“La cooperación no puede significar impunidad”: ONG condenan a EE.UU. por firmar acuerdo militar con exjefe del Sebin

Las ONG Provea y Laboratorio de Paz rechazaron el hecho de que el acuerdo militar suscrito por Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez haya incorporado la rúbrica del el exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ahora ministro de la Defensa.

Ambas organizaciones destacaron que González López, a quien el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estrechó la mano, tiene años siendo objeto de señalamientos tanto por organizaciones locales e internacionales por violaciones de derechos humanos, denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y abusos durante su gestión al frente del Sebin.

Cabe destacar que durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos sancionó a Gustavo López, concretamente en marzo del año 2015, cuando era director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) En ese momento, se argumentó que se imponía la sanción “por violaciones graves a los derechos humanos y represión contra manifestantes y opositores. Por esas mismas razones y por presuntos hechos de corrupción también fue sancionado posteriormente por Canadá (2017), la Unión Europea (2018), Suiza (2018) y Panamá.

Pero durante la firma del convenio militar en Caracas, ese antecedente no se mencionó, así como tampoco que la ficha individual de González López en la OFAC Santions List Search sigue activa y no ha expirado. Hegseth se limitó a destacar que con el acuerdo Estados Unidos espera “profundizar” la cooperación para que los venezolanos “no estén amenazados por actores extranjeros, ni por narcoterroristas ni por criminales” y resaltó que el pacto permitirá a Estados Unidos “colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa”. Por su parte, Delcy Rodríguez calificó el acuerdo de “histórico” y explicó que permitirá reanudar la cooperación técnico-militar para “reforzar la capacitación” de la Fuerza Armada, “favorecer su equipamiento operativo” y “facilitar el acceso a nuevas tecnologías”.

Responsable de tratos crueles, inhumanos y degradantes

La organización Provea señaló que que Gustavo González López ha sido señalado en reiteradas oportunidades de graves violaciones contra los Derechos Humanos durante las OLP y las protestas de 2014 y 2017.

Provea recordó que, al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, González López fue responsable de “cientos de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas de ciudadanos de origen colombiano”.

Durante su gestión en el Sebin, se produjeron numerosos casos de torturas y, al igual que el concejal Fernando Albán, los señores Rodolfo González y Carlos Andrés García murieron en las sedes de ese cuerpo policial en Plaza Venezuela, Caracas, así como San Fernando de Apure.

“Con el acuerdo firmado, la administración del presidente Donald Trump brinda un condenable espaldarazo a la impunidad y un aliento a la maquinaria represiva que -como afirmó la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas-, sigue operativa pese a la abrupta aprehensión de Nicolás Maduro”, sentenció Provea.

“La cooperación militar no puede significar impunidad”

Ante la firma del acuerdo, la ONG Laboratorio de Paz advirtió en un comunicado que la cooperación militar entre ambos países “no puede significar impunidad ni fortalecer estructuras vinculadas con la represión”.

La organización aseguró que la permanencia de González López al frente del aparato militar “plantea graves riesgos para la rendición de cuentas, la reforma de las Fuerzas Armadas y las garantías de no repetición”.

Advirtió que cualquier asistencia, entrenamiento o transferencia de armamento debe contar con controles efectivos, supervisión civil y garantías de respeto a los derechos humanos.

Laboratorio de Paz insistió en que una transición democrática exige verdad, justicia y reformas institucionales, no el fortalecimiento de estructuras señaladas por graves violaciones de derechos humanos.

Fichado por organizaciones nacionales e internacionales

Gustavo González López ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos en informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizaciones no gubernamentales venezolanas y actuaciones del Ministerio Público de Venezuela.

Documentos de la ONU lo vinculan con la ejecución de un plan de represión contra opositores que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, violencia sexual en centros como El Helicoide y la fabricación de falsas acusaciones.

La Secretaría General y el Panel de Expertos Independientes de la OEA han recopilado testimonios que responsabilizan directamente a González López por presiones contra detenidos políticos, tratos crueles e inhumanos y la dirección de operativos represivos.

La ONG Foro Penal denunció de forma reiterada el desacato sistemático del Sebin bajo la dirección de González López a las boletas de excarcelación emitidas por los tribunales ordinarios.

En junio de 2017,en el marco de fuertes protestas reprimidas duramente por los cuerpos de seguridad, la Fiscalía 85° Nacional emitió una citación formal en calidad de imputado contra González López. El expediente fiscal lo señaló por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad y la retención indebida de personas con órdenes judiciales de libertad. En ese momento estaba al frente del Ministerio Público Luisa Ortega Díaz, quien terminó siendo disidente del oficialismo.

“Cooperación con independencia y soberanía”

Tras la firma del acuerdo, Gustavo González López, ministro de Defensa de Venezuela, aclaró que la cooperación militar con Estados Unidos, se hará “con pleno respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en estricto apego a la Constitución”.

De acuerdo con las declaraciones de González López, la cooperación estará orientada a “retomar iniciativas vinculadas con la formación, la capacitación, el intercambio técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades y equipamiento”, así como a “contribuir y hacer frente a las amenazas comunes”.

“Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra nación”, concluyó González López.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Gustavo González López aclaró que la cooperación militar "Se hará con pleno respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en estricto apego a la Constitución"
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Las ONG Provea y Laboratorio de Paz rechazaron el hecho de que el acuerdo militar suscrito por Estados Unidos y el gobierno de Delcy Rodríguez haya incorporado la rúbrica del el exjefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, ahora ministro de la Defensa.

