El 11 de enero de 2025, un día después de la toma de posesión de Nicolás Maduro, funcionarios encapuchados y armados llegaron a la casa de Jonathan Bravo, de 17 años, en Coro, estado Falcón. Según el relato de su madre, Francys Palencia, los agentes actuaron con violencia y sin identificarse adecuadamente.
“Jonathan fue agredido por la PNB y sin saber que él era un menor de edad. No preguntaron ni su nombre, simplemente entraron y se lo llevaron, solo lo mandaron a buscar la cédula, que se colocara la franela y lo sacaron a empujones de mi casa.”, denunció Palencia.
Al adolescente se le vincula con unos mensajes de un grupo de WhatsApp a los que, según el testimonio de su madre, él no respondió y sobre los que no tiene ninguna responsabilidad. La Fiscalía lo acusa de planear el secuestro del gobernador de Falcón, Víctor Clark, pero su madre negó estas acusaciones.
“El grupo fue creado inicialmente porque ellos tenían un grupo musical. A través de este grupo se contactaban y se veían en un estudio en una comunidad que está cerca de mi casa. Hacen unos comentarios a altas horas de la noche y Jonathan estaba dormido. Hicieron comentarios sensibles para la parte política”, relató su madre.
Jonathan fue imputado por los presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. El pasado 11 de marzo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que se trata de un “juicio viciado” y una “petición desproporcionada” debido a que la Fiscalía solicitó una pena de 10 años de prisión para el adolescente. La ONG, al igual que la familia de Jonathan Bravo, afirmó que el joven es inocente.
Un joven deportista y activista religioso
A los cinco años los padres de Jonathan lo inscribieron en clases de natación como recomendación de un médico neurólogo, pues esto lo ayudaba con su tratamiento por el TDAH, ya que era bastante hiperactivo.
Al descubrir que lo que le gustaba era jugar fútbol, lo inscribieron en el equipo Águilas de Cristo, un grupo cuyos directivos son cristianos. En los años siguientes pasó a formar parte de otros equipos futbolísticos, siendo este el deporte que lo apasiona desde siempre.
Debido a problemas severos de salud, Jonathan Bravo no pudo continuar en los espacios deportivos por un tiempo. Sin embargo, continuó en otros espacios como activista en un grupo religioso. El año pasado intervino en actividades en un hospital con los niños de bajos recursos.
Traslado a Caracas y retorno a Falcón
En medio de toda la situación, Francys Palencia nunca fue informada de lo que estaba ocurriendo. Simplemente les dijeron que su hijo estaba “en modo de colaboración”, pero ella rechazó esas afirmaciones, dada la forma en que se lo llevaron de su casa.
“Me enteré de lo que realmente estaba pasando cuando Jonathan fue presentado vía telemática, donde leyeron las actas policiales. Al otro día, cuando voy a llevarle la cena a Jonathan, pues me dicen que estaba en Caracas. A mí nunca me comunicaron que Jonathan estaba en Caracas, que iba a ser trasladado a esa ciudad, y se mantuvo en La Yaguara más de un mes con adultos”, relató la madre.
No fue sino hasta el 20 de febrero que Jonathan Bravo fue trasladado de vuelta a Coro a la Entidad de Adolescentes Varones. Y, cinco días después, Francys Palencia viajó a Caracas a introducir un recurso ante la Defensoría del Pueblo para solicitar que estuviesen presentes en el desarrollo de las audiencias del adolescente. También, pidió que su hijo sea evaluado por un psicólogo.
El 6 de marzo se dio inicio al juicio contra el adolescente de forma telemática a través de un celular. “La Fiscalía continúa con la acusación de 10 años de prisión para Jonathan”, denunció su madre. A pesar de la defensa del adolescente, y aunque su madre esperaba que el muchacho fuese liberado ese día, esto no ocurrió.
Una condición médica que se agrava en prisión
A la edad de cinco años, Jonathan Bravo fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A los 12 años se le detectaron tics motores producto de la misma condición.
