Ronna Rísquez, autor en Runrun

Ronna Risquez

13 claves sobre la muerte de Gentil Duarte y cómo este suceso afecta al gobierno de Maduro
Ronna Rísquez, periodista e investigadora experta en cobertura y análisis de temas de violencia policial, derechos humanos y crimen organizado, analizó las repercusiones de la muerte de alias «Gentil Duarte» para el gobierno de Maduro
«Es posible que lo que está ocurriendo con las Disidencias de las FARC en Venezuela obedezca a una pérdida del posible apoyo político y de las fuerzas de seguridad que tuvieron en el pasado», comentó Rísquez

 

La periodista e investigadora Ronna Rísquez, experta en la cobertura y el análisis de temas relacionados con violencia policial, derechos humanos y crimen organizado, analizó las consecuencias que tiene para el gobierno de Nicolás Maduro la muerte de alias «Gentil Duarte», uno de los máximos cabecillas de las disidencias de las FARC.

A continuación, las 13 claves sobre este suceso y su lectura en relación con Venezuela:

El asesinato de cuatro jefes de dos de las facciones que quedaron de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –las Disidencias y la Segunda Marquetalia– en territorio venezolano, en el último año, confirma que operaban y vivían en Venezuela. “Es por eso que las autoridades venezolanas no se han pronunciado, ni han confirmado estos hechos. Hacerlo sería ratificar la presencia de la guerrilla en el país”. 

“La muerte de Gentil Duarte tiene varias implicaciones. La primera de ellas es el debilitamiento de las Disidencias de las FARC, que lideraba Duarte y que se había convertido en la fuerza emergente, después de la desmovilización de las FARC. Era el grupo más poderoso que había quedado y el asesinato de Gentil Duarte, de alguna manera, marca muy fuertemente el debilitamiento de este grupo, que no era una guerrilla, sino un grupo criminal dedicado al narcotráfico que operaba con mucha fuerza desde Venezuela y que había logrado instalarse en el estado Apure, y también en el estado Bolívar, con operaciones no solo de narcotráfico sino de minería ilegal.

Este grupo, que le había “ganado” la batalla de Apure a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2021, comenzó a perder fuerza desde enero de 2022 debido a repentinos enfrentamientos en territorio venezolano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro grupo guerrillero colombiano. Estos choques desataron una matanza a ambos lados de la frontera por el departamento de Arauca y el estado Apure. Ya este mismo año, del lado colombiano, en un bombardeo fue asesinado el otro líder de esta disidencia, que era «alias Arturo» o «alias Jerónimo». En este bombardeo murieron más de una veintena de guerrilleros de las disidencias de las FARC. Este hecho también sirvió para presionar y acorralar al grupo de Gentil Duarte, que ya había sido atacado en dos ocasiones en territorio colombiano; según fuentes de inteligencia de ese país”. 

Gentil Duarte estuvo en las en las negociaciones en Cuba, pero rápidamente abandona, vuelve a las armas y sigue traficando con drogas, sigue secuestrando, sigue operando como un grupo armado criminal con una gran presencia, con una importante presencia, en el lado venezolano, donde se fortalece muchísimo, sobre todo en el estado Apure.

Este crecimiento que experimentaron las Disidencias de las FARC desde 2017 fue, entre otras cosas, gracias al reclutamiento de venezolanos vulnerables víctimas de la emergencia humanitaria compleja. Ya en 2018, por ejemplo, hubo un bombardeo contra un campamento de las disidencias de las FARC en Arauca; entre las víctimas de este bombardeo había cuatro venezolano (…) Este grupo de las disidencias de las FARC llegó a tener campamentos instalados en Venezuela, en Apure, donde tenían más de 100 personas.

Es posible que lo que está ocurriendo con las Disidencias de las FARC en Venezuela obedezca a una pérdida del posible apoyo político y de las fuerzas de seguridad que tuvieron en el pasado. Hay un elemento interesante: es posible que a las personas que en algún momento protegieron o apoyaron a las disidencias de las FARC en Venezuela ya no las necesitan, no les interesen, o tengan otros otros grupos u otras estructuras criminales con las que les conviene más estar aliados por distintas razones, que van desde lo ideológico hasta la manera de hacer negocios.

Este es un elemento de interés por lo que significa el hecho de arreglar las disputas: ‘bueno, vamos a acabar con este señor porque ya nos está fastidiando mucho; no nos sirve, no podemos negociar con él, pero sí podemos seguir negociando o trabajando con el ELN y con la Segunda Marquetalia’, por ejemplo, que es un grupo que tiene una importante estructura desde el punto de vista de liderazgo, pero que no tenía una fuerza de base.

Hay unos reportes de periodistas del diario El Tiempo (Colombia) que hablan acerca de la supuesta realización de una cumbre mafiosa que habría reunido en Venezuela a los cárteles mexicanos de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa para pedir que estos grupos –Disidencias de FARC, Segunda Marquetalia de FARC y ELN–  dejaran las disputas y resolvieran sus problemas porque estaban afectando el negocio del narcotráfico.

¿Qué puede pasar ahora? Que la fuerza de base de las disidencias de Gentil Duarte –los hombres armados– comience ahora a unirse a los líderes de la Segunda Marquetalia. Esto es una probabilidad, no se descarta»..

También se dice que la Segunda Marquetalia estaba actuando en alianza con el ELN (para acabar o enfrentar a sus excompañeros de las disidencias). Sin embargo, es posible que sea simplemente una alianza instrumental para desplazar o acorralar y tratar de sacar del juego a las disidencias, con el apoyo, lamentablemente de las FANB, como lo refleja el informe de Human Rights Watch sobre Apure. Esto no solo lo reporta el informe, sino también los habitantes de Apure y dirigentes de ese estado, donde se dice que ha sido demasiado descarado el apoyo de la FANB a la actuación del ELN en Apure. Este apoyo está orientado a combatir a las disidencias.

Estas acciones de las FANB no necesariamente representan un combate a los grupos criminales, sino simplemente parece tener como objetivo un cambio de gobierno delincuencial, o sea, un cambio de alianzas por otros grupos que sirven más, que pueden ser más útiles en ciertos objetivos».

Por otra parte, estos enfrentamientos contra las Disidencias en Venezuela, coinciden con el hecho de que el presidente Iván Duque, desde Colombia, estaba intentando acabar con todos los líderes de las facciones de las FARC, sean Segunda Marquetalia o sean disidencias, y este último grupo quedó acorralado entre las acciones de los dos gobiernos. No tenía ya protección del lado de Venezuela y Colombia los combatía. Entonces, la tenían bastante difícil. Y las sigue teniendo muy difícil, sobre todo con la pérdida de estos dos líderes (“Arturo” y “Gentil Duarte”), pues el grupo ya viene con un debilitamiento bastante importante.

¿Quién gana con esto? En primer lugar, el ELN. Es también muy probable que gane la Segunda Marquetalia. Hay que esperar a ver qué va a pasar, pero en principio el ELN ya está ganando porque tiene tomados muchos de territorios, que estaban bajo el control de las Disidencias, y esto implica tener control de las economías ilícitas, del narcotráfico, del contrabando y de toda una frontera que es bastante movida.

Perfil | El Koki creció alimentado por políticas erradas de seguridad 
La muerte del “Koki” no implica la desaparición de la megabanda de la Cota 905. “Vampi”, el verdadero jefe del grupo criminal, y “Garbis” siguen prófugos. Este perfil habla no solo del delincuente, su historia es fundamental para entender la evolución del crimen organizado, la letalidad policial y las violaciones de DD. HH. en Venezuela

@RonnaRísquez

La megabanda del “Koki” fue hasta 2021 una de las organizaciones criminales más poderosas de Venezuela. No solo por su alcance y la cantidad de integrantes que poseía; sino por su estratégica ubicación en la capital del país, sus evolucionados niveles de organización, el poder de fuego de sus hombres y, especialmente, por la libertad con la que operaba a solo 4,5 kilómetros del palacio presidencial, donde despacha Nicolás Maduro. 

Por más de siete años puso en jaque a toda la fuerza pública de la capital del país que intentaba capturarlo, y mientras centenares de habitantes de las zonas populares donde operaba caían a manos de los cuerpos de seguridad en ejecuciones sumarias, Carlos Luis Revete, alias «El Koki», y sus socios, nunca fueron capturados, siempre terminaban ilesos y seguían delinquiendo.

Desde 2014 había controlado un importante corredor en el suroeste de Caracas, ubicado a menos de cinco kilómetros del Palacio de Miraflores (sede del Gobierno) y muy cerca de importantes dependencias gubernamentales de la fuerza pública: la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana, en la parroquia El Paraíso; la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en la parroquia San Pedro; la base del Ministerio de la Defensa en Fuerte Tiuna, parroquia El Valle; y la comandancia de la Policía de Caracas, en la parroquia La Vega.

 El grupo delincuencial utilizaba una pequeña formación montañosa, compuesta por una cadena de barrios, para el tráfico de drogas, la gestión de los secuestros, la comercialización de armas, la extorsión y otros delitos. Esta área fue calificada como “el corredor de la muerte” por el dirigente oficialista Freddy Bernal, quien fue alcalde de Caracas (2000-2008), exdiputado (2011-2015) y encargado de la Comisión para la Reforma Policial (2014-2015). Ahora es gobernador del Táchira.

 Revete, conocido como alias Koki, era uno de los tres líderes de la organización, quizás el más mediático, y por esa razón, la banda criminal fue bautizada por la policía con su apodo. El verdadero jefe del grupo criminal es Carlos Calderón Martínez, alias “Vampi”, y el tercero de los cabecillas es Garbis Ochoa Ruíz, alias “Garbis”, quienes aún no han sido capturados.

Koki, un peligroso y escurridizo delincuente involucrado en diversos delitos (homicidios, secuestros, robos, narcotráfico y extorsiones),  se había convertido en la pesadilla no solo de los cuerpos de seguridad del Estado, sino del propio presidente Maduro. 

En 2021, la organización criminal de la Cota 905 mantuvo en vilo a los habitantes de Caracas durante tres días de balaceras y persecución policial, que dejaron 75 personas muertas, entre presuntos delincuentes, policías y civiles que nada tenían que ver con el conflicto. Todo en el marco de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro I.

Al Koki, quien era requerido por las autoridades desde 2015, se le atribuyen varias masacres, matanzas de policías y secuestros. En 2017 encabezaba el ranking de los criminales más buscados en Venezuela, cuando el Gobierno puso una serie de carteles con su foto en las estaciones del Metro de Caracas ofreciendo una recompensa por información sobre su paradero. 

 Sin embargo, el Koki nunca fue detenido. Se desplazaba con total libertad por las zonas que componen los territorios de sus operaciones, como eran las parroquias El Valle, Coche, La Vega, El Paraíso y Santa Rosalía –en estas  2 últimas tenía su base– y se había ganado el apoyo y la simpatía de los habitantes de esas localidades. La razón es que se había convertido en un benefactor de esas comunidades humildes y llenas de carencias, que el Estado no atendía.

El Koki y su megabanda organizaban fiestas, resolvían problemas domésticos y  repartían la comida del programa gubernamental de alimentación, conocido como Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En muchos casos, suplían la ausencia del Estado.

 Además, muchos lo consideraban un héroe carismático que los defendía de los abusos y excesos de las policías, que ingresaban a sus viviendas violentamente sin orden judicial, maltrataban a las mujeres y a los niños, ejecutaban a los hombres jóvenes, destruían sus casas y robaban sus pertenencias. Esto era una muestra de la gobernanza criminal de esta organización en sectores como la Cota 905 y El Cementerio.

Pero el Koki era un delincuente y lo dejaba claro por la fuerza y con violencia. Él y su grupo imponían normas de convivencia en las comunidades que controlaban. A la persona que violaba sus reglas le aplicaban terribles castigos o la mataban. Una de las prácticas más comunes del grupo criminal era asesinar a sus enemigos o a quienes desobedecían sus designios, para luego lanzar sus cadáveres por un bajante de basura desde la parte alta de la montaña, que desembocaba en el borde de la autopista de El Paraíso. 

Se les atribuye el asesinato de una líder vecinal de la Unidad de Batalla Bolívar Chávez (UBCH) en 2016, y sanguinarias matanzas de miembros de bandas rivales a lo largo de su existencia.

 El grupo criminal también se ha caracterizado por el uso de la violencia extrema contra los funcionarios de la fuerza pública. Además de asesinar a gran cantidad de policías en Caracas, también persiguen y matan a los familiares de los agentes. En 2016 mataron al hijo de un funcionario policial cuando visitaba a familiares en El Cementerio y quemaron el cadáver, y en 2016 provocaron el desplazamiento de más de una docena de policías que vivían en “sus territorios”.

 Estas acciones, además de darle una “popularidad” al grupo, le permitieron ganarse por la fuerza y con terror el “respeto” de las autoridades y la ciudadanía. Esto podría haber sido usado por la megabanda como una carta que quizás le ha sido útil para lograr algunas negociaciones con el Gobierno, muchas veces cuestionado por su incapacidad para controlar al Koki. 

 

Hitos de violencia y crimen: zonas de paz, pacto de bandas y OLP

 La megabanda contaba con un ejército de más de 300 hombres armados. Estaba conformada por pequeñas bandas repartidas estratégicamente a lo largo de la Cota 905 (parroquia Santa Rosalía), La Vega, El Cementerio, El Valle y Coche. 

La zona de El Valle, era controlada por la banda de Leonardo José Polanco Ángulo, alias “El loco Leo”, quien murió en agosto de 2021 a manos de cuerpos de seguridad que lo buscaban desde julio de ese año; mientras el delito en Coche estaba el mando de Octavio Richard González Piñango, alias el “Gordo Octavio” o el “Guajiro”, quien también murió a manos de la policía el años pasado. Además estaban aliados con otra serie de bandas en esas cinco parroquias.

