Un funcionario del gobierno, un policía y el líder de una de las bandas de la Cota 905 revelan como las zonas de paz soportan el nuevo esquema de crimen organizado que se extiende por todo el país. Armadas con AR-15, kalashnikov y granadas, las organizaciones delictivas de Caracas han hecho un pacto de no agresión, que les permite administrar sin conflicto el tráfico de droga, la extorsión y el secuestro.

Se han unido en “ejércitos” de más de 200 hombres por sector y le declararon la guerra a los policías, porque “ponen en riesgo” la estabilidad de un “negocio” que genera hasta 400 mil bolívares mensuales a cada uno de los integrantes de estos grupos. Estudios del Gobierno indican que la actividad criminal aporta casi 21% del PIB

@ronnarisquez | Visualizaciones y mapas: @AdrianitaN

AMAS DE CASA CON BOLSAS DE MERCADO, liceístas y escolares, obreros y mujeres embarazadas hacen cola en la parada de El Peaje, en la entrada de El Cementerio. Esperan el jeep que sube al sector Las Quintas, en la parte más alta de la Cota 905, donde hace 10 días se registró un tiroteo de 8 horas entre policías y delincuentes, que paralizó Caracas.

El colector ordena a los pasajeros, cobra el pasaje al subir y solo permite tres estudiantes por viaje. Rápidamente me acomodo junto a una ventana, con la expectativa de que en cualquier momento se cumplirá lo prometido por un vecino de la Cota 905: “Te montas en un jeep de esos que pasan por aquí (por Los Laureles, en El Paraíso) y cuando empieces a subir comienzas a ver todo el armamento y las granadas. Están todos por ahí. Ellos a ti no te van a hacer nada. Ellos no se meten con uno”.

Después de pasar la subida de Los Laureles y el sector La Pared, donde delincuentes quemaron nueve motos de la Policía de Caracas e hirieron a siete funcionarios con una granada —el pasado viernes 5 de junio—. La vía se convierte en una estrecha calle por la que solo puede circular un vehículo a la vez.

Allí reposan los restos de un camión cava blanco de Empresas Polar, que fue robado por las bandas el martes 9 de junio. “Estaba cargado con Harina Pan. Esa se la repartieron al pueblo. Pero el camión lo dejaron ahí como anzuelo para que la policía suba a rescatarlo y entonces atacarlos”, cuenta Pablo Arteaga, vecino del lugar, preocupado, porque cuando eso ocurre “esto es Vietnam”.

“Ellos están mejor armados que la policía. Tienen más armamento que el Sebin”, comentan residentes de Los Laureles, que aseguran haber visto a la GNB sacar cajas con la inscripción del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de algunas casas allanadas el día del último enfrentamiento.

“Se ha disminuido la capacidad policial y se ha hecho que hoy las bandas estén mejor equipadas que las fuerzas del orden público”, afirmó un funcionario del gobierno que está evaluando la situación de la actividad delictiva en el país, y que pidió no revelar su identidad.

Casas de un lado y del otro, tramos de montaña de piedras que bloquean la visibilidad lateral y de cuando en cuando algún terraplén de cemento. En uno de ésos destaca un grupo de 6 hombres jóvenes. No exhiben rifles Kalashnikov, granadas, ni pistolas, pero todos tienen en sus manos un radio portátil.

“Usan radios portátiles Motorola de 5 canales y frecuencia libre. Así se comunican entre ellos y también con las bandas de El Valle y El Cementerio. Eso les permite organizar el ataque”, había advertido días antes una fuente de la policía científica, que ha investigado y tiene identificadas a las 4 bandas que operan en la zona.

“Son las bandas de ‘El Coqui’ o ‘El Chavo’, ‘Los barloventeños’, ‘Los Zanjoneros’ y ‘Los Guayabos’. Ellos se reparten todos los sectores de la Cota 905, desde Las Cumbres hasta Las Quintas; y parte de El Cementerio, como El Zanjón. También operan en combinación con otros grupos pequeños como el de ‘Casper’, en Las Luces; Juan Carlos ‘Mandril’, en El León; y El 70, en El Valle. Desde la Cota 905, los grupos se conectan con La Vega; y con El Cementario por La Peste y El Peaje; y con El Valle”, explicó el funcionario, mientras dibujaba un mapa con el organigrama delictivo que se está gestando desde las zona de paz de Caracas.

