La segunda Consulta Popular Nacional de este domingo, 18 de octubre, someterá a votación más de 37.600 proyectos comunitarios en 5.418 circuitos comunales de Venezuela, con la incorporación de más de 120.000 juntas de condominio.
La jornada se desarrolla en medio de una estrategia oficial para aumentar la participación y de cuestionamientos ciudadanos por las fallas en los servicios públicos y el destino de los recursos.
Durante un encuentro nacional celebrado en el teatro Cristo Rey, en la parroquia caraqueña del 23 de Enero, la alcaldesa Carmen Meléndez anunció que los proyectos que ocupen el primer y segundo lugar recibirán financiamiento directo. Las autoridades también plantearon incentivos presupuestarios para los consejos comunales que logren mayores niveles de movilización, mientras en algunas localidades se establecieron metas de participación por calle y se organizaron operativos para promover el voto.
El llamado institucional contrasta con el descontento de vecinos que cuestionan la efectividad de las consultas anteriores. En sectores como Las Lluvias, en La Guaira, residentes aseguran que algunos beneficios se distribuyeron de manera discrecional y que no existe suficiente información sobre la asignación de créditos y materiales. “Se regó la voz de que dieron unos créditos, pero no sabemos a quién y no explicaron nunca nada”, contó Martha Ramos, habitante de la comunidad.
Trabajadores públicos denuncian presiones para votar
Las denuncias también apuntan a presiones dentro de la administración pública. Funcionarios policiales consultados por TalCual aseguraron haber recibido instrucciones para acudir a votar y dejar constancia fotográfica de su participación.
Una trabajadora del Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que el personal recibió lineamientos para participar y reportar su asistencia mediante un sistema digital, incluso con la posibilidad de trasladarse a otra localidad si en su lugar de residencia no había un proyecto registrado.
El malestar laboral se relaciona, además, con los bajos ingresos y las diferencias salariales dentro de las instituciones. “A nosotros, los empleados públicos, no nos vas a ver contentos en marchas ni por las consultas ni por nada. Hay descontento por el tema del salario”, señaló la trabajadora, quien pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias.
En redes sociales se han multiplicado los cuestionamientos sobre el funcionamiento de los consejos comunales y la supervisión de los fondos. Algunos usuarios sostienen que las reparaciones de servicios básicos y el mantenimiento urbano son responsabilidades ordinarias de alcaldías, gobernaciones y ministerios, por lo que no deberían depender de consultas sectoriales. Las fallas de agua, electricidad, gas doméstico y aseo urbano figuran entre los reclamos recurrentes.
La consulta de este domingoi representa una nueva prueba para el modelo de participación impulsado por el oficialismo. Mientras las autoridades buscan mostrar capacidad de movilización, parte de la ciudadanía reclama resultados verificables, información sobre los recursos asignados y soluciones sostenidas a los problemas cotidianos.
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