Venezuela es el primer país de América bajo la lupa de la Corte Penal Internacional (CPI). Desde hace seis años, la institución judicial internacional mantiene abierta una investigación formal para examinar posibles crímenes de lesa humanidad cometidos desde el año 2017 en el contexto de las protestas antigubernamentales de la última década.
Desde el inicio de la investigación, la Corte Penal Internacional ha enfrentado varios obstáculos para lograr un avance rápido en el caso. La falta de cooperación gubernamental ha sido el desafío más relevante, según las declaraciones ofrecidas por el fiscal Mame Mandiaye Niang, quien informó el pasado 1 de diciembre, el cierre de la oficina de la CPI en Caracas.
En respuesta, la administración de Nicolás Maduro acusó a la Fiscalía de la Corte de “instrumentalizar la justicia con fines políticos”. A través de un comunicado, la Cancillería cuestionó las declaraciones del fiscal Niang y señaló que “Venezuela se ha vinculado de buena fe con la Fiscalía de la CPI en un proceso que, a todas luces, no encaja en los supuestos previstos en el Estatuto de Roma, pero que pretende satisfacer la agenda anti Venezuela impulsada desde centros hegemónicos”. La cancillería aseveró en el texto que en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad.
En respuesta al cierre de la oficina de la CPI, la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en primera discusión un proyecto para derogar la “Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
Según el diputado Roy Daza, la decisión de la AN obedece a que la CPI “se ha transformado en una institución para fines ajenos para los que fue creada por sus actuaciones indebidas”.
“Ahora resulta que la CPI se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes fácticos, económicos, políticos y culturales del imperialismo. A eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos”, dijo Daza ante el parlamento.
Por su parte, la diputada oficialista Ilenia Medina respaldó la propuesta y aseveró que si bien la administración de Nicolás Maduro “dio espacio para que abrieran una oficina en Venezuela desde el año pasado, nunca se molestaron en enviar un funcionario a pesar de que ha habido cuatro reuniones técnicas, diversas reuniones”.
La parlamentaria acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de un “evidente incumplimiento de los memorandos de entendimiento” e insistió en que existe una “doble moral y selectividad” por parte de la CPI, al centrar su atención en Venezuela en supuestos que no encajan en el Estatuto de Roma.
A continuación una cronología que resume los eventos clave desde el inicio del Caso Venezuela I. Entre retrasos, tropiezos, recusaciones y conflictos, por más de siete años, las víctimas de Venezuela siguen esperando justicia.
2017-2018: Primeras denuncias y reportes
Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, así como gobiernos y grupos de la sociedad civil, comenzaron a denunciar violaciones sistemáticas de derechos humanos.
- 8 de febrero de 2018
La fiscal Fatou Bensouda anunció la apertura de un examen preliminar por la presunta comisión de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017, luego de una “revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes que documentan presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la CPI”.
- 25 de septiembre 2018
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, presentaron una solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que iniciara una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
2019: CPI inicia su revisión formal
- 5 de diciembre de 2019
La Fiscalía de la Corte anunció que había examinado información proveniente de múltiples comunicaciones dirigidas a su oficina, reportes de órganos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales y anunció que la averiguación preliminar se enfocaba en los delitos de asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución.
La Fiscalía también informó que el examen no se limitaba a los hechos ocurridos entre abril y julio de 2017, sino que se incluirían los hechos de 2014, e incluso, consideraría lo sucedido después de 2017, lo que permitiría incorporar las denuncias de crímenes en un lapso mucho más amplio al inicialmente señalado.
Finalmente, se estipuló que la revisión de la fase II del examen preliminar (competencia material de la Corte) se concluiría en el primer semestre de 2020.
2020: Se aprueba la investigación formal
En 2020 el gobierno de Maduro rechazó firmemente las acusaciones de la Corte por crímenes de lesa humanidad. Maduro y demás miembros del gobierno acusaron a la CPI de “ser un instrumento político al servicio de los intereses de Estados Unidos”.
- 13 de febrero de 2020
El Gobierno de Nicolás Maduro introdujo ante la Fiscalía de la CPI una remisión, un mecanismo que permite iniciar una investigación, por la comisión de crímenes de lesa humanidad como consecuencia de la imposición de medidas unilaterales coercitivas por los Estados Unidos de América en contra de Venezuela.
- 19 de febrero de 2020
El juez presidente de la Corte Penal Internacional determinó que la nueva remisión hecha por Venezuela constituye una situación aparte de la iniciada por la Fiscalía el 8 de febrero de 2018; de modo que se denominaría caso “Venezuela II”. En el mismo acto, se asignaron las dos situaciones (Venezuela I y II) al control de la Sala de Cuestiones Preliminares III.
- 5 de noviembre de 2020
En un comunicado oficial, la Fiscalía de la Corte indicó que con respecto al caso Venezuela I, la Oficina había concluido su evaluación de la materia y determinó que existía una base razonable para creer que crímenes dentro de la competencia de la Corte han ocurrido en Venezuela.
