La ONG Transparencia Venezuela sentencia que urge la adecuación de las empresas para establecer una estrategia de actuación sostenible frente a los factores ambientales, sociales y de gobernanza
En Venezuela los análisis sobre la agenda económica van y vienen y se han acentuado especialmente en un gobierno madurista caracterizado por la hiperinflación, la pulverización del bolívar, la dolarización de facto y el alto costo de la vida.
Pero según la ONG Transparencia Venezuela, hay algunos temas que están clamando atención en los estudios sobre la agenda económica como temperaturas que alcanzan máximos históricos, proliferación de algas y bacterias en el Lago de Maracaibo, deforestación de parques y áreas protegidas, casos de esclavitud moderna en extracción minera y afectación de comunidades indígenas.
Al respecto, existe una corriente mundial que contempla el uso de estándares de gestión para monitorear la forma como se realiza la actividad productiva y sus impactos en el ambiente, sobre las personas y comunidades, y las políticas internas de toma de decisiones que garanticen transparencia, integridad y respeto del marco jurídico.
Los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG por sus siglas en inglés) se suman a los reportes tradicionales de rentabilidad y solvencia para medir el valor de las empresas desde una perspectiva que garantiza sostenibilidad y sustentabilidad.
En Venezuela, aunque existen múltiples normativas de protección del ambiente, garantes de derechos laborales y obligaciones de responsabilidad social que aplican a las empresas, no existen mandatos ni exhortos desde el Estado a la publicación de reportes sobre criterios ESG de las empresas públicas y privadas.
Las empresas propiedad del Estado están ajenas a los compromisos de reportar información financiera y no financiera y son las principales responsables de los problemas mencionados.
Criterio y responsabilidad económica
Los criterios ambientales permiten identificar el impacto de las empresas en el medio ambiente, cómo se gestionan o mitigan los riesgos de que ocurran daños y cómo se remedian en caso de que se produzcan.
Los criterios sociales contemplan la relación de la empresa con su comunidad y el entorno social en su conjunto; específicamente, con los actores con los que tienen vínculos directos: empleados, proveedores, consumidores y comunidades donde opera.
La adecuación de las empresas a los criterios exige en el menor tiempo posible establecer una estrategia de actuación sostenible frente a los factores ambientales, sociales y de gobernanza; definir políticas y prácticas para cumplir los criterios; y publicar una serie de indicadores que dependen de su actividad.
Los instrumentos más utilizados para guiar a las empresas en este proceso son: los estándares GRI de la Iniciativa Global de Reportes, el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad y las Métricas del Capitalismo de las Partes Interesadas.
Con información de Transparencia Venezuela
