El 8 de agosto de 2026, Delcy Rodríguez designó a Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de Corpoelec y sacó a José Luis Betancourt de la conducción de la estatal. La salida del segundo no significó su alejamiento del sector: fue incorporado como viceministro de Servicios Eléctricos.
El relevo dejó a ambos funcionarios dentro del mismo aparato. Betancourt pasó de la presidencia de Corpoelec a una posición ministerial dentro el sector que había dirigido durante más de seis años. Fernández pasó de controlar la transmisión eléctrica a dirigir la corporación en la que ha estado 27 años.
La sucesión también tiene otras particularidades: ambos son civiles y ninguno llegó desde fuera del sistema. Corpoelec cambió de presidente, pero no necesitó buscarlo demasiado lejos. Uno siguió dentro del mismo aparato y el otro ya llevaba años subiendo por sus escaleras.
José Luis Betancourt: seis años al frente de Corpoelec
José Luis Betancourt González llegó a la presidencia de Corpoelec en mayo de 2020, después de ocupar la vicepresidencia de la empresa. El 6 de marzo de ese año ya figuraba en ese cargo y había participado en una inspección técnica en la subestación San Gerónimo A, instalación de importancia para el sistema interconectado nacional.
Pero no fue hasta el 22 de mayo de 2020, mediante el Decreto 4.211, que Nicolás Maduro lo nombró presidente de Corpoelec en condición de encargado. La designación fue publicada en la Gaceta Oficial N.º 41.885.
La documentación pública disponible no detalla cuándo comenzó su relación laboral con Corpoelec ni qué posiciones ocupó antes de llegar a la vicepresidencia. Tampoco se localizó una fuente pública que precisara la universidad donde estudió o la especialidad de ingeniería que cursó. Los documentos de la propia empresa sí lo identifican como ingeniero.
Solamente en 2020 el Comité de Afectados por Apagones contabilizó 157.719 interrupciones en todo el país; Zulia encabezó el registro con unos 32.000, seguido de Táchira con 18.519 y Mérida con 13.218. En Cojedes se documentaron 13.264 apagones ese año.
En 2021 el problema no desapareció: Cojedes registró 25.052 interrupciones y 14.879 fluctuaciones de voltaje, mientras que en septiembre se reportaron apagones en Carabobo y al menos otros 13 estados, entre ellos Distrito Capital, Miranda, Aragua, Falcón, Lara, Yaracuy, Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia y Nueva Esparta.
Para 2022, solo durante el primer cuatrimestre se contabilizaron 24.561 cortes, 62 % más en abril que en marzo, y Zulia volvió a ser el estado más afectado, con unas 4.800 interrupciones. En abril, Corpoelec confirmó apagones en al menos diez estados y reportó maniobras en Aragua, Carabobo, Guárico, Táchira, Trujillo, Mérida, Zulia, Yaracuy, Cojedes, Lara y Barinas.
En 2023, PROVEA documentó al menos 37 fallas o apagones que afectaron simultáneamente los servicios eléctrico y de internet a escala nacional; una falla del 31 de agosto, por ejemplo, afectó al menos ocho entidades, entre ellas Táchira, Guárico, Portuguesa, Trujillo, Carabobo, Vargas y Barinas.
Mientras que 2024 dejó dos episodios nacionales especialmente importantes: el 27 de agosto, una falla afectó a 16 estados, según los reportes de ese momento, y tres días después otro apagón dejó sin electricidad a los 23 estados y al Distrito Capital. El corte comenzó alrededor de las 4:50 de la madrugada del 30 de agosto y buena parte del país permaneció entre 10 y 18 horas sin servicio. El Gobierno atribuyó el episodio a un supuesto “sabotaje eléctrico”, sin presentar pruebas públicas que sustentaran esa explicación.
Durante 2025, la agenda de Corpoelec siguió concentrada en mantenimiento y rehabilitación de infraestructura. Betancourt supervisó trabajos en la Línea 1 Tablazo-Cuatricentenario, en Zulia, y labores de recuperación de unidades de generación en Trujillo y Falcón. Para diciembre, la rehabilitación de la línea había sido anunciada como concluida, mientras continuaban otras obras de mantenimiento y modernización en el sistema.
Y en enero de 2026, Betancourt todavía encabezaba reuniones del Comité Técnico de Corpoelec para revisar proyectos estratégicos, maniobras correctivas y preventivas y avances destinados a mejorar la prestación del servicio. La empresa seguía hablando de recuperación y mantenimiento al momento de cerrar su ciclo presidencial.
Seis años administrando la crisis
Betancourt asumió la presidencia después de los grandes apagones nacionales de 2019. Durante su gestión, Corpoelec mantuvo programas de mantenimiento, recuperación de generación, rehabilitación de subestaciones, reparación de líneas y sustitución de equipos, mientras la empresa enfrentaba el deterioro acumulado de su infraestructura.
En marzo de 2023, Betancourt explicó públicamente una falla en Caracas que afectó las subestaciones Catia y Guarataro. Corpoelec informó que más de 80 trabajadores fueron desplegados para recuperar las instalaciones y que esperaba restablecer el servicio durante esa misma noche.