- 14 de diciembre de 2020
En el informe anual de actividades sobre exámenes preliminares, se anunció la conclusión de la fase II del examen preliminar. La Fiscalía de la CPI determinó que existía fundamento razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, en Venezuela se habían cometido los crímenes de encarcelamiento, tortura, violencia sexual y persecución.
El informe también indicó que los cuerpos de seguridad del Estado (PNB, Sebin, GNB, Dcim, CICPC, CONAS y FANB) estaban involucrados en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
2021: Inicia la investigación formal
- 16 de marzo de 2021
La Presidencia de la Corte, luego de la recomposición de las salas que la componen, reasignó las situaciones Venezuela I y II a la supervisión y control de la Sala de Cuestiones Preliminares I.
- 28 de mayo de 2021
El Gobierno de Maduro interpuso ante la Sala de Cuestiones Preliminares I un “recurso de control judicial” de las actuaciones de la Fiscalía durante el desarrollo del examen preliminar en la situación Venezuela I.
Denunció que la Fiscalía no había realizado “esfuerzos suficientes” para entablar un diálogo constructivo con las autoridades venezolanas en lo que concierne al principio de complementariedad durante la conducción del examen preliminar.
También, refutaron que no se le daba acceso a información que la Fiscalía clasificó como confidencial para proteger a las víctimas, y que ello supuestamente violaba el derecho a la defensa y el principio de control sobre la prueba. Y, finalmente, que la Fiscalía no podía -en su opinión- confiar en material probatorio obtenido de forma ilegal y de supuesta mala fe por tener parcialidad política.
- 31 de mayo de 2021
La Fiscalía dio respuesta al recurso introducido por Venezuela, indicando su ausencia de mérito y requiriendo de la Sala su dispensa in limine litis (sin requerir debate sobre el fondo de los asuntos planteados).
- 15 de junio de 2021
La Fiscalía informó que había finalizado el el examen preliminar en la situación Venezuela I, concluyendo que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde abril desde 2017 en Venezuela y que existía una situación de total inactividad de parte de los órganos de justicia para realizar investigaciones y enjuiciamientos de los máximos responsables de dichos hechos.
La fiscal Fatou Bensouda publicó su mensaje de despedida -su período había finalizado- en el que exponía que había concluido el examen preliminar en la situación Venezuela I, y expresaba que la interposición del recurso de “control judicial’ por parte del Gobierno venezolano impidió el anuncio formal, por lo que optó por dejar la cuestión en manos del próximo fiscal que asumiría el cargo el día siguiente.
- 16 de junio de 2021
Karim Khan asumió el cargo de Fiscal de la Corte Penal Internacional por un período de nueve años. Era el tercer fiscal en la historia de la Corte.
- 3 de noviembre de 2021
El fiscal de la CPI realizó su primera visita oficial a Caracas. A su término, anunció el inicio de una investigación por crímenes de lesa humanidad en la situación Venezuela I. En la visita del fiscal se suscribió un Memorándum de Entendimiento con la autoridades venezolanas para desarrollar mecanismos que permitan contribuir eficazmente para investigar y enjuiciar a los responsables.
2022: CPI en resistencia
- 3 de enero de 2022
El Gobierno venezolano solicitó al fiscal información adicional en relación con el ámbito y objeto de la investigación.
- 31 de marzo de 2022
El fiscal de la CPI concluyó en su segunda visita a Caracas que ambas partes habían acordado la futura instalación de una oficina local de la Fiscalía en la capital, cuya finalidad sería dotar de asistencia técnica a las autoridades venezolanas para la prosecución de acciones judiciales que afianzaran la capacidad nacional para aplicar el Estatuto de Roma.
- 21 de abril de 2022
El fiscal Khan concluyó que la total inacción del sistema de justicia penal venezolano se mantenía inalterada y -en consecuencia- solicitaría a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para continuar con la investigación en cuanto resultara apropiado.
El 1 de noviembre, el fiscal de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares I la autorización para continuar la investigación, según lo previsto en el artículo 18 (2) del Estatuto de Roma.
- 1 de diciembre de 2022
El fiscal de la CPI presentó su informe anual “Towards a more just world every day”, en el que indicó que la Fiscalía se enfocaría en una nueva estrategia para fortalecer la cooperación y el principio de complementariedad.
2023: Avanza la investigación de la CPI
- 1 de marzo de 2023
El Gobierno de Venezuela transmitió sus observaciones a la solicitud del fiscal de autorización para la continuación de la investigación.
- 20 de abril de 2023
Se transmitieron las observaciones de las víctimas y sus representantes en el procedimiento de solicitud de autorización para la continuación de la investigación. En el proceso de consulta participaron 8900 víctimas individuales, 630 grupos familiares y dos instituciones u organizaciones.
