Desde el año 2015, Colombia se convirtió en el principal destino de los más de 2.8 millones de migrantes venezolanos que huyeron de una crisis humanitaria sin precedentes. Buscando refugio, protección y mejores condiciones de vida, la diáspora, lejos de encontrar garantías, se ha enfrentado con obstáculos en el acceso a los servicios básicos, seguridad e integración.
Cifras recientes de Migración Colombia y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), estiman que para este año al menos dos millones de venezolanos se encuentran en territorio colombiano, en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cúcuta. De ellos, el 64,1% está en el mercado laboral, 17,6% se dedica a labores domésticas y 5,1% está buscando empleo activamente.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) publicaron un informe especial sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia el cual reveló que aunque el vecino país ha implementado medidas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, los Permisos Especiales de Permanencia y el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) para beneficiar a los venezolanos, la realidad es que “persisten limitaciones estructurales que dificultan la integración social, económica, jurídica y de seguridad de la población migrante”.
La Ucab y Provea reconocieron en su informe que la seguridad de los migrantes venezolanos en Colombia es un tema complejo. El cierre del Registro Único de Migrantes Venezolanos y la eliminación de la Gerencia de Fronteras, durante la gestión de Gustavo Petro, ha debilitado los canales de denuncia y protección para el medio millón de migrantes en situación irregular que no cuentan con un sistema de justicia que les permita denunciar abusos, explotación laboral, violencia y exclusión social.
Un caso que evidencia la ausencia de mecanismos de protección para quienes buscan refugio en Colombia fue el atentado a tiros en contra de los activistas venezolanos Luis Peche y Yendri Velázquez en Bogotá el pasado 13 de octubre. Ambos, perseguidos políticos en Venezuela por su labor en la defensa de los derechos humanos, recibieron al menos 16 impactos de bala desde un carro que los seguía desde el lugar de su residencia.
Sobre la situación de los migrantes venezolanos en Colombia, Runrun.es consultó con tres expertos que han seguido el tema de la diáspora y la defensa de los derechos humanos. Rafael Uzcátegui, sociólogo y activista; Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea y Tomás Páez Bravo, sociólogo, profesor y presidente Observatorio de la Diáspora Venezolana (ODP), responden a tres preguntas clave en materia de protección y seguridad.
¿Cuál considera que ha sido el principal acierto y el mayor fallo del Estado colombiano en su política hacia los migrantes venezolanos?
Rafael Uzcátegui: -Colombia ha mostrado a través del tiempo una voluntad institucional de acoger a la población venezolana migrante y refugiada, lo cual se refleja en algunos mecanismos de regularización y visibilidad del problema. Por ejemplo, el Estado colombiano reconoce que el flujo masivo de venezolanos plantea desafíos estructurales, y la cobertura mediática del atentado a los activistas venezolanos en Bogotá ha obligado a visibilizar su situación. Ese reconocimiento genera una base para formular políticas de protección”.
El mayor fallo es la insuficiencia real de los mecanismos de protección, regularización y garantía de derechos para los migrantes vulnerables, en especial para defensores de derechos humanos venezolanos en exilio. Ni la solicitud de refugio ni los acompañamientos institucionales han garantizado de forma efectiva la seguridad de personas venezolanas en riesgo por persecución política en Colombia.
El fallo mayor radica en que, en la práctica, se generan vacíos: largas esperas, imposibilidad de acceder a empleo, vivienda o servicios bancarios, falta de protección frente a ataques.
Esto vulnera gravemente los derechos de quienes más requieren amparo y los mantiene en una zozobra debido a la falta de un estatus migratorio que garantice su permanencia en el país.
Oscar Murillo: –Colombia ha requerido apoyo logístico y financiero para hacer frente a esta oleada que como todas de esta naturaleza son de enorme desafío para naciones que además enfrentan múltiples retos sociales y políticos. Ningún país está preparado para un aumento tan significativo de población extranjera en un lapso tan breve. Ello explica que la respuesta de Colombia al flujo migratorio venezolano haya sido reactiva, pragmática y cortoplacista, al menos durante los primeros años.
Los gobiernos colombianos han implementado medidas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, los Permisos Especiales de Permanencia y el Estatuto Temporal de Protección (ETPV), sin embargo, las limitaciones estructurales persisten y estas son las causas que dificultan la integración social, económica y jurídica de la población migrante.
