Al menos 32 biólogos, ingenieros forestales, especialistas de turismo y funcionarios públicos publicaron un comunicado este 2 de noviembre para denunciar la necesidad de proteger y crear proyectos de turismo sustentable dentro del Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, ubicado en el estado Bolívar, en la Amazonía venezolana.
El texto surge luego de que varios creadores de contenido, entre ellos Valentina Quintero e Isaías Landaeta, han entrado a espacios protegidos y de alta vulnerabilidad ecológica.
«Los tepuyes y las simas de colapso de Sarisariñama son laboratorios evolutivos con especies frágiles o endémicas, únicas en el mundo. Por ende, estos ecosistemas insulares tepuyanos, en forma similar a las islas oceánicas remotas, destacan por sus altos niveles de fragilidad frente a cualquier perturbación biológica y humana externa», se lee en el comunicado.
Prevenir un mayor impacto
Los especialistas advierten que el impacto de la intervención humana ya se evidencia en otros tepuyes como el Roraima y el Auyantepuy —ambos en el Parque Nacional Canaima, en el estado Bolívar, también en la Amazonía venezolana—. La actividad turística mal regulada, según los expertos, propiciaron que especies animales y vegetales que compiten con las especies endémicas de cada tepuy.
«En consecuencia, el estándar internacionalmente aceptado para estos ecosistemas exige la aplicación estricta de medidas de protección absoluta que impidan cualquier forma de degradación o contaminación biológica exógena», advierten los expertos en el comunicado.
Aseveraron que el turismo debe ser una actividad que promueva la sostenibilidad de las poblaciones originarias y una herramienta pedagógica y de financiamiento para la conservación ambiental; «nunca un pretexto para un extractivismo de contenido mediático, la promoción de hazañas personales, o el beneficio comercial privado».
«El ingreso a la meseta de Sarisariñama y sus simas debe quedar limitado única y exclusivamente a expediciones de investigación científica, justificadas, sujetas a estrictos protocolos de bioseguridad», agregaron los expertos en su comunicado.
Denunciaron que el Gobierno venezolano, a través de Instituto Nacional de Parques (Inparques), ha fallado en su fiscalización: permite la discrecionalidad de permisos, el avance de la minería ilegal, el cambio de uso de tierras y la organización de eventos privados en varios parques nacionales venezolanos.
Los expertos exigieron transparencia en los permisos que ofrece Inparques, así como un cambio en los protocolos de protección ecológica en el país. «Estos espacios constituyen un patrimonio natural único, intocable e irremplazable, cuya conservación integral representa una responsabilidad ineludible y prioritaria del Estado venezolano», aseveraron.
«Cualquier desarrollo turístico […] debe concentrarse únicamente en sectores de tierras bajas que cuenten con la infraestructura adecuada, capacidad de carga evaluada y nulo riesgo para los ecosistemas frágiles a mayor altitud», demandan en el documento.
