Acceso a la Justicia, autor en Runrun

Acceso a la Justicia

TSJ favorece una vez más la centralización en detrimento de estados y municipios de acuerdo a Acceso a la Justicia
Los gobiernos chavistas han dado importantes pasos para concentrar todo el poder en Caracas

 

El Articulo 4 de la Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999, establece que la Nación es un Estado Federal descentralizado en los términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.

La ONG Acceso a la Justicia, advierte que pese a esta disposición constitucional, los gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro han dado importantes pasos para concentrar todo el poder en Caracas, con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la carta magna.

El último clavo en el ataúd del proceso de descentralización administrativa puesto en marcha a finales de la década de los 80 lo colocó la Sala Constitucional en su sentencia n.º 469 del 2 de agosto de 2022.

En el fallo, redactado por el ahora embajador ante la Corte Penal Internacional, Calixto Ortega, se desechó un recurso de nulidad que la Gobernación del estado Miranda, entonces encabezada por el opositor Henrique Capriles Radonski, interpuso contra la reforma de los artículos 8, 9, 13 y 14 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público (en lo sucesivo Ley de Descentralización), que la Asamblea Nacional (AN), controlada por el oficialismo, aprobó en 2009.

La Sala ni siquiera entró a analizar las denuncias en relación a que la modificación impugnada atentaba contra el modelo de Estado previsto en la Constitución, al permitirle al Ejecutivo nacional revertir el proceso de transferencia de competencias a las entidades federales. ¿La razón? Declaró la «perención de la instancia y la extinción del proceso», en virtud de que desde 2016 el accionante no había mostrado interés alguno en que el mismo se resolviera.

 

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«Escurriendo el bulto»

La instancia no explicó en su decisión los motivos por los cuáles en casi trece años no había sido capaz de resolver la demanda contra la reforma a la Ley de Descentralización. De acuerdo con la información suministrada por la Sala en su propio fallo, en noviembre de 2009 admitió a trámite la petición que le presentara el entonces procurador de Miranda, Rafael Guzmán, y a partir de allí hubo una serie de trámites que se paralizaron sin explicación alguna en diciembre de 2013.

A pesar del congelamiento de la causa, el accionante insistió en solicitar un pronunciamiento en al menos cinco ocasiones entre 2013 y 2015, un pedimento que fue respaldado por la Defensoría del Pueblo desde 2015 hasta 2019 y por los representantes de la Gobernación de Carabobo en un período de tiempo similar.

Sin embargo, la Sala ignoró estas solicitudes y el pasado 2 de agosto consideró que ya no había interés en un pronunciamiento. Con esta decisión, el máximo juzgado evitó aclarar si la ley viola o no las potestades de los estados y municipios, con lo cual ha permitido en la práctica que cualquier eventual vulneración ocurra.

Otro golpe más de TSJ

La Sala Constitucional había demostrado en los últimos tres lustros no estar a favor del proceso de descentralización administrativa, a pesar de lo establecido por la Constitución.
La sentencia n.º 565 del 14 de abril de 2008 es un ejemplo de lo señalado anteriormente.

En dicha decisión, la instancia declaró que Nicolás Maduro podía revertir la transferencia de la administración de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos que estaban en manos de las entidades federales, tras interpretar de manera distinta a lo que establece el numeral 10 del artículo 164 de la Constitución, cuyo texto señala que es una competencia exclusiva de los estados «la conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional».

Tras afirmar que la potestad dada a los estados no es exclusiva y está abierta a que la administración de Maduro central ejerza una labor de coordinación y supervisión, la Sala declaró que «cuando a pesar de haber sido transferidas las competencias para la conservación, administración y aprovechamiento del servicio o bien, la prestación del servicio o bien por parte de los Estados es deficiente o inexistente, resulta ineludible que en estos supuestos se deba producir una intervención directa del Poder Público Nacional -sin perjuicio de su facultad de ejercer la reversión de la transferencia conforme al ordenamiento jurídico-, para garantizar la continuidad y eficiencia de las correspondientes prestaciones, ya que en el caso de las actividades y bienes vinculados a las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, se constituyen en verdaderos servicios públicos».

Después, la instancia llamó al Parlamento a ajustar la Ley Orgánica de Descentralización, en los términos previstos en esa sentencia, cosa que el legislativo hizo.

Este pronunciamiento intentó dar visos de legalidad a la transferencia de carreteras, autopistas, hospitales, puertos y aeropuertos que funcionarios oficialistas hicieron la administración central nada más perder las elecciones regionales de 2008 frente a candidatos opositores.

Casi doce años después, la Sala propinó otro golpe a los estados y municipios, a través de su sentencia n.º 78 del 7 de julio de 2020, mediante la cual suspendió durante noventa días todos sus tributos y les ordenó sentarse con Nicolás Maduro para intentar uniformarlos.

Esta instrucción va camino de convertirse en una ley. El pasado 25 de agosto la AN aprobó en primera discusión el proyecto de Ley de Coordinación y Armonización Tributaria, instrumento que creará «un órgano rector que establecerá las orientaciones, lineamientos y asesorías en esta materia» para las entidades federales y locales. Así lo informó el presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría.

La propuesta legal parece destinada a implantar un instrumento de intervención expansiva que servirá para aumentar aún más el centralismo y la concentración del poder en materia de tributos, en desmedro de los entes locales y regionales y, por supuesto, del ciudadano.

