“Volver a escuchar su risa”: el anhelo de madre de adolescente detenido
El 29 de julio, un día después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Alfredo*, de 17 años, salió de su trabajo y se dirigió a Alta Vista con unos amigos, en Puerto Ordaz. En camino hacia su destino se topó con una marcha de la oposición y aunque intentó alejarse de la multitud, fue detenido de forma arbitraria.
Alfredo es uno de los 129 menores de edad que, según la ONG Foro Penal, han sido detenidos en Venezuela en el marco de las protestas que se iniciaron el 29 de julio, luego de que Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Nicolás Maduro.
El joven intentó esconderse entre la maleza, cuando agentes de la Guardia Nacional Bolivariana lo arrestaron. No pudo identificar sus rostros y tampoco escucharon sus argumentos. Se lo llevaron, lo mantuvieron encerrado y le permitieron hacer una llamada en la madrugada del 30.
Desde ese momento, la angustia de la familia no paró. Su mamá asistió al primer sitio que él le indicó y le dijeron que no estaba ahí. Después se dirigieron a San Félix, al otro lado de la ciudad, y tampoco lograron encontrarlo.
“Nos pusieron a ruletear toda la ciudad. Hasta que llegamos al último destacamento y nos dijeron que no, que no estaba ahí. Pero, insistimos con otras personas, que también esperaban ver a sus familiares detenidos, le pedimos que no lo negaran y fue así que confirmamos que estaba recluido”, afirmó.
Encontrarlo fue el primer obstáculo que lograron superar. Con el pasar los días, solo permitían que le llevarán comida, pero sus familiares exigían respuestas que no fueron dadas.
Un número más en la estadística
De los 129 adolescentes detenidos, según Justicia, Encuentro y Perdón, 114 padres denunciaron que “fueron trasladados a centros para adultos, lejos de sus hogares y sin posibilidades de comunicarse con ellos, conocer sus condiciones emocionales y de salud”.
Padres de algunos de los 114 adolescentes detenidos de manera arbitraria por la represión postelectoral en #Venezuela han denunciado que sus hijos fueron trasladados a centros de reclusión de adultos, lejos de sus hogares y sin posibilidades de comunicarse con ellos, conocer sus… pic.twitter.com/EqKK9v8NSN
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) August 22, 2024
Sobre estos hechos, el coordinador general de la ONG Cecodap y abogado, Carlos Trapani, indicó en una entrevista a RunRunes que no se está cumpliendo con el debido proceso. Primero que nada porque son trasladados a centros de detención de adultos y no se le asigna un juez de menores, como lo establece el ordenamiento venezolano.
“Si bien la Lopnna establece que los adolescentes, a partir de los 14 años, pueden ser responsables penalmente, también dice que debe ser bajo un sistema de responsabilidad diferente al de los adultos”, dijo.
Sin acceso al expediente ni defensa privada
A los adolescentes se les están imputando cargos de terrorismo e incitación a delinquir. El mayor temor del padre de Alfredo* es que sea imputado por terrorismo, como le ha pasado a otros adolescentes.
“No tenemos acceso al expediente. Tuvimos que enviar una serie de documentos a un tribunal de Caracas. No sabemos por qué sigue detenido y escuchamos que lo tildan de terrorista cuando él no hizo nada. Esta situación es nadar a contracorriente porque no conoces al juez, ni al fiscal, ni mucho menos al defensor, porque no nos han permitido la defensa privada”, aseguró.
Trapani informó que dicha situación es una violación de los lapsos establecidos en cuanto a la presentación en tribunales de los adolescentes. “Según la ley, debería realizarse en un máximo de 24 horas de su detención, pero hay casos de detenidos que llevan hasta más de seis días sin saber de qué están siendo acusados”.
De esta forma, el coordinador de Cecodap insistió en que los adolescentes no deberían ser imputados de forma inmediata como terroristas. Afirmó que estas penas desproporcionadas, en su mayoría, no corresponden con la realidad de los hechos.
Mientras los días transcurren, la familia de Alfredo* se sumerge en la desesperanza. No hay respuestas por parte de las autoridades y su hijo fue trasladado hasta el Instituto Nacional del Menor (INAM), ubicado en San Félix, después de varios días.
“Hay días en los que la desesperación se apodera de su mamá. Ella solo desea volver a escuchar su risa, tenerlo cerca y cada día que pasa sin él es más difícil. Nosotros no somos de Ciudad Guayana, somos de San José de Guanipa, en el estado Anzoátegui, y no tenemos familia aquí”, explicó el padre del adolescente.
La familia hace lo que puede con los recursos que tiene. “Somos una familia de escasos recursos y con lo que tenemos nos trasladamos. También tuvimos que paralizar muchas de nuestras actividades para estar pendiente de él”, dijo.
De acuerdo a la información obtenida por los familiares, hay probabilidades de que al adolescente lo trasladen hasta Caracas. Una situación que se suma a la preocupación de sus allegados.
“Si se da el caso de que a mi hijo lo trasladen para Caracas, ya que eso nos dijo una abogada, que ellos estaban pedidos para Caracas, de hecho, su expediente reposa en Caracas, ¿Cómo haríamos nosotros? Sería muy difícil para nosotros estar allá. Es una preocupación muy grande, todos los días”, señaló el padre.
Patrón represivo
La organización no gubernamental Defiende Venezuela destacó que entre los patrones represivos de Venezuela el más común es la violación al debido proceso “imputaciones de delitos graves sin pruebas, violando la presunción de inocencia y sin especificar cargos”.
A esto, Trapani añadió que hay diversos artículos de la ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (LOPNNA) que se están violando y que es importante tenerlos en cuenta. El artículo 540 habla de la presunción de inocencia y estable ce que se presume la inocencia del adolescente, “hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado, imponiendo una sanción”.
De acuerdo al registro de Cecodap, los adolescentes están siendo imputados sin que existan evidencias de participación o culpabilidad.
El artículo siguiente, el 541, habla de la información que debe recibir el adolescente:
“El adolescente investigado o detenido debe ser informado de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata de sus padres, representantes o responsables y su defensor”.
La organización dedicada a la defensa de las infancias indicó que los adolescentes no son informados sobre los motivos de investigación, tampoco sus padres, y se les está negando atención legal de forma privada.
Además de esto, existen denuncias de que no son tratados con dignidad. La ley establece, en el apartado 538, que “se debe respetar la dignidad inherente al ser humano, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad”.
También se le suma la preocupación acerca de las condiciones de los detenidos, ya que en un reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones se destacó que existía una “gran preocupación” por las condiciones infrahumanas de reclusión en las que se encuentran todas las personas que han sido arrestadas arbitrariamente.
Los padres de Alfredo* lo han podido ver en muy pocas ocasiones. Su tristeza es notable, su desgaste físico también y la incertidumbre es una palabra que se insertó en el vocabulario de la familia.
“No sabemos qué pasará, pero todos los días vivimos una zozobra y tenemos mucho miedo de lo que viene”, expresa el padre de Alfredo*, de 17 años, y recién graduado de bachiller.
*El nombre del adolescente y de su padre fueron cambiados por motivo de seguridad.
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