El recorrido en jeep de casi 30 minutos hasta el sector Las Quintas —con paradas intermitentes para dejar y recoger pasajeros- termina en el tanque de agua de la comunidad, una estructura gigantesca de color azul. Allí se acaba el camino de asfalto y cemento, y comienza una breve carretera de tierra rodeada de ranchos. El jeep da la vuelta en “U” para iniciar el descenso por la misma vía estrecha.

“Esto es Barrio Nuevo”, dice una joven, que espera en la improvisada parada. Desde allí se ve toda Caracas, como si estuvieras en el Ávila. Unos 100 metros más abajo —en dirección al retorno— tres hombres, de no más de 30 años, conversan parados frente a una casa cercana a una bodega. También tienen radios Motorola y bolsos similares a los 5.11 que usan los escoltas (negros y colgados desde el hombro hasta la cintura).

Observan la presencia de extraños que avanzan hacia ellos, pero no asumen una actitud defensiva. Esperan a ser abordados y escuchan la presentación: “Somos periodistas y vinimos aquí porque queremos saber qué es está pasando con las bandas y qué pasó el otro viernes con Policaracas”.

“¿Y de qué periódico?”, preguntó el hombre moreno, de contextura regular, casi 1,70 mts de estatura, cabello rebajado y engominado.

Carlos —nombre ficticio— escucha la explicación de que para los periodistas que quieren contar lo que pasa en Venezuela, en este momento es casi imposible trabajar en un periódico, y para eso ahora existen páginas web. Acepta los argumentos, y parece comprenderlos, pide ver el carnet antes de comenzar la conversación con Runrun.es, sin cámaras ni grabadoras de por medio.

“Los matamos porque son policías…”

—¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el enfrentamiento con la policía?

—¿Qué pasa? Que la policía abusa. Cada vez que suben se meten a las casas, roban a la gente. Tumban las puertas. Se llevan DVD, blu rays, teléfonos, todo… No respetan. Así, porque les da la gana. Ni siquiera traen orden de allanamiento y tendrían que tener una para cada casa. Se llevan preso a puro sano. Chamos tranquilos, padres de familia, trabajadores. Ahí está, después de lo del viernes, se llevaron a unos hermanos que son sanos.

En ese punto de la conversación, uno de los dos acompañantes de Carlos ya se había apartado del grupo, mientras que el otro comenzaba a prepararse un porro de marihuana. Hasta ese momento el hombre moreno, con zarcillos brillantes, jean, franela gris, tatuaje en su antebrazo y zapatos tipo vans, se mostraba como un miembro más de la comunidad, víctima de los excesos de los funcionarios policiales.

“Puedo llevarte para que hables con la gente y te cuenten. La gente está cansada. Por eso nos prefieren a nosotros que a la policía. Nosotros aquí no nos metemos a las casas de los vecinos, no robamos a nadie. Aquí se sienten seguros con nosotros. Tú te metes por todos esos callejones y no te va a pasar nada (dice señalando las decenas de caminos que conducen a la parte baja de la Cota 905, El Cementerio y La Vega). Claro, aquí el que hace algo malo sabe que tiene que pagar las consecuencias de sus actos”, dice Carlos, asumiendo finalmente su condición de líder de uno de los grupo que imponen su ley en el sector Las Quintas de la Cota 905.

—¿Qué policía es esa que abusa y roba a la gente?

—Para acá suben los PNB (Policía Nacional Bolivariana), los Policaracas y los Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). También a veces viene el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

—¿Y la Guardia Nacional?

—No, la guardia no sube. Y eso que los tenemos aquí cerquita —dice señalando el destacamento de Villa Zoila y la Comandancia General de la GNB que está en El Paraíso.

—¿El problema es solo con la policía y no entre bandas?