La fantasía del Estado comunal

Pese a los hechos, las autoridades niegan estar menoscabando la descentralización, sino poniendo en marcha una versión de ella a través del llamado Poder Popular.

El Poder Popular fue un concepto acuñado por el fallecido Chávez, quien pretendió incorporar en su fallida reforma a la Constitución de 2007 figuras como los consejos comunales y las comunas. Aunque el proyecto fue rechazado por la mayoría de los votantes, el desparecido mandatario insistió con él al dictar las llamadas «Leyes del Poder Popular».

Aunque ninguna de estas figuras está prevista en la Constitución de 1999, el TSJ, en particular la Sala Constitucional, las han avalado. Así, mediante su sentencia n.º 355 del 16 de mayo de 2017, en la cual desechó cinco demandas con la reforma que sufrió la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, declaró que estas figuras y mecanismos se ajustaban al texto fundamental, cuando en realidad pretender sustituir en particular a los municipios y controlar las localidades a través de ciudadanos organizados (consejos comunales o comunas) que en realidad en la gran mayoría de los casos son controlados por el Ejecutivo nacional.

Misión de la ONU acusa al Gobierno de utilizar servicios de inteligencia para silenciar a la oposición y aferrarse al poder
La instancia concluye que los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 no son hechos aislados

 

Los organismos de inteligencia venezolanos, a diferencia de sus pares de la región y de otros países, no están dedicados a proteger a los ciudadanos de amenazas como el terrorismo, narcotráfico, el crimen organizado o la corrupción, sino que tienen por misión resguardar al Gobierno; para ello, están dispuestos a todo, incluso a cometer gravísimas violaciones a los derechos humanos.

La denuncia la formuló la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela, en su tercer informe sobre la situación del país que presentó el 20 de septiembre ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Ginebra (Suiza). En dicho reporte, la instancia concluye que los crímenes de lesa humanidad ocurridos desde 2014 no son hechos aislados, sino que forman parte de una «política» para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al Gobierno del presidente [Nicolás] Maduro, incluso atacando a personas que, por diversos medios, demostraban su desacuerdo con el Gobierno o eran percibidas como contrarias al Gobierno, y a sus familiares y amigos».

«La información recabada indica que han existido esfuerzos concertados por mantener el poder acudiendo a medios que incluyen la comisión de delitos y violaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales», se agrega en el documento, de 123 páginas de extensión.

El duro informe fue elaborado a partir de 471 entrevistas —incluidas 230 a víctimas, sus familiares o sus representantes y 53 a exfuncionarios— y se abordaron  casos que abarcan 215 víctimas de violaciones graves a los derechos humanos —122 cometidos por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y 51 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Como en los anteriores dos reportes, las autoridades se negaron a responder a las solicitudes de información hechas por los investigadores y les negaron la posibilidad de visitar el país para recabar datos.

El Sebin y la DGCIM al banquillo

La MDH volvió a fijar su mirada en la actuación del Sebin y de la DGCIM, cuerpos de los que dijo que no solo han cometido detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales, sino también el secuestro de familiares de sus víctimas.

En el informe se lee lo siguiente:

«La DGCIM supuestamente utilizó tácticas que implicaban actos delictivos para forzar la entrega de las personas contra quienes se actuaba, incluidos varios casos en los que la DGCIM orquestó el secuestro de sus familiares. Esta parecía ser una táctica empleada específicamente por la inteligencia militar. Como informó la Misión en 2021, en un caso los funcionarios de la DGCIM le dijeron a la víctima que, si no cooperaba con el interrogatorio, encarcelarían a algunos de sus familiares como forma de presionarla».

Además, la instancia asegura haber contabilizado al menos cinco casos ocurridos desde 2018 en los cuales funcionarios de los servicios secretos recurrieron a esta práctica.

Si lo anterior no fuera suficiente, el grupo de investigadores también reveló que ambos organismos mantienen en Caracas y en otras ciudades unas «casas de seguridad». Los agentes llevan a los opositores y disidentes que detienen a estas instalaciones y allí los interrogan durante horas, días e incluso semanas, antes de ponerlos a disposición de los tribunales.

Ni justicia ni reparación

La MDH tomó nota de las medidas que las autoridades aplican desde principios de 2021 para supuestamente castigar las violaciones a los derechos humanos y evitar su repetición. Sin embargo, al hacer una evaluación de ellas las consideró insuficientes, cuando no ineficaces. Así, por ejemplo, aseguró haber recibido información que indica que 85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la DGCIM en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta. Esto a pesar del decreto que Maduro firmó a principios de 2021 en el que ordenaba enviar a estas personas a prisiones administradas por el Ministerio del del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos no se limitó a cuestionar las medidas del Ejecutivo, sino que también fustigó al sistema de administración de justicia.

«Los individuos implicados en estos delitos y violaciones no solo han escapado a las investigaciones y los juicios, sino que han recibido ascensos en sus carreras. Varios oficiales de alto rango de la DGCIM, identificados como implicados en la perpetración directa de crímenes, han sido promovidos a rangos militares superiores».

