La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 9 de octubre que impondrá sanciones económicas a la Corte Penal Internacional (CPI). La institución internacional podrá hacer movimientos financieros ordinarios con instituciones estadounidenses hasta el 7 de abril de 2027, de acuerdo con la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.
«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en un comunicado publicado este 9 de octubre.
La medida ocurrió horas después que la Comité Noruego le otorgara el Premio Nobel de la Paz a la exmagistrada de la CPI Navanethem «Navi» Pillay por su papel en la justicia internacional. Su trabajo destacó por al defensa de Nelson Mandela y el apartheid en Sudáfrica y, actualmente, revisa en la Corte Internacional de Justicia un caso de genocidio de la comunidad musulmana rohinyás, en Myanmar.
Su último rol de importancia en la ONU fue como presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados entre 2021 y 2025. Allí, Pillay y su equipo concluyó que Israel había cometido genocidio contra los paletinos en la Franja de Gaza.
«El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses. Por eso, hoy Estados Unidos está sancionando a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal fuera de control, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de funcionamiento contra nosotros», agregó el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en sus redes sociales.
Naciones Unidas rechaza las sanciones
Tanto la CPI como las Naciones Unidas rechazaron «energéticamente» las sanciones impuestas por el Gobierno de Trump. Alegaron que estas acciones buscarían «romper con las operaciones de la Corte e intimidar a aquellos que cooperan con la institución».
«La Corte seguirá con sus mandatos de forma plena, con independencia e imparcialidad. Actuará solamente en base a las evidencias y la ley por el bien de innumerables víctimas de graves crímenes», destacó la presidente de la CPI, Tomoko Akane, en un comunicado presentado minutos después de la denuncia de Rubio.
La CPI cuenta con 125 países miembros, incluido Venezuela. La Corte lleva investigando formalmente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra la ciudadanía venezolana desde el año 2021.
El plazo que de 180 días que le dará Estados Unidos a la CPI estará destinado a que los países miembros de la Corte permitan desplazar sus bienes financieros a otras instituciones. La Corte, por su parte, hizo un llamado a los estados miembros tomar las acciones necesarias para continuar con las funciones de la justicia internacional.
«O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI», reiteró Rubio.
La Comisión de la Unión Europea anunció que hará «todo lo necesario» para mantener a La Corte. En un comunicado de prensa, la institución internacional destacó que el plazo de 180 días da un «espacio para el diálogo» con el gabinete de Donald Trump.
Mientras tanto, el Gobierno interino venezolano avalado por Estados Unidos decidió retirarse de la CPI el pasado 24 de julio. Sin embargo, la renuncia se haría efectiva para 2027 y la acción no influenciaría en las investigaciones y procedimientos que involucran a los miembros del PSUV en los años anteriores.