Ambas organizaciones destacaron que González López, a quien el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, estrechó la mano, tiene años siendo objeto de señalamientos tanto por organizaciones locales e internacionales por violaciones de derechos humanos, denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y abusos durante su gestión al frente del Sebin.

Cabe destacar que durante el primer gobierno de Donald Trump, Estados Unidos sancionó a Gustavo López, concretamente en marzo del año 2015, cuando era director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) En ese momento, se argumentó que se imponía la sanción “por violaciones graves a los derechos humanos y represión contra manifestantes y opositores. Por esas mismas razones y por presuntos hechos de corrupción también fue sancionado posteriormente por Canadá (2017), la Unión Europea (2018), Suiza (2018) y Panamá.

Pero durante la firma del convenio militar en Caracas, ese antecedente no se mencionó, así como tampoco que la ficha individual de González López en la OFAC Santions List Search sigue activa y no ha expirado. Hegseth se limitó a destacar que con el acuerdo Estados Unidos espera “profundizar” la cooperación para que los venezolanos “no estén amenazados por actores extranjeros, ni por narcoterroristas ni por criminales” y resaltó que el pacto permitirá a Estados Unidos “colaborar con el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Venezuela mediante el entrenamiento conjunto, la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y el suministro de equipos y capacidades de defensa”. Por su parte, Delcy Rodríguez calificó el acuerdo de “histórico” y explicó que permitirá reanudar la cooperación técnico-militar para “reforzar la capacitación” de la Fuerza Armada, “favorecer su equipamiento operativo” y “facilitar el acceso a nuevas tecnologías”.

Responsable de tratos crueles, inhumanos y degradantes

La organización Provea señaló que que Gustavo González López ha sido señalado en reiteradas oportunidades de graves violaciones contra los Derechos Humanos durante las OLP y las protestas de 2014 y 2017.

Provea recordó que, al frente del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, González López fue responsable de “cientos de ejecuciones extrajudiciales, allanamientos masivos en conjuntos residenciales y barrios, demolición de cientos de viviendas, desalojos forzosos, detenciones arbitrarias y deportaciones masivas de ciudadanos de origen colombiano”.

Durante su gestión en el Sebin, se produjeron numerosos casos de torturas y, al igual que el concejal Fernando Albán, los señores Rodolfo González y Carlos Andrés García murieron en las sedes de ese cuerpo policial en Plaza Venezuela, Caracas, así como San Fernando de Apure.

“Con el acuerdo firmado, la administración del presidente Donald Trump brinda un condenable espaldarazo a la impunidad y un aliento a la maquinaria represiva que -como afirmó la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas-, sigue operativa pese a la abrupta aprehensión de Nicolás Maduro”, sentenció Provea.

“La cooperación militar no puede significar impunidad”

Ante la firma del acuerdo, la ONG Laboratorio de Paz advirtió en un comunicado que la cooperación militar entre ambos países “no puede significar impunidad ni fortalecer estructuras vinculadas con la represión”.

La organización aseguró que la permanencia de González López al frente del aparato militar “plantea graves riesgos para la rendición de cuentas, la reforma de las Fuerzas Armadas y las garantías de no repetición”.

Advirtió que cualquier asistencia, entrenamiento o transferencia de armamento debe contar con controles efectivos, supervisión civil y garantías de respeto a los derechos humanos.

Laboratorio de Paz insistió en que una transición democrática exige verdad, justicia y reformas institucionales, no el fortalecimiento de estructuras señaladas por graves violaciones de derechos humanos.

Fichado por organizaciones nacionales e internacionales

Gustavo González López ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos en informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), organizaciones no gubernamentales venezolanas y actuaciones del Ministerio Público de Venezuela.

Documentos de la ONU lo vinculan con la ejecución de un plan de represión contra opositores que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, torturas, violencia sexual en centros como El Helicoide y la fabricación de falsas acusaciones.

La Secretaría General y el Panel de Expertos Independientes de la OEA han recopilado testimonios que responsabilizan directamente a González López por presiones contra detenidos políticos, tratos crueles e inhumanos y la dirección de operativos represivos.

La ONG Foro Penal denunció de forma reiterada el desacato sistemático del Sebin bajo la dirección de González López a las boletas de excarcelación emitidas por los tribunales ordinarios.

En junio de 2017,en el marco de fuertes protestas reprimidas duramente por los cuerpos de seguridad, la Fiscalía 85° Nacional emitió una citación formal en calidad de imputado contra González López. El expediente fiscal lo señaló por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, incluyendo allanamientos arbitrarios, privaciones ilegítimas de libertad y la retención indebida de personas con órdenes judiciales de libertad. En ese momento estaba al frente del Ministerio Público Luisa Ortega Díaz, quien terminó siendo disidente del oficialismo.

“Cooperación con independencia y soberanía”

Tras la firma del acuerdo, Gustavo González López, ministro de Defensa de Venezuela, aclaró que la cooperación militar con Estados Unidos, se hará “con pleno respeto a la soberanía, independencia e integridad territorial venezolana y en estricto apego a la Constitución”.

De acuerdo con las declaraciones de González López, la cooperación estará orientada a “retomar iniciativas vinculadas con la formación, la capacitación, el intercambio técnico, la actualización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades y equipamiento”, así como a “contribuir y hacer frente a las amenazas comunes”.

“Reafirmamos nuestro compromiso irrenunciable con la paz, la estabilidad y la seguridad nacional y regional, mediante una cooperación sustentada en el respeto al derecho internacional y la defensa de los intereses soberanos de nuestra nación”, concluyó González López.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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