La ONG Transparencia Venezuela advirtió que cuatro meses después de los terremotos del 24 de junio, Venezuela sigue sin un plan de reconstrucción, un presupuesto público ni mecanismos de control independiente para garantizar el uso transparente de los recursos destinados a las comunidades afectadas.
Un informe realizado por la organización, titulado “Reconstrucción Postdesastre y Gestión Transparente de Fondos Públicos” analizó las experiencias internacionales que ofrecen lecciones sobre cómo gestionar los fondos públicos después de un desastre para supervisar los recursos y prevenir la corrupción.
Los hallazgos arrojaron tres lecciones clave: establecer reglas claras mediante un plan y un presupuesto transparentes; garantizar auditorías independientes y fiscalización técnica de los fondos ejecutados; y sancionar los actos de corrupción
Transparencia Venezuela insistió en que la reconstrucción necesita más que recursos: requiere transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas. Estos mecanismos son fundamentales para proteger a las comunidades sobrevivientes y evitar que la ayuda se pierda en la corrupción.
A continuación las cuatro claves del informe:
El desastre y la brecha de recursos
De acuerdo con cifras oficiales, el doble terremoto del 24 de junio de 2026 dejó más de 3800 fallecidos, pero la cantidad de damnificados y daños estructurales no han sido divulgadas y se mantienen en total anonimato.
Frente a las evaluaciones de daño directo estimadas entre 6700 millones y 37 000 millones de dólares, el Gobierno solo ha anunciado un fondo inicial de reconstrucción de USD 200 millones.
Según cifras de la ONG, al 17 de agosto de 2026 se contabilizan USD 1.333.663.837 anunciados por 151 donantes. Sin embargo, corresponden a compromisos de cooperación y no a desembolsos verificados.
Vacío institucional y la alerta del Fonden
Transparencia Venezuela señaló que hasta el momento no existe ningún instrumento jurídico que cree o regule el mecanismo administrador de los fondos. “No hay mandato, plazo, presupuesto ni órgano rector designado”, aseguró la ONG.
Sobre el vacío institucional, la ONG advirtió que instalar controles de integridad toma semanas, mientras que reconstruir la trazabilidad de dinero ya ejecutado es imposible.
El canal financiero propuesto por el Ejecutivo para centralizar la ayuda es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), una institución sin acceso legal a la información sobre endeudamiento o acuerdos de cooperación.
Entre 2005 y 2015 Fonden manejó 781 proyectos (USD 174.898 millones) sin control ni auditoría externa efectiva, aseguró Transparencia Venezuela.
Opacidad estructural y fallas del Estado
El informe de Transparencia Venezuela precisó que Venezuela obtuvo 0/100 -por tercera vez consecutiva- en la Encuesta de Presupuesto Abierto. A la fecha son 20 años sin publicar sin publicar la Cuenta General de Hacienda y más de 15 años sin estadísticas fiscales oficiales.
A pesar de contar con la norma sismorresistente COVENIN 1756, menos del 25% de las edificaciones en Venezuela la cumplen, mientras que un 77% de las viviendas del país están en asentamientos informales.
Desde 2017 se denunció la falta de planos y memorias de cálculo en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Luego de los terremotos el gobierno admitió no tener registro de cuántos edificios estatales colapsaron.
Anomalías y riesgos materializados
Luego del doblete sísmico se documentaron ayudas por parte de las autoridades a las personas según su filiación política.
También quedó en evidencia la alteración de registros con el balance oficial de fallecidos y restricciones a la prensa sobre todo para acceder a la zona cero.
Transparencia Venezuela aclaró que el mayor riesgo de desvío de fondos no ocurre en el primer año, sino en los años 2 y 3, cuando la atención pública, mediática y de la cooperación internacional disminuye.
Recomendaciones
Entre los nueve desastres internacionales analizados por Transparencia Venezuela —que van desde Chile y Japón hasta Haití y Siria—, la reconstrucción de la provincia de Aceh en Indonesia (tras el tsunami de 2004) destaca como el caso de mayor éxito institucional. Su efectividad no radicó en la cantidad de dinero recibido, sino en el diseño del mecanismo que lo administró.
La propuesta para la Venezuela post-sismo adapta esta experiencia y propone un fondo fiduciario multidonante administrado por un fideicomisario externo e independiente que custodia la totalidad de los recursos internacionales y libera el dinero tramo por tramo, únicamente contra verificación técnica de avance de obra y costos.
También un ente público con fecha de expiración y competencias estrictas para planificar y coordinar las prioridades de reconstrucción, pero con una prohibición expresa: no puede contratar ni ejecutar obras.
Esto se complementaría con un Comité Directivo Mixto donde la sociedad civil tiene asiento con derecho a voto (sin ser designada por el Ejecutivo), una instancia de integridad operativa antes del primer desembolso y auditorías externas contratadas directamente por el comité, cuyos dictámenes deben ser públicos e íntegros.
*Puede leer el informe completo AQUÍ
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