 

 La unión de estás organizaciones se logró entre 2014 y 2015, y marcó un hito en la criminalidad en Venezuela. Por primera vez las bandas delictivas dejaron de enfrentarse y matarse entre ellas por las rentas criminales y se unieron para defender su “negocio”, palabra que utilizan para referirse al microtráfico de drogas y luchar contra un enemigo común que habían identificado: la policía.  

Al Identificar a la policía como un enemigo, se concretó una alianza criminal denominada “la paz de las bandas”, que permitió la conformación de la poderosa megabanda en el suroeste de Caracas integrada por los pequeños grupos criminales de la Cota 905, El Cementerio, El Valle, Coche y La Vega. 

 Dejaron de lado sus disputas, acordaron la paz y se aliaron para enfrentar a la policía. Se convirtieron en una sola fuerza. Se repartieron los territorios y las rentas ilegales. Implementaron sistemas de comunicación por radio.

Este hecho estuvo precedido por la creación de las zonas de paz, otro hito que marcó la criminalidad en Venezuela. Fue una iniciativa del entonces viceministro de Seguridad Ciudadana, José Vicente Rangel Ávalos. Esta acción, que supuestamente tenía la intención de pacificar a las bandas armadas, lo que logró fue que estos grupos delictivos se fortalecieran, consolidaran el control de territorios y se convirtieran en las hoy conocidas megabandas. 

La zona de paz de la Cota 905 fue la primera en Caracas y nace entre marzo y abril de 2015, el mismo año en que se da a conocer la megabanda del Koki. Ese año un miembro de la banda confirmó a Runrunes que sostuvieron una reunión con el viceministro Rangel Ávalos para materializar su iniciativa.

 

Su primera gran muestra de fuerza la dieron el 5 junio de 2015, cuando atacaron a una comisión de la Policía de Caracas, dejando a siete policías heridos. Ese día lanzaron granadas y protagonizaron una balacera que se prolongó por varias horas. La policía sobrevoló la zona con un helicóptero para intentar amedrentar al grupo criminal y controlar la situación. La Cota 905 se convirtió en un campo de batalla.

Luego se registró el ataque a la caravana del ministro de Deportes y el intento de secuestro de un viceministro que transitaba por las vías adyacentes de El Cementerio. Todo en el mismo mes de junio.

 El 13 de julio de 2015, el Gobierno inicia en la Cota 905 la Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), un plan de seguridad destinado a reducir la criminalidad, que terminó convirtiéndose en una operación de exterminio. El objetivo ese día, según las autoridades, era el Koki y su megabanda. Sin embargo, el criminal fue alertado y huyó del lugar antes del operativo.

 

 Este procedimiento (la OLP) marca también otro punto clave para entender la violencia y particularmente la letalidad policial en Venezuela, con el inicio de una política de exterminio por parte del Estado que se mantiene hasta hoy. 

 

 La OLP además arrancó la persecución oficial contra la megabanda del Koki, con claros paréntesis. Aunque algunos miembros de la organización murieron a manos de la policía durante varias OLP, los secuestros aumentaron, la venta de drogas seguía siendo “el negocio” y la banda encontró en las extorsiones un nuevo filón criminal. La razón es que sus jefes nunca fueron tocados.

  Incluso, trascendió en algunos medios de comunicación un supuesto acuerdo o pacto con una importante miembro del gabinete, para mantener la zona en calma en 2017, cuando el país pasaba por una fuerte ola de protestas políticas.

En 2019, la banda le recordó a las autoridades y a la comunidad su poder de fuego al impedir el ingreso a la Cota 905 de una comisión del CICPC que investigaba un secuestro. También quedó ratificada la impunidad de la banda y su líder. Ese año hubo varios eventos (fiestas y conciertos de salsa) organizados por la megabanda y liderados por El Coqui, quien se desplazaba con total libertad por esa zona de paz.

Es llamativo que durante más de siete años de persecución, decenas de supuestos miembros de la megabanda del Koki y vecinos de la Cota 905, El Valle y El Cementerio murieron a manos de los cuerpos de seguridad, mientras el Revete y sus socios (Vampi y Galbis) nunca fueron detenidos, ni heridos.

Por el contrario, era común que circularan vídeos en redes sociales del Koki en celebraciones públicas en el territorio bajo su control. Por esta razón había algunas interrogantes que eran frecuentes: ¿Realmente el Gobierno está interesado en detener al Koki? ¿Han hecho lo necesario para atraparlo? ¿Cuenta el Koki con la protección de funcionarios gubernamentales de mucho poder?

Los vínculos con el poder

Habitantes de El Valle, El Cementerio y la Cota 905 suelen mencionar los nombres de algunos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno como supuestos protectores de la megabanda del Koki.

Un exministro que llevaba armas y municiones a la Cota 905, un jefe policial que prohibía a los funcionarios de su institución defenderse de los ataques de la banda e ingresar a los “territorios” de la banda, otro exministro y una funcionaria que habrían hecho pactos con la megabanda.

Un partido amistoso de baloncesto jugado en una de las canchas de la Cota 905 en 2018 por funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), y otras, leyendas urbanas que hablan de algunos de estos funcionarios en fiestas que organizaba el Koki y su grupo. Incluso, hasta se decía que el Koki tenía un equipo de baloncesto en una liga local. 

Estos vínculos, de ser ciertos, quizás expliquen por qué esta megabanda logró operar por más de siete años, controlar el delito en cinco parroquias de Caracas y atacar frecuentemente a funcionarios policiales sin que sus miembros fueran detenidos.

“El negocio”

Sobre las actividades criminales que desarrollaba la banda, la principal era el microtráfico de drogas. Se referían a este delito como “el negocio”. Comercializaban todo tipo de drogas.

Mientras el salario mínimo -calculado con base al dólar paralelo- era de US$10 mensuales en Venezuela en julio de 2015, cada uno de los jefes de las distintas bandas afiliadas al Koki obtenían unos US$570 mensuales (400.000 Bs) solo por la venta de drogas.

Además fueron “pioneros” en el cobro de los rescates de secuestros en dólares. Desde 2016, los montos de los pagos por cada víctima alcanzaban los US$50.000. La zona que controlaban era utilizada para ocultar a los secuestrados. 

  Luego, incorporaron el cobro de extorsiones a los comerciantes de la zona de El Cementerio, El Valle y la Cota 905, y esto también se convirtió en una fuente de ingresos para la megabanda. Estas extorsiones eran cobradas por sus bandas aliadas, y se dividían los territorios y el monto acumulado por las vacunas iba a un pote que luego era repartido en partes iguales entre los miembros de la organización.  

Más recientemente, la banda había incursionado en el contrabando de chatarra y en la minería, gracias a importantes alianzas con el pran de la prisión de Tocuyito, en Carabobo, y con la megabanda de “Wilexis”.  

 Por otra parte, la megabanda del Koki tenía un poder de fuego nada despreciable. Así lo demostró en sus enfrentamientos con la fuerza pública. Contaba con granadas, fusiles AR-15 y AK-103, pistolas calibre 9 milímetros, subametralladoras y además tiene algunos viejos fusiles de la GNB, conocidos como FAL (Fusil Automático Liviano) y RPG. La mayoría de las armas y municiones que poseían pertenecen a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Aunque la megabanda de Koki siempre ha operado en el Distrito Capital, algunos de sus miembros han llegado a localidades de Valles del Tuy, en el estado Miranda.

 Varios miembros de la banda fueron capturados o murieron en presuntos enfrentamientos con la policía en los municipios Cristóbal Rojas (Charallave) y Tomás Lander, en el estado Miranda. Algunos habían adquirido viviendas en esa localidad, pero no hay registros de actividades criminales de los integrantes de la megabanda de Koki en esas zonas.

 De igual forma, la expansión de la banda a La Vega al parecer tenía como objetivo final conectar con el estado Miranda y controlar la Autopista Regional del Centro (ARC), principal vía que comunica Caracas con el centro y el occidente del país.

Historia

La megabanda del Koki nace en 2014, bajo el nombre de banda “Los Chiches”. Para ese entonces era liderada por un delincuente identificado como Jesús Alberto Ramos Caldero, alias “El Chavo”, quien murió en un presunto enfrentamiento con el CICPC en enero de 2015.

 El Chavo se dio a conocer en marzo de 2014, luego de matar a un detective del CICPC y herir a otros tres funcionarios a quienes les tendió una emboscada en el sector La Chivera de la Cota 905. Ese episodio marcó la guerra que se ha mantenido hasta hoy entre el grupo criminal y la policía judicial, y además dejó claro que los policías eran el objetivo principal y enemigo número uno de la naciente megabanda.

 Con la muerte de El Chavo en 2015, alias Vampi, Koki y Garbis tomaron las riendas de la organización y son quienes consolidan y profundizan la alianza criminal. Los Chiches se convierten en la megabanda de Koki, que era el más visible y mediático de los tres delincuentes.

Ahora, el 8 de febrero de 2022, el Koki, murió en un procedimiento a manos de funcionarios del CICPC, la policial que lo perseguía desde 2014. Aunque la información sobre la operación es vaga, el ministro de Relaciones interiores, Remigio Ceballos, confirmó la muerte del delincuente en sus redes sociales.

Sin embargo, esto no necesariamente implica la desaparición de la banda.

Carlos Calderón Martínez, Vampi, el verdadero jefe de la banda; y Garbis Ochoa Ruíz, Garbis, su lugarteniente, no han sido capturados. En un futuro cercano se sabrá si el objetivo de la Operación Gran Cacique Indio Guaicaipuro II, que acabó con la vida del delincuente, era realmente para desmantelar la megabanda y combatir el crimen organizado.

Matan a comunicador y líder social en Apure luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar DD. HH.
En medio del conflicto armado que se desarrolla a ambos lados de la frontera colombo-venezolana desde el inició de 2022, y que ha dejado más de 30 muertos, destaca el homicidio de José Urbina
El activista y comunicador popular fue asesinado luego de ser amenazado por un teniente coronel de la GNB, a quien denunció por encabezar una ola de detenciones arbitrarias en busca de presuntos miembros de una categoría criminal denominada por Nicolás Maduro como «Tancol»
Este homicidio guarda similitud con los casos de José Odreman (2014) y Dorancelys Tocuyo Martínez (2021)

El dirigente José Urbina fue asesinado de varios disparos la noche del 10 de enero en la localidad de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo del estado Apure, luego de denunciar en un video que había sido amenazado públicamente por el teniente coronel Ramón Sánchez, comandante de la Guardia Nacional en esa localidad.

Urbina era comunicador popular en la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, líder social y militante del Partido Comunista de Venezuela (PCV), y había cuestionado una serie de detenciones arbitrarias contra habitantes de Puerto Páez que calificó como «falsos positivos» y que fueron ordenadas por Sánchez. 

El activista y comunicador acusó al militar de detener a personas inocentes con el argumento de que eran miembros de grupos «Terroristas, Armados, Narcotraficantes de Colombia (Tancol)», una categoría creada por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2021 para identificar a supuestos criminales colombianos, los cuales históricamente han sido conocidos como guerrilleros (ELN), exguerrilleros (Disidencias de las FARC y FARC Segunda Marquetalia) y narcotraficantes.

En principio, se dijo que José Urbina, quien militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), había sido asesinado justamente por miembros de estos grupos armados no estatales que operan entre Apure y Arauca (Colombia), en medio del sangriento enfrentamiento que vienen librando desde finales de diciembre de 2021 y comienzos de 2022 el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

Pero el martes 11 de enero comenzó a circular un video en redes sociales en el que se observa a Urbina advertir sobre la amenaza que había recibido del militar. 

Aunque todavía no hay certeza sobre el móvil y los responsables del crimen ocurrido en un territorio marcado por el conflicto, la denuncia y el posterior asesinato del líder social guarda similitud con otros dos homicidios ocurridos en Venezuela en 2014 y  2021, donde las víctimas alertaron que sus vidas corrían peligro al ser amenazados por funcionarios gubernamentales.

En Venezuela ni videos, ni declaraciones públicas te salvan

Urbina no es la primera persona que hace una denuncia y, antes de ser asesinada, responsabiliza a funcionarios públicos por lo que le pueda ocurrir. 

Tal fue el caso de José Odreman, líder del colectivo Frente 5 de Marzo, que fue asesinado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) el 7 de octubre de 2014, luego de haber responsabilizado en una transmisión de televisión a Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, por cualquier cosa que le pudiera ocurrir. 

De acuerdo a Runrun.es, el 7 de octubre la policía científica, con sus efectivos de la Brigada de Acciones Especiales, ingresaron a la residencia Manfredir para hacer un allanamiento. Allí fue asesinado Carmelo Chávez, de 34 años de edad y miembro del colectivo Frente 5 de Marzo. 

Tras el asesinato, José Odreman declaró que el joven era el vigilante y había sido ejecutado mientras dormía. Odreman rechazó el allanamiento, pidió al ministro Rodríguez Torres, que cesara el ataque contra los movimientos sociales y realizó el señalamiento público contra el funcionario. 

Momentos después, en medio de un supuesto enfrentamiento con la policía, José Odreman fue ejecutado por uno de los jefes de la policía judicial, como fue captado en un video doméstico.

Un segundo caso similar fue el Dorancelys del Valle Tocuyo Martínez, una mujer residente del municipio El Callao en el estado Bolívar, quien fue asesinada cinco días después de denunciar piblicamente al alcalde de El Callao, Alberto Hurtado por irregularidades relacionadas con el uso del nuevo billete de 50.000 bolívares. 

El señalamiento de Tocuyo Martínez fue grabado mientras la mujer lideraba una protesta el 24 de mayo de 2021, en la que también señalaba al alcalde de ser cómplice de las redes de prostitución que operan en el poblado, mientras que los habitantes pasaban hambre.