—La guerra es contra el gobierno. Entre nosotros no. Nosotros estamos en la paz.

Aclara que para ellos, “el gobierno” es la policía. “Ah no, no es contra Maduro”, precisa entre risas.

—¿Cómo es eso de la paz. Son las zonas de paz?

—Es la paz entre las bandas. Hace unos meses vino para acá un viceministro de no sé qué…

—¿José Vicente Rangel Ávalos?

—Sí, ese mismo. Él se reunió con nosotros. Nos habló de eso de las zonas de paz. Nos ofreció electrodomésticos a cambio de que entregáramos nuestras armas. Noooo… Pero cómo yo le voy a dar una 9 milímetros que cuesta 250.000 bolívares por una cocina. Lo que sí nos gustó fue eso de que hiciéramos la paz entre las bandas. Nos pusimos a pensar que tiene razón. Para qué nos vamos matar nosotros mismos, si nos matan los policías. Ellos son los enemigos. Fue por eso que nos unimos con los de El Valle, El Cementerio y todos… También los de La Vega.

¿Pero cómo yo le voy a dar una 9 milímetros que cuesta 250.000 bolívares por una cocina? Lo que sí nos gustó fue eso de que hiciéramos la paz entre las bandas».

José Vicente Rangel Ávalos promueve la creación de zonas de paz desde septiembre de 2013, a través del Movimiento por la Paz y la Vida. Fue viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Relaciones Interiores hasta el lunes 8 de junio de 2015. Ese día fue designado viceministro de Asuntos para la Paz del Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, según el decreto N° 1.806 de la Gaceta Oficial 40677 .

—¿Se unieron todas las bandas de Caracas para luchar contra la policía?

—Sí. En todos los barrios está pasando igual. Aquí nos comunicamos con los de La Vega, El Valle y El Cementerio porque nos movemos por la misma montaña. Cuándo sube la policía los que están por aquí nos apoyan. Nos dispersamos por todo el cerro y volvemos locos a esos policías.

—¿Cuántos son ustedes?

(No responde)

—¿Cuántos son? ¿Más de 100?

(Sigue en silencio)

—¿Más de 200?

—Son más…

—¿Desde cuándo se unieron?

—Eso viene desde al año pasado. Pero más, después que hablamos con el viceministro.

La gestión para lograr la unión de las bandas se le atribuye a Jesús Alberto Ramos Caldera, conocido con el apodo de “El Chavo”, quien murió en un enfrentamiento con el Cicpc en enero de 2015. Carlos, de 25 años de edad, es el lugarteniente (segundo al mando) del nuevo líder de esa banda, identificado por la policía científica como “El Coqui”.

«Estuve preso y ahora estoy solicitado… Después que sales de la cárcel no hay oportunidades».

—¿Pero hicieron un acuerdo? ¿Esto es una zona de paz?

—Nosotros aceptamos la paz. Pero eso de dejar las armas por una nevera, no. Es que yo no gano nada así. Nosotros queremos que nos quiten los antecedentes y las solicitudes. Por ejemplo, yo no puedo bajar a la playa con mi cédula, porque yo estoy solicitado y si me paran me dejan preso. ¿Entonces voy a entregar mi arma y después me meten preso? Aquí hay muchos que están fugados de cárceles y otros que están solicitados. Eso no nos sirve.

—¿Tienes hijos?

—Sí, una niña.

—¿No te da miedo que te maten si sigues en esto. No piensas en ella?

(No responde)

—¿Te saldrías de esto?

—Estoy en esto desde los 13 años. Estuve preso y ahora estoy solicitado… Después que sales de la cárcel no hay oportunidades.

—¿Cómo logran estar tan bien organizados?

—También copiamos lo de las cárceles. Vimos que las cosas allá funcionaron y entonces lo estamos haciendo igual aquí.

—¿Te refieres a los pranes?

—No se llaman pranes. No sé quién inventó eso. Son principales. El principal tiene tres que los siguen en el mando, y luego los luceros.

