Claves de la revisión de credenciales para el TSJ: observaciones, instrumentos y perfiles

El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue establecido por la mesa de diálogo como un paso operativo en la renovación del Poder Judicial. Aunque diversos juristas, políticos y académicos recibieron con satisfacción la conformación de esta instancia técnica, advirtieron que al no estar contemplada explícitamente en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TSJ, sus dictámenes no resultan vinculantes para la Asamblea Nacional.

En este escenario, el abogado y político Vladimir Petit Medina emitió un pronunciamiento público en la red social X dirigido a los miembros del consejo técnico. Solicitó un escrutinio riguroso e instó a no validar de manera automática ciertos títulos o trayectorias profesionales que, a su juicio, responden a procesos cooptados en los últimos años. Entre sus principales alertas destacan:

–Desestimar credenciales académicas provenientes de instituciones como la Universidad Católica Santa Rosa u otorgadas bajo esquemas sin mérito profesional o político.

–Revisar el escalafón de institutos del sistema de educación superior de factura partidista (como UNES o UNEFA), al considerar que sus ingresos y ascensos carecieron del rigor académico constitucional.

–Evitar tomar el ejercicio previo en juzgados o fiscalías como aval de idoneidad, dado el sesgo político registrado en las designaciones de la carrera judicial.

–Extender la verificación de militancia partidista más allá de la afiliación formal, abarcando manifestaciones públicas de fe ideológica, además de exigir una demostrada honorabilidad.

–Generar mecanismos y garantías efectivas para que juristas venezolanos en el exterior puedan concursar en igualdad de condiciones (in pari causa).

Instrumentos propuestos para la evaluación de candidatos

Horas antes de la designación de este consejo de juristas, la asociación civil Acceso a la Justicia presentó una propuesta formal de baremo técnico para examinar a cada postulante a magistrado. El instrumento metodológico prioriza la meritocracia, la trayectoria profesional y la honorabilidad.

El modelo pondera mediante un sistema de puntuación los años de ejercicio profesional, la formación académica comprobable y el perfil judicial. Asimismo, establece causales de descarte como denuncias por delitos de violencia de género, señalamientos por plagio académico o vinculación con violaciones a los derechos humanos documentadas en informes nacionales e internacionales. 

La ONG solicitó además transparencia total en las fases de convocatoria, entrevistas e impugnaciones.

Perfiles de los integrantes del Consejo

El grupo designado por la mesa de diálogo está integrado por siete especialistas de diversa trayectoria jurídica y académica. Cuatro de ellos los eligió la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 (Pérez Perdomo, Bernardoni de Goveia, Ramírez Landaeta y Pulido Márquez)

El medio digital Efecto Cocuyo publicó un breve perfil de cada uno:

-Belén Ramírez Landaeta: Abogada y exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

-Rogelio Pérez Perdomo: Exdecano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.

-Bernardo Pulido Márquez: Abogado litigante especializado en derechos humanos, con maestrías en las universidades de Stanford y Notre Dame.

–María Bernardoni de Govea: Jurista especialista en derecho laboral por la Universidad de Roma y exministra del Trabajo.

-Silio Sánchez Zerpa: Jurista designado en 2022 como magistrado suplente de la Sala de Casación Social del TSJ.

-Deyanira Nieves Bastidas: Abogada y exmagistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ.

-Federico Fuenmayor Gallo: Jurista especializado en derecho constitucional, penal y penitenciario.

El recién designado Consejo de Revisión de Credenciales enfrenta sus primeras observaciones metodológicas y advertencias sobre los filtros académicos para la selección de magistrados al Tribunal Supremo de Justicia.
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El Consejo de Revisión de Credenciales y Requisitos de Postulados y Postuladas al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) fue establecido por la mesa de diálogo como un paso operativo en la renovación del Poder Judicial. Aunque diversos juristas, políticos y académicos recibieron con satisfacción la conformación de esta instancia técnica, advirtieron que al no estar contemplada explícitamente en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TSJ, sus dictámenes no resultan vinculantes para la Asamblea Nacional.

En este escenario, el abogado y político Vladimir Petit Medina emitió un pronunciamiento público en la red social X dirigido a los miembros del consejo técnico. Solicitó un escrutinio riguroso e instó a no validar de manera automática ciertos títulos o trayectorias profesionales que, a su juicio, responden a procesos cooptados en los últimos años. Entre sus principales alertas destacan:

–Desestimar credenciales académicas provenientes de instituciones como la Universidad Católica Santa Rosa u otorgadas bajo esquemas sin mérito profesional o político.

–Revisar el escalafón de institutos del sistema de educación superior de factura partidista (como UNES o UNEFA), al considerar que sus ingresos y ascensos carecieron del rigor académico constitucional.

–Evitar tomar el ejercicio previo en juzgados o fiscalías como aval de idoneidad, dado el sesgo político registrado en las designaciones de la carrera judicial.

–Extender la verificación de militancia partidista más allá de la afiliación formal, abarcando manifestaciones públicas de fe ideológica, además de exigir una demostrada honorabilidad.

–Generar mecanismos y garantías efectivas para que juristas venezolanos en el exterior puedan concursar en igualdad de condiciones (in pari causa).

Instrumentos propuestos para la evaluación de candidatos

Horas antes de la designación de este consejo de juristas, la asociación civil Acceso a la Justicia presentó una propuesta formal de baremo técnico para examinar a cada postulante a magistrado. El instrumento metodológico prioriza la meritocracia, la trayectoria profesional y la honorabilidad.

El modelo pondera mediante un sistema de puntuación los años de ejercicio profesional, la formación académica comprobable y el perfil judicial. Asimismo, establece causales de descarte como denuncias por delitos de violencia de género, señalamientos por plagio académico o vinculación con violaciones a los derechos humanos documentadas en informes nacionales e internacionales. 

La ONG solicitó además transparencia total en las fases de convocatoria, entrevistas e impugnaciones.

Perfiles de los integrantes del Consejo

El grupo designado por la mesa de diálogo está integrado por siete especialistas de diversa trayectoria jurídica y académica. Cuatro de ellos los eligió la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 (Pérez Perdomo, Bernardoni de Goveia, Ramírez Landaeta y Pulido Márquez)

El medio digital Efecto Cocuyo publicó un breve perfil de cada uno:

-Belén Ramírez Landaeta: Abogada y exmagistrada de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.

-Rogelio Pérez Perdomo: Exdecano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Metropolitana e Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia.

-Bernardo Pulido Márquez: Abogado litigante especializado en derechos humanos, con maestrías en las universidades de Stanford y Notre Dame.

–María Bernardoni de Govea: Jurista especialista en derecho laboral por la Universidad de Roma y exministra del Trabajo.

-Silio Sánchez Zerpa: Jurista designado en 2022 como magistrado suplente de la Sala de Casación Social del TSJ.

-Deyanira Nieves Bastidas: Abogada y exmagistrada de la Sala de Casación Penal del TSJ.

-Federico Fuenmayor Gallo: Jurista especializado en derecho constitucional, penal y penitenciario.

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Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.