El activismo de la Generación Z -las personas que nacieron entre 1997 y 2010- en Venezuela y Nicaragua enfrentan un panorama hostil que busca anular la capacidad que tienen de organización e impacto público en la sociedad. Así lo concluyó un informe elaborado en junio de 2026 por el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Autonomía Universitaria de Aula Abierta, el cual fue presentado ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
A través de este documento se denunció como las estructuras del Estado han desarrollado mecanismo normativos, policiales y judiciales para bloquear el espacio público de los movimientos juveniles.
El estudio resalta que, a pesar de las restricciones, los jóvenes organizan estrategias para defender la democracia de las universidades autónomas del país.
A continuación, en claves, los hallazgos principales del informe sobre la situación del activismo juvenil:
La representación estudiantil
Uno de los principales obstáculos administrativos y políticos que se le presenta al movimiento juvenil en Venezuela es la suspensión de sus propios procesos electorales universitarios. A través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), según Aula Abierta, el Estado ha emitido más de 50 decisiones judiciales que vulneran la autonomía universitaria. Al menos 18 de ellas han impedido la celebración de proceso electorales relacionados con estudiantes.
El documento menciona casos emblemáticos como la anulación de la elección de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo en 2018 mediante la sentencia Nº 102 y la paralización de los comicios en la Universidad de Oriente (UDO) desde el año 2012. Indican que estas situaciones demuestran una política que busca despojar a los estudiantes de sus capacidades de autogobierno y la libre práctica de defender intereses comunes.
Barreras legales
Para los grupos juveniles que buscan formalizar sus agrupaciones fuera del ámbito estudiantil, en Venezuela existen marcos legales que imponen barreras para la creación y la organización de las mismas. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) aplica discrecionalmente resoluciones internas y trabas burocráticas que impiden la inscripción jurídica de asociaciones integradas por jóvenes activistas.
A este problema administrativo se le suman dos herramientas de control que se denuncian en la investigación: la Ley Constitucional contra el Odio, utilizada por los organismos de seguridad para encasillar cualquier situación ciudadana ya sea física o virtual como “incitación al odio”, así como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro o conocida como la “Ley anti-ONG”, la cual obliga a registros obligatorios de control y la entrega de datos sensibles de los activistas.
Detenciones y difamaciones
El informe expone una violenta organización entre los diferentes entes públicos donde el Estado ejecuta discursos de odio y detenciones arbitrarias que son después procesadas por el Poder Judicial en los tribunales por terrorismo, todo esto bajo la idea de sentenciar a los jóvenes activistas y universitarios como “terroristas”,
Entre enero y octubre de 2025, la organización Aula Abierta documentó al menos 22 miembros, en su mayoría estudiantes, que fueron víctimas de arrestos arbitrarios y hostigamiento criminal.
El impacto sobre estos espacios públicos para los jóvenes es preocupante ya que más de la mitad de estos casos incluyeron el delito de desaparición forzada unido a una tasa de judicialización de universitarios bajo cargos de terrorismo, la cual ascendió del 20% en 2024 al 37% en 2025.
Hostigamientos
La persecusión en contra de los desacuerdos estudiantiles no se queda solo en las calles, ya que también ha dificultado el movimiento dentro de los recintos universitarios, como por ejemplo el pasado 12 de febrero de este año.
El informe relata que tras finalizar una manifestación pacífica por el Día de la Juventud para exigir la amnistía de los presos políticos, el presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV) MiguelÁngel Suárez fue perseguido y hostigado por funcionarios policiales y civiles armados.
Los organismos de seguridad entraron de manera ilegal en el campus universitario y utilizaron tácticas de amedrentamiento para desmotivar el rol histórico que han representado las universidades por décadas como refugios de pensamiento libre.
La situación en Nicaragua
El estudio de Aula Abierta destaca paralelismos con la situación en Nicaragua, donde el modelo de represión hacia los jóvenes se materializa en que el Estado elige a los miembros de las universidades por medio de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN).
Este organismo funciona como un sindicato autónomo encargado de la vigilancia, acusaciones y persecución de estudiantes que no están de acuerdo con el mismo pensamiento. De esta misma forma, también controlan la entrega de becas y beneficios académicos según la fidelidad e ideología del estudiante.
La vulneración más grave a la libertad de estas agrupaciones se encuentra dentro de los propios reglamentos de la UNEN, los cuales establecen que cualquier joven que ingresa a la educación superior en Nicaragua queda afiliado automáticamente y por defecto a la organización. Es así como esta ley anula por completo el principio a la libertad y convierte el participar en estas asociaciones en algo militar y político controlado por el Estado.
Recomendaciones
La contribución de Aula Abierta ante las Naciones Unidas plantea medidas de carácter político y normativo para ayudar al activismo juvenil, entre ellas, que los Estados se asbtengan de manipular los tribunales para intervenir en los procesos electorales universitarios.
El informe propone crear comités de derechos humanos donde las organizaciones y los jóvenes puedan trabajar de la mano. Tambié, piden que haya leyes que prohíban por completo que la policía, los militares o carros sin placas entren a las universidades cuando haya protestas.
Para más información, aquí.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
