Martha Tineo: «Los tribunales de control contra el terrorismo no fueron eliminados»

Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, reiteró este 17 de noviembre que la jurisdicción especial para juzgar casos vinculados con delitos asociados al terrorismo se mantiene vigente en Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia solo eliminó la competencia exclusiva de los cuatro tribunales de control en Caracas que atendían estas causas.

En una entrevista al canal TVV, la abogada explicó que las competencia de control —de vigilar que la investigación de la Fiscalía frente a una persona cumpla con los estándares humanitarios y decidir si el acusado debe ir a juicio— se distribuyó en los circuitos judiciales penales a lo largo del país.

Advirtió que las otras fases del circuito penal —los tribunales de juicio y los tribunales de apelación con competencias en terrorismo— se mantienen exclusivamente en Caracas.

«Ya no están solo en Caracas, sino que les atribuyeron esa competencia a otros tribunales en las regiones del país. Entonces, ahora detienen a una persona por delitos asociados al terrorismo en el Zulia, por ejemplo, y ahora va a ser presentado en un tribunal de control en el estado Zulia por los mismos delitos de terrorismo. Y si ese tribunal decide que la persona debe ir a un juicio, ese juicio se llevaría a cabo en Caracas», dijo Tineo.

La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón denunció que las personas que en este momento están siendo presentadas ante un juicio por presuntos delitos asociados al terrorismo están siendo juzgadas en Caracas, sin importar su residencia o lugar de detención.

Una resolución que no cambió nada

La ONG Acceso a la Justicia detalló que la resolución la resolución n.º 2026-0010, dictada el 13 de octubre por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no elimina los tribunales especializados en terrorismo ni modifica los delitos previstos en la legislación antiterrorista.

«El cambio territorial no garantiza por sí mismo el derecho a la defensa, la independencia judicial ni el respeto del debido proceso», advirtió la ONG, recordando que las imputaciones al terrorismo es una tendencia que aplica el Gobierno chavista para ejercer detenciones arbitrarias.

Un informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), publicado en febrero de 2026, detalló que en los casos administrados por los tribunales de terrorismo:

  • El 100 % de las personas entrevistadas manifestó que no pudo contar con un abogado de su elección; 
  • El 78 % de una muestra de 180 sentencias del TSJ, dictadas entre enero de 2015 y junio de 2025, correspondía a procesos por delitos no necesariamente vinculados con actos genuinos de terrorismo conforme a estándares internacionales;
  • El 50,8 % de las sentencias de esa muestra se concentró entre 2024 y el primer semestre de 2025;
  • El 85 % de las decisiones examinadas sobre prácticas procesales incluyó audiencias preliminares realizadas a distancia.

Estas premisas son las que ha llevado al World Justice Project (WJP) a posicionar a Venezuela como el país con la pero calificación en el Índice Mundial del Estado de Derecho por 11 años consecutivos.

«Lo que hemos visto acá son medidas cosméticas […] para advertir que se ha cambiado las cosas en Venezuela», afirmó Tineo.

Afirmó que solo la primera fase proceso penal se distribuyó a tribunales que están a lo largo del país
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Martha Tineo, abogada y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, reiteró este 17 de noviembre que la jurisdicción especial para juzgar casos vinculados con delitos asociados al terrorismo se mantiene vigente en Venezuela: el Tribunal Supremo de Justicia solo eliminó la competencia exclusiva de los cuatro tribunales de control en Caracas que atendían estas causas.

En una entrevista al canal TVV, la abogada explicó que las competencia de control —de vigilar que la investigación de la Fiscalía frente a una persona cumpla con los estándares humanitarios y decidir si el acusado debe ir a juicio— se distribuyó en los circuitos judiciales penales a lo largo del país.

Advirtió que las otras fases del circuito penal —los tribunales de juicio y los tribunales de apelación con competencias en terrorismo— se mantienen exclusivamente en Caracas.

«Ya no están solo en Caracas, sino que les atribuyeron esa competencia a otros tribunales en las regiones del país. Entonces, ahora detienen a una persona por delitos asociados al terrorismo en el Zulia, por ejemplo, y ahora va a ser presentado en un tribunal de control en el estado Zulia por los mismos delitos de terrorismo. Y si ese tribunal decide que la persona debe ir a un juicio, ese juicio se llevaría a cabo en Caracas», dijo Tineo.

La coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón denunció que las personas que en este momento están siendo presentadas ante un juicio por presuntos delitos asociados al terrorismo están siendo juzgadas en Caracas, sin importar su residencia o lugar de detención.

Una resolución que no cambió nada

La ONG Acceso a la Justicia detalló que la resolución la resolución n.º 2026-0010, dictada el 13 de octubre por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no elimina los tribunales especializados en terrorismo ni modifica los delitos previstos en la legislación antiterrorista.

«El cambio territorial no garantiza por sí mismo el derecho a la defensa, la independencia judicial ni el respeto del debido proceso», advirtió la ONG, recordando que las imputaciones al terrorismo es una tendencia que aplica el Gobierno chavista para ejercer detenciones arbitrarias.

Un informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), publicado en febrero de 2026, detalló que en los casos administrados por los tribunales de terrorismo:

  • El 100 % de las personas entrevistadas manifestó que no pudo contar con un abogado de su elección; 
  • El 78 % de una muestra de 180 sentencias del TSJ, dictadas entre enero de 2015 y junio de 2025, correspondía a procesos por delitos no necesariamente vinculados con actos genuinos de terrorismo conforme a estándares internacionales;
  • El 50,8 % de las sentencias de esa muestra se concentró entre 2024 y el primer semestre de 2025;
  • El 85 % de las decisiones examinadas sobre prácticas procesales incluyó audiencias preliminares realizadas a distancia.

Estas premisas son las que ha llevado al World Justice Project (WJP) a posicionar a Venezuela como el país con la pero calificación en el Índice Mundial del Estado de Derecho por 11 años consecutivos.

«Lo que hemos visto acá son medidas cosméticas […] para advertir que se ha cambiado las cosas en Venezuela», afirmó Tineo.

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