magistrados.

En el texto aprobado de manera unánime en segunda discusión el martes 18 de enero, la Asamblea Nacional (AN) electa en diciembre de 2020 dio marcha atrás con la propuesta inicial de dejar que la mayoría de los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales fueran miembros de la sociedad civil y, por el contrario, estableció que la mayoría de los integrantes del órgano evaluador fueran diputados.

Así, en el artículo 65 modificado se determinó lo siguiente:

«El Comité de Postulaciones Judiciales está integrado por veintiún miembros designados por la plenaria de la Asamblea Nacional con las dos terceras partes de sus miembros, de los cuales once son diputadas o diputados y diez serán postuladas o postulados por los otros sectores de la sociedad».

Lo que sí mantuvo intacta fue la polémica figura del Comité Preliminar, prevista en el proyecto de ley, el cual estará conformado por los once legisladores y tendrá la labor de escoger a los miembros de las universidades, colegios de abogados u otras organizaciones civiles que lo integrarán. Este comité no está previsto en la Constitución.

A la luz de lo aprobado, la propuesta que inicialmente presentó el oficialismo luce «menos mala», pues aunque incluía a parlamentarios, establecía que solamente serían cinco y que la mayoría de la instancia evaluadora (diez) la conformarían miembros de la sociedad civil. Sin embargo, tampoco era lo ideal, porque como advirtió Acceso a la Justicia no se ajustaba a lo previsto en el artículo 270 del texto fundamental, el cual señala claramente que «El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores de la sociedad». La carta magna solo establece que los diputados intervendrán en el proceso al momento de realizar la elección definitiva de los magistrados, de entre los candidatos escogidos por los evaluadores.

Con este giro queda en claro que el chavismo nunca tuvo intenciones reales de avanzar en la recuperación de la autonomía del TSJ y que desea seguir ejerciendo control político sobre las designaciones de los miembros del máximo juzgado.

No podemos olvidar que la cooptación de este organismo por parte del partido en el Gobierno ha permitido a su vez la colonización del sistema de justicia.

Más gatopardiano imposible

La reforma de la LOTSJ es un claro ejemplo de que el oficialismo ha hecho suya la máxima del escritor italiano Giuseppe Tomasi di Lampedusa: «hay que cambiar todo para que nada cambie». Pese a que la modificación reduce los magistrados de los treinta y dos actuales a veinte, también abre la puerta para que los actuales integrantes del organismo rector del Poder Judicial puedan continuar en sus puestos, lo que es inconstitucional.

Al respecto, la Disposición Transitoria Segunda, incluida en la versión final de la ley estipula que:

«La Asamblea Nacional procederá a la designación de los veinte magistrados y sus suplentes, de conformidad a lo establecido en esta Ley. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que para la fecha de entrada en vigencia de esta Ley no hayan culminado el período para el cual fueron designados, podrán volver a postularse para ejercer estos cargos».

Este año vence el período de los magistrados principales Juan José Mendoza, Arcadio Delgado Rosales y Carmen Zuleta de Merchán (Sala Constitucional), así como de Jhanett Madriz y Malaquías Gil (Sala Electoral), quienes fueron nombrados por la AN en 2010. A la luz de lo dispuesto en la norma antes señalada, ellos podrían postularse nuevamente, burlando así la disposición constitucional que establece que solamente pueden optar a un período de doce años (artículo 264).

Adicionalmente, la nueva ley mantiene lo establecido en el artículo 38 de la LOTSJ anterior, aunque supuestamente lo reforma, ya que a diferencia de lo que establecía el proyecto de ley, que sí mostraba un cambio positivo al respecto, sigue previendo que después de una tercera sesión de la AN, si no se ha logrado la elección por la mayoría calificada de sus miembros se hará por mayoría simple con los diputados presentes, lo que ha sido la práctica del chavismo cuando no ha tenido la mayoría necesaria en el parlamento.

Finalmente, la nueva ley amplía el ámbito de competencias del Comité de Postulaciones Judiciales, que ahora también puede nombrar al inspector general de tribunales y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura, lo que hasta ahora ha sido parte de las facultades del TSJ; de hecho, le corresponde según la Constitución como órgano de gobierno y administración del Poder Judicial y por su autonomía funcional y administrativa (artículos 254 y 267). Con esto tendrá un control más directo de los jueces por parte del poder político, cuyos tribunales inspecciona la Inspectoría General de Tribunales y cuya capacitación depende de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Lo positivo

El texto aprobado por la AN contiene algunas disposiciones positivas. Una de ellas es la prohibición de que la Sala Constitucional legisle mediante sus sentencias.

El nuevo parágrafo incorporado al artículo 25 del instrumento prevé lo siguiente:

«La facultad de la Sala Constitucional en su actividad de conocer y decidir los asuntos de su competencia, no abarca la modificación del contenido de las leyes. En todo caso, en resguardo de la seguridad jurídica, si la interpretación judicial da lugar a una modificación legislativa, la Sala deberá así referirlo para que la Asamblea Nacional, en uso de sus facultades constitucionales realice las modificaciones o reformas a que hubiere lugar».

Durante los últimos tres lustros la Sala se ha aprovechado de las amplias potestades que le confiere la Constitución, en su rol de intérprete y garante de esta, y ha usurpado en no pocas ocasiones las competencias del Legislativo. Una de las más recientes ha ocurrido hace solo unas semanas, cuando modificó el régimen de capitulaciones matrimoniales previsto en el Código Civil.

Otro cambio novedoso de la nueva LOTSJ es el contenido de los artículos 81 y 83, en los cuales, cómo ya se dijo, la AN asume las funciones de designar a los titulares de la Inspectoría General de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura, pero además, prohíbe que dichos cargos sean ocupados por magistrados. Esta última modificación parece ir en la dirección de evitar que los miembros del TSJ se distraigan de sus funciones jurisdiccionales para ocupar puestos administrativos o desempeñar otras funciones. Asimismo, las normas mencionadas establecen que deben cumplir con los mismos requisitos que los magistrados del TSJ y que deben ser removidos bajo el mismo procedimiento aplicable a estos últimos. Esto les garantiza cierta estabilidad, lo que puede ser positivo para un ejercicio más adecuado de sus funciones.

Por último, el Parlamento modificó el numeral 6 del artículo 36, aunque en él ratifica que los jueces que nombre el TSJ con base en el artículo 255 constitucional aprueben concursos de oposición, lo cual de todas formas no se ha cumplido desde la entrada en vigencia de la primera LOTSJ.

Desde el año 2004 el máximo juzgado no ha convocado un solo concurso de oposición para designar a los jueces, y la Comisión Judicial ha asumido la tarea de nombrar a estos funcionarios de manera temporal, accidental o provisional y, por lo tanto, el máximo juzgado los puede destituir de un momento a otro sin procedimiento alguno que les garantice su derecho a la defensa; esto los hace vulnerables a interferencias y presiones externas, como lo ha señalado reiteradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. En materia penal, por ejemplo, aproximadamente el 80% de los jueces no son titulares, según los datos de la propia página web del TSJ, que no están completamente actualizados pero son los oficiales.