- 10 de junio de 2023
El ifscal de la CPI concluyó su tercera visita al país. En esa oportunidad, se anunció la firma de un segundo memorando de entendimiento con el Estado venezolano que establecía los lineamientos para la instalación y operación de una oficina local de la Fiscalía en Caracas. El texto del memorando permanece aún en confidencialidad.
- 3 de julio de 2023
La República Bolivariana de Venezuela anunció la apelación contra el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares que autorizó la continuación de la investigación fiscal en la situación Venezuela I.
- 13 de septiembre de 2023
La Oficina de Defensa Pública de las Víctimas presentó escrito de observaciones ante la Sala de Apelaciones. Se solicitó a la Sala la desestimación del recurso de apelación presentado por Venezuela por carecer de razones legales que justificaran la revocatoria del fallo de primera instancia, que autorizó al fiscal a continuar con la investigación en la situación Venezuela I.
- 1 de diciembre de 2023
El fiscal de la CPI presentó su informe anual “Delivering Better Together”. En él, se indicó que la situación Venezuela I constituía una “situación priorizada” por la Oficina Fiscal y que, en 2024, se instalaría la oficina local de asistencia técnica en Caracas.
2024: Nuevos obstáculos para la CPI
- 1 de marzo de 2024
La Sala de Cuestiones preliminares dictó sentencia en el recurso de apelación interpuesto por Venezuela. Se dictaminó que el fallo de primera instancia carecía de vicios, por lo que las denuncias planteadas por Venezuela fueron desestimadas en su totalidad.
Se confirmó el fallo de la Sala de Cuestiones Preliminares I, de esa forma, el fiscal de la CPI estaba habilitado para continuar su investigación sobre la situación Venezuela I, sin que se interpusiera ningún otro recurso u objeción que pueda plantear el Estado.
- 24 de abril de 2024
El fiscal de la CPI concluyó su cuarta visita oficial a Venezuela y se inauguró la oficina local de asistencia técnica de la Fiscalía en Caracas.
- 12 de agosto de 2024
La represión política que se produjo a raíz de las elecciones presidenciales del 28 de julio,llevó al fiscal de la CPI a emitir una declaración a la prensa internacional. Khan indicó que había recibido información proveniente de múltiples actores sobre hechos que podrían recaer en la competencia material de la Corte y que “su oficina se encontraba monitoreado de cerca la situación”.
- 6 de septiembre de 2024
El diario estadounidense The Washington Post, publicó una nota en la que reveló los nexos de afinidad entre la abogada Venkateswari Alagendra y el fiscal de la CPI, Karim Khan. La abogada Alagendra es cuñada de Khan y fue acreditada como abogada de la República Bolivariana de Venezuela en el procedimiento de apelación estipulado en el artículo 18.4 del Estatuto de Roma que fue incoado por Venezuela.
- 2 de diciembre de 2024
El fiscal se dirigió a la XXIII Asamblea de los Estados Partes. En su discurso, insistió que su oficina continuaba con la investigación en la situación Venezuela y que cursaba en paralelo con una iniciativa “complementariedad positiva”, aunque para ese momento no había mostrado resultados concretos acordes con las exigencias del Estatuto de Roma.
2025: Panorama oscuro
- 16 de mayo de 2025
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su separación provisional del cargo mientras se desarrollaba una investigación independiente sobre denuncias de conducta sexual indebida y presuntas represalias laborales. La decisión, inédita en la historia de la CPI, fue comunicada oficialmente y generó preocupación sobre la continuidad de las investigaciones en curso, incluyendo la situación Venezuela I.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI aseguró la continuidad institucional de la Corte y de la Fiscalía. Se decidió que los fiscales adjuntos asumieran temporalmente las funciones del Fiscal Jefe.
- 24 de junio de 2025
Mediante nota de prensa, la Asamblea de Estados Partes informó que la investigación seguida contra el fiscal (por presunta conducta indebida) que viene desarrollando la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS por sus siglas en inglés), sería sometida a un panel externo de expertos judiciales.
- 18 de agosto de 2025
El jurista británico Kharim Khan, Fiscal de la CPI, manifestó que acataba la decisión de la Sala de Apelaciones del 1 de agosto, que lo instaba a apartarse del caso Venezuela I, ante la recusación presentada por conflicto de interés, dada la presencia de su cuñada en el equipo de defensa jurídica del Gobierno de Venezuela ante la Corte.
- 1 de diciembre de 2025
Durante su discurso de apertura ante la 24° Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, el fiscal adjunto, Mame Niang, anunció el cierre de la oficina de la Fiscalía de la CPI en Venezuela.
Niang explicó que el motivo de la decisión se debió a que aún cuando existió un compromiso sostenido con las autoridades venezolanas, el “progreso real sigue siendo un reto”, en referencia a la falta de avances significativos y reales por parte de las autoridades venezolanas de investigar y juzgar internamente a los responsables de la comisión de crímenes competencia de la Corte.
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