Acto seguido, la MDH lamentó no haber hallado información que indique que

«las víctimas de los delitos y violaciones cometidas en los centros de detención El Helicoide (Sebin) y Boleíta (DGCIM), documentadas en este informe y en el de 2020, hayan recibido reparaciones por los daños sufridos, sea mediante indemnización, restitución o rehabilitación».

Se concluye en el reporte que «El daño que sufrieron [las víctimas] sigue sin repararse. Esto ha perpetuado una situación de falta de justicia y reparación».

Llamado a la CPI

En el reporte, la instancia hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que tome en consideración sus hallazgos, y en particular para que analice «si Venezuela está investigando y persiguiendo realmente los crímenes que caen bajo su jurisdicción», mediante «procedimientos contra los individuos identificados en el presente informe, en particular los de nivel medio y alto de responsabilidad».

Hasta ahora, la justicia ha condenado a los autores materiales de casos emblemáticos como el del concejal Fernando Albán o del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, pero no ha indagado sobre las posibles responsabilidades de los mandos superiores.

Tal y como lo prometió a principios de año la presidenta de la MDH, la portuguesa Marta Valiñas, en este tercer informe se señala a algunos de los presuntos responsables de los crímenes. En el documento se mencionan trece nombres de altos funcionarios y de mediano rango.

CIDH ha presentado cuatro demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Tres están relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas

 

La investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió a finales del año pasado por crímenes de lesa humanidad no es el único proceso internacional por el que las autoridades nacionales deberán preocuparse, pues en lo que va de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  ha presentado cuatro demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violarles las garantías fundamentales a algunos de sus ciudadanos.

Tres de los cuatro casos están relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, mientras que el último es sobre violaciones a los derechos electorales. Estos datos comprueban lo que la Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUCH) o la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela han señalado: la  libertad personal, la integridad física, el debido proceso, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales están en riesgo en el país.

El último caso

La CIDH interpuso su última demanda contra Venezuela el pasado 6 de julio, aunque apenas fue el 5 de agosto cuando hizo pública su decisión en un comunicado de prensa. Este caso se relaciona con la detención ilegal, desaparición forzada y torturas sufridas por Juan Pedro Lares Rangel, hijo mayor del quien fuera alcalde del municipio Ejido (Mérida), el opositor Omar Lares Sánchez.

Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando la entonces máxima autoridad electa del ayuntamiento de Campo Elías almorzaba en su casa con su esposa e hijos y unos 200 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron a la residencia sin orden de allanamiento. El político logró escapar gracias a la ayuda de su hijo mayor, Juan Pedro Lares, entonces de veintitrés años.

No obstante, los funcionarios detuvieron a Juan Pedro sin que se diera información sobre su paradero. No fue sino hasta un mes después que se supo que estaba encarcelado en Caracas. Esto se hizo pese a que la Constitución, en su artículo 44, garantiza a quienes son aprehendidos bajo la sospecha de que infringieron la ley la posibilidad de comunicarse de inmediato con sus familiares y representantes, y además obliga a las autoridades a notificar a los parientes y abogados del sospechoso el lugar donde está retenido.

Ante este cuadro, la CIDH concluyó que Venezuela

«violó el derecho a la libertad personal de Juan Pedro Lares, mediante una detención ilegal y arbitraria, ya que él no fue encontrado cometiendo un delito, no existía orden en su contra, y no le informaron las razones de su detención».

Asimismo, consideró que la forma en la que fue capturado constituyó «una desaparición forzada, teniendo en cuenta que la detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero».

Como si lo antes narrado no fuera suficiente, el joven fue amenazado y maltratado por sus captores con el propósito de que les suministrara información sobre el paradero de su padre, quien logró cruzar la frontera con Colombia y allí logró refugio. Juan Pedro Lares fue liberado en 2018 por la extinta Asamblea Constituyente sin que hubiese una causa contra él y sin que se diera explicación alguna de su detención.

Mismos delitos, diferentes víctimas

El caso de Lares es una de las tres demandas por detención ilegal y tortura que la CIDH ha presentado contra Venezuela en lo que va de año. En mayo interpuso otra por la detención arbitraria y tortura que sufrió el mayor (r) del Ejército, Milton Gerardo Revilla Soto, a manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), según informó el organismo en un comunicado publicado en ese mes.

Revilla Soto fue detenido en 2010 por los agentes del organismo de inteligencia y acusado por los delitos de traición a la patria y de atentar contra la seguridad y la imagen de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El oficial retirado fue aprehendido luego de que descubriera y denunciara presuntos vínculos entre las  Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y altos funcionarios venezolanos, lo que generó represalias en su contra por parte de las autoridades y fue pasado a retiro en el Ejército.

Durante su aprehensión, según lo que denunció a la CIDH, habría sido torturado para que confesara una supuesta relación con la periodista Patricia Poleo y el economista Orlando Ochoa.

Por su parte, en febrero la CIDH anunció en otro comunicado su decisión de demandar al Estado por el proceso que siguió contra los catorce agentes de la Policía Municipal de Chacao detenidos en 2016 por su presunta vinculación con el asesinato del exjefe de prensa de la AN y exreportero de Venezolana de Televisión (VTV), Ricardo Durán.