Relata que estuvo cuatro años preso, primero en El Rodeo y luego en la Penitenciaría General de Venezuela. También pasó 6 meses en Uribana y quedó en libertad hace dos años. Mientras cuenta su historia pasa gente de la comunidad que está en sus actividades cotidianas. Todos lo saludan y algunos se acercan a la bodega de “Vicente” a comprar enseres o cigarros.

—¿Trasladaron a los barrios la estructura de mando de las cárceles?

—Sí.

—¿Qué armas tienen ustedes?

—Yo tengo dos AR-15 (fusiles), un 7,62 (viejos FAL de la GN), pistolas 9 milímetros y granadas. Algunos por aquí tienen Kalashnikov, como dos. De esos no hay muchos.

—¿Cuánto cuestan esas armas?

—Esta —agarra una granada fragmentaria que tiene en la ventana en la que está recostado y la muestra— cuesta 60 mil bolívares. Los AR-15 valen un millón 200 mil bolívares…

—¿Cómo consiguen las armas? ¿Quién se las vende?

—Con contactos, con amigos —explica mientras agita el radio, que no soltó durante toda la conversación—. Eso funciona así: por ejemplo, tú tienes una pistola y si no la quieres se la vendes a alguien. Y compras algo mejor. Igual pasa con todo.

—¿Pero no hay alguien a quién se las compren. A militares o policías?

—No, no. Es así como dije. Yo se la compro a alguien y otro me la compra a mí. Y mercado negro. Eso de que las armas nos las venden los militares, es como lo de los paramilitares. Después del tiroteo del viernes con la policía, nosotros hicimos una apuesta: Seguro mañana salen diciendo que esos fueron los paramilitares, jajajaja… Aquí no hay paramilitares —dijo burlándose, con sus amigos, de la versión que maneja el Gobierno de que en los barrios de Caracas hay paramilitares.

—¿En los barrios hay paramilitares?

—No, vale. Ojalá aquí tuviéramos paramilitares —comenta entre carcajadas— ahí sí es verdad que no podrían con nosotros.

Continuó haciendo bromas sobre los supuestos paramilitares que están en los barrios. En ese momento, ya había un grupo de 10 hombres jóvenes parados en la casa del frente, a unos tres metros de distancia. Algunos en moto, todos con radios y bolsitos terciados, miraban mientras compartían el porro de marihuana que había preparado el compañero de Carlos. No hay menores de edad.

—¿Hay algún problema si te ven hablando?

—No, no  —responde confiado y con tranquilidad.

—¿Y hay colombianos, como asegura el Gobierno?

—No, tampoco. Ah sí, los colombianos que son de aquí, que siempre han vivido aquí.

—¿Por qué matan a los policías, por las armas?

—Nooo… Si fuera por las armas, mataríamos a los guardias nacionales que tienen fusiles.

—¿Entonces, por qué matan a los policías, por prestigio?

—Los matamos porque son policías —responde como si se tratara de un hecho obvio y natural—. El prestigio ya lo tenemos.

—¿Ustedes a qué se dedican? Están parados aquí todo el día, dicen que no se meten con la gente, pero ¿qué hacen?

—Bueno, al negocio. Tú sabes…

—¿Al negocio? ¿Cuál negocio, la droga?

—Sí, ese —hace una mueca cercana a la risa y detalla que vende marihuana normal y cripy, perico (cocaína), piedra (crack) y heroína.

—¿Cómo consiguen la droga?

—Por ahí.

—¿Pero no tienes un proveedor o algo así. Alguien fijo que te la traiga?

—No. no. Por ahí, con los contactos. Gente que también estuvo presa. Aquí y allá. A veces en Catia, a veces en Petare.

—Además de vender droga, ¿en qué otros delitos están, secuestros?

— No, secuestro no. Eso muy complicado. A veces robamos carros.

—¿Cuánto ganan ustedes en promedio al mes?

—Como 400 mil —responde después de pensarlo un minuto—.

—¿400 mil bolívares? ¿Pero cómo, entre todos?

—No. Hasta 400 mil bolívares cada uno del grupo.