En los últimos dos años, bajo el mandato de Gustavo Petro, hemos visto una degradación de la protección de los migrantes a partir de dos hechos concretos que nos parecen preocupantes: el cierre técnico o falta de voluntad para mantener la Gerencia de Fronteras y el cierre del Registro Único de Migrantes Venezolanos, lo que frenó procesos de regularización.
Tomás Páez Bravo: –Colombia ha mantenido una política de Estado “impresionante”. Yo me quito el sombrero frente a lo que ha hecho Colombia, ha recibido a casi tres millones de personas. En el gobierno de Petro no se ha avanzado lo que se avanzó con Iván Duque, pero en líneas generales ha sido integral. Un acierto a destacar es el reconocimiento a los niños y jóvenes que estaban en condición de apatridia.
¿En qué ha fallado? Creo que Colombia pudo haber aprovechado mejor, haber integrado, haber sacado mejor provecho a las habilidades y competencias de ese capital humano que hoy viven las grandes ciudades. Pero, repito, me parece que ha sido una política muy integral, ha habido una especie de política de Estado que con Petro se ha frenado un poco o no se ha avanzado mucho más con el tema migratorio.
¿Qué tipo de protección debería garantizar Colombia a los migrantes venezolanos en situación de vulnerabilidad, más allá del Estatuto Temporal de Protección?
Rafael Uzcátegui: –Un sistema de asilo eficaz y diferenciado para quienes están en riesgo por su labor de defensa de los derechos humanos, por persecución política o por presiones en su país de origen.
Acceso pleno a derechos básicos: vivienda digna, cuentas bancarias, empleo formal, salud y educación. El limbo migratorio que enfrentan algunos (por ejemplo, sin alquiler, sin banco) los deja sin medios de vida.
Protección física y jurídica efectiva: protocolos de seguridad específicos para defensores en exilio, investigación y sanción de atentados o amenazas, acompañamiento psicosocial y jurídico. El atentado contra los activistas venezolanos en Bogotá evidenció que estar en Colombia no implica garantía de seguridad y que las amenazas de represión son transfronterizas”.
Integración social y comunitaria, que evite la estigmatización, la marginalización o el trato como “migrantes de segunda” o víctimas exclusivas de la caridad. Existen formas de exclusión y dilemas deshumanizantes cuando los migrantes son tratados como problema y no como sujetos de derechos.
Oscar Murillo: –Ya el propio tribunal constitucional de Colombia ha dado orientaciones de qué hacer. Nosotros subrayamos la protección al derecho a la salud, la nacionalidad, la unidad familiar y la inscripción extemporánea de migrantes en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV).
La sentencia SU-543 de 2023, por ejemplo, ordena al Estado colombiano a crear una política pública para reducir los tiempos excesivos en la tramitación de solicitudes de refugio, que pueden tardar hasta cuatro años. La Corte también exigió que se permitiera a los solicitantes trabajar y acceder a servicios básicos mientras esperan una respuesta, y advirtió que restringir injustificadamente estos derechos desincentiva las solicitudes y puede llevar a devoluciones indirectas prohibidas por el derecho internacional.
Sin embargo, en esta materia, son pocos los avances significativos en la implementación de estos mandatos judiciales. Esto sería un buen punto de partida para reducir la incertidumbre entre los migrantes venezolanos.
Por otro lado, debe valorarse de forma positiva el hecho de que Colombia no haya cerrado sus fronteras ni haya impuesto restricciones migratorias. Hasta el presente cualquier persona venezolana puede entrar a Colombia sin solicitar visa, estar en el país por 90 días prorrogables por otros 90 y permanecer con el pasaporte vencido hasta por 10 años. Sin embargo, pese al paso de los años, prevalece un enfoque limitado de la respuesta, que se manifiesta en avances, ajustes y retrocesos en las políticas migratorias por parte del mayor receptor de población venezolana.
Tomás Páez Bravo: –No es fácil lidiar con tres millones de migrantes, no es fácil integrarlos, además en una economía que tiene problemas y luego ellos mismos tienen siete millones de desplazados internos, es decir, que lo que han hecho es enorme, el permiso temporal, el programa actual de los tutores, el estatuto, siempre es posible hacer lo mejor, siempre es posible garantizar otras cosas.