Ese año la empresa también ejecutó un plan de desmalezamiento alrededor de plantas de generación, líneas y subestaciones. Según Corpoelec, el operativo comprendía 42 plantas de generación, unos 36.000 kilómetros de líneas y subestaciones y 4.500 circuitos.
Un informe de seguimiento de las órdenes ministeriales de Corpoelec, fechado el 25 de agosto de 2023, registró 50 órdenes bajo la presidencia de José Luis Betancourt: 31 estaban cumplidas al 100 % (62 %), cinco seguían en proceso —con avances de 40 %, 50 % o 70 %— y 14 no mostraban ningún avance. Entre estas últimas figuraban planes de mantenimiento, recuperación de megavatios, rehabilitación de plantas, diagnóstico de generación y transmisión, mantenimiento de subestaciones y revisión de interruptores dañados.
El conflicto con Fetraelec
Una de las controversias directamente asociadas con Betancourt ocurrió dentro de la propia Corpoelec. En agosto de 2022, trabajadores afiliados a la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela, Fetraelec, denunciaron que la gerencia de la estatal había tomado la sede sindical ubicada en el Centro Seguro La Paz, en Caracas.
El reclamo, difundido a partir de un comunicado de los trabajadores, señaló que la gerencia había cambiado los cilindros de la cerradura de la sede y tomado posesión del espacio antes de que venciera el plazo de 60 días que, según Fetraelec, se concedió para el desalojo.
Los trabajadores calificaron la actuación como una violación de la libertad sindical y denunciaron además la apropiación de activos de la organización. La acusación corresponde a la organización sindical y no equivale por sí misma a una determinación judicial de responsabilidad contra Betancourt.
La política dentro de Corpoelec
La administración de Betancourt también transcurrió dentro de una estructura empresarial donde los documentos internos incorporaban lenguaje político.
Un documento de 2024 relacionado con la formación de nuevos trabajadores de la empresa incluía contenidos vinculados con la historia política venezolana, el pensamiento de Hugo Chávez, el Plan de la Patria y la transformación revolucionaria del Estado.
El registro no convierte esas actuaciones administrativas en una irregularidad, pero permite documentar el entorno político en el que se desarrollaba la gestión de la empresa.
Juan Crisóstomo Fernández: 27 años dentro del sistema eléctrico
El sustituto de Betancourt llegó desde una trayectoria diferente en forma, pero desarrollada dentro del mismo sector. El ingeniero Juan Crisóstomo Fernández Manrique acumuló, según el Gobierno, 27 años de experiencia en la industria eléctrica antes de ser designado presidente de Corpoelec el 8 de agosto de 2026.
Los 27 años atribuidos oficialmente sitúan el comienzo de su carrera a finales de los años noventa, cuando Corpoelec todavía no existía. La empresa fue creada en 2007 por el gobierno de Hugo Chávez como parte de la centralización de las compañías eléctricas estatales.
Varias publicaciones difundidas después de su designación señalan que Fernández habría iniciado su carrera en Electrificación del Caroní, EDELCA, empresa responsable del desarrollo hidroeléctrico del río Caroní y posteriormente incorporada al sistema eléctrico estatal.
En junio de 2024, Fernández fue designado gerente general encargado de Transmisión, según un informe interno de Corpoelec elaborado en enero del siguiente año. El cargo amplió su radio de acción desde la estructura regional de Guayana hacia la coordinación nacional de líneas de transmisión, subestaciones, mantenimiento, trabajos programados y otras operaciones vinculadas con la estabilidad de la red.
Y en 2025, sus comunicaciones como gerente general encargado de Transmisión estaban dirigidas a distintas dependencias nacionales, regionales y estadales de Corpoelec. Una de ellas, fechada en abril de ese año, establecía instrucciones sobre el control y movilización de materiales estratégicos, equipos, vehículos y personal relacionados con las instalaciones eléctricas.
El documento también establecía que determinadas movilizaciones debían contar con autorización del ministro de Energía Eléctrica y estaba encabezado por la fórmula institucional “Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Antiimperialista y Profundamente Chavista”.
Bajo perfil, alto cargo
Pese a la importancia de los puestos que ocupó, Fernández mantuvo una exposición pública mucho menor que otros funcionarios del sector eléctrico. Su nombre aparece principalmente en documentos administrativos y técnicos de Corpoelec, más que en entrevistas, discursos políticos o declaraciones públicas de alto impacto.
La revisión de fuentes abiertas no permitió localizar una sentencia, sanción internacional, investigación penal o acusación formal por corrupción que pueda atribuirse inequívocamente a Fernández Manrique. Tampoco se encontró una auditoría pública que lo responsabilice personalmente por irregularidades en el manejo de recursos de Corpoelec.
Los documentos localizados muestran su participación y firma dentro de la estructura administrativa de la empresa, pero esas actuaciones no constituyen por sí mismas evidencia de un delito o una irregularidad.
Su perfil público está marcado, hasta ahora, menos por controversias personales que por la permanencia dentro del aparato eléctrico estatal y por la sucesión de cargos que lo llevó desde la estructura regional de Guayana hasta la presidencia.
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