«En junio de 2016 se dictaron órdenes de aprehensión contra las 14 víctimas por la presunta comisión del delito de homicidio. Pasados 45 días de esta decisión, los fiscales solicitaron sustituir la prisión preventiva por una medida cautelar, lo cual fue declarado procedente, y la jueza ordenó la libertad inmediata de las víctimas. A pesar de ello, las víctimas permanecieron privadas de libertad en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas».

Esto denunció el organismo al respecto, señalando uno de los tantos casos en que las boletas de excarcelación son desacatadas por los cuerpos de seguridad del Estado sin que los tribunales hagan nada al respecto.

Por burlar el voto

El último juicio que Venezuela deberá enfrentar en la Corte IDH está relacionado con las irregularidades cometidas en las elecciones presidenciales de 2013, las cuales se celebraron sobrevenidamente tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Chávez.

En mayo la Comisión informó que demandó al Estado por la manera como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desecharon, sin más, las peticiones del entonces candidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski para auditar los votos emitidos en los comicios, en los que oficialmente Nicolás Maduro se impuso una pírrica ventaja de 1,49%.

Asimismo, el organismo continental consideró que los comicios se celebraron bajo condiciones no equitativas, lo cual no solo afectó los derechos a la participación del entonces candidato opositor, sino también a quienes lo respaldaron.

TSJ se desdice y entierra tres demandas más contra el instructivo de la Onapre
El Tribunal desechó las demandas interpuestas por seis universidades

 

La Sala Político Administrativa, en sus sentencias n.º 445,  446 y 447 insistió en calificar de «inexistente» el documento contentivo del cuestionado Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, como ya lo había hecho en su decisión n.º 444, y desechó las demandas interpuestas por seis universidades nacionales contra la resolución de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que redujo los salarios integrales de docentes, empleados administrativos y obreros, esto pese a que semanas antes, las había admitido. Adicionalmente, se produjo un fallo que desestimó una solicitud de nulidad de otro grupo de pensionados y jubilados del Ministerio Público (MP).

En los fallos redactados por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, se justifica el giro —en las demandas de las universidades— alegando que «al revisar concienzudamente las (pruebas) documentales que acompañaron el escrito libelar al momento de su presentación, observó que entre ellas no cursa original o copia de acto administrativo alguno cuyo contenido se impugna».

A la Sala no le bastaron los correos electrónicos ni los mensajes de texto que funcionarios de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) les enviaron a las autoridades de las casas de estudio, quienes a su vez los anexaron a sus querellas y en los cuales se les giraban instrucciones sobre la manera de aplicar el instructivo.

Una forma de resolver la duda sobre la existencia o no del instrumento habría sido tramitar las demandas, celebrar el juicio y citar a las autoridades de la Onapre para despejar la incógnita.

Vacaciones interruptus

El que las comunicaciones que recibieron las universidades no estuvieran firmadas fue la justificación del TSJ para desestimar sus demandas y reiterar el sorprendente criterio expuesto en su sentencia n.º 444, según el cual el instructivo denunciado no existe oficialmente porque no fue dictado bajos los parámetros de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Es decir, no fue firmado por el director de la Onapre y no consta la fecha en la que fue dictado ni el lugar, entre otros requisitos formales.

Un hecho llamativo es que los tres fallos, aunque habrían sido dictados el pasado 11 de agosto —según se señala en sus textos—, apenas fueron publicados en el sitio web del TSJ el pasado 3 de septiembre, es decir, un día sábado y en pleno receso judicial.

Esta no es la primera vez que el máximo juzgado actúa de esta manera. No se puede olvidar que en 2015 suspendió su receso navideño para recibir demandas del oficialismo contra las elecciones legislativas que se celebraron ese año, y que el 30 de diciembre publicó su polémica sentencia n.º 260, mediante la cual suspendió los resultados de los comicios en el estado Amazonas.

Más sancionados

Como ya lo hiciera en la sentencia n.º 444, la Sala Político Administrativa acusó a los demandantes de «temeridad» y de buscar «desestabilizar la paz social» con sus señalamientos de que el instructivo ha desmejorado sus condiciones económicas. Por ello, también multó a los rectores de las universidades, así como a los representantes de las cajas de ahorro que interpusieron las acciones, y a los jubilados y pensionados del MP, con 50 unidades de la divisa de mayor valor, de acuerdo con la información del Banco Central de Venezuela (BCV).

Asimismo, advirtió a los sancionados que, en el supuesto de que no paguen la multa en los tiempos previstos (treinta días continuos siguientes), se les aplicarán las disposiciones previstas en el Código Orgánico Tributario, que incluyen intereses moratorios y la posibilidad de embargo de bienes y fondos.

Tras insistir en que estas demandas guardan «estrecha vinculación» con «la matriz comunicacional que se ha venido creando en los últimos meses, pretendiendo imputar a la Onapre y, en fin, al Estado venezolano, un acto cuya existencia no ha sido demostrada» y que, según el TSJ, «se ha utilizado para generar malestar en ciertos sectores de la colectividad, crear conflicto social y atentar contra valores y principios cardinales previstos en nuestro orden constitucional», el máximo juzgado llamó al MP a iniciar una averiguación penal.

No obstante, el TSJ volvió a obviar el hecho de que millones de funcionarios públicos han visto disminuidos sus salarios integrales en virtud de las reducciones significativas, de acuerdo con algunos sindicatos, de las bonificaciones y primas de antigüedad, profesionalización o hijos. El máximo juzgado ignoró estos graves señalamientos, pese a que representan la violación de al menos media docena de derechos constitucionales de acuerdo a un estudio hecho por Acceso a la Justicia, ni llamó a las autoridades a subsanarlos y a cumplir con lo establecido en las contrataciones colectivas.

