La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que el Estado es incapaz de controlar un área equivalente al 12% del territorio nacional

Los pranes no solamente están en las cárceles venezolanas, las cuales dominan, sino que también se les puede encontrar fuera de ellas y algunos controlan amplias áreas de esa rica zona llamada Arco Minero del Orinoco (AMO), pese a que la misma está oficialmente bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

La denuncia la formuló la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, al presentar ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo su informe sobre la independencia del sistema de justicia y la situación de los derechos humanos en el AMO.

«Gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera del AMO, está controlada por grupos delictivos organizados o elementos armados. Son estos los que deciden quién entra o sale de las zonas mineras, imponen reglas, aplican castigos físicos crueles a quienes infringen dichas reglas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a prácticas de extorsión a cambio de protección. La información disponible muestra que la mayoría de las minas son controladas por grupos criminales organizados, llamados “sindicatos” a nivel local».

Esto fue reportado por la también exmandataria chilena, quien así puso en evidencia la incapacidad del Estado para controlar un área equivalente al 12% del territorio nacional.

Bachelet denunció en su informe que los «sindicatos» han copiado el modelo del «pranato» imperante en las prisiones venezolanas y que no son otra cosa más que estructuras criminales, cuyo líder impone su voluntad con una brutalidad indescriptible y se beneficia de la extorsión, en este caso de los mineros ilegales o incluso de los formales.

En el documento, de diecisiete páginas de extensión, se lee lo siguiente:

«El ACNUDH (…) recibió información que muestra que, en fecha más reciente, elementos irregulares armados han tomado el control de ciertas minas en la parte central del estado de Bolívar y también en la parte oriental, cerca de la frontera con Guyana».

Violencia exacerbada en el AMO

Bachelet informó al Consejo que la violencia se ha apoderado del AMO, y comoprueba citó las propias cifras oficiales, según las cuales en los municipios mineros de El Callao, Roscio y Sifontes se registraron tasas de 94, 109 y 64 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente.

«Las bandas criminales y los elementos armados usan la violencia para ejercer control sobre las zonas mineras», apuntó Michelle Bachelet, quien reportó que entre marzo de 2016 y marzo de 2020 sus oficiales registraron 16 enfrentamientos por el control de minas, en los cuales 140 hombres y nueve mujeres perdieron la vida.

Tras asegurar que según la información obtenida por su oficina la mayoría de las víctimas eran mineros o miembros de bandas criminales, Bachelet indicó:

«en ocho de esos incidentes, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que llevan a cabo operaciones de seguridad en la zona estuvieron involucrados en algunas de las muertes. El ACNUDH solicitó al Gobierno información sobre estos incidentes, pero no recibió respuesta».

La alta comisionada no obvió el detalle de que el AMO está bajo control de la FANB y que la institución castrense tiene 25 puestos de control solamente en la carretera que atraviesa al estado Bolívar. Asimismo se hizo eco de las informaciones que sostienen que jefes militares recibirían sobornos de parte de los «pranes» o «sindicatos» para obviar sus actividades ilegales.

De la boca para afuera

Los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, han utilizado la bandera del ecologismo para atacar a gobiernos como los de Estados Unidos o más recientemente al de Brasil.

«Cuánto nos ha dolido el incendio que ha provocado Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, en la Amazonia brasilera (…) es el fascismo destruyendo los derechos sociales y no se quedan solos con la destrucción de los derechos sociales, sino que le han entregado la Amazonia a los terratenientes que la están incendiando».

Estas fueron declaraciones de Maduro en agosto del año pasado a propósito de los fuegos que arrasaron parte de la selva. Sin embargo, a este no le tembló el pulso para autorizar el pasado mes de abril la explotación de seis cuencas hidrográficas al sur del país, sin importar el impacto medioambiental ni los derechos de los pueblos indígenas.

Esta decisión fue rechazada por Bachelet, quien pidió al Gobierno que la deje sin efecto. «La apertura a la explotación minera de áreas geográficas donde se encuentran sus fuentes de agua potable y de alimentos, así como las vías de navegación tradicionales de la población (indígena), menoscabará sus derechos y dañará sus territorios», alertó.

Asimismo cuestionó la manera poco transparente como las autoridades han decidido explotar la región, sin tomar en cuenta a los habitantes y contraviniendo el artículo 120 de la Constitución, que señala:

«El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitats indígenas por parte del Estado se hará sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos e, igualmente, está sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y a la ley».

La alta comisionada también reportó el uso de mercurio en la explotación de metales como el oro, pese a que el mismo está prohibido, así como su extracción a cielo abierto, la cual no solo conlleva la deforestación sino la excavación de grandes cráteres.

De la misma manera, denunció que los mineros trabajan en condiciones precarias y con largas jornadas de trabajo de hasta doce horas.

La funcionaria también reveló que ni el Ministerio de Desarrollo Minero ni el Banco Central de Venezuela (BCV) han publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el Gobierno ha conformado alianzas, el número de mineros que explotan la zona ni los volúmenes de oro y otros minerales extraídos o sobre cuál es su destino.