La conversación termina y se acerca uno de sus compañeros. “¿Qué pasó, dónde está la cosa?”, pregunta Carlos, refiriéndose al cigarro de marihuana. Su amigo le responde que ya se acabó. Los dos sonríen y siguen en los suyo.

85% del arsenal de las bandas sale de Cavim

En un jeep azul comienza el recorrido de regreso a la parada en El Peaje. Atrás quedan La Cota 905 y la parte alta de El Cementerio, dos de las seis zonas de paz de Caracas, donde la policía no puede llegar porque tiene prohibido el acceso desde hace dos meses.

Desde una oficina gubernamental en el centro de Caracas un funcionario del Ejecutivo y dirigente del Psuv dedicado a estudiar la situación de violencia y criminalidad ofrece su análisis: “¿Las zonas de paz? Eso es un adefesio. Una aberración. El Estado no puede conceder espacios de impunidad”.

El experto, que ha participado en investigaciones recientes sobre la actividad de las bandas que operan en el país afirma: “Hay dos grandes verdades: la primera es el suministro y tráfico de armas de Cavim. Se ha determinado que 85% de las municiones implicadas en delitos son fabricadas en Cavim. La segunda es la existencia de un mercado negro de armas, que ha facilitado la presencia de fusiles AR-15 (arma de fabricación estadounidense) que no son armas orgánicas de ninguna policía ni de la FANB, y que tampoco son importadas por el Estado”, explicó.

Las investigaciones realizadas por funcionarios del Cicpc que han hecho seguimiento a las bandas de las zonas de paz coinciden. “Las conchas que más se recolectan después de enfrentamientos como el del viernes 5 de junio son de proyectiles 9 mm de Cavim. El 85% son de Cavim y el resto son Luger, FCC y de origen ruso. No hay Winchester”, detalló un detective, quien agrega que las armas más utilizadas por estos grupos son AK-47, AR-15, subametralladoras Ingram, pistolas automáticas y granadas fragmentarias.

“Las zonas de paz se concibieron como una medida altruista para que fueran espacios para que las bandas se desmovilizaran y hubiera un desarme voluntario. Pero se convirtieron en un espacio de impunidad absoluta y paraestatal, utilizado para delinquir a sus anchas. Las zonas de paz funcionan como guetos en los cuales las autoridades policiales terminan siendo empleados y subalternos de los líderes de esas bandas”, afirma el funcionario gubernamental, que aceptó hablar del tema a cambio de no revelar su identidad.

Describe que los delitos más comunes en las zonas de paz son los secuestros, homicidios y tráfico de drogas. “Siendo este último el gran motor económico y financiero del crimen organizado hoy, que tiene sus ramificaciones dentro de algunos cuerpos de seguridad e incluso dentro de la propia FANB, tribunales y Fiscalía. Además con la presencia de paramilitares”.

Esta afirmación pudiera responder algunas interrogantes planteadas por los funcionarios del Cicpc. “Es inexplicable lo que está pasando. Debería ser una política que el Estado debe agotar hasta sus últimos recursos para acabar con esas bandas. Pero eso no ocurre así. En las últimas 10 refriegas el subdirector (del Cicpc, comisario Douglas Rico) ha dado la orden de replegarse”, comentaron con frustración los investigadores de la policía judicial.

“No se entiende cómo a esas zonas ingresan vehículos costosos como si nada. Suben y bajan camionetas Machito blancas y 4Runner sin placas. Cómo puede haber droga en la Cota 905 si permanentemente hay alcabalas de la Guardia Nacional en las entradas de Los Laureles, El Cementerio y la avenida Guzmán Blanco”, se pregunta un detective, quien no duda al asegurar que: “las zonas de paz son corredores para el libre comercio de droga”.

Aseguran que entre los hombres del Cicpc existe la voluntad para combatir estas bandas. Que las han estudiado y lograron establecer su ubicación e identificar a sus líderes. “Pero no tenemos la logística. Mientras ellos tienen fusiles y granadas, los policías tenemos pistolas 9 mm”, lamentó.