La omisión antes mencionada amenaza con agravar el malestar social e impulsar la conflictividad social que vive el país en las últimas semanas.

Medidas cautelares del TSJ favorecen al Gobierno de Maduro
Benefician a órganos del Estado, a los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela o de sectores cercanos a este

 

Desde la antigua Roma la justicia es representada como una mujer con los ojos vendados que sostiene en una mano una balanza y en otra una espada. ¿Qué significan los ojos cubiertos? Representan la imparcialidad e indican que las decisiones de sus funcionarios deben ser producto de un análisis objetivo, en el que no hay favoritismos y la identidad, género, raza o el dinero de las partes no importan. Sin embargo, en Venezuela la justicia, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sí parece tener los ojos bien abiertos al momento de sentenciar. Al menos esta es la sensación que dejan las respuestas que el máximo juzgado ha dado a las solicitudes cautelares que recibe cuando se trata de demandas contra el Estado venezolano.

Se debe recordar que las medidas cautelares en el ámbito del Derecho administrativo son aquellas a través de las cuales los jueces suspenden los efectos de un acto impugnado mientras dictan su sentencia definitiva, por considerar que son indispensables para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación.

Tradicionalmente, el TSJ declara «con lugar» las medidas cautelares que favorecen al Gobierno, a otros órganos del Estado o a los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o de sectores cercanos a este, pero si dichas peticiones son interpuestas por sectores opositores o no alineados con el Ejecutivo, entonces son rechazadas. Este doble rasero se ha hecho más evidente en las últimas semanas.

El pasado 14 de julio la Sala Político Administrativa, a través de sus sentencias n.º 252  y 254, admitió los recursos de nulidad que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los Andes (ULA) interpusieron semanas antes contra el polémico instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el cual contiene el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.

Sin embargo, en los mismos fallos el TSJ rechazó suspender temporalmente dicho texto, a pesar de que el mismo ha reducido los salarios integrales de millones de funcionarios públicos al aplicar un tijeretazo a las bonificaciones y primas previstas en las distintas contrataciones colectivas; con lo cual ha violado seis disposiciones constitucionales, entre ellas el principio de progresividad de los derechos y beneficios laborales, de acuerdo con un estudio realizado por Acceso a la Justicia.

En las sentencias redactadas por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, el máximo juzgado consideró que aceptar la solicitud de las casas de estudio «vaciaría de contenido la sentencia definitiva». Pese a esta afirmación, el TSJ decidió no seguir adelante con estos juicios puesto que, en días recientes, emitió los fallos n.° 445 y 446 en los que declaró inadmisibles los recursos de nulidad (previamente admitidos) intentados por las universidades contra el referido instructivo.

En la dirección contraria

Mientras el TSJ rechaza las peticiones de las universidades y de la sociedad civil organizada, atiende las hechas desde las filas gubernamentales. Prueba de ello es la sentencia n.º 0079 que la Sala Electoral dictó el pasado 1 de agosto y en la que suspendió la elección de los representantes de los egresados de la Escuela de Educación a los órganos de cogobierno de la UCV, atendiendo una solicitud que le hiciera un candidato oficialista que no salió favoreció en las urnas.

En este caso, el máximo juzgado sí consideró que había motivos para presumir una violación a los derechos electorales del demandante y la posibilidad de que dicha vulneración no pudiera ser reparada, pues el recuento de los sufragios lo hizo la Subcomisión y no la Comisión Electoral de la UCV.

Apenas tres días antes, la Sala Político Administrativa suspendió el Reglamento de Administración de los Ingresos y Egresos Generados por la Universidad de Carabobo, alegando que las tasas fijadas en la normativa impugnada podrían ver vulnerado «el derecho a la gratuidad de la educación consagrado en el artículo 103 de la Constitución».

De vieja data

Este comportamiento del máximo juzgado viene de lejos. Así lo denunció la organización Un Estado de Derecho en su libro titulado El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013)en el que se denuncia que ninguna de las 45.474 sentencias emitidas por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral entre 2005 y 2013 fue en contra de los intereses del Gobierno ni del Estado.

En 2015, la Sala Electoral dictó su polémica sentencia n.º 260, en la cual suspendió cautelarmente a los diputados por el estado Amazonas que fueron electos en las parlamentarias de 2015. Esta decisión fue adoptada por la instancia atendiendo una solicitud que le hicieran los candidatos oficialistas que no resultaron favorecidos en las urnas, quienes denunciaron presuntas irregularidades. Pese a que la resolución implicó echar por la borda su propia jurisprudencia, la Sala no tuvo reparo en tomarla. Una  medida cautelar  la cual, seis años después, no ha contado con  una sentencia definitiva.

Un año después, la Sala Político Administrativa volvió a demostrar que no toma decisiones en contra de los intereses del Gobierno. Así, aunque admitió una demanda de nulidad contra la polémica resolución n.º 008610 del Ministerio de la Defensa, la cual contiene las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones pública y manifestaciones, rechazó suspenderla temporalmente.