“Jonathan desde los cinco años ha estado medicado, solo que a los 12 se le suspendió la medicación precisamente porque le alteraba la parte neurológica y los tics motores se le acentuaban más”, contó Francys Palencia.
Esas condiciones han representado un desafío para el desarrollo del adolescente, pero nunca fueron un obstáculo para su crecimiento personal, académico y religioso. Su madre contó que él siempre socializó con sus amistades, “nunca lo excluyeron y eso no ha sido un obstáculo para él, ni tampoco para su familia”.
En el año 2024 culminó sus estudios de bachillerato a pesar de dificultades derivadas de la activación del virus de Epstein-Barr. Además, presentó otras complicaciones por la picadura de un animal.
“El sistema inmunológico se suprimió y Jonathan se vio gravemente enfermo, sin embargo, él pudo culminar su bachillerato y logró entrar a la Universidad de Ciencias de la Salud Hugo Chávez Frías el mismo año”, relató Palencia.
En septiembre de 2024 comenzó un curso introductorio en la UCS y lo aprobó. Tenía que formalizar su inscripción el 13 de enero de 2025 para estudiar Odontología, pero esto se vio truncado al ser detenido arbitrariamente dos días antes de esa fecha.
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Actualmente, debido a la situación en la que se encuentra, Jonathan Bravo ha presentado problemas de estrés. “Con este trastorno que tiene y privado de libertad no puede estar bien, no es un muchacho común como los que están allí, él trae un problema que arrastra desde pequeño y eso combinado le afecta muchísimo. Aparte, desde niño se me ha enfermado, él es muy sensible, es un muchacho vulnerable a cualquier enfermedad”, expresó su madre.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos advirtió que a Jonathan Bravo, producto del TDAH, se le pueden agravar sus condiciones al desencadenarse otros problemas tales como:
- Ansiedad extrema y crisis emocionales, debido a la falta de control sobre su entorno.
- Dificultad para seguir normas rígidas y adaptarse a las reglas de prisión, lo que puede ser malinterpretado como indisciplina o rebeldía.
- Desregulación emocional, provocando episodios de angustia y frustración que pueden escalar a crisis graves.
- Problemas de concentración y memoria, lo que afecta su capacidad para defenderse en el proceso legal.
- Mayor vulnerabilidad a la manipulación o agresión de otros reclusos, debido a su condición.
- Empeoramiento de sus síntomas neurológicos y tics motores involuntarios, producto del estrés y la falta de tratamiento adecuado.
INICIAN JUICIO AL ADOLESCENTE JONATHAN BRAVO A PESAR DE SER INOCENTE | Familiares de Jonathan Bravo, adolescente de 17 años injustamente detenido, denuncian con gran preocupación que le han iniciado un juicio por supuestos delitos de terrorismo e incitación al odio, a pesar de… https://t.co/H8fapN64oy
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) March 11, 2025
Hasta el pasado 11 de marzo, de acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, cinco adolescentes entre 14 y 17 años siguen en prisión tras la represión poselectoral.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 10/03/2025 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 𝟭.𝟬𝟭𝟰*
Desde la semana pasadaHombres: 894
Mujeres: 120Civiles: 847
Militares: 167Adultos: 1009
Adolescentes: 5Encarcelados: 11
Excarcelados: 57… pic.twitter.com/QGPMETMBiD— Foro Penal (@ForoPenal) March 11, 2025
Al igual que Jonathan Bravo, otros jóvenes con TDAH han sido detenidos, tal es el caso de Jesús Gabriel Useche Moncada, de 19 años, detenido el 9 de enero de 2025 en el estado Lara, quien fue imputado por terrorismo y además tiene déficit cognitivo. El Observatorio Venezolano de Prisiones señaló que, neurológicamente, Useche es mucho menor, según detallan los informes médicos.
El pasado #09Ene fue detenido de forma arbitraria Jesús Gabriel Useche Moncada, quien tiene 19 años de edad pero neurológicamente es mucho menor, según detallan los informes médicos.
Jesús Gabriel tiene déficit cognitivo, déficit de atención e hiperactividad y dificultades con… pic.twitter.com/TMJtt6lWOU
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) March 9, 2025
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