El funcionario del gobierno y dirigente del Psuv tampoco oculta su angustia. “Es muy complejo. Se han georeferenciado 192 grandes bandas en todo el país. Todas vinculadas al secuestro, tráfico de drogas, sicariato y robo de vehículos. La industria del crimen es la más lucrativa del país, después del petróleo. Se calcula que el valor en dinero de todo lo que mueve la industria del crimen es casi 21% del PIB. Toda la sociedad termina beneficiándose de la industria del crimen. Es una terrible contradicción pero es así. Es muy, muy alta la rentabilidad”, explicó.

“En el gobierno todos estamos preocupados por el proceso acelerado de cartelización del crimen. Incluído el Presidente. Pero nuestro Estado es muy débil para confrontar eso”, dijo el experto que ejerce funciones de gobierno.

El sábado 13 de junio, el mandatario Nicolás Maduro prometió que acabará “hasta con la última banda que hay en el país” y anunció la aplicación de leyes. Sin embargo, un día antes se conoció de la creación del despacho del Viceministro de Asuntos para la Paz integrado a la estructura organizativa del Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno.

En el gobierno todos estamos preocupados por el proceso acelerado de cartelización del crimen.

José Vicente Rangel Ávalos es el viceministro de este despacho que se encargará de la “articulación, integración, formulación e impulso de políticas y acciones de prevención, abordaje, rescate y reinserción de los ciudadanos en la sociedad para instaurar una cultura de paz en todo el territorio nacional”. El propósito es el reimpulso del Movimiento por la Paz y la Vida y la consolidación de las zonas de Paz.

Actualmente hay zonas de paz en seis entidades del país: Miranda (Valles del Tuy y Barlovento), Aragua (San Vicente), Guárico (centro y sur del estado), Zulia, Táchira y Caracas (Cota 905, El Cementerio, El Guarataro, Petare, Antímano y La Pastora). Están en procesos las zonas de paz de San Agustín del Sur y El Valle.

Roberto Briceño León: En las zonas de paz gobierna la dictadura de los criminales

El sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, tiene claro el pronóstico: “Las zonas de paz son la entrega del país al crimen organizado. Y la renuncia del Estado a sus responsabilidades”, asegura.

El experto no descarta que “es posible construir una paz criminal. Es posible que entregándole territorios y zonas al crimen organizado exista menos violencia pública. Pero estamos hablando de un territorio controlado por el crimen. Es un territorio donde no hay democracia, libertad y no hay derechos. Donde no hay la vida civilizada sobre la cual hemos construido las sociedades”, explica el investigador.

La criminalidad puede producir violencia o no —apunta Briceño León—  pero no por eso deja de ser criminalidad. “Venezuela está entrando en un contexto de dictadura de los criminales. A veces las dictaduras pueden ser similares a las organizaciones criminales. Pero claramente uno entiende que son dictaduras. La civilización justamente ha avanzado para hacer que los grupos criminales no sean los que dirijan la vida social”.

Las zonas de paz son la entrega del país al crimen organizado

Lo que ha hecho el Gobierno es permitir que los grupos criminales lo sustituyan en sus funciones. Lo ha hecho en las zonas de paz y en las cárceles. “Eso siempre termina siendo arbitrario y frágil. Por ejemplo: si me gusta tu casa, te la quito. Si no me agradas, te mato. Esta es la esencia del asunto, en la cual se pierde la democracia, se pierde la libertad y la sociedad se hace más agresiva, más precaria y al final más violenta”, dice el director del OVV.

Explica además el fenómeno económico bajo el cual operan estas estructuras. “Funcionan bajo un proceso de captación de rentas. Primero la droga, pero luego la venta de cerveza, el cobro de peaje (afectando el libre tránsito). Luego sustituyen a los grupos de seguridad. Controlan el comercio. Se trata de un proceso notable de la captación de la rentas y en el fondo de capitalismo salvaje”.

Ya no existe la competencia legítima o la posibilidad de los consumidores de manifestar sus preferencias. “Se hace lo que estos individuos digan. Tienen el control territorial y un dominio que les permite hacer negocios, en términos técnicos esto es captación de rentas. Hacen negocios de manera ilegal y usando la fuerza”.