Maduro en lugar de incrementar el salario mínimo optó por aumentar otras bonificaciones que no tienen efectos sobre las prestaciones
«El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica». El mandato previsto en el artículo 91 de la Constitución fue abiertamente ignorado por el primero que debe cumplirlo: el Gobierno. Así quedó en claro con los anuncios realizados el pasado 1 de mayo por Nicolás Maduro, quien, en lugar de incrementar el salario mínimo, el cual es de 130 bolívares (cerca de 5 dólares), optó por aumentar otras bonificaciones que no tienen efectos sobre las prestaciones.
Durante la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, Maduro anunció;
«Aquí me hacen una propuesta: un aumento del Cestaticket de 45 bolívares a 371 que se actualizará periódicamente a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), lo cual representaría 15 dólares; y establecer un aumento del Bono de Guerra por 45 dólares mensuales, lo cual llevaría el ingreso mínimo a 60 dólares. (Pero) yo creo que debemos llevar el Cestaticket mucho más arriba y equilibrar estos 60 dólares, llevar el Cestaticket a 40 dólares y el bono a 20 dólares: 60 dólares redondeados además del salario».
Además, aseveró que la medida busca «mejorar los ingresos (de la clase obrera) en estos meses, hasta que tengamos la fortaleza financiera y dar un golpe definitivo en la recuperación del salario».
Con estas palabras, el gobernante confirmó el mal estado de las cuentas públicas y anunció el fin de la supuesta recuperación económica que su administración venía publicitando. Sin embargo, apenas un día después rectificó y anunció que el llamado «Bono de Guerra» se incrementaría a 30 dólares. Asimismo, confirmó que los ajustes serían indexados periódicamente, una medida que tomaba «haciendo un esfuerzo tremendo por defender el ingreso de los trabajadores en medio de una guerra económica brutal».
En el ínterin, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, apuntó que los jubilados de la administración pública cobrarán el equivalente en bolívares a 49 dólares por concepto de «Bono de Guerra», también indexado, más el monto que cobran por jubilación. Por su parte, los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) cobrarán el equivalente de 20 dólares por concepto del mismo bono indexado más los 130 bolívares que reciben como pensión.
Los ajustes están muy lejos de cumplir con los parámetros fijados en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). «Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales», estipula dicha norma.
Hasta abril, para adquirir la canasta básica alimentaria se requerían 510,88 dólares, de acuerdo con los cálculos realizados por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). En pocas palabras, se requieren casi ocho ingresos mínimos de un trabajador activo del sector público solo para ir al mercado, o poco más de 100 salarios mínimos. A lo anterior habría que agregar los pagos de vivienda, servicio eléctrico, agua, teléfono, educación, salud y transporte.
Contra «el legado»
La decisión de Maduro va a contracorriente de las instrucciones de su predecesor en el cargo, Hugo Chávez, quien en más de una ocasión fustigó este tipo de medidas por considerarlas neoliberales y contrarias al socialismo del siglo XXI que venía impulsando.
Al respecto, esto afirmó el desaparecido mandatario el 8 de junio de 2006:
«No se acuerdan ustedes de que aquí inventaban bonos a cada rato que si el bono de transporte, el bono por hijos, por zapatos, por respirar y por no sé qué más (…) Fue así como los salarios se fueron deteriorando (…) en la década de los 90 apenas el 20% del ingreso percibido por los trabajadores tenía incidencia en el cálculo de las prestaciones y, por ello, cuando las prestaciones llegaban, si es que llegaban, eran miserables. Y las pensiones ni se diga: ¡supermiserables!»,
La declaración de Chávez ilustra las consecuencias que tendrá para los trabajadores que el salario mínimo continúe en 130 bolívares. Por un lado, seguirá devaluándose debido a la debilidad de la moneda nacional y los efectos de la inflación, afectando así a otros beneficios o conceptos laborales, como las prestaciones sociales y su recálculo al final de la relación; las utilidades o bono de fin de año; las vacaciones; los intereses sobre prestaciones y las indemnizaciones por accidente o enfermedad de origen laboral.
Las cajas de ahorro también se verán afectadas, pues al no ajustarse la base salarial las irrisorias contribuciones que actualmente se cobran continuarán haciendo imposible el ahorro efectivo. Asimismo, muchas clausulas socioeconómicas de los contratos colectivos (pagos para útiles escolares, uniformes, etc.), las cuales están atadas al salario mínimo, serán prácticamente inaplicables debido a los bajos montos.
Sin embargo, a criterio de Acceso a la Justicia lo más grave será la profundización del deterioro del ya derruido Sistema de Seguridad Social. La práctica desaparición del salario arrastrará a los aportes al Seguro Social, al Régimen Prestacional de Empleo y al Fondo Ahorro Obligatorio para la Vivienda (FAOV). También afectará la recaudación de entes como el Instituto Nacional de Capacitación y Educación (INCES) y el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL), cuyos aportes se encuentran fijados al salario.
Finalmente, se debe mencionar que en la Gaceta Oficial que se ha difundido a través de las redes sociales, además de fijarse en bolívares los valores del Cestaticket y del bono de guerra económica, se establece que la indexación de los montos referidos en dólares no será automática según el tipo de cambio del momento, sino que deberá ser ordenada mensualmente por el Poder Ejecutivo, lo que pondría en peligro que los montos en dólares se mantengan; basta con que en un solo mes no se haga la actualización, o se haga de modo parcial para que los efectos de la depreciación de la moneda nacional respecto de la divisa, se vean aún más en los golpeados bolsillos de los trabajadores y pensionados.