La mujer advirtió que si la mataban era responsabilidad del alcalde. Según La República, Tocuyo fue encontrada sin vida el 1 de junio de 2021.

Semejanzas o coincidencias

Es importante destacar que en todos estos casos hay varias similitudes:  

José Urbina, José Odreman y Dorancelys Tocuyo eran líderes sociales, denunciaron públicamente lo que consideraban atropellos cometidos por las autoridades contra personas de su entorno o de sus comunidades, mencionando incluso con nombre y apellido a los funcionarios a quienes consideraban responsables.

En los casos de Urbina y Odreman las denuncias estaban relacionadas con violaciones de derechos humanos, como lo son las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales. También, ambas víctimas estuvieron políticamente vinculadas al chavismo.

En los tres casos los denunciantes alertaron sobre el riesgo que corrían sus vidas luego de hacer públicos los señalamientos contra los funcionarios. Sus declaraciones y advertencias quedaron registradas en videos y declaraciones televisadas que circularon en las redes sociales donde apuntaban hacía figuras del Gobierno. Todos mencionaron a quienes consideraron podrían ser sus potenciales victimarios. Sin embargo, esto no impidió que fueran asesinados.

Los casos de Odreman y Tocuyo están impunes, o al menos, los señalados por las víctimas no fueron considerados sospechosos, ni fueron investigados. El exministro Rodríguez Torres está en prisión pero por razones políticas. 

En el caso de Urbina, la posibilidad de que se haga justicia parece lejana en un estado donde desde hace más de un año se libra una batalla entre grupos criminales, entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y donde los casos de “falsos positivos” son cada vez más comunes.

El Estado peruano falla en la atención de venezolanas sobrevivientes de la violencia de género
Acoso en los puestos de trabajo y en las calles ; chantaje sexual o presión económica por conservar una vivienda o un empleo; temor a ser deportadas por su condición migratoria; maltrato físico y psicológico ejercido por sus parejas; y estigmatización por parte de agentes del Estado son las expresiones más comunes de la violencia que sufren las niñas y mujeres venezolanas, según revelaron las entrevistas realizadas por Amnistía Internacional a una docena de víctimas y expertas para esta investigación

Las mujeres y niñas venezolanas que viven en Perú sufren diferentes tipos de violencia basada en género y el Estado peruano ha fallado en brindarles atención.

De acuerdo con un reportaje publicado por la periodista Ronna Rísquez en Amnistía Internacional, diferentes dificultades y el miedo a la hora de denunciar casos de violencia son muy frecuentes para las mujeres sobrevivientes de violencia basada en género en Perú, pero Mariana pertenece además al 1,3 millón de personas venezolanas solicitantes de asilo que eligieron esta nación como país de acogida, según datos de la ONU.

El texto cita, entre varios casos, el de la joven, a quien después de años de maltrato físico y psicológico, se le hace imposible recordar el inicio de su pesadilla. Cuando intentó formalizar la denuncia, ella solo pensaba en que, si no hubiera huido con sus dos hijos, los tres habrían muerto.

La denuncia no es un detalle menor cuando se trata de refugiadas. “Para que el Estado peruano otorgue a las migrantes víctimas de violencia de género una calidad migratoria por vulnerabilidad (una forma de legalización de la permanencia en ese país) en la Superintendencia Nacional de Migraciones, lo primero que deben tener es una denuncia”, explica Guadalupe Yépez, coordinadora de Población Vulnerable de la organización Veneactiva, ONG que ayuda a personas migrantes.

 

“Además de acudir a las comisarías, el caso debe ser llevado a fiscalía para gestionar una orden de protección a la mujer. Luego, la orden de protección debe enviarse a Migraciones para que le otorgue de una forma directa la calidad migratoria por vulnerabilidad a la víctima. Esto es una limitante, porque la mayoría de nuestras migrantes no denuncian, o denuncian y no continúan con el proceso ante fiscalía, entonces no obtienen ningún tipo de medida de protección contra su atacante, ni tampoco el beneficio migratorio”, señala Yépez.

Puede leer el reportaje completo aquí

*También puede leer: Relatores de la ONU expresan preocupación por criminalización de las ONG en Venezuela

Alias  “Malony” y otros 16 miembros del Tren del Llano murieron en sangriento operativo policial en Sucre
La intervención policial, que dejó 17 muertos, fue liderada por Miguel Domínguez, exjefe de la FAES, y Gustavo González López, director del Sebin
Gilberto Malony Hernández, sucesor de alias “El Picure”, era conocido por el apodo de “El Picurito” en San Juan de Unare, y las costas de la Península de Paria
El Tren del Llano tiene su base en Guárico, pero se ha expandido a cuatro estados y opera en Sucre desde septiembre de 2020, con un ejército de 70 hombres
La muerte de alias «Malony»  no implica la desaparición automática de la megabanda el Tren del Llano. La estructura criminal podría seguir operando gracias al poder económico y a la expansión territorial que ha logrado consolidar en los últimos años.

@ronnarisquez

En un presunto enfrentamiento con cuerpos de seguridad registrado en zonas montañosas de la de San Juan de Unare, en el estado Sucre, resultó muerto Gilberto Malony Hernández, alias “Malony”, quien había heredado el liderazgo de la megabanda el Tren del Llano tras la muerte de José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, en 2016.

Aunque las autoridades no habían ofrecido información 24 horas después del supuesto enfrentamiento, se pudo conocer que la intervención policial se convirtió en una matanza con 17 personas fallecidas, todos presuntos integrantes del Tren del Llano; y cinco heridos pertenecientes a los cuerpos de seguridad.

El operativo comenzó madrugada del lunes 8 de noviembre y fue liderado personalmente por el general Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin y por el comisario Miguel Domínguez, director de la Dirección Contra la Delincuencia Organizada y de la Unidad de Operaciones y Tácticas Especiales (UOTE) de la Policía Nacional y exdirector de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). 

Participaron más de 500 funcionarios de esas unidades policiales, junto al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que llegaron a Carúpano la tarde del domingo 7 de noviembre.

Los pobladores del lugar reportaron una fuerte presencia policial en la zona, con decenas de funcionarios de distintos cuerpos de seguridad portando armas largas y fusiles. Además de unidades marítimas y helicópteros.

Las primeras versiones indican que el grupo criminal había disparado contra un helicóptero del Sebin que sobrevolaba la localidad, en el que viajaban funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc, lo que dio origen al enfrentamiento.

Sin embargo, existe otra versión sobre lo que pudo motivar la acción policial. Supuestamente, habría desaparecido un gran cargamento de droga perteneciente a un miembro del Cartel de Soles, y los responsables serían “Malony” y su grupo.

Ese hecho motivó el desplazamiento de un gran contingente de unidades policiales y militares al estado Sucre en busca de alias “Malony”, el delincuente del estado Guárico que asumió el control de la poderosa megabanda el Tren del Llano.

En el supuesto ataque al helicóptero oficial resultaron heridos 5 funcionarios de la BAE y del SEBIN, que fueron trasladados a un centro asistencial de la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. 

Aunque en los chat de periodistas circularon fotos de una docena de los cadáveres de hombres ensangrentados, tirados en las calles o dentro de una vivienda, no se tiene precisión sobre la cantidad de presuntos delincuentes muertos que dejó la intervención policial, porque los funcionarios del Estado no han ofrecido información oficial.

Periodistas de Sucre informaron que al menos 11 de los supuestos miembros de la megabanda murieron en el pueblo de San Juan de Unare, mientras que los seis restantes se estaban en las montañas cercanas, donde se habían refugiado para repeler la incursión policial.

Habitantes de Río Caribe, Carúpano y las zonas aledañas reportaron que se escuchaban disparos hasta entrada la noche. Sin embargo, los detalles de la operación policial aún se desconocen.

Un audio, que parece ser de un funcionario policial, dice que fue una orden presidencial y que el objetivo era ejecutar a alias “Malony” y salir del sitio.

En Guárico y cuatro estados más 

Antes de aparecer en Sucre, Gilberto Malony Hernández era un traficante de drogas, armas y oro, tenía su propia banda y era aliado y lugarteniente de “El Picure”, dijo el exmagistrado y experto en crimen organizado, Alejandro Rebolledo.

“Malony” y su grupo tienen su base de operaciones en el estado Guárico, específicamente en Altagracia de Orituco, de donde era oriundo el delincuente, pero se había expandido hacia otros cuatro estados del país: Aragua, Bolívar, Apure y las costas del estado Sucre.

El Tren del Llano cuenta con unos 300 hombres armados y tiene alianza con varias organizaciones criminales como el Tren de Aragua, con presencia en 12 estados de Venezuela; y presuntamente con la exguerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, que tiene operaciones en al menos 12 estados, entre ellos Guárico, Apure y Bolívar. En ambos casos, el narcotráfico sería el motor de estos vínculos.

Pero el Tren del Llano se dedica también a otras lucrativas economías criminales como la extorsión a ganaderos y comerciantes, acaparamiento y comercialización de combustible, secuestro y minería ilegal. 

Los reportes de su presencia en el estado Bolívar lo ubican en los municipios mineros de Sifontes y El Callao, donde tiene su actividad la banda de “Zacarías”, una organización delictiva que también está operando en el estado Sucre, por lo que no se descarta que haya alguna alianza entre estos grupos. 

En el estado Aragua, sus actividades criminales se centran en sur de la entidad, donde está la localidad de Barbacoas, que era una de las bases de operaciones de “El Picure”.

“El Picurito” llegó en 2020 a San Juan de Unare

Desde septiembre de 2020 las autoridades tenían evidencia de la presencia del Tren del Llano en el estado Sucre, cuando tres de sus miembros murieron en un supuesto enfrentamiento con el CONAS en Río Caribe.

Residentes de San Juan de Unare aseguraron que para diciembre de 2020, un hombre a quien identificaban como “El Picurito” ya tenía el control de esa zona, que desde 2018 había estado en manos de miembros del Tren de Aragua, luego de que estos acabaron con la banda de San Juan de Las Galdonas en una matanza y asumieron el liderazgo de la banda de San Juan de Unare.

Este hombre, “El Picurito” , era en realidad Gilberto Malony Hernández. Había comenzado a ejercer el control sobre las costas de la Península de Paria, una ubicación estratégica para movilizar la droga hacía el Caribe. Contaba en esa localidad con un pequeño ejército de aproximadamente 70 hombres armados.

De acuerdo con testimonios de habitantes de Carúpano y Río Caribe, los integrantes del Tren del Llano asesinaron a los antiguos líderes de la megabanda de San Juan de Unare, que operaba como una extensión del Tren de Aragua, para lograr apoderarse de esa costa.

“Eso es un negocio. Llegaron haciéndose amigos y, luego, los mataron”, comentó una residente de Río Caribe que prefirió resguardar su identidad. 

En realidad, es probable que la llegada de alias “Malony” y su gente a Paria haya sido consentida por los máximos líderes del Tren de Aragua, la organización criminal más poderosa de Venezuela. Por eso no hubo resistencia por parte de los entonces jefes de la banda de San Juan de Unare. 

Pero posiblemente Gilberto Malony Hernández tenía sus propios planes y con el transcurrir de los meses se desvió del camino acordado con sus aliados de la prisión de Tocorón (el Tren de Aragua). De allí que el supuesto robo de un importante cargamento de drogas o la urgencia por un nuevo “cambio de gobierno” criminal en la estratégica zona haya sido el detonante de la operación policial que acabó con su vida.  

 Sin “El Picure” y sin “Malony”, el Tren del Llano sigue vivo

La megabanda el Tren del Llano ha operado en el estado Guárico desde el año 2008. Fue creada por alias “El Picure”, quien llegó a ser uno de los 40 criminales más buscados en el país. Con su muerte en 2016, en un presunto enfrentamiento con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en El Sombrero, el grupo se debilitó.

Pero entre 2016 y 2020, alias “Malony”, logró reagrupar la megabanda y fortalecerla mediante alianzas con bandas de otros estados para consolidar así su expansión.

Él creció en Altagracia de Orituco, una de las más importantes poblaciones de Guárico. Allí cobró notoriedad por su participación en robos y asesinatos desde muy joven. Representaba a la banda de “El Picure” en Altagracia de Orituco y se hizo cargo de su imperio criminal. Por eso, se hacía llamar “El Picurito”.

“Malony” usaba a Colombia para evadir la captura de las autoridades, pero volvía con frecuencia a Guárico para supervisar las operaciones de su organización criminal en Venezuela y desde 2020 se había instalado en Sucre.

La muerte de alias “Malony” el 8 de noviembre de 2021, así como la de su predecesor en 2016, no implica la desaparición automática de la megabanda el Tren del Llano. La estructura criminal podría seguir operando gracias al poder económico y a la expansión territorial que ha logrado consolidar en los últimos años.

Aunque se desconocen las identidades de los otros miembros de la organización que murieron en la matanza de San Juan de Unare, la megabanda contaba con dos lugartenientes: Jean Carlos Flores, alias “Mono”, quien habría muerto en el operativo policial; y Oscar de Jesús Noguera Hernández, alias “Pipi”, primo de “Malony”.

Este último sería el sucesor de “Malony” y próximo jefe del Tren del Llano. Su nombre y su rostro se conocieron luego del asesinato de Luis Manuel Díaz, dirigente del partido Acción Democrática en Guárico, ocurrido en Altagracia de Orituco en 2015.

Alias “Pipi” sería el responsable del crimen de este miembro del partido opositor. A este hombre también se la ha relacionado con un líder político del oficialismo. Sin embargo, no hay pruebas de esta supuesta vinculación.