«No fundamentó la petición cautelar, sino que solo se concretó en requerir la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo impugnado sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho».

Este fue el argumento de la instancia,  a la que no le bastaron los alegatos del accionante de que el instrumento ponía en tela de juicio el derecho a la manifestación pacífica y la prohibición del uso de armas de fuego para su control.

Instructivo de la Onapre violenta media docena de disposiciones constitucionales de acuerdo a Acceso a la Justicia

Por lo menos seis disposiciones constitucionales, son violentadas por el Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), afectando las contrataciones colectivas y reduciendo o eliminando muchas de las reivindicaciones de los trabajadores venezolanos, advierte la ONG Acceso a la Justicia.

En efecto, a pesar de que en mayo pasado Nicolás Maduro dijera que al «llevar el salario mínimo a medio petro y (…) elevar todas las tablas salariales apenas estamos iniciando la recuperación del salario, que lo llevaremos al más alto nivel que podamos», poco se ha hecho por preservar los salarios de los trabajadores y aún no ha sido revocado el polémico instructivo aprobado en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha dado lugar a un número importante de manifestaciones de docentes, personal de salud y sindicalistas del sector público del país.

El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, que desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales. Es llamativo además que este se dictara apenas días después de que Maduro anunciara un ajuste del salario mínimo equivalente al 1.700%.

En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) ha denunciado que los cambios han implicado que los trabajadores de distintos organismos de la administración pública vean reducidos sensiblemente sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.

Una revisión del texto permite determinar que este vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros.

Recorte ilegal

El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución, en la cual en el numeral 1 de su artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales«.

Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.

Pese a sus efectos en los ingresos de los funcionarios, las autoridades han defendido el instructivo e insisten en que están con la clase obrera. «El instructivo lo que en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios para resolver las necesidades«, declaró el diputado Pedro Carreño en una sesión plenaria hace unos días.

Señales contradictorias

La manera como fue aprobada la resolución de la Onapre, sin que mediara consulta con los representantes de los trabajadores, ratifica el nulo diálogo social existente en el país.

Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos.

Hasta ahora esto solo ha ocurrido en una sola ocasión, en abril pasado y a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene abogando por recuperar el llamado diálogo tripartito.

El instructivo también va a contracorriente de lo declarado por Maduro el 1 de mayo, cuando afirmó lo siguiente:

«En medio de la guerra económica he dado una orden y aquí la ratifico, se deben discutir y mejorar todos los contratos y convenciones colectivas de todos los trabajadores del país, sin excepción. Salarios, tablas salariales y contratos colectivos para avanzar».

En la práctica, el acto administrativo ha reescrito todas las convenciones colectivas, desmejorando sensiblemente los ingresos de los funcionarios públicos. Esto último no es poca cosa, pues el Estado es el principal empleador en Venezuela: 5.509.563 personas trabajan en algún organismo público, casi 4 millones de ellas en el sector militar, de acuerdo con un informe publicado por Transparencia Venezuela y en el cual se citan datos de la propia Onapre.

A lo anterior hay que sumar que el actual salario mínimo es insuficiente para cubrir la canasta básica, por lo que la reducción de los ingresos de los funcionarios no hace más que contribuir a complicar su supervivencia y la de sus familias. En mayo la canasta básica se ubicó en 482 dólares, por lo que se necesitarían 16 salarios mínimos para cubrirla.

En pie de guerra

El instructivo ha sacado a la calle a docentes, enfermeras y enfermeros y empleados administrativos de distintos sectores, activos y jubilados, con lo cual parece que la protesta social se está reavivando en el país. Solo en julio se registraron 143 manifestaciones contra la decisión de la Onapre, según reportaron el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela y el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). En lo que va del año se han contabilizado 15% más acciones de calle que en 2021.

Las movilizaciones hasta ahora han servido para que las autoridades den algunos pasos atrás. Por ejemplo, la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, anunció en días pasados que los trabajadores de la educación recibirían la totalidad de los 105 días del bono vacacional previstos en el contrato colectivo. Asimismo, el pasado 12 de agosto Maduro destituyó al jefe de la Onapre, Marco Polo Cotenza.

Sin embargo, estas medidas no parece que pondrán fin a las protestas, pues los sindicatos desean que la norma sea anulada.

¿Y el TSJ qué ha dicho?

Sin sorpresas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Político Administrativa, más allá de admitir un par de demandas de nulidad contra el instructivo presentadas por las universidades nacionales Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Caracobo (UC) por un lado, y la Universidad de los Andes (ULA) por el otro, perdió la oportunidad de otorgar justicia a los empleados públicos, puesto que desestimó las solicitudes de suspenderlo de manera cautelar mientras duraba el juicio de nulidad. Esto demuestra, una vez más, que el TSJ es poco dado a emitir fallos que de algún modo incomoden a Nicolás Maduro y omite pronunciarse sobre la pérdida que el instructivo está generando en el bolsillo de los trabajadores del sector público.

Luego de veinte años de denuncias, justicia venezolana sentenció primer caso de magnicidio sin respetar debido proceso
Las condenas impuestas a los acusados van de cinco a treinta años de prisión

 

Magnicidio, junto a conspiración y traición a la patria. Estas palabras son unas de las más escuchadas por los venezolanos en las más de dos décadas que el chavismo tiene gobernando el país, pues las autoridades las usan constantemente. Sin embargo, estos términos hoy vuelven a estar en boga a causa de las condenas impuestas al exdiputado opositor Juan Requesens y otras dieciséis personas por su presunta participación en el intento de asesinato que Maduro sufrió el 4 de agosto de 2018, cuando presidía el acto aniversario de la Guardia Nacional.

