La ONG Foro Penal informó este 12 de octubre que sus directores, Alfredo Romero y Gonzalo Gimiob, participarán el próximo 14 de octubre en la primera audiencia pública que tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por las víctimas de las protestas antigubernamentales en Caracas del pasado 11 de abril de 2002. El proceso se llevará a cabo en la ciudad de San José, capital de Costa Rica a las 11:00 a.m. (hora de Venezuela).
«Se presentará la ratificación de la experticia, el perito estará presente sobre lo que ocurrió ese día. Y, básicamente, [determinar legalmente] la responsabilidad del Estado [venezolano] por 19 personas fallecidas y decenas de heridos», explicó Romero a través de sus redes sociales.
Tras 24 años y 9 meses, la sociedad civil venezolana agotó todos los mecanismos nacionales para obtener justicia. El proceso ante el sistema de justicia internacional inició en 2022, cuando se llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«La Comisión Interamericana remitió el expediente a la Corte el 9 de julio de 2024. En su Informe de Fondo n.º 313/23, [la Comisión] concluyó que el Estado venezolano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la reunión, las garantías judiciales y la protección judicial. Asimismo, señaló que el Estado [venezolano] no demostró que el uso de la fuerza letal contra las víctimas hubiera sido legítimo, necesario y proporcionado, y que las investigaciones no habían permitido esclarecer los hechos ni sancionar a los responsables de las muertes y lesiones comprendidas en el caso», destacó Foro Penal en un comunicado de prensa publicado este 12 de octubre.
De acuerdo con el Foro Penal, se abrieron 79 investigaciones por los hechos del 11 y 12 de abril del 2002, de las cuales solo cuatro llegaron a juicio. Entre las vulneraciones al debido proceso, se destacan las detenciones arbitrarias de Iván Simonovis —quién se encuentra exiliado en Estados Unidos— y los efectivos de la extinta Policía Metropolitana Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina —quienes estuvieron privados de libertad por 23 años y los excarcelaron el pasado 19 de mayo de 2026—.
«Después de casi 25 años, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. La audiencia ante la Corte IDH constituye una oportunidad para determinar la responsabilidad internacional del Estado, establecer las reparaciones correspondientes y reafirmar que las graves violaciones de derechos humanos deben investigarse y que el paso del tiempo no puede sustituir la justicia», reiteró Foro Penal.