Digamos que lo que ha hecho Colombia de verdad que ha sido un ejemplo a seguir en el mundo, repito, siempre es posible hacer las cosas mejor, siempre es posible hacer mejores políticas, las relaciones con las organizaciones, son más de ciento y tantas organizaciones de venezolanos en Colombia que han venido trabajando con gobiernos locales, sector privado. Creo que además más que el gobierno de Colombia es cómo involucrar más al sector privado.
“¿Quién está fallando más en la protección de los migrantes venezolanos: Colombia, Venezuela o la comunidad internacional?”
Rafael Uzcátegui: –No es una respuesta sencilla, pues todos los actores tienen responsabilidades distintas: El Estado venezolano es el origen del problema: la persecución, hostigamiento y vulneración de derechos humanos impulsan el exilio forzado. Si no existiera esa expulsión, la necesidad de protección en el extranjero sería menor. En ese sentido, Venezuela tiene una falla estructural mayor: sistemática e interna”.
El Estado colombiano, aunque ha hecho esfuerzos, está fallando de manera significativa en la implementación práctica de protección. La existencia de marcos normativos no está acompañada de práctica efectiva para migrantes vulnerables y defensores de DDHH.
Lamentablemente, es una realidad que los mecanismos de protección han retrocedido bajo el gobierno de Gustavo Petro, quien tiene una retórica de garantía de los derechos de los migrantes. Otros gobiernos conservadores, que no tenían ese discurso pro-migrante, en la práctica desarrollaron políticas de mayor inclusión. De manera similar al gobierno de Estados Unidos, el actual gobierno colombiano está intentando desincentivar la migración venezolana paralizando los diferentes mecanismos de regulación migratoria”.
La comunidad internacional tiene un papel de respaldo, monitoreo y cooperación. En muchos casos ha levantado la alerta, pero también puede fallar si no moviliza recursos, no exige rendición de cuentas, o no coordina una respuesta internacional coherente. Era una realidad que tercerizando a partir de agencias de Naciones Unidas, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) costeaba muchas de las políticas de atención a migrantes de diferentes países de la región. Ahora, sin esos recursos, se ha disminuido la capacidad de atención en países como Colombia y México, lo que disminuye la capacidad de atención a los migrantes. La agresiva política antiinmigrante de Estados Unidos debería tener una respuesta regional de abordaje a la población migratoria que se encuentra en sus propias fronteras.
Oscar Murillo: –Hay que señalar y dejar claro que las personas en situación de refugiados tienen derechos. Los países receptores tienen obligaciones y deben garantizar la dignidad humana de quienes salieron de sus países por razones de crisis humanitaria, persecución política y en búsqueda de un entorno seguro. Eso explica la migración venezolana y por supuesto el Estado venezolano, por ley y moralmente, tiene responsabilidad en este asunto.
Ahora bien, los actores internacionales y países de la región deben intensificar su compromiso multilateral, mediante la creación de fondos de contingencia para respuestas rápidas con enfoque de derechos humanos. Además, es importante que reconozcan las necesidades generadas por la migración inversa en materia de atención especializada para grupos vulnerables (NNA, mujeres gestantes, adultos mayores, con enfermedades transmisibles y no transmisibles, LGBTIQ+, trabajadores sexuales, etc.). Asimismo, apoyar a las organizaciones humanitarias en la generación de primeros auxilios psicológicos y, por último, fortalecer las capacidades de funcionarios de las instituciones nacionales de derechos humanos especializados en migración.
La reducción de la cooperación internacional ha impactado gravemente la atención a migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, agravando la crisis. La suspensión de fondos ha afectado servicios clave, generado pérdida de empleos y desestabilizado organizaciones locales, mostrando la vulnerabilidad de los sistemas ante decisiones políticas volátiles.
Tomás Páez Bravo: –El gran ausente ha sido el Estado venezolano quien comenzó por desconocer la existencia del fenómeno de la diáspora y en principio lo tildó de “robo de cerebros”.
El Estado venezolano lo que ha hecho es violar los acuerdos del año 2015, los venezolanos que en diáspora no tienen acceso a una pensión digna que es menos de un dólar y que tampoco tienen acceso a ella.
El Estado no atendió, más bien desatendió la migración venezolana. Ellos son los responsables de una política irresponsable por la estatización, la persecución política, la destrucción de la economía y de los servicios públicos. Generaron un éxodo inédito entre los cinco primeros lugares en el mundo.
La situación es tan grave que el proceso migratorio entre China e India es de 40%, mientras que Venezuela, un país mucho más pequeño es del 30%.