La decisión, adoptada por el Tribunal Especial Primero de Juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con jurisdicción a nivel nacional el pasado 4 de agosto, justo cuatro años después de que un dron con explosivos estallara mientras Maduro daba un discurso en cadena nacional de radio y televisión, es la primera relacionada con un supuesto intento por segar la vida del jefe de Estado. Dato llamativo si se toma en consideración que en las últimas dos décadas las autoridades han denunciado decenas de supuestos planes y complots no solo para deponer al Gobierno sino también para acabar con la vida del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.

Incluso en los pocos casos en los que se produjeron detenciones y se abrieron juicios, como el de los supuestos paramilitares colombianos detenidos en 2004 en una finca en las inmediaciones de Caracas y que presuntamente recibían entrenamiento para atacar el palacio presidencial, el anterior mandatario los indultó y permitió su regreso a Colombia.

Una investigación periodística realizada por el diario El Universal en 2013 reveló que hasta este año distintos funcionarios, comenzando por Chávez y Maduro, habían denunciado unos cincuenta planes para asesinarlos, algunos de los cuales incluían francotiradores o el intento de derribar el avión presidencial con un misil antitanque. Solo ese año, Maduro hizo once denuncias. A pesar de las cifras anteriores, ninguna de esas tramas terminó en ningún juzgado ordinario ni militar.

Es más, hasta ahora la palabra magnicidio no figuró más que en dos procesos judiciales. El primero fue el seguido contra el general (r) Wilfredo Barroso y el vicealmirante (r) Carlos Millán, quienes a finales de 2008 fueron detenidos junto a otros oficiales por presuntamente orquestar un plan para asesinar al anterior mandatario y luego fueron absueltos por la Corte Marcial, de acuerdo con la información que maneja la organización Fundepro. El segundo fue el caso seguido contra el sargento José Guerrero Santander, quien laboraba en la Gobernación de Barinas y que también fue vinculado a otro de estos complots. Sin embargo, en noviembre de 2012 el Tribunal Militar 12 de Control del estado Mérida, desechó el asunto por falta de pruebas.

Penas ejemplarizantes

La justicia venezolana hizo del caso del dron un punto de inflexión. Al menos eso es lo que dejan entrever las condenas impuestas a los acusados, las cuales van de cinco a treinta años de prisión,  según informó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El Tribunal 1 de Juicio con Competencia Nacional para Delitos Asociados al Terrorismo y a la Delincuencia Organizada declaró a los diecisiete procesados culpables de la comisión de delitos que van desde homicidio intencional calificado en grado de frustración, siguiendo por lanzamiento de artefactos explosivos en reuniones públicas, hasta traición a la patria, terrorismo y financiamiento del terrorismo, conspiración, encubrimiento y asociación para delinquir.

En el caso de Requesens, a quien el Ministerio Público (MP) señaló de conspiración, fue condenado a ocho años de cárcel.

Las condenas más duras, de treinta años de prisión, lo máximo permitido por el ordenamiento jurídico venezolano, fueron dirigidas contra tres militares (Alejandro Pérez Gámez, general de División de la Guardia Nacional Bolivariana [GNB]; Pedro Javier Zambrano Hernández, coronel de la GNB; Juan Carlos Monasterios Vanegas, sargento Mayor de Primera (r) y nueve civiles (Argenis Gabriel Valera Ruiz, José Miguel Estrada González, Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, Alberto José Bracho Rozquez, Brayan De Jesús Oropeza Ruiz, Henriberth Enmanuel Rivas Vivas, Yolmer José Escalona Torrealba, Emirlendris Carolina Benítez Rosales y Yanin Fabiana Pernía Coronel).

Otro uniformado (general Héctor Armando Hernández Da Costa) fue condenado a dieciséis años de prisión, un exfuncionario de la extinta Policía Metropolitana (José Eloy Rivas Díaz) a veinte años y dos civiles (Ángela Lisbeth Expósito Carrillo y Wilder Vásquez) a veinticuatro y cinco años, respectivamente.

Mal desde el inicio

El veredicto pone fin a un proceso que estuvo plagado de irregularidades, no solo por los tradicionales retrasos que aquejan a los juicios en Venezuela, sino que incluyeron violaciones a los derechos humanos consideradas como crímenes de lesa humanidad.

El caso de Requesens es emblemático, porque fue detenido tres días después de lo ocurrido sin importar su condición de diputado, la cual le daba inmunidad, y solo permitía que fuera aprehendido en flagrancia y detenido en su casa. No obstante, el TSJ avaló lo ocurrido. Tras horas sin saberse de su paradero, lo cual constituyó una desaparición forzada de corta duración, las autoridades difundieron un video en el que el parlamentario «confesaba» haber contactado a alguno de los implicados en el supuesto magnicidio atendiendo una solicitud de su colega, Julio Borges.

La publicación de la grabación ya es de por sí una irregularidad, en el marco de una investigación penal, pero además, en ella se veía al exparlamentario bajo los efectos de alguna sustancia. Luego el político permaneció dos años detenido preventivamente en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde según sus familiares y abogados recibió constantes amenazas y abusos psicológicos.