#NegociosCarcelarios: Escombros del retén de Cabimas sepultan años de control de los pranes
Un equipo de investigación de Runrunes ingresó al centro de detención meses antes de su demolición y constató la estructura de poder y crimen que instalaron los pranes dentro del centro de reclusión que era administrado por la Gobernación del Zulia
Los reclusos tomaron el control total del retén a finales de 2019, el recinto no tenía custodia interna y la vigilancia de los cuerpos de seguridad se limitaba a la instalación de alcabalas alrededor de la prisión y sobrevuelos ocasionales con un dron
Solo por el cobro de la causa, los pranes tenían ingresos anuales de al menos US$240.000. Sin incluir el cobro de las extorsiones a comerciantes, que variaba entre US$3.000 y US$50.000 por comercio 
Las bandas de “Adriancito” y “Yeiko Masacre”, aliadas de las megabandas de “Los Meleán” y “Los Leal”, respectivamente, controlaban desde el retén el cobro de vacuna y otros delitos. Se calcula que ocho de cada diez extorsiones que se registran en los municipios de la Costa Oriental del Lago eran coordinadas desde el retén

Ronna Rísquez, Karina Peraza y Liz Gascón

 

Foto Tal Cual: Entrada del Retén de Cabimas

 

Lo primero que llamaba la atención al llegar al Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la Costa Oriental del Lago, mejor conocido como el Retén de Cabimas, era que no tenía cerca perimetral en la parte trasera y los portones están abiertos todo el día. Tampoco había custodios o funcionarios policiales que vigilaran. Los presos estaban de su cuenta y podían salir sin problemas, como el día en que tomaron la calle para protestar por falta de alimentos. La única razón por la que no se fugaban era por el terror que imponían los pranes.

El centro de reclusión estaba controlado por cuatro presos, uno por cada pabellón, que respondían a poderosas organizaciones criminales del estado. Así permaneció por casi cuatro años, desde 2017 cuando Omar Prieto asumió la gobernación del Zulia hasta que en octubre de 2021, justamente un mes antes de las elecciones regionales para un próximo período.

Después de varias promesas, que se remontan a 2019, finalmente el gobernador y aspirante a la reelección, decidió resolver el problema: Ordenó el desalojo e inició la demolición de la pequeña edificación, ante la imposibilidad de recuperar el control del recinto, que originalmente no era una prisión, sino una delegación policial.    

El retén de Cabimas,  era uno de los 25 centros de detención policial que había en Zulia. Construído en 1973, fue diseñado para una capacidad de 100 reclusos, pero de acuerdo con la investigación de campo para este perfil, en mayo existía una población de 1.028 privados de libertad. El hacinamiento era superior a 1.000%.

 

Estaba bajo la responsabilidad de la gobernación del estado Zulia, que en 2020 cerró con una tasa de 47,5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, siendo los sicarios, miembros de bandas y funcionarios de seguridad los principales victimarios. Pese a los elevados índices delictivos, Zulia no tiene cárceles y por esa razón los centros de detención preventiva o retenes policiales son utilizados como prisiones.

La falta de reja perimetral en el retén de Cabimas era apenas una de las debilidades que mostraba el penal. Carlos Barrios, quien fungía como director provisional del retén desde comienzos de 2020, despachaba desde sus alrededores dos o tres veces a la semana. La falta de vehículo oficial y la escasez de gasolina conspiraban en contra del trabajo presencial del funcionario que reside en Maracaibo, así que la seguridad de los detenidos no estaba bajo su control. 

El resguardo de sus alrededores estaba a cargo únicamente de una patrulla con cinco policías que envía La Comandancia General del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ) para hacer recorridos por las inmediaciones del retén, acompañados de otros dos funcionarios asignados a la custodia externa, reveló una fuente del organismo que prefirió no identificarse. 

En total, eran 14 funcionarios del CPBEZ, divididos en siete para cada turno. Los oficiales evitan estacionar la patrulla en la calle y observan desde afuera a los presos que caminan armados por la azotea y demás espacios del retén. La fuente admitió que no había suficiente personal para las labores de custodia externa y que sus actuaciones son limitadas por temor a las represalias que puedan tomar los delincuentes en contra de los policías o sus familiares. 

Un informante del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (CONAS) señaló que, ante la ausencia de custodia interna y el aumento de las denuncias de extorsión planificadas por presos, este organismo instaló dos puntos de control a menos de 300 metros de distancia de la prisión. Eran 12 los funcionarios del CONAS y la GNB asignados para la custodia externa en dos turnos. 

 

Entre policías y militares había un total de 26 funcionarios en labores de custodia externa. En la investigación se pudo constatar que el CONAS instaló cámaras de seguridad en las inmediaciones de la prisión para observar a los visitantes y detectar movimientos irregulares. También se cuenta ocasionalmente con un dron de vigilancia que sobrevuela el retén, según reveló una fuente oficial en condición de anonimato. 

El retén de Cabimas carecía de custodia interna desde finales de 2019. Solo una funcionaria del CPBEZ cuenta con la autorización de los pranes para ingresar: Nohelia Barrios, una empleada administrativa que servía de enlace entre los reclusos y las autoridades para gestionar, fundamentalmente, el traslado de los enfermos al médico forense o centros de salud. 

Cada pabellón del retén tenía un pran o líder negativo que ejercía las funciones del Estado: seguridad, reglas y normas de convivencia. 

Felices los cuatro

El control del retén de Cabimas estaba repartido entre cuatro líderes que gobernaban los distintos anexos, la planta alta y el área de mujeres.

El que tenía el mayor poder de fuego y más hombres era Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson”, el pran del pabellón B. Esta área llegó a albergar unos 400 reclusos de los cuales entre 50 y 100 pertenecían al “carro”. La mayoría eran delincuentes que operaban en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, principalmente, en los municipios Cabimas o Santa Rita, explicó un comisario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que trabajó en la región.

“El Wilson” había sido el lugarteniente de dos exlíderes evadidos del retén de Cabimas en 2016: Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, de 34 años de edad, quien se encuentra prófugo; y Sleiter José Leal de 36 años, alias “El Sleiter”, asesinado en junio del 2020. 

 

Por esta razón, a través de “Wilson” la banda de “Adriancito” era la que controlaba la prisión, pero además tiene el respaldo financiero de la megabanda de “Los Meleán”. El pran se encargaba de los negocios dentro del centro de detención y de otras extorsiones. “Adriancito”, entre tanto, dirigía las operaciones fuera del retén, reveló el funcionario del CONAS entrevistado para este perfil.

Los otros grupos de dominio en el retén era los de Yorman Rosendo, alias “Yormita”, quien tiene el mando del pabellón A; José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, líder del pabellón C; un exguardia nacional apodado “El Conas”, quien regenta el área reservada para funcionarios de seguridad que están presos. 

Los grupos de alias “Yormita”, pabellón A; y alias “Chiveco”, pabellón C funcionaban como extensiones y aliados de la banda de Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre”, quien figura como financista de esos anexos, enemigos del pabellón B. No hay información sobre la cantidad de hombres que poseen, pero era inferior a la de sus rivales debido a que los pabellones que dominaban albergaban menos reclusos.

El área de mujeres también estaba dominada indirectamente por alias “Wilson”, pues la líder era su pareja sentimental Migdalia Fernández.

La cantidad de presos bajo el control de cada pran determinaba su grado de poder dentro de la prisión por dos razones: la cantidad de hombres que podían integrar la estructura criminal o carro y la cantidad de dinero que generaba el cobro de la causa a los pabellones con más hombres.  

 

Aunque la estructura del pranato se sostenía con diversos delitos y actividades, destacaba el cobro de causa, una especie de impuesto que cobra el pran al resto de la población penal por el derecho a estar en la prisión. La tarifa mínima de la causa semanal se ubicó en US$5 por recluso. Según una fuente, los pagos se hacían en efectivo obligatoriamente. 

Los insolventes eran expulsados de los pabellones como medida de castigo y llevados a las áreas donde permanecen los reclusos con tuberculosis o donde hay mayor hacinamiento. Si no pagan, se les niega tanto el agua como la entrega de alimentos.

Para comprender la magnitud de este negocio sólo hay que usar la aritmética: si 1.000 reclusos cancelan US$5 de causa, el ingreso de los pranes es de US$5.000 a la semana y US$20.000 por mes. Alias “Wilson” era quien obtenía la mayor parte de las ganancias porque su pabellón era el más poblado, con unos 400 presos. 

Por esa razón mantener un volumen de presos hacinados era justamente parte del negocio que defendían los pranes y sus aliados criminales.

Otras actividades delictivas dentro del retén incluían el microtráfico de droga. Si bien no se logró precisar cuáles son las sustancias que se trafican en el retén de Cabimas ni tampoco cuál es el tamaño de la ganancia de pranes y asociados, en septiembre de 2020, el CONAS derribó drones que transportaban al retén tanto drogas como armas. Por este hecho capturaron a cuatro hombres acusados de operarlos desde una vivienda cercana al recinto.

El pranato también llegó a controlar la distribución del combustible despachado en la estación de servicio que está justo al lado de la prisión. “Wilson” disponía de una cierta cantidad de gasolina para ofrecerla en venta en el mercado negro, de acuerdo con medios locales

 

De hecho, el control de este negocio originó en diciembre de 2019 una nueva reyerta entre las bandas de los anexos B y C. La operación con el combustible se vio limitada desde junio de 2020, debido a la polémica generada por un video de los reclusos caminando con armas largas, mientras vigilaban desde el techo cuando funcionarios de la GNB custodiaban la fila para la estación de gasolina

Luego de este episodio, la gobernación excluyó a la gasolinera del retén del cronograma de suministro.

Las armas vienen de las FANB

Las armas que están dentro del retén de Cabimas eran obtenidas “a través de funcionarios corruptos”, ya sean agentes policiales, del CICPC o miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). 

Estos últimos son los principales proveedores tanto de las granadas como de las armas largas que circulan en ese retén, explicó un comisario del CICPC. “La potencia y el calibre del armamento aumenta dependiendo de la cercanía con los pranes. Los más cercanos al pran tienen armas largas. En la entrada de los pabellones los gariteros usan revólveres, en el interior se dejan ver una que otra pistola, y las armas largas y las granadas se exhiben mientras alguno de los líderes se pasea por el área”, detallan los reportes de Una Ventana a la Libertad sobre el tema. 

A los reclusos más apartados de los pranes –siempre y cuando pertenezcan a su estructura criminal– les permiten portar armas blancas como machetes y cuchillos.

Expertos de Una Ventana a La Libertad señalan que el pase de armas a las instalaciones se hace a través de familiares y conocidos que no son requisados por la custodia externa por orden de Wilson. 

 

Un inspector jefe del CICPC refirió que la mayoría de las granadas que utilizan estos grupos entran a través de cualquier línea fronteriza. “Las granadas las traen delincuentes de Colombia y pueden pagar por cada una 200.000 pesos colombianos o comprarlas por 100 dólares en Venezuela”.

Otro informante del organismo manifestó que las granadas con seriales de CAVIM, son extraídas de los entrenamientos militares. Los funcionarios de la FANB arrojan cinco explosivos en las prácticas pero reportan 25, las 20 restantes son desviadas ilegalmente a los grupos criminales.

El gran negocio es puertas afuera

Todo apunta a que la principal fuente de ingresos de los pranes del retén de Cabimas son las extorsiones a comerciantes y empresarios del municipio Cabimas y otras seis jurisdicciones de la Costa Oriental de Lago (COL): para el 2017 salían al menos tres llamadas diarias del retén y, de cada 10 empresarios o comerciantes de Cabimas, al menos seis recibían llamadas extorsivas, según reportes de prensa

Dos comerciantes y un sargento del CONAS de Cabimas entrevistados durante esta investigación coincidieron en que el retén es el mayor centro de operaciones para las extorsiones registradas en la subregión.. Actualmente, la banda delictiva puede cobrar entre US$3.000 y US$50.000 en efectivo por cada operación, precisaron dos comerciantes de Cabimas, que pidieron no revelar su identidad. Un agente del CONAS Zulia y varios representantes empresariales explicaron que el monto de la extorsión varía según el perfil de la víctima.

Según fuentes policiales, los extorsionadores incluso utilizan cuentas prestadas para cobrar transferencias a través del sistema de pago interbancario de Estados Unidos, Zelle. 

El modus operandi de estas bandas criminales del retén de Cabimas consiste en amenazar a las víctimas con atentados y luego ofrecerles una «protección» en sus negocios y/o propiedades. En las redes sociales sobran los videos y denuncias de amenazas con granadas y disparos a los empresarios y comerciantes que se nieguen a pagar vacuna.

Con el fin de que la víctima ceda, estudian e identifican a todo su núcleo familiar. Si se rehúsan a entregar el dinero, los sicarios de la organización los presionan disparando a las viviendas o lanzando explosivos contra alguno de sus negocios, según confirmaron por igual agentes del CONAS y del CICPC consultados. 

Un empresario relató que, fue en 2017 cuando comenzaron los atentados, en vista de que las llamadas intimidatorias se habían agotado como estrategia, pues las víctimas potenciales dejaron de atender a números desconocidos o ignoraban las solicitudes.

“Las bandas se van reinventando y fortaleciendo su estrategia a medida que las víctimas pierden el miedo”, reiteró, agregando que ahora envían videos por Whatsapp donde hombres con los rostros cubiertos exhiben granadas y armas para atemorizar a la víctima y que acceda a hacer el pago.

 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que los principales delitos que se registran en el estado son la extorsión y asesinatos que derivan de la extorsión. En el perfil de las víctimas de homicidios suelen encontrar la misma coincidencia: personas que cancelaron vacunas en alguna oportunidad y se rehusaron a pagar nuevamente. 

Según fuentes de la División de Antiextorsión y Secuestro del CICPC Zulia, solo 10 por ciento de las llamadas extorsivas logran que se haga el pago a los delincuentes, y apenas 25 por ciento de las víctimas denuncian. 

Comerciantes consultados en los municipios Cabimas y Santa Rita afirmaron que las víctimas desconfían de los cuerpos de seguridad porque muchos funcionarios trabajan para las bandas de extorsión. En reiteradas oportunidades los comerciantes han recibido mensajes intimidatorios de los delincuentes en los que se señala que saben que, en ese momento, se encuentran denunciando en la sede policial o en el comando militar. 

El CICPC en Zulia estima que al menos el 90 por ciento de los teléfonos que utilizan las bandas criminales tienen códigos de área de Colombia, Ecuador o incluso de Panamá. La mayoría contacta a las víctimas con números colombianos, pues para la compra de los chips, no se requiere documentación, precisó una fuente policial.

Este hecho también podría ser un indicador de la expansión de estas bandas fuera de Venezuela. “Los Meleán” y “Yeiko Masacre” tienen presencia en Colombia.

Comerciantes de la COL afirman que las organizaciones delictivas apuntan a grandes empresas prestadoras de servicios como clínicas o distribuidoras de insumos médicos, entre otros rubros, porque tienen más liquidez. En los últimos meses han aumentado los ataques a comercios e incluso a sedes de cuerpos de seguridad. Según reportes de prensa, hay indicios de que los atentados son ordenados desde la prisión

 

Una de las formas de conseguir la información de las víctimas son contactos laborales, datos de la vivienda o de amistades y, recientemente, empezaron a utilizar a damas de compañía o escorts para obtener información de quienes contratan sus servicios, reveló un funcionario del CONAS.

El sicariato es otro de los delitos que ha caracterizado a las bandas de “Los Meleán” y “Los Leal”. Eran conocidos en el mundo criminal como sicarios. Sus aliados del retén de Cabimas también se dedican a esta actividad. Y uno de los casos más emblemáticos que se les atribuye es el sicariato del comisario Benito Cobis.

El pranato gana con todo

Hasta el cierre del penal de Cabimas, Wilson Israel Valles Pérez, alias “Wilson” era el pran del pabellón B. Tiene 43 años, es natural de Ciudad Ojeda y fue condenado a 25 años de prisión –al igual que “Adriancito”– por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas, en 2013. Pese a su reclusión, planifica robos de vehículos, sicariatos, coordina la mayor red de extorsiones en la Costa Oriental del Lago y es el responsable de más de 90 % de los atentados con granadas, según informan medios locales. 

Migdalia Fernández es la pareja de “El Wilson” y también estaba detenida en el retén de Cabimas. Convivía con 14 mujeres en el anexo femenino. Otras 60 reclusas con menos privilegios se encontraban en un pabellón. Fernández es la líder de esas dos divisiones. No hay detalles sobre el delito por el cual está presa o sobre su vida personal, pero existen indicios de que apoya cada decisión del líder del pabellón B.

Foto tomada de Facebook:Migdalia Fernández, líder del anexo femenino del retén de Cabimas, junto a Wilson Valles, pran de pabellón B

Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, tiene 34 años y es conocido como “Adriancito”. Ingresó al retén de Cabimas en 2013 por el secuestro del presidente de una línea de transporte de Lagunillas. En ese hecho actuó junto a alias “Wilson”. 

Desde que ingresó al retén de Cabimas, “Adriancito” era parte del anillo de seguridad de Legel Odelvis Enrique, apodado “El Tata”, quien fue el pran del pabellón B hasta su asesinato en el año 2014.

En 2015, “Adriancito” estableció una alianza con Sleiter José Leal, alias “El Sleiter”, quien entró al retén de Cabimas ese mismo año por homicidio calificado en grado de frustración. Leal tenía prontuario por homicidio, tráfico de drogas, extorsión, robo y secuestro, credenciales que lo convirtieron en el segundo al mando del pabellón B a los pocos meses de llegar. 

Rodríguez y Leal conformaron dentro del retén un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO), como se califica en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 

“Adriancitio” quedó a la cabeza de la organización criminal en 2020, luego del asesinato de “El Sleiter”. La banda opera en los siete municipios de la Costa Oriental del Lago en Zulia: Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. En paralelo, los socios externos se dedicaban al robo de vehículos, con cobro del rescate de los mismos, según precisó un comisario del CICPC que trabajó en la región zuliana hasta el año 2016. 

“El Sleiter” era el enlace con la megabanda de “Los Meleán”, la organización criminal más poderosa y antigua del estado Zulia. Durante su estadía en la prisión, los miembros de este clan familiar sirvieron de proveedores de armas, reveló el comisario de la policía científica. 

El 14 de abril de 2016, “Adriancito”y “El Sleiter” se fugaron del retén junto a otros 17 reclusos. Ambos eran considerados los más poderosos del retén y con la fuga su influencia fuera de la prisión creció. “El Sleiter”, como miembro de “Los Melean”, mantenía comunicación con esa organización criminal. Una vez que “Adriancito” y “El Sleiter” escapan, continuaron con su carrera criminal y mantuvieron el liderazgo dentro del centro de detención a través de otros presos, como “Wilson”.  “El Sleiter”, socio de “Adriancito”, también había logrado llevar sus actividades delictivas a la capital colombiana. Autoridades venezolanas apuntan, además, que también “Adriancito” se encuentra en el vecino país

 

A esta pareja criminal le atribuyen los ataques con granadas y armas largas que se han registrado contra organismos de seguridad, centros médicos, locales comerciales y algunas viviendas en Zulia. Este es el modus operandi que utilizan para lograr que sus víctimas paguen extorsiones en dólares.

Pese a las bajas en las filas de subanda, producto en enfrentamientos con cuerpos de seguridad, detenciones en flagrancia y ajustes de cuentas de bandas rivales, el grupo sigue con sus actividades criminales en la COL y en Colombia, donde se radicó “Adriancito”.

Erick Alberto Parra Mendoza, alias “Yeico Masacre” lideró otro grupo que ejerció influencia dentro del retén de Cabimas. Figura en la lista de delincuentes más buscados por el Ministerio de Interior y Justicia por los delitos de homicidio, sicariato, robo de vehículo y desaparición forzada. Parra, quien tiene alerta roja de Interpol, estaría ocultándose en Chile y ha cobrado notoriedad desde 2018 por la publicación de videos y audios en redes sociales atribuyéndose homicidios y ataques. Funcionarios del CONAS Zulia presumen que alias “Yeico Masacre” es el financista de presos de los pabellones enemigos de “Adriancito”.

Su poder en el retén de Cabimas es menor al de “Adriancito” y “Wilson”, aún cuando los presos del centro de detención logran salir a realizar actos delictivos ordenados por él. 

Parra Mendoza es un exfuncionario de la GNB y recibió entrenamiento en operaciones de comando, inteligencia, manejo de explosivos y combate. Se dice que habría pertenecido a la banda de “Los Meleán”, de la cual fue jefe de seguridad y era conocido inicialmente como “Yeico Meleán”. 

Al tratar infructuosamente de convertirse en líder de esa organización en 2019, luego de la detención en Texas del cabecilla, Tirso Meleán, pasó a ser enemigo de todos los miembros de la banda, entre ellos “El Sleiter”, según declaró un comisario del CICPC. 

“Intentó apropiarse del manejo de la banda, lo que lo convirtió en rival de sus otrora patrones. En ese momento, adoptó el alias de ‘Yeico Masacre’ y echó a andar un plan de exterminio contra ‘Los Meleán’ que ya cuenta más de 30 muertos en Colombia y otros más en Venezuela”, reveló una investigación del diario colombiano El Tiempo

 

Las autoridades de ese país señalan que, tanto la banda de “Yeico Masacre” como a “Los Meleán”, están dedicadas a delitos como extorsión, sicariato, microtráfico de droga y la explotación sexual de migrantes. Igualmente afirman que estos grupos pelean el control de negocios ilícitos en Bogotá. De hecho, la PNC tendría reportes de las actividades de estas bandas venezolanas desde mediados de 2019, según declaraciones a El Tiempo.

Parra ahora tendría vínculos con la banda de “Los Leal”, enemigos de larga data de “Los Meleán” y  sería en realidad el jefe de los pranes de los pabellones A y C del retén, Yorman Rosendo, alias “Yormita” y José Gregorio Gavidia, alias “Chiveco”, respectivamente, informaron funcionarios policiales entrevistados para esta investigación.

Debajo de los pranes hay una organización que garantiza su seguridad y los negocios dentro del penal. Lugartenientes, luceros, gariteros formar parte del carro, que es el grupo  de personas que integran la pandilla o miembros directos de la organización que controla la prisión. 

Foto: Wilson Valles Pérez, pran del pabellón B

Socios en el delito

Los pranes en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de la COL tienen nexos con bandas fuera de la cárcel. La principal alianza es la de “Wilson” con la banda de“Adriancito”, organización a la que representa en la prisión. 

“El Wilson”, a su vez, tiene miembros fuera de la prisión que hacen labores de investigación para identificar a víctimas de extorsiones y perpetrar distintas acciones delictivas.

El principal financista de la banda de “Adriancito” y “Wilson” es la megabanda de Los Melean”,que en definitiva son los verdaderos socios. Este es un clan familiar que opera desde hace más de 40 años en el estado Zulia. Han estado vinculados con contrabando de combustible, extorsiones, sicariatos y una variedad de delitos y está liderada en la actualidad por Jefferson José Nava Jiménez, apodado “Y. Nava” o “Jet Nava”, quien era lugarteniente de Willy Meleán, y Karinton José Soto Leal, conocido como «Karinton” quien es el segundo al mando del clan.

Otro de los líderes de la organización fue detenido en Estados Unidos en 2018 con gran cantidad de armas de fuego. Estaba solicitado por las autoridades venezolanas por sicariatos y otros crímenes.

Pese a la muerte de uno de sus líderes y la captura de otro, “Los Meleán” tienen ramificaciones en distintas ciudadades de Colombia y Panamá. Reportes de las autoridades colombianas señalan que los líderes de las bandas de “Yeico Masacre” y “Los Meleán” emigraron a Colombia entre 2018 y 2019. De hecho, células de ambas organizaciones ya están en siete ciudades colombianas: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta, Riohacha, Ibagué, Soacha y Bogotá. 

“Se dedican especialmente al hurto, la extorsión y manejan redes de prostitución”, aseguraron fuentes policiales a la Revista Semana. En Fontibón, Chapinero y la capital, Santa Fe (Bogotá) se disputan el control de expendios de drogas y la trata de personas, según precisó a medios de comunicación el secretario de seguridad de Bogotá, Hugo Acero. 

 

Desde 2018, los líderes de los pabellones rivales al de Wilson Valles, reciben financiamiento de “Yeico Masacre” quien, a su vez, libra una guerra con “Los Meleán”.

La megabanda de “Los Leal” tiene una historia de rivalidad con el clan de Los Meleán por el control de rentas y territorios de los municipios alrededor del Lago de Maracaibo, tal como describe InSight Crime en su trabajo de enero de 2021. Yeico Masacre tendría vínculos con la banda “Los Leal”, rival de “Los Meleán”. Antonio Meleán, líder de esta última organización, fue asesinado por un grupo de sicarios frente a una barbería el 28 de diciembre de 2008. Su guardaespaldas, Daniel David Leal Prieto, fue acusado del homicidio. 

“La muerte del líder de ‘Los Meleán’ representaría el surgimiento de una organización liderada por un antiguo socio: José Luis Leal Rangel. Leal decidió articular una nueva estructura criminal bajo su mando y desafió el poderío de ‘Los Meleán’ en Zulia”, destaca InSightCrime.

Retén de Cabimas

Foto: Presos del retén de Cabimas hacen fila para buscar agua

La emergencia humanitaria en el retén 

Ricardo Lugo, secretario de Seguridad y Orden Público de la Gobernación del Zulia, admitió que no enviaban alimentos según los requerimientos. Explicó que cada mes proporcionaban a los reclusos 400 bolsas con 15 kilos de alimentos del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) que deberían consumir los prisioneros enfermos o con desnutrición.  

No obstante, estos alimentos se entregaban a los pranes para que ellos los distribuyeran en la población del penal. Por otra parte, los reclusos señalan que las autoridades incitan a la violencia para justificar intervenciones armadas de los cuerpos de seguridad puertas adentro.

A raíz de las confrontaciones entre los presos y funcionarios –que escalaron en 2019 y 2020– los controles externos de los cuerpos de seguridad aumentaron para compensar la ausencia de custodia interna. En ocasiones las autoridades han prohibido el ingreso de alimentos, medicinas y agua potable al retén. 

 

Por esta razón, los pranes promovieron una protesta y los prisioneros salieron de las instalaciones a exigir atención para los enfermos que estuvieron hasta 72 horas sin agua para beber

En una ocasión, se amotinaron y hasta detonaron seis granadas para ejercer presión sobre los militares que mantenían el acceso vehicular y peatonal restringido. El disturbio terminó con dos presos fallecidos

El centro de detención no contaba con sistema de cloacas o agua, según se pudo constatar en la visita realizada a estas instalaciones. Los reclusos cavaron dos pozos para obtener agua, pero no es apta para el consumo o aseo personal. Los reclusos pagaban US$0,2 o US$0,5 para llenar botellones de 20 litros de agua en las viviendas próximas al retén o reciben agua de sus familiares. El agua es una necesidad urgente, pues Cabimas tiene permanentemente temperaturas por encima de los 30°grados centígrados.

A principios de 2020, al menos 30 reclusas no recibieron atención adecuada. Además, dos de las cinco prisioneras embarazadas dieron a luz atendidas por sus compañeras, pues les negaron tanto el traslado a un hospital. 

Epicentro de la violencia

La violencia que se generó dentro del retén de Cabimas tuvo consecuencias que van mucho más allá del área del centro penitenciario. Las disputas por el dominio absoluto de la prisión desencadenaron motines de hasta ocho muertos en la última década. En una visita al retén se constató que los pranes utilizan a los reclusos enfermos para llamar la atención y obtener beneficios, como alimentos o medicinas. Los ajustes de cuentas entre las bandas del retén de Cabimas no solo ocurrían tras las rejas. Fuera de la prisión, los grupos aliados a los pranes también han librado una guerra. Estas bandas también se esparcieron por toda la zona oriental del país para alzarse con las rutas del microtráfico”, detalla un reportaje de El Heraldo.

En junio de 2020, “Yeico Masacre” encargó el sicariato de “El Sleiter”y su madre en Bogotá. Ese mismo mes, también se adjudicó el homicidio del abuelo de “El Sleiter” en Zulia y llegó a ofrecer hasta US$1.000 por el asesinato de cada familiar de su rival.

Otra consecuencia fue el aumento de la criminalidad tanto en La Misión como en las urbanizaciones del norte de Cabimas: muchos de los habitantes han abandonado sus casas o reforzado la seguridad para evitar la irrupción de delincuentes a sus propiedades. 

Retén de Cabimas

Foto: El retén de Cabimas se encuentra en una zona residencial

Entre 2018 y 2020 se contabilizaron al menos 46 ataques con explosivos en la región zuliana. De esta cifra, seis atentados se registraron en 2018, 13 en 2019 y 26 en 2020. Las continuas amenazas a comerciantes y empresarios han acelerado el cierre de muchos negocios. Según cifras de la Fedecámaras, en 2020 cerraron 800 empresas en el estado Zulia “por el acecho de las megabandas dedicadas a la extorsión”. Las acciones delictivas –en especial de la banda de Yeico Masacre— han causado el desplazamiento de comunidades enteras. 

Aunque los cuerpos de seguridad procuran limitar las acciones delictivas de las bandas que operan desde el retén de Cabimas con restricciones a la circulación nocturna de motocicletas en algunos municipios de la COL, estas medidas no han disminuido los índices delictivos, ni frenado las actividades de las bandas, lo cual genera problemas de gobernabilidad: el sicariato y el cobro de vacunas son comunes en los siete municipios que conforman la subregión. El gobernador del Zulia, Omar Prieto, ha reconocido que las bandas delictivas del retén de Cabimas buscan imponerse en algunas jurisdicciones, sometiendo a los ciudadanos e incluso a los cuerpos de seguridad. 

Ante el incremento del cobro de extorsiones hasta en la puerta del retén de Cabimas, desde el 2019 instalaron alcabalas del CONAS para controlar lo que ingresa al penal. En uno de los procedimientos, los presos atacaron con granadas el puesto e hirieron a un funcionario.  

 

Las investigaciones señalan que los autores del sicariato del jefe de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas del CPBEZ, Benito Cobis, habrían salido del retén por petición de “Yeico Masacre”.

De la mano con el poder

Los grupos delictivos que operan tanto dentro como fuera del centro de detención han establecido alianzas con policías y militares de distintos organismos para adquirir armamento y municiones. Las bandas se apoyaba en sus relaciones con el poder político, militar y policial de la región para fortalecer su actividad. Ya sea por acción u omisión, permitieron el desarrollo y crecimiento de la estructura delictiva que creció dentro del retén de Cabimas.

En noviembre de 2020, el CICPC capturó a un funcionario de sus filas identificado como Kenny Miguel Guillén Cardozo, de 29 años de edad, junto a un agente del CPBEZ, identificado como Klostermad David Hernández, de 33 años, por suministrar “artefactos explosivos, armas de fuego y municiones de diferente calibre” a los integrantes de la banda de “Yeico Masacre”. 

Un jefe del CICPC en Zulia indicó que, al menos el 33 por ciento de los funcionarios de todos los cuerpos de seguridad del Zulia están involucrados con estas bandas criminales. El CICPC calcula que tres de cada diez integrantes de las bandas criminales que operan en el estado Zulia son funcionarios de cuerpos de seguridad. Dicho de otro modo: los organismos policiales y/o militares están infiltrados. 

Un funcionario del gabinete del gobernador de Zulia, Omar Prieto, confirmó la participación de funcionarios en las bandas y mencionó que estos utilizan las comunicaciones radiales para estar al tanto de los procedimientos y notificar a los delincuentes. Para no ser rastreados, los presos envían videos y notas de voz a través de WhatsApp con números internacionales. 

 

Las organizaciones criminales vinculadas con el retén de Cabimas tenían presencia en los municipios Cabimas, Santa Rita, Lagunillas, Miranda, Baralt, Valmore Rodríguez y Simón Bolívar. “Adriancito” y “El Wilson” se reparten los territorios. El primero opera en los municipios Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas. El segundo controla Cabimas y Santa Rita,  jurisdicción esta que ha sido despoblada por la delincuencia en los últimos seis años. 

Cabimas era administrado por la Gobernación del estado Zulia, por lo que las actividades y operaciones criminales que allí se realizan son posibles gracias a la inacción o la complicidad del gobernador Omar Prieto y su equipo de gestión que solo se decidió a actuar contra cumplir su promesa del cierre del retén a menos de un mes de las elecciones regionales.

Los detenidos del recién demolido retén de Cabimas  fueron trasladados principalmente a las cárceles de Sabaneta y El Marite luego de una supuesta negociación entre la gobernación del Zulia con las estructuras criminales del retén que fueron advertidas para que pudieran sacar sus pertenencias de valor. Todavía no hay certeza de cómo será la inserción de los presos de Cabimas en los penales señalados, qué facilidades ofreció la gobernación para evitar la violencia en la mudanza del penal y si podrán mantener sus operaciones delictivas en sus nuevos sitios de reclusión. 

Ronna Risquez Oct 20, 2021 | Actualizado hace 11 meses
El Tren de Aragua tiene parada en Ecuador
El Tren de Aragua, la megabanda delictiva más poderosa de Venezuela, se ha convertido en una locomotora de crimen que recorre Suramérica a toda velocidad. Sus integrantes han seguido la ruta del éxodo venezolano: Colombia, Perú, Brasil, Chile
Ecuador se había mantenido al margen, pero a finales de 2020, la Policía ecuatoriana asestó un golpe en Carchi –un poblado en la frontera con Colombia– y desarticuló a un grupo ligado a la banda que operaba en esta provincia.
La banda delincuencial transnacional nació en 2020 y es controlada desde la prisión de Tocorón. Se dedica al menos a 18 delitos y destacan la extorsión, el tráfico de drogas, el microtráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de migrantes, entre otras actividades que desarrollan en zonas fronterizas 

 

Ronna Rísquez y Lorena Erazo Carapaz

**Este reportaje es parte del libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, una publicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) de Ecuador, presentada el 30 de septiembre de 2021. Runrunes lo reproduce con autorización de la editora 

Eduardo ingresó a Ecuador portando solamente su cédula de identidad, como casi todos los venezolanos que huyen de su país. Sin posibilidad de tener un visado de trabajo, empezó a ganar algunas monedas a cambio de cargar maletas en la terminal de buses de Tulcán, la primera ciudad ecuatoriana que pisan los migrantes venezolanos al dejar atrás Colombia. Su nombre real no es Eduardo, pero pide proteger su identidad por temor a las represalias por haber denunciado a los miembros del Tren de Aragua, la organización delincuencial que viene saltando de país en país, siguiendo el camino de los venezolanos. 

Eduardo cuenta que los delincuentes llegaron a la terminal de buses en medio de la pandemia, se presentaron como miembros de la banda y empezaron a extorsionarlos

 

«Nos dijeron: ‘Mira, somos miembros del Tren de Aragua, y hay que seguir el carro (como se llama a la estructura criminal que opera en las cárceles venezolanas) así que debes pagar la causa’ (hacer un tributo o vacuna)”. Si no pagábamos, debíamos buscar otro lugar donde trabajar y atenernos a las consecuencias».

 

Y las consecuencias de negarse a pagar eran mortales. “Nos decían que para solucionar el inconveniente debía haber un muerto. Si no queríamos pagar, íbamos a recibir bala”, dijo el venezolano, quien evitó  hablar del monto que pagaban a los miembros de la banda para conservar su puesto de trabajo en la terminal.

Aunque los principales cabecillas de las extorsiones están presos desde el 13 de noviembre de 2020, Eduardo está convencido de que todavía hay personas vinculadas al grupo que siguen moviéndose por la ciudad fronteriza. 

La actividad de la banda empezó a ser observada por la Policía en septiembre de 2020, tras las denuncias de trabajadores de la terminal de Tulcán. Los delincuentes son liderados desde el Centro Penitenciario de Aragua, en Venezuela, mejor conocida como cárcel de Tocorón, y están organizados en células pequeñas y grandes que los venezolanos conocen como carros que se dedican al robo, extorsión y al tráfico de drogas y armas, según información de Jaime Fung, profesor venezolano radicado en Tulcán. 

Tras las primeras pesquisas se determinó que el carro que ingresó a Ecuador estaba integrado por varios hombres con los alias de: ‘Loro’, ‘Chamo’, ‘Terry’, ‘Flores’, ‘Guaido’, ‘Terry’, ‘Carapita’, ‘Toñito’ y ‘Renzo’. El 13 de noviembre de 2020, desde la Fiscalía se autorizó el allanamiento y detención de los hombres que habían sido señalados como integrantes del grupo delincuencial. Los registros se hicieron al mediodía en la terminal terrestre, en el sur de Tulcán, en el hostal La Florida, y en la Cofradía, barrio periférico de la ciudad. 

Siete venezolanos fueron detenidos por asociación ilícita. Jesús Eduardo Ramos Fragachan, de 39 años, alias ‘Loro’, fue arrestado en el sur de Tulcán, era identificado como el líder de la agrupación y se encargaba de planificar las actividades de la organización, según las investigaciones. José Gregorio Flores, alías ‘Flores’, de 56 años, y Terry González, alias ‘Terry’, de 38 años. Todos son del estado de Aragua, algo que tienen en común todos los miembros de la banda. El primero dijo que no estaba radicado en Ecuador sino en Ipiales (Colombia), y el segundo, que fue aprendido en el hostal Florida, dijo no tener residencia fija y ser ‘cambista’, es decir que se dedicaba a cambiar dólares por pesos colombianos y viceversa. 

Otros de los detenidos fueron Eduardo Rafael Abasol, de 29 años, conocido como ‘Carapita’, venía de Caracas, pero tampoco tenía una residencia fija. Inicialmente se identificó como otra identidad, pero el apellido no concordaba con el sistema informático de la Policía de Ecuador. Juan José Medina Medida, de 28 años, alias ‘Guaido’, vivía en un hotel y también intentó ocultar su identidad. Su nombre real es Jonathan Jesús Sánchez Olivero, por lo que la policía tuvo que solicitar una nueva orden de detención con este nombre. Los otros detenidos se presentaron como trabajadores de la terminal de buses: Renzo Tablante, alias ‘Renzo’, de 38 años, y Antonio José Torres, alias ‘Toñito’, de 41 años, quienes manifestaron que se dedicaban a enganchar pasajeros y cargar maletas. 

El detenido apodado ‘Flores’ solicitó que comunicaran su detención a su hermana, en Ipiales, y ‘Carapita’ pidió ver a su pareja. El resto desistió del derecho de contactar a sus familiares. En los allanamientos también detuvieron a Darnis Jiménez y Sixmary Hostos. Ambas mujeres fueron sorprendidas en una vivienda en el sur de Tulcán, donde también se encontraron dentro de una mochila cinco paquetes que contenían marihuana. En la Unidad de Antinarcóticos se constató que eran 4.969 gramos de cannabis, cerca de cinco kilos. Jiménez está presa en la cárcel de Tulcán por tráfico de drogas, sentenciada a un año y ocho meses de prisión y una multa de 800 dólares. En su declaración, Jiménez dijo que la mochila la dejó Eduardo, conocido como ‘Carapita’. 

Los detenidos se acogieron al silencio y aceptaron los cargos de asociación ilícita; también se confirmó que los detenidos ingresaron a Ecuador de forma irregular y sus nombres no constaban en el sistema migratorio ecuatoriano. Los medios locales y nacionales hablaron de la operación Perseo, llamada así por la deidad griega que combate el mal, e hicieron hincapié en que los detenidos eran miembros de la banda Tren de Aragua y que empezaron a operar cuando la terminal de pasajeros volvió a funcionar luego del confinamiento estricto de la pandemia.

Las autoridades policiales, sin embargo, no confirmaron que se tratara de integrantes de la banda venezolana. La policía ecuatoriana niega la presencia de la banda en Tulcán. Marco Sánchez de la Policía Judicial dijo que los detenidos usaban el nombre de Tren de Aragua para intimidar a sus compatriotas. Esta investigación, sin embargo, confirmó que al menos cinco de los detenidos en Ecuador presentan solicitudes o registros policiales por diversos delitos en Venezuela, son originarios de distintas localidades del estado Aragua y pertenecen al Tren de Aragua. 

En el grupo de detenidos destaca el cabecilla, Jesús Eduardo Ramos Fragachan, alias ‘Loro’, quien está requerido por las autoridades venezolanas por su responsabilidad en el homicidio de un entrenador deportivo en la capital del estado Aragua, en julio de 2020. A raíz de ese crimen, el hombre huyó y se refugió en la población de Ureña en el estado Táchira –en la frontera con Colombia–, donde se le relacionaba con delitos de homicidio, extorsión, secuestro, robo y hurto de vehículos. Luego habría abandonado Venezuela y se volvió a saber de su paradero cuando fue detenido en Ecuador. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) confirmaron que Ramos Fragranchan es miembro del Tren de Aragua.

Otro de los detenidos en Ecuador es Juan José Medina Morales, alias ‘Guaido’, de quien las autoridades presumen que fingió su muerte, pues su identidad fue usada para registrar el fallecimiento de otra persona. También se pudo constatar con la policía venezolana que Antonio José Torres, alias ‘Toñito’, está solicitado en Aragua por extorsión y secuestro; Eduardo Rafael Abasol Montesinos, ‘Carapita’, tiene solicitudes en los estados Aragua y Carabobo –aunque no se obtuvo información de los delitos–; mientras que José Gregorio Flores es buscado por homicidio y pertenece al Tren de Aragua. 

Una locomotora de crimen organizado recorre América Latina 

El Tren de Aragua es la organización criminal más grande y poderosa de Venezuela. Tiene presencia en 11 de los 23 estados del país y es el primer grupo delincuencial de origen venezolano que ha logrado expandir sus actividades a otras naciones de América Latina. Se le identifica con el calificativo de “megabanda”, porque el grupo está integrado por un “ejército” de más de 3.000 hombres, dispone de armas de guerra y tiene una estructura jerárquica definida, clara y sólida. 

Una de las principales características de esta organización de crimen organizado es que tiene su base de operaciones en el interior de una prisión, la cárcel de Tocorón, a unos 101 kilómetros de Caracas, en la región centro-costera del país. El líder de la organización es un preso identificado como Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Él es también el “pran” de Tocorón, delincuente que lídera y actúa como el jefe de la cárcel. Ejerce el control de la prisión desde hace más de 10 años, y es uno de los delincuentes más poderosos de Venezuela. 

A juzgar por los resultados, pareciera que el uso de una prisión como enclave criminal ha sido estratégico para la expansión de la “megabanda”. El poder del Tren de Aragua se ha consolidado fuera de su región de origen de una forma acelerada. Un informe de inteligencia de la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela, al que tuvo acceso esta investigación, revela que el grupo estaría desarrollando actividades ilícitas en 10 estados venezolanos: Carabobo, Sucre, Bolívar, Zulia, Miranda, Lara, Guárico, Trujillo, Táchira y Aragua. A esto debe agregarse Apure, donde ya se ha reportado la presencia de algunos de sus miembros.

Esta imagen fue tomada del Informe de Inteligencia de la PNB, pero corresponde a una infografía elaborada por la Fundación InSight Crime. Muestra los estados y países donde opera la banda, a los que hay que sumar Apure y Chile

“El Tren de Aragua funciona como una especie de franquicia criminal. Los líderes asociados, que están en las calles, pueden controlar por completo sus propios negocios, pero hay otros en los que deben compartir las ganancias con el ‘Niño Guerrero’”, explica un informe de Transparencia Venezuela sobre crimen organizado y corrupción, publicado en 2020. De la manera que sea, al final la conexión entre los franquiciados y la “megabanda” siempre se mantiene. 

La organización parece que también utiliza esta modalidad de franquicias en sus operaciones en el exterior, porque el Tren de Aragua no solo ha traspasado los muros de la cárcel para crecer dentro de su país. El documento de inteligencia, elaborado en 2021 por la PNB, afirma que el grupo delictivo ha logrado cruzar las fronteras y llegar, al menos, a cinco países de la región: Colombia, Perú, Chile, Brasil y Ecuador. “El Tren de Aragua está teniendo mucho poder en estos países y hemos identificado que realizan llamadas desde esos países para extorsionar. Esto ocurre desde 2018, utilizando líneas telefónicas que compran en el exterior”, explicó un comisario de la policía judicial de Venezuela que ha seguido los pasos del grupo delictivo, y quien pidió no revelar su identidad por razones de seguridad. 

Otros agentes de la policía regional del estado Aragua consultados ratificaron esta información. La presencia de miembros de la “megabanda” se ha identificado en países que comparten frontera con Venezuela o en países que han sido los principales destinos de los migrantes venezolanos, en los últimos cinco años. En estos territorios el grupo delincuencial ha logrado instalar a representantes de su organización para ejercer actividades ilícitas que ya formaban parte de su portafolio criminal, como extorsión o cobro vacuna, microtráfico de drogas, tráfico de personas, robo, homicidios y tráfico transnacional de drogas, entre otros. 

En 2019, la policía de Colombia confirmó la presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Táchira (Venezuela) y el departamento de Norte de Santander. Allí controlan algunos pasos fronterizos ilegales, conocidos como trochas, que son utilizados para el tráfico de venezolanos, que intentan huir de la emergencia humanitaria compleja que vive el país caribeño. 

Incluso, luego de la publicación del libro Periferias, que contiene este reportaje, se conoció que el Tren de Aragua controla puntualmente los pasos fronterizos desde el lado colombiano en Villa Rosario, mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) controla las trochas del lado venezolano. “Tal es el poder y la crueldad de esa organización criminal, que hoy domina varios puntos de Villa del Rosario (Norte de Santander), cobrando ‘vacunas’, comercializando armas, golpeando personas, amenazando, matando y desterrando gente. En fin, sus integrantes hacen lo que quieran, sin que alguien le pueda decir nada”, dice una nota periodística publicada en el medio colombiano La Opinión

De igual manera, se identificó la presencia de esta agrupación en la frontera entre Arauca y el estado Apure donde llegaron para disputarle a las Disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) los negocios ilícitos en esa frontera.  

La banda también se dedica al tráfico de marihuana entre los dos países y al menudeo (venta al detal) de droga en la ciudad colombiana de Cúcuta, según refieren reportes oficiales de ambos gobiernos. La comercialización de cannabis sería uno de los negocios más importantes del Tren de Aragua. “Dominan el mercado de la súper marihuana, también conocida como ‘cripy’, en Venezuela y utilizan la salida al mar por el estado Sucre para traficarla hacia Trinidad y Tobago y otras islas del Caribe”, explicó el excomisionado Pedro González*, de la Policía de Aragua. 

El informe de Transparencia Venezuela confirma los nexos con el narcotráfico. “Distintas fuentes corroboraron que en el estado Sucre, en pueblos como San Juan de las Galdonas, San Juan de Unare, Río Caribe y Güiria, entre otros, existen células delictivas del Tren de Aragua que controlan el narcotráfico y el contrabando por vía marítima hacia Trinidad y Tobago, y otras islas del Caribe”, dice el documento

El comisario de la policía judicial relató que también han identificado la presencia de miembros del Tren de Aragua en Bogotá, donde la “megabanda” controla algunos locales nocturnos en zonas populares de esa ciudad. Allí organizan con frecuencia fiestas que cuentan con la animación de la vedette y Dj Jimena Araya, conocida como alias “Rosita”, quien estuvo relacionada con el “Niño Guerrero” y con otros miembros de la organización delictiva desde hace casi 10 años. “En las fiestas participan los miembros de la banda del penal de Tocorón. Son quienes venden droga y licores venezolanos”, precisó el funcionario policial. 

Algunos carteles promocionales de estas “rumbas venezolanas” (como se le llama en las fiestas) se pueden encontrar en las redes sociales de la Dj Jimena Araya. En sus giras artísticas destaca su paso, casualmente, por países donde se ha identificado que hay actividad de la “megabanda”, como Colombia, Chile, Perú (de donde fue expulsada por sus presuntos nexos con la organización criminal) y Ecuador. 

 

Captura de pantalla del Facebook de Jimena Araya donde anuncia su show en Cuenca, Ecuador, en 2018

La presencia del grupo delictivo también fue identificada en Brasil. “Los organismos de seguridad brasileños informaron que había células del Tren de Aragua operando en Pacaraima, norte de Brasil, y que miembros de la banda estaban comenzando a crear células dentro del sistema penitenciario brasileño. Los medios brasileños señalaron que la banda había ganado control en el país con el tráfico de personas y la extorsión a migrantes venezolanos en la frontera”, dice un reporte publicado por la Fundación InSight Crime en diciembre de 2020. 

Esta expansión parece lógica. Brasil comparte frontera con Venezuela, por el sur del país, en el estado Bolívar. Allí está ubicado uno de los mayores yacimientos de oro del mundo, conocido como el Arco Minero del Orinoco, donde opera una importante célula del grupo criminal, la banda de Johan José Romero, alias “Johan Petrica”, líder fundador del Tren de Aragua.

Este es, además, otro importante punto de salida de migrantes. Pero la relación con Brasil va más allá. Las autoridades del estado de Roraima han identificado el reclutamiento de más de 700 delincuentes venezolanos por parte del Primer Comando de la Capital (PCC), el grupo criminal más poderoso de Brasil. Se presume que muchos de ellos son miembros del Tren de Aragua. 

Sin embargo, Perú fue el primer país de la región que experimentó las consecuencias de la llegada del Tren de Aragua. La detención de cinco de sus miembros cuando pretendían robar un banco en Lima, en 2018, encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad de ese país. Luego vinieron las denuncias de secuestros, extorsiones y hasta casos de descuartizamiento de enemigos. 

Pedro Ramírez*, un funcionario de la Policía de Aragua que ha hecho seguimiento a la “megabanda”, explicó que los jefes del Tren de Aragua envían a otros países de la región a miembros de la organización para liderar operaciones en estas naciones y administrar negocios diversos. “Los mandan a Perú, Colombia, Ecuador, Chile y también creemos que a Argentina. Allí los líderes se ocupan de administrar negocios de alimentos o bares, que son una fachada para ocultar las diversas actividades delictivas de la banda”, explicó Ramírez. 

Estos países coinciden con las naciones recorridas por la Dj “Rosita” –la mujer que ha estado estrechamente ligada al Tren de Aragua– para sus espectáculos. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la localidad visitada por la vedette fue Cuenca. Sin embargo, no se conocen más datos sobre la presencia del grupo criminal en esta y otras ciudades de ese país. 

Por estas razones, no es descabellado que la expansión por Sudamérica del Tren de Aragua incluya Ecuador, que además es el tercer país del mundo que más inmigrantes venezolanos ha recibido. Hasta agosto de 2020 se calculaba en 420.000 el número de refugiados, según datos de ACNUR, y se espera que la cifra supere las 500.000 personas para finales de 2021. 

Funcionarios del Cicpc de Venezuela aseguraron para esta investigación que todos los venezolanos detenidos en la ciudad fronteriza de Ecuador son oriundos del estado Aragua (donde tiene su base la “megabanda”) y todos estarían ligados al grupo delincuencial, tras ser verificados en el Sistema de Integrado de Información Policial (SIPOL). Incluso algunos de ellos presentan antecedentes y solicitudes policiales por diversos delitos. 

El documento de inteligencia de la PNB al que se tuvo acceso para esta investigación también confirma la presencia del Tren de Aragua en Tulcán, Ecuador. Aunque no se especifica si se trata de miembros del grupo que actúan de manera independiente o si se trata de una franquicia de la organización.

Las operaciones en la frontera entre Ecuador y Colombia 

El centro de operaciones de la banda era el terminal terrestre de Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia. El sitio estuvo cerrado desde marzo de 2020, por la emergencia sanitaria que se declaró en Ecuador, pero el 14 de agosto volvió a ser punto de llegada y partida de autobuses. Las personas que perdieron sus empleos, sobre todo, venezolanos, encontraron en este sitio una forma de ganarse la vida, pero tuvieron que someterse a las extorsiones del Tren de Aragua. 

«Respondí que no pagaría y que estaba cansado de pagar vacuna y que me extorsionen, por lo que uno que le decíamos ‘Viejo’ sacó a relucir una pistola que portaba en la cintura y me apuntó«. Esta es parte de la versión de Carlos*, otro venezolano que también fue víctima de la banda y usa un nombre falso para protegerse. 

Los miembros del Tren de Aragua ingresaban a las oficinas de transporte para cobrar sus tributos a diario. Algunos pagos también se hacían en las inmediaciones de la terminal terrestre y en un restaurante a pocos metros de la puerta de salida de la terminal de autobuses donde encargaban la preparación de alimentos para los venezolanos que llevaban hacia Perú (en operaciones de tráfico de migrantes). 

El dinero se entregaba a ‘El Loro’ a través de sus cobradores, los venezolanos apodados: ‘Flores’, ‘Renzo’, ‘Toñito’, ‘Guaidó’, ‘Terry’ y ‘Carapita’, quienes simulaban reuniones o conversaciones para receptar los cobros. En las declaraciones de testigos protegidos que constan en el expediente de la Fiscalía, se lee que un venezolano que se opuso al pago resultó herido en una pelea en las afueras de la terminal. El atacante supuestamente fue alias ‘El Loro’, quien apuñaló al comerciante en el abdomen. Estas denuncias motivaron el seguimiento policial que duró más de dos meses y acabó con la operación Perseo, según explicó Marco Sánchez, oficial de la Policía Judicial ecuatoriana. 

La banda, además de la extorsión, se dedicaba también al tráfico de personas por los pasos informales que existen en la frontera entre Ecuador y Colombia, que se extiende por 224 kilómetros. Antes de la pandemia se contabilizaban 38 cruces, tras el cierre del Puente Internacional Rumichaca subieron a más de 50, según la información recopilada por la Brigada de Infantería Andes, que custodia el límite fronterizo.

Según la información policial, los delincuentes controlaban todo el corredor migratorio y transportaban a sus compatriotas desde territorio colombiano por los diferentes pasos informales hasta la terminal de Tulcán y desde este punto hasta Huaquillas, frontera con Perú. “El cierre del Puente de Rumichaca a causa de la pandemia ayudó en su cometido”, dijo el oficial de la Policía Judicial. 

Extorsión, tráfico de migrantes y comercialización de marihuana son algunos de los delitos que se le atribuyen a los aprehendidos por los cuerpos de seguridad. Estos delitos y la forma de operar descrita por las autoridades de Tulcán coinciden con el perfil criminal que presenta la “megabanda” dentro y fuera de Venezuela.

La frontera porosa que comparten Ecuador y Colombia, pese al cerrojo por la pandemia desde marzo de 2020, permitió también el paso de alcaloides desde Colombia. En 2020, en el Carchi se decomisaron más de 11 toneladas de droga, de los que más de 10 eran solo de marihuana que había ingresado al país en transporte hormiga (pequeñas cantidades), luego se acopiaba en zonas del límite internacional y se trasladaba al interior del país. Estas cifras superan con creces los decomisos del año anterior a la pandemia, cuando se incautaron apenas tres toneladas de sustancias psicotrópicas, dos de ellas de cannabis. 

La presencia del Tren de Aragua en la frontera entre Ecuador y Colombia ha levantado los recelos de otros grupos armados que pugnan por controlar el territorio. Al menos eso se puede concluir tras la circulación de un panfleto con las siglas de ‘FARC EP’ (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) Segunda Marquetalia, el 31 de julio de 2021. No se ha confirmado la autenticidad del documento en el que se amenaza a tres venezolanos que serían parte de la agrupación Tren de Aragua y les dan plazo de 12 horas para dejar Ipiales.

La crónica policial ya registró el asesinato de un venezolano en un paso informal fronterizo en el lado colombiano el 30 de julio, y el cadáver de otro venezolano apareció en un paso fronterizo en Ecuador, el 2 de agosto. Ese mismo día en La Verbena, comunidad colombiana limítrofe con Ecuador, hubo un enfrentamiento armado que se saldó con la quema de un vehículo y una vivienda y un colombiano asesinado. 

*Los nombres de las víctimas y los funcionarios de cuerpos de seguridad entrevistados para esta investigación fueron cambiados para garantizar su seguridad.

*Luego de la publicación del libro que contiene este reportaje, se conoció de la presencia de supuestos miembros del Tren de Aragua en otras localidades de Venezuela, Colombia y Chile. Sin embargo, es importante verificar que no se trata de grupos de imitadores.

**Este reportaje es parte del libro Periferias: crónicas del Ecuador invisible, una publicación de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) de Ecuador, presentada el 30 de septiembre de 2021. Runrunes lo reproduce con autorización de la editora 

 

Megabanda de “El Coqui” consolida su gobernanza criminal a solo 4,5 kilómetros de Miraflores
Las últimas balaceras protagonizadas por supuestos miembros de la megabanda que opera en la Cota 905, al suroeste de Caracas, demuestran cómo uno de los grupos de crimen organizado más peligrosos de Venezuela ha fortalecido su poder y el control territorial durante el confinamiento por COVID-19

@ronnarisquez 

 

Paralizar el suroeste de Caracas, cerrar la principal autopista de la ciudad, tomar las adyacencias de importantes dependencias militares y policiales, disparar armas de alto calibre contra vehículos blindados de la PNB, apoderarse del club social de la policía, robar la moto de un médico desvalido, y luego devolvérsela –en un gesto de aparente bondad– con la supuesta instrucción de difundir el acto reivindicativo en redes sociales, muestra cómo la megabanda de “El Coqui” ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en el último año, sin sufrir los efectos de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.

Este jueves 22 de abril,  las redes sociales se estremecieron nuevamente con videos que mostraban a funcionarios policiales desvalidos y aterrorizados, mientras una lluvia de balas de fusil caía sobre sus vehículos oficiales. Supuestos miembros de los grupos criminales que operan en la Cota 905 y El Cementerio (parroquias El Paraíso y Santa Rosalía) atacaron a comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que circulaban por la autopista Norte-Sur, que conecta con tres importantes autopistas de la ciudad:  Francisco Fajardo, Valle-Coche y Caracas-La Guaira.

El tiroteo registrado esta semana es el quinto de gran magnitud protagonizado por la megabanda de “El Coqui” en Caracas, en lo que va de 2021, y el séptimo desde 2020. El 30 de marzo se apoderaron de las instalaciones del Club El Pinar, antiguo Club de la Policía Metropolitana y el 19 marzo bajaron de los barrios de la Cota 905, El Cementerio y El Valle, y se apostaron las calles de las parroquias El Paraíso y Santa Rosalía, a solo 4,5 kilómetros del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno Nacional. Impidieron la circulación de vehículos y peatones, y mantuvieron en vilo a los habitantes de Caracas durante horas. 

En redes sociales circularon todo tipo de versiones sobre el hecho. Sin embargo, es irrelevante si el grupo delincuencial pretendía robar baterías antiaéreas del Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, si los jefes de la megabanda ejecutaron a cuatro de sus miembros en represalia por haber actuado “de su cuenta” (hecho del cual no hay reportes oficiales, ni registro de ingreso en la morgue de Bello Monte), o si pretendían “humillar” a los funcionarios de la policía judicial en la emboscada del pasado jueves (la mayoría tienen formación y trayectoria). Tampoco importa si los líderes mostraron su humanidad al perdonar la vida de un médico y devolverle su moto (aunque horas antes lo habían convertido en protagonista de su propia película de horror)… El punto no es si  El Coqui” es bueno o es malo. 

Se trata de que la megabanda de “El Coqui”,  que en realidad está liderada por Carlos Alfredo Calderón Martínez, alias “El Vampi” o “El Gordo”, y no por Carlos Luis Revete –como se había creído hasta ahora– es un grupo armado no estatal que ejerce cada vez con más fuerza una forma de gobernanza criminal en una importante porción de territorio de la capital de Venezuela. 

Su dominio va desde la Cota 905 hasta Coche y abarca cinco parroquias de Caracas: Santa Rosalía, El Paraíso, El Valle, Coche y La Vega. Este espacio territorial tiene en su interior, al menos siete, importantes dependencias policiales y militares; y se podría llegar caminando al Palacio de Miraflores en menos de 45 minutos.

El grupo impone sus reglas de convivencia a los habitantes de las zonas que controla; se involucra en la repartición de alimentos del programa estatal; imparte “justicia”; desarrolla actividades económicas ilegales; somete a los cuerpos de seguridad, aunque tendría alianzas con algunas autoridades, reemplaza las instituciones y limita la vida de todos los ciudadanos de Caracas desde hace siete años. 

 

 

Gobernanza criminal: a través o a pesar del Estado

La gobernanza criminal consiste en la regulación o imposición de normas de conducta que los grupos criminales aplican a los residentes de las zonas que ellos controlan. Los “sometidos” son personas que no pertenecen a la organización delictiva y la “dominación” podría ser incluso sobre bandas más pequeñas.

El concepto de gobernanza criminal ha sido abordado y analizado por investigadores y expertos en temas de violencia como Benjamin Lessing, profesor de la Universidad de Chicago, quien ha estudiado el fenómeno de las pandillas en Centroamérica, Río de Janeiro (Brasil) y Medellín (Colombia). “La gobernanza criminal florece en focos de escasa presencia estatal, pero en los que los Estados generalmente puede ingresar a voluntad”,  escribió el académico. 

En este caso, la megabanda de “El Coqui” es un grupo de crimen organizado que viene ejerciendo una forma de gobernanza criminal en un territorio desde comienzos de 2015, cuando una política gubernamental le entregó esa “zona de paz”

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) interrumpió brevemente este dominio entre julio de 2015 y abril de 2017. Pero en agosto de ese mismo año, se habría concretado un nuevo acuerdo entre funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, y la megabanda de “El Coqui”. La reducción de los secuestros y el control social de estas zonas, en momentos cuando se desarrollaba una ola de protestas contra el Gobierno, eran parte de la negociación.

Aunque no hay documentos o imágenes que permitan afirmar las condiciones del acuerdo, funcionarios de la policía judicial han denunciado en varias ocasiones que tienen prohibido, por órdenes superiores, ingresar a la zona que controla la banda. 

Runrun.es tuvo acceso a un video de mediados de 2018 de un juego amistoso de baloncesto en la cancha de la Cota 905. Los equipos estaban integrados por: funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB y por presuntos miembros de la megabanda. El encuentro deportivo parecía sellar una tregua entre ambos grupos armados. 

La profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, Sandra Ley, explicó durante una presentación académica, que estos grupos no buscan tomar el control del Estado, como en el pasado lo hicieron los grupos guerrilleros. Sino que buscan operar a través o a pesar del Estado. 

“No es la captura criminal del Estado en sí, es más bien la captura criminal de todas las estructuras sociales de una comunidad. En esta lógica de gobernanza criminal, estos grupos están ejerciendo no solo un control sobre el mercado criminal sino sobre la población local, sobre políticos y sobre la economía”, señaló Ley. 

La investigadora también dijo en una conferencia sobre el  caso mexicano: “Esta gobernanza criminal propicia controles de facto en donde los grupos criminales ejercen su fuerza no solo sobre el mundo criminal sino sobre la sociedad y el Estado”.

Hay cuatro controles que se ejercen dentro de la gobernanza criminal: control territorial (es el espacio donde opera la organización), control económico (son los negocios ilícitos del grupo), control social (regulan la participación y conducta de las comunidades, además del suministro de algunos servicios), y control político (está referido a la influencia que ejercen estos grupos en los procesos electorales locales de algunos países). 

Sin embargo, no siempre tiene que haber todas estas formas de control para hablar de gobernanza criminal. 

 

Así es que se gobierna en la Cota 905

El incidente ocurrido en Caracas el 22 de abril pudiera ser una demostración de control territorial. En un audio que recoge una conversación por radio entre dos de los supuestos delincuentes, uno de los hombres dice: “Lo que no saben ellos es que tenemos toda Caracas controlada, toda Caracas dominada”. 

En otro mensaje de voz enviado a grupos de policías, uno de los funcionarios víctimas del ataque relata que las comisiones de la División de Vehículos del CICPC acababan de salir del barrio El 70 de El Valle (uno de los bastiones de la megabanda) en 11 patrullas. Se dirigieron hacia la autopista y “antes de entrar al túnel estos malditos comenzaron a efectuar disparos de todos los ángulos, desde el túnel, de las dos alas, por la parte de atrás y por la parte de El Cementerio a los dos laterales… nos disparaban con fusiles, únicamente fusiles”.

En ese hecho cuatro funcionarios del CICPC resultaron heridos, dos vehículos de este cuerpo policial fueron desvalijados por los delincuentes, mientras que una unidad blindada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue atacada a balazos. Los disparos salían desde los barrios ubicados en las montañas que rodean la autopista, que son controlados por “El Coqui”. 

La balacera del 19 de marzo, pudiera obedecer también a la lógica del control territorial. En esa ocasión los miembros de la banda impidieron la circulación de vehículos por una autopista y tomaron los accesos al barrio desde la intersección entre las avenidas Victoria y Nueva Granada. Sus balas acabaron con la vida de Deisy Rivas, una mujer que vivía en un apartamento en El Paraíso.

En enero de 2021, un grupo de hombres supuestamente pertenecientes a la banda de “El Coqui” comenzó a verse en la parte alta de La Vega, lo que motivó una violenta intervención policial, conocida como la masacre de La Vega, en la que murieron, al menos, 15 personas. La presencia del grupo criminal en esta zona fue interpretada por algunos analistas como un intento de expansión territorial de la megabanda con el objetivo de aumentar y diversificar su control económico y sus rentas criminales (extorsiones, entre otras), que posiblemente se habían visto disminuidas por la pandemia.

 

 

Al inicio del confinamiento en marzo de 2020, circularon fotos de un hombre, que supuestamente era “El Coqui”, repartiendo comida a los habitantes de la Cota 905. También se ha dicho que entrega juguetes a los niños de la comunidad y ejerce cierto control sobre la venta de alimentos del programa estatal Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP). En otra ocasión, residentes de la misma zona solicitaron la ayuda de “El Coqui” para la resolución de conflictos vecinales. Adicionalmente las personas que desobedecen las reglas de la megabanda son asesinadas y lanzadas por un ducto de basura.  Estas acciones constituyen una forma de control social, que busca ganar la lealtad de la gente, por las buenas o mediante el uso de la violencia.

 

¿Qué pasó en la autopista Norte-Sur? 

Aunque todo lo anterior pareciera indicar que las instituciones del Estado han fracasado en el control del monopolio de la fuerza y su responsabilidad de proveer seguridad a la ciudadanía, se ha demostrado que en caso venezolano algunas teorías tienen sus variaciones y no todo es como parece.

La supuesta relación y cooperación entre grupos armados no estatales e instituciones del Estado venezolano ha sido denunciada con frecuencia. Incluso en 2018 la Fundación InSight Crime realizó una investigación que mostraba la convivencia del gobierno de Venezuela con una diversidad de estructuras criminales: colectivos armados, pranes (líderes delictivos de las prisiones), exguerillia colombiana (disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares (Rastrojos), sindicatos mineros y megabandas. 

Un funcionario de la policía judicial, que pidió no ser identificado, ofreció su versión sobre los hechos protagonizados por la megabanda de “El Coqui” en los últimos meses. “Se sabe que son delincuentes y los colocan frente a la sociedad como líderes negativos, pero nunca se adoptó una política criminal para acabar con ellos. La razón es que son organizaciones armadas que utilizan para hacer estupideces y así tapar noticias que de alguna manera le van a afectar la imagen al Gobierno”.

El policía, con más de 15 años de carrera, considera que lo ocurrido el jueves fue un espectáculo con un alto componente político detrás. “Un circo que se va a montar entre semana y siempre será el mismo resultado: funcionarios heridos y por parte de ellos (los delincuentes)  ningún tipo de bajas. A ellos se les aplaudió que le entregaran la moto a un médico, como si fueran héroes. Simplemente a los ojos del que sea son delincuentes y hay que verlos de esa manera”.

La situación confusa y escandalosa que se registró en mayo 2020 con la megabanda de “El Wileixis” encajaría también en la práctica descrita por el funcionario.