Pero Requesens no fue el único que vio sus derechos y garantías vulnerados. Las tres mujeres condenadas denunciaron haber sido detenidas pese a no tener ninguna vinculación con los hechos y además fueron objeto de torturas por parte de sus captores.

Una de ellas, Emirlendris Benítez, incluso perdió un bebé que estaba gestando debido a los maltratos físicos que recibió de parte de los agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), aseguró su defensora públicamente. El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas pidió a las autoridades que liberaran a Benítez, por considerar que su encarcelamiento era ilícito, pero la petición fue ignorada.

El Tribunal no solo desoyó los llamamientos de las instancias internacionales, sino que no reparó en las graves denuncias que formularon algunos de los acusados.

Bricomiles de Maduro, ¿un Plan Bolívar 2000 versión 2.0?
La iniciativa busca que militares asuman la labor de refaccionar escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras

 

«Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla». El Gobierno de Nicolás Maduro parece querer confirmar esta frase atribuida al general francés Napoleón Bonaparte (1796-1821). Al menos eso es lo que se concluye de su última iniciativa para intentar ponerle freno al dramático deterioro que ha sufrido la infraestructura educativa y sanitaria del país en los últimos años: recurrir a los militares para que reparen escuelas y hospitales.

Por su parte, el 12 de julio, al hacer un balance del proyecto, admitió que este «se parece mucho al histórico Plan Bolívar 2000 que nuestro amado comandante Hugo Chávez activó el 27 de febrero de 1999 (…) con el mismo concepto social y de unión».

Sin embargo, Maduro obvió que dicho plan fue uno de los primeros grandes casos de corrupción que salpicó a la administración de su predecesor. La iniciativa, que buscaba que los militares asumieran la labor de refaccionar escuelas, hospitales, carreteras y otras infraestructuras, así como brindar atención médica y vender alimentos a precios regulados a los sectores más necesitados de la población, contó con un presupuesto de más de 100 millones de dólares. No obstante, la ausencia de controles y de planificación facilitó distintos tipos de irregularidades administrativas y su alcance aún hoy se desconoce, como denunció Transparencia Venezuela en un informe.

En 2018, y tras más de una década siendo investigado, el general (r) Víctor Cruz Weffer, quien fue el primer responsable del plan, fue detenido, informó el Ministerio Público. El nombre del oficial apareció en los llamados «Panama Papers» como el titular de empresas en las islas Seychelles y de unos fondos difíciles de justificar por su condición.

Por la misma senda, veintidós años después

Tras asegurar que la meta es «poner todas las escuelas, liceos, colegios y universidades pepitos, arregladitos, en las mejores circunstancias funcionales y de funcionamiento material», Maduro hizo unas declaraciones que hacen temer que las lecciones dejadas por la experiencia del Plan Bolívar 2000 no hayan sido aprendidas.

En su explicación, Maduro dejó en claro que los elementos básicos para poner en marcha cualquier proyecto exitoso están ausentes en este caso.

En el mismo evento, el propio ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, admitió que en este proyecto no se seguirán los patrones tradicionales de planificación y logística, lo cual hace temer aún más que los fondos públicos puedan terminar alimentando tramas de corrupción y que los objetivos no se cumplan, para perjuicio de los estudiantes y de los usuarios del sistema de salud público.

¿Más control social?

Durante el acto, las ministras de Educación y de Salud, Yelitze Santaella y Magaly Gutiérrez Viña, respectivamente, aseguraron que se habían conformado 23.832 Bricomiles para refaccionar centros educativos y otras 11.005 para atender los consultorios y centros de salud. Estos números que representarían 90% de los planteles y 82% de las instalaciones sanitarias, de acuerdo con las autoridades.

Si el Plan Bolívar 2000 terminó convertido en un foco de corrupción, esta nueva iniciativa puede correr con la misma suerte. ¿La razón? No solo participarán los militares, sino también miembros de los consejos comunales, las llamadas Unidades Bolívar-Chávez (UBCH) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del movimiento Somos Venezuela, es decir, instancias cercanas o controladas por el Ejecutivo, quien no rinde cuentas sobre lo que hace ni lo que gasta. Recordemos que desde 2017 en Venezuela no se conoce el presupuesto público.

Esta nueva iniciativa no solo aumenta la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la vida nacional, sino que podría abrir las puertas al empleo de la población civil en tareas de inteligencia y defensa, un objetivo que las autoridades vienen persiguiendo desde hace tiempo; muestra de ello son iniciativas como el llamado Sistema de Popular de Protección de la Paz (SP3). 

Además, el hecho de que las Bricomiles se vinculen con el esquema 1 x 10, fórmula que el oficialismo utiliza para movilizar a sus militantes para concurrir a los centros electorales durante los procesos comiciales, hace sospechar que se está configurando como otra forma de control social y de limitación y control del poder para ideologizar más radicalmente al ciudadano en este tipo de espacios.

El anuncio de la ministra de Ciencias, Gabriela Jiménez, de que 1.300 colegios privados han pedido al Gobierno sumarse a esta iniciativa, es otro motivo de preocupación, porque revela que el proyecto no se circunscribe a los